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Periodismo de Intervención social

CORONDA, SANTA FE

Detenidos, familiares y organizaciones frenaron el avasallamiento de sus derechos

(APL) A raíz de hábeas corpus impulsados por presos, familiares, una organización de Derechos Humanos, una entidad de letrados y el Servicio Público de la Defensa, La Cámara de Apelación Penal de Santa Fe ordenó una serie de medidas tendientes a garantizar la visita de familiares y amigos de personas privadas de la libertad, así como el ingreso de víveres a las cárceles de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, donde funcionan los penales de Las Flores y Coronda. La medida dispuesta por los camaristas Bruno Netri, Fabio Mudry y Jorge Andrés, invalidó otro mandato judicial dictado por el juez de primera instancia, Jorge Pegassano, quien recibió una “advertencia” por parte del tribunal de Alzada. De haberse mantenido la resolución de ingresar alimentos solamente hasta dos kilos, se hubiera perjudicado gravemente a la población encarcelada y a sus familias. Aunque hubiera llevado prosperidad a los negocios penitenciarios, quienes perpetran platos incomibles y venden los alimentos a precios de Tokio o de Dubái. Entre quienes presentaron los hábeas, se hallan los abogados Eduardo Soares, Alicia Bernal, Edgardo Giura, la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario y la Gremial de Abogados y Abogadas, en favor de todas las personas detenidas en la Cárcel de Coronda, que plantearon como “arbitrario e ilegítimo” el accionar. Más abajo, síntesis del fallo.

Síntesis del fallo

La Cámara de Apelación penal concentró en nueve puntos sus directivas:
1) Declarar la nulidad de la resolución de fecha 24 de mayo.
2) Prorrogar sine die -sin plazo – la suspensión de las resoluciones Nº 533/18 y Nº 574/18, ordenada por la resolución de fecha 24 de marzo de 2018 que hizo lugar al hábeas corpus.
3) Ordenar al Servicio Penitenciario Provincial que en las unidades de detención ubicadas en la Circunscripción Judicial N° 1, incremente la dotación de personal abocado al control de las visitas en los establecimientos, en la medida necesaria para garantizar la fluidez en el ingreso.
4) Aclarar que la ejecución de esta medida, no debe significar la merma del control de los bultos y/o paquetes que se ingresen en el penal, conforme las pautas vigentes antes del dictado de estas resoluciones.
5) Ordenar que se notifique de la presente resolución, a los abogados Eduardo Soares, Alicia Bernal y Edgardo Giura, en conjunto con la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario, la Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos y la Gremial de Abogados y Abogadas.
6) Ordenar que el control de la ejecución de estas medidas, quede a cargo de los Jueces Penales en turno.
7) Solicitar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe (...), a monitorear y controlar la ejecución de lo que aquí se dispone.
8) Efectuar una advertencia al juez Jorge Pegassano, por su intervención en la audiencia llevada adelante en fecha 24 de mayo.
9) Poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la advertencia aquí efectuada, remitiendo los antecedentes pertinentes, a sus efectos.

Última modificación: 20 de junio de 2018 a las 20:45