Agustín Santillán lleva más de 70 días preso

Llella de Misiones

Gabriela fue detenida y liberada pocos días después pero persisten las órdenes de captura contra otros comuneros. Los wichis perseguidos y encarcelados niegan la veracidad de los cargos que se les imputan y aluden a una situación de aguda conflictividad social en la zona de Ingeniero Juárez que se viene generando hace largo tiempo como resultado de la implementación del “exitoso” modelo de monocultivo de soja y desforestación del monte nativo. Mientras los pobladores locales se quedan sin trabajo y son expulsados de la tierra, en el caso de los wichis el avance del modelo sojero viene liquidando sus formas tradicionales de subsistencia al arrasar con el monte nativo. Desplazados hacia los centros urbanos se los condena a recurrir a la ayuda del Estado que, manejada por punteros y operadores políticos del gobierno provincial, rara vez llega a su destino.

En medio de un clima de marcada criminalización de los miembros de la etnia y un cerrado silencio mediático acerca de las paupérrimas condiciones en que sobreviven los pueblos originarios en Formosa, Agustin Santillán cumple 72 días de prisión.
Desde el pasado lunes 19 de junio el dirigente lleva adelante una huelga de hambre reclamando su libertad, la segunda que realiza desde que fuera detenido este año.

Gildo Insfrán, dos décadas en el gobierno de mano dura:
El gobernador Gildo Insfran cumple el sueño de quienes ansían perpetuarse en el poder público. Mientras las sucesivas crisis políticas y reordenamientos de fidelidades han cambiado a muchos funcionarios de lugar, Insfrán se perpetúa en la administración de la mano de una gestión basada en el modelo de monocultivo.
Su gobierno ya ha sido duramente criticado en años anteriores por organizaciones nacionales e internacionales que alertaron sobre las condiciones de vida infrahumanas en las que se mantiene a las comunidades originarias y el sistemático ninguneo a sus reclamos. Por caso, el acampe que iniciara en Buenos Aires el dirigente Qom Félix Diaz en febrero de 2015 buscaba visibilizar la miseria y el despojo al que son sometidas las comunidades qom. Poco después, se sumaron al acampe comunidades del pueblo pilagá y el pueblo nivaclé.
Sin embargo, y más allá de que actualmente Díaz ocupa un alto cargo en el Instituto de Asuntos Indígenas, la situación en Formosa no ha cambiado para beneficio de las comunidades originarias.

¿Quiénes son los wichis?
En Argentina las comunidades wichís se distribuyen actualmente al oeste de la provincia del Chaco y el centro oeste de la provincia de Formosa; en el este salteño y en menor medida en el este de la provincia de Jujuy, aunque existe población wichi desplazada fuera de estos territorios, como en el Gran Buenos Aires.

El pueblo wichi es uno de los pueblos que habitan la región del Gran Chaco desde mucho antes de la conformación del Estado Argentino.
Llamados “matacos” por los conquistadores, se habían iniciado antes de la conquista en la práctica de una agricultura rudimentaria, mientras su principal forma de subsistencia seguía siendo la caza, la pesca y la recolección.
La región donde habitan fue de difícil ocupación para los conquistadores, a tal punto que los Estados nacionales que actualmente existen en la región pudieron controlarla de manera efectiva recién a finales del siglo XIX debido a la resistencia de los pobladores originarios: chorotes, qom, wichis, pilagás.
La Conquista del Gran Chaco por parte del Estado argentino significó el comienzo del fin de sus formas tradicionales de vida, si bien algunos de ellos ya habían sido reducidos por cortos períodos de tiempo por franciscanos y jesuitas en el siglo XVIII.
A partir de la ocupación por parte del Estado argentino los wichis fueron forzados a trabajar para los criollos en las plantaciones de algodón, de azúcar o en los obrajes forestales como hacheros. Desde entonces sus condiciones de vida bordean la indigencia.
Actualmente las comunidades se encuentran acorraladas por el avance del monocultivo y más de un centenar de ellas enfrenta amenazas de desalojo, al no reconocerse la posesión ancestral de sus tierras.
En esta delicada situación, la salida que les da el Estado argentino a través del gobierno provincial y con la complicidad del gobierno nacional es la persecución judicial a través del armado de causas y la criminalización.
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