El ministro de Integración, Erik Ullenhag, ha definido esas décadas de impunidad y racismo de Estado como “un periodo oscuro y vergonzoso de la historia sueca”. Sus palabras han coincidido con un episodio que ilustra la situación actual: el miércoles, una de las mujeres gitanas invitadas a dar su testimonio vio cómo el personal del hotel Sheraton le prohibía la entrada al desayuno.
Los abusos históricos, señala el Libro Blanco, siguieron un patrón inventado hace siglos por las monarquías europeas: comenzaron con los censos que elaboraron organismos oficiales como el Instituto para Biología Racial o la Comisión para la Salud y el Bienestar, que identificaron a los gitanos que habitaban en el país. Los primeros documentos oficiales describían a los gitanos como “grupos indeseables para la sociedad” y como “una carga”. Entre 1934 y 1974, el Estado prescribió a las mujeres gitanas la esterilización apelando al “interés de las políticas de población”, como hizo Australia con los aborígenes. No hay cifras de víctimas, pero en el Ministerio de Integración explican que una de cada cuatro familias consultadas conoce algún caso de abortos forzosos y esterilización. Los organismos oficiales se hicieron con la custodia de niños gitanos que arrancaban a sus familias. El estudio tampoco ofrece datos sobre esta costumbre, pero Sophia Metelius, asesora política del ministerio, explica que se trataba de “una práctica sistemática”, sobre todo en invierno.
Estocolmo admite que prohibió entrar a los gitanos en Suecia hasta 1964, pese a que se conocía la suerte que había corrido la minoría bajo la expansión nazi: los expertos calculan que al menos 600.000 romaníes y sintis fueron exterminados en el Porrajmos, La Devoración en calé, a manos del régimen hitleriano y otros afines.
El Libro Blanco detalla los ayuntamientos suecos que prohibieron asentarse de forma permanente a los gitanos, y recuerda que los niños eran segregados en aulas especiales y que se les impedía acceder a los servicios sociales. “La idea era hacerles la vida imposible para que se fueran del país”, resume Metelius.
Algunas de estas prácticas suceden todavía en diversos países europeos, y la gitanofobia cabalga con fuerza en Francia, Gran Bretaña y Alemania. París desalojó en 2013 a más de 20.000 gitanos de sus chabolas. Berlín planea una ley para evitar que los migrantes rumanos y búlgaros —la mayoría, romaníes— sin trabajo se queden más de seis meses en el país.
La próxima semana, la Unión Europea celebrará una cumbre especial para evaluar la marcha de las políticas de integración de la minoría romaní. El panorama general es desolador, con picos de odio racial en Hungría, Eslovaquia y la República Checa.
En Suecia, un país de unos nueve millones y medio de habitantes, viven hoy más de 50.000 gitanos. De momento, las autoridades no contemplan la compensación a los familiares de las víctimas de abusos, aunque el Libro Blanco abre la puerta a las demandas. El Gobierno ha establecido la verdad histórica cruzando entrevistas personales con docenas de gitanos y los archivos oficiales. “No son revelaciones nuevas. Los gitanos llevan años contándonos estas historias, pero no se les hacía caso. Ahora, simplemente, hemos recopilado los documentos oficiales y los hemos cruzado con testimonios”, dice Sophia Metelius.
La aceptación masiva de refugiados sirios es una de las políticas con las que liberales y conservadores quieren demostrar que el catastrofismo populista no debe irremediablemente convertirse en profecía autocumplida. El reconocimiento de las salvajadas cometidas con los gitanos camina en esa misma dirección. La ironía es que el civilizado y tolerante norte no lo era tanto. La esperanza, que cunda ese infrecuente ejercicio de memoria y respeto.
Fuente: Taringa