Al llegar a Villa Esperanza, donde habitaban los pibes antes de marchar presos, se aprecia una parte de barrio residencial, otra de monoblocks deteriorados y una zona de casillas de chapa en la que la lluvia hace estragos junto a las enfermedades desamparadas. En ese barrio, la APL fue recibida con calidez y mates. Allí, dialogó sobre el calvario y la lucha que protagonizan María Linares, madre de José; y Ana López y Yanina Providenza, madre y hermana de Héctor, respectivamente.
“No se ponen de acuerdo ni para mentir”
María Linares, alta y morena, trabaja en la Cooperativa “Haciendo Futuro”, vive en el barrio hace 35 años y es mamá de 5 hijxs. Sobre lo que ya se denomina “gran perejilazo”, María, con ímpetu, lanza que: “No hubo investigación, en 24 horas estaba todo resuelto y ellos sabían quiénes eran y quiénes no eran. Nunca nos dijeron el nombre de los que acusaron a nuestros hijos. El comisario Carlos Jorge en el juicio admitió haberle pedido a su hija bajar las fotos de su Facebook, porque eran todos del barrio. Esto no había sido declarado en ningún lado, antes del juicio, porque tenían miedo a una represalia sobre su hija. Y así lo confesó el comisario en la audiencia ante la pregunta del abogado”.
Por su parte Ana López, enfática y a punto de quebrarse, asegura que su hijo y su sobrino están condenados solo por un dicho: “Supuestamente alguien le dijo en la calle al comisario que fueron ellos. No hay ninguna prueba. Hay un solo “testigo” – un tal García- quien dice ver a pocos metros a uno que dispara de espalda y al que está dentro del auto no lo ve. El abogado le pregunta si reconocería de espaldas a los chicos y le dijo que sí. Le repregunta si son ellos y él contesta que no. Luego, García nos cambió la versión a los dos meses y dice no estar seguro de lo que vio. Un verdadero circo armaron estos”, dice Ana cerrando los puños.
A su turno, Yanina Providenza, de mirada profunda y decir seguro, manifiesta: “la novia de Moreno en principio declara no haber visto nada. Después, esa declaración desaparece del expediente y ella luego dice haber visto a quien disparó. Se realiza un identikit con fotos bajadas del Facebook, en un acto de inducción aberrante, les señalan las fotos de los pibes, que además estaban en un tamaño más grande. Y, entonces, ahí describe que a quién vio mide un 1,84 metros, es robusto y lo ve disparar con la mano derecha. Mi hermano, acusado de matar al oficial Moreno, es zurdo, mide 1,72 metros, y eso cuando se pone zapatillas bien altas, él es flaquito como yo”.
Más adelante, Yanina Indignada, agrega que “la primera declaración dice que mi hermano está vestido con una remera de Argentina y pantalón largo. En la otra dicen que estaba vestido de bermuda. ¡No se ponen de acuerdo ni para mentir!”.
Mamarracho jurídico
Al retomar la palabra, María narra que “La primera declaración de la señora Segovia (suegra de Moreno) dice haber visto al que disparó a determinada distancia, donde el abogado demuestra que no es posible identificar a una persona mientras se está detrás de la ventana con rejas y buscando las llaves para salir”.
Como se recordará, esta Agencia denunció la causa armada de Diego Chávez, hijo de la luchadora Fabiola Aguirre, también acusado de matar a un policía. Pero luego de 3 años y 7 meses, el “armado” era tan palmario y la lucha tan fuerte que Diego recuperó su libertad. ¿Quién pagará por esa barbarie?
Cabe destacar, que en los allanamientos en las casas de José y Héctor, ambas familias, hermanos y parientes fueron torturados y aún padecen las secuelas de los golpes, patadas y bastonazos de policías encapuchados.
Por otra parte, en la antesala de la audiencia, durante el juicio, llegaron dos decenas de policías que llamados a declarar en defensa de sus camaradas, ni sabían por qué los habían convocado y algunos se fueron sin emitir ningún testimonio.
Ante tanto cúmulo de nulidades, la defensa pidió el cambio de juez Lucas Oyhanarte y del fiscal Daniel Cangelosi. La causa se encuentra ahora en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
Cómo se recordará, el titular de este organismo, Eduardo De Lázzari, recientemente denunció: “estoy hablando de causas armadas artificialmente, de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde actúan influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados”.
Es cierto que De Lázzari no se refería a los pibes del pobrerío, pero si se “empapelan” a ciertos poderosos por eventuales enfrentamientos políticos-elecotarales, qué mamarracho jurídico no habrá de cometerse contra dos pibes morochos y pobres de Pablo Podestá, presos en las cárceles de mala muerte de la Provincia de Buenos Aires.
Por estas razones, estas familias – junto a sus vecinos- estarán el próximo 27 de agosto, en la 5° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Esta será su primera vez en las calles en busca de justicia y libertad. Que así sea.