La tarde del 12 de marzo, la policía Metropolitana intentó el desalojo del acampe de la Sala Alberdi del Centro Cultural Gral. San Martín, atacando con gases lacrimógenos y armas de fuego a los artistas que se manifestaban en defensa de ese espacio cultural. Entrada la noche, en la esquina de Corrientes y Paraná, los periodistas de la RNMA, Germán Darío de los Santos (integrante de DTL!) y Esteban Ruffa (fotógrafo de la Agencia de Noticias ANRed), que cubrían los acontecimientos y un manifestante, fueron baleados con plomo por la policía Metropolitana.

Ambos comunicadores se constituyeron como querellantes, promoviendo la acción penal contra los funcionarios del GCBA que ordenaron el operativo y contra los policías de la Metropolitana que lo dirigieron y protagonizaron. Con los elementos reunidos hasta ahora, entre ellos, los videos y fotografías aportados por la RNMA, la fiscalía imputó a los policías identificados: Por la Policía Metropolitana, los Oficiales Mayores Gabriel Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma, y el Oficial Nelson Maximiliano Acosta por el delito de tentativa de homicidio agravado, por tratarse de miembros de una fuerza de seguridad. Por parte de la Policía Federal, el Comisario Pedro Carnero (Seccional 3º), y el Comisario Inspector Guillermo Calviño (Jefe de la Dirección General de Conducción Operativa), por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión funcional.

La abogada de CORREPI que representa a los dos querellantes, María del Carmen Verdú, explica que la jueza Wilma López – Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 38 – intenta garantizar la impunidad de los policías apelando a otra causa iniciada a raíz de la detención de cuatro jóvenes (entre ellos un menor de edad, por lo que intervino un juzgado de menores) acusados por los delitos de daño, atentado a la autoridad y lesiones. Estos arrestos sucedieron mucho antes y en lugares separados por varias cuadras del lugar donde se produjeron los disparos de plomo, sin embargo, la jueza argumenta que “se trata de un mismo hecho histórico y un mismo objeto procesal.” A su vez, la maniobra de la jueza queda clara cuando expresa que “no es posible obviar la posibilidad de una causal de justificación del accionar policial”, abriendo la puerta a que en el juzgado de menores se califiquen los disparos con bala de plomo contra quienes empuñaban cámaras de foto y video como “legítima defensa”, con la excusa de presuntos piedrazos arrojados en otro momento y lugar.
Tanto la querella como la fiscalía apelaron la decisión de la jueza, requiriendo a la Cámara Criminal que se ordene avanzar en la instrucción de la causa contra los responsables de las heridas de plomo a los trabajadores de prensa, postura que ampliarán en la audiencia del próximo 10 de julio.
Esta causa se suma a la larga lista de las que reflejan el accionar represivo común y la cooperación operativa entre las policías Metropolitana y Federal, como lo vimos en las represiones del Hospital Borda y del Parque Indoamericano; lo que deja en evidencia que, a la hora de intentar paralizar al pueblo organizado que reclama por sus derechos, las diferencias entre el gobierno nacional y el de la Ciudad se diluyen.

En el marco de esta audiencia, que será clave para definir el destino de la causa Sala Alberdi, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), el Encuentro de Espacios Culturales Autónomos (ENECA) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) convocan a apoyar a los compañeros el jueves 10 de julio, desde las 10.30, participando de la Actividad Artístico-Cultural que se realizará frente a la Sala V de la Cámara Criminal, ubicada en Viamonte entre Libertad y Pellegrini.

Julio de 2014
CORREPI – ENECA – RNMA
ADHESIONES: causasalaalberdi@yahoo.com

Contactos:

Esteban Ruffa: 011- 15 6852 9804
Germán de los Santos : 011 – 15 5060 3757