En dicho estudio también se alude a la “disminución” de denuncias de los casos de torturas o malos tratos a causa del “miedo de las personas agredidas a las represalias” y de la “poca confianza hacía las instituciones”, y también por motivo de la crisis económica que “cierra servicios que anteriormente permitían obtener información de las agresiones”.
Según ha explicado el portavoz estatal de CDPT, Jorge del Cura, en rueda de prensa, el informe anual recoge aquellos casos de denuncia por “tortura o malos tratos” que llegan a la coordinadora durante el año anterior. Este año se han recogido 252 casos a nivel estatal, que afectan a 527 personas. Además, ha explicado que para ser recogidos en este informe, se deben cumplir una serie de requisitos como que los casos que lleguen “puedan ser contrastados”, que se cuente con la autorización del denunciante para incluirlo en el informe o, por último, casos de agresiones policiales que no se denuncian o aunque se denuncian “no llegan a la coordinadora”.
Del mismo modo, recoge una clasificación sobre los motivos por los que se han realizado las detenciones. Así por agresiones en movilizaciones sociales —66 situaciones que afectan a 251 personas—; detenciones y agresiones por motivos raciales —60 situaciones que afectan a 114 personas—; agresiones a personas en prisión —55 casos a 56 personas—, situaciones en centro de menores —tres situaciones que afectan a cuatro personas—, y un último grupo en la que se enmarcan “otras situaciones” —76 situaciones que afectan a 110 personas— que engloba a personas detenidas que participan en un evento deportivos o en unas fiestas municipales, y que “son detenidos y agredidos”, según ha señalado el portavoz estatal.
Del Cura ha concluido explicando que la tortura en el Estado español es “generalizada” ya que afecta a todos tipo de territorios, personas o colectivos. Si bien, ha manifestado que “aunque la participación directa en las agresiones es una minoría, ésta si que recibe el apoyo de una mayoría de policías que se callan o no denuncian, aunque no participen directamente en las agresiones”.
Por su parte, el representante del grupo de abogados 17 de Marzo, Manuel Serrano, ha explicado que a nivel andaluz han tratado 36 situaciones que han afectado a un total de 76 personas. En Almería, dos situaciones que han afectado a cuatro personas; en Cádiz, siete casos que afectan a siete personas; en Córdoba, de cinco situaciones que afectan a siete personas; en Granada, con tres casos que perjudican a 15 personas; en Huelva de dos casos que afectan a tres personas; en Jaén, un caso, en este caso de represión a un grupo de estudiantes que salió con 17 afectados; en Málaga de cinco casos que afectan a ocho personas; y por último en Sevilla, de once casos que han afectado a 15 personas.
SIGUE LA TENDENCIA A NO DENUNCIAR AGRESIONES EN MANIFESTACIONES
Además, según el informe se ha mantenido la tendencia observada en años anteriores en cuanto a “no denunciar las agresiones sufridas por las personas que participan en distintas movilizaciones sociales”. Ello se ha debido según “muchos” de los testimonios que recibe la coordinadora, al “temor” que los ciudadanos agredidos tienen de verse envueltos en “contradenuncias” por parte de los agentes de policía y por “desconfianza hacia los órganos encargados de investigar las agresiones”, y ha destacado que “el incremento de años anteriores de denuncias en movilizaciones” fueron la categoría que elevaron el número de denuncias.
El representante ha explicado que ha habido agresiones por “intentar documentar actuaciones policiales” —17 en todo el Estado—. Así, ha concretado, un único caso en Andalucía, en el que un periodista de una televisión local fue agredido por un agente de Policía Local de la ciudad de San Roque (Cádiz), cuando estaba haciendo un reportaje sobre los controles policiales en un polígono.
El informe también destaca otro de los colectivos agredidos, como son los abogados, los cuales han sido agredidos mientras ejercían o esperaban para ejercer sus funciones, el cual ha puesto de ejemplo los casos de los abogados agredidos en Sevilla y Huelva en los meses de febrero y diciembre respectivamente.
Serrano ha destacado que las denuncias en las prisiones “no han cesado sino que han continuado” con cuatro situaciones en la prisión de Sevilla II-Morón, dos en las de Córdoba y una en la de Sevilla.
Por último, el coordinador andaluz de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Valentín Aguilar, ha explicado los casos de ‘Frontera Sur’ que incluye las zonas del Estrecho de Gibraltar, Ceuta y Melilla, Canarias, Baleares, costa andaluza y Murcia, el cual ha destacado que desde 2005 hasta la actualidad 174 personas han perdido la vida en concreto por intentar entrar en Ceuta y Melilla, y han sido agredidos por la fuerza del orden marroquí en esta frontera.
“USO DESPROPORCIONADO” DE MATERIAL ANTIDISTURBIOS CONTRA MIGRANTES”
Así, Aguilar ha denunciado el “uso desproporcionado” de material antidisturbios en la lucha contra los migrantes destacando el caso de los acontecimientos del pasado mes de febrero con la muerte de 15 personas que intentaban entrar por “vías irregulares” a territorio español y la según Aguilar “desastrosa gestión” posterior de los hechos por parte del Gobierno español.
Por otro lado, la asociación ha apuntado “el intento de buscar un paraguas político-jurídico” para justificar las conocidas como “devoluciones en caliente” a través de la “supuesta cobertura” del tratado bilateral hispano-marroquí, el cual recoge “inverosímiles redefiniciones” del concepto frontera, que “facilita la práctica de la tortura” por las fuerzas marroquíes.
Consecuentemente, la asociación ha explicado que “se vulnera el Derecho internacional y español en materia de asilo”, y tampoco se observan el interés superior del menor ni el principio de no devolución a países donde haya constancia de violación de Derechos Humanos de las personas migrantes.
Fuente: Tokata