En un contexto donde las fuerzas de seguridad parecen tener cada vez más impunidad, en el marco de un Gobierno que avanza sobre los derechos de lxs detenidxs, que que sanciona leyes regresivas y pone sobre la mesa debates punitivistas que solo generan más población carcelaria y peores condiciones, es este el momento donde todas las personas privadas de su libertad, familiares de detenidxs, organizaciones que trabajan en cárceles y organismos de Derechos Humanos, debemos actuar de forma colectiva para hacer frente a esta enorme avanzada.
Ante esto: nuestro repudio a la situación de la Unidad n°31, y a las distintas avanzadas sobre los derechos de todas las personas privadas de su libertad. La educación es un derecho y no un privilegio, sigamos apostando a los centros de estudiantes como motor de esa lucha.