Según los datos oficiales de Argentina, las cárceles federales han funcionado durante los últimos años con una ocupación cercana al 90% de su capacidad de alojamiento declarada. Al finalizar el período 2016 la tasa de ocupación ha mantenido su tendencia creciente, superando durante el primer trimestre de 2017 su máximo histórico, funcionando con sobrepoblación general. Las medidas adoptadas por la administración penitenciaria en relación a la definición y fijación de las capacidades de alojamiento, lejos de contener la problemática, la han agravado al carecer de criterios objetivos para la definición del cupo carcelario. Durante los últimos años se ha dificultado el acceso a información confiable”. Así comienza su Informe la PPN en donde aborda distintos aspectos de la realidad carcelaria. Ésta no resulta “confiable” según afirma en organismo, por lo tanto a los 11233 detenidxs que declara el SPF no son todos los que están. Existen convenios con varias provincias que mantienen en sus prisiones a prexs federales, así como otrxs prisioneros que se hallan en dependencias de fuerzas como la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y cárceles para extranjeros, por lo que esta Agencia estima que no son menos de 14 mil lxs detenidxs bajo la órbita el Gobierno Nacional. En unos de los gráficos del Informe se destaca que el 60 por ciento de lxs presos están bajo prisión preventiva.
Más adelante, la PPN indica que “se identificaron varias modificaciones en la forma de informar el cupo penitenciario, lo que produjo un abrupto incremento y descenso de los datos oficiales acerca de las plazas de alojamiento. A partir de febrero* de 2015 el SPF dejó de informar en sus registros institucionales la “capacidad real” (cifra referida a la cantidad de plazas disponibles para el alojamiento) y comenzó a indicar sólo la “capacidad general” que contempla el total de plazas en cada establecimiento, incluyendo celdas o pabellones clausurados o inhabilitados. Por ende, a pesar de lo que indican las cifras publicadas, no se produjo un aumento efectivo en la capacidad de alojamiento, sino que se produjo una modificación del fenómeno contabilizado”.
“Por otro lado, -continúa la PPN – a partir del mes de septiembre** de 2015, se incrementó el cupo informado al incorporar como plazas propias las ubicadas en la cárcel provincial de Senillosa, Neuquén, disponibles a raíz del convenio de alojamiento celebrado entre el SPF y el servicio penitenciario de esa provincia. La contabilización de estas 200 plazas permitió reducir las cifras relativas a la ocupación del SPF por debajo del 90%, por primera vez en los últimos cuatro años”.
Luego, el organismo de contralor del Servicio Penitenciario Federal, subraya que “Durante el segundo trimestre de 2016 el SPF sinceró las cifras relativas a la capacidad de alojamiento efectivamente disponible. En el mes de abril*** los listados de población volvieron a discriminar entre “capacidad general” y la “real” – es decir aquella en condiciones mínimas de habitabilidad-, ahora bajo la denominación de “capacidad utilizable”. La importante disminución en cuanto al cupo informado que se observa durante el segundo trimestre de 2016 no se explica a partir de una reducción de la capacidad operativa, sino que es producto del reconocimiento institucional del problema. Al publicar cifras más cercanas a la crisis de alojamiento que atraviesa el SPF emerge el preocupante dato de que, al menos desde 2017, las cárceles federales están funcionando con sobrepoblación general y creciente”.
Crónicas de una represión a mujeres
Las mujeres alojadas en el SPF han representado, en los últimos años, entre el 7% y 8% del total de las personas privadas de su libertad en el SPF. A pesar de constituir un colectivo minoritario y de gran vulnerabilidad, son blanco frecuente de la violencia institucional que atraviesa los espacios de encierro. A mediados de marzo, un grupo de mujeres alojadas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza fue brutalmente reprimido por reclamar de forma colectiva la entrega de alimentos para una compañera. Alrededor de las once de la noche del domingo 12, una mujer alojada en el sector A del pabellón 22 pidió comida ya que tenía hambre. Allí fue amenazada por personal penitenciario que, además de negarse a entregarle alimentos, la amenazó diciéndole que, de continuar con el reclamo, ingresaría el personal de requisa. El resto de sus compañeras de alojamiento se solidarizaron con la mujer y se plegaron a su demanda. Ante la permanente negativa penitenciaria, prendieron fuego una cortina para que accedieran a darle algún tipo de comida. Ante esta situación alrededor de las dos de la mañana ingresó al pabellón el cuerpo de requisa compuesto por más de treinta agentes penitenciarios, la mayoría de ellos varones. Entraron con sus rostros cubiertos, sin placas identificatorias y portando palos y mangueras.
El reclamo fue reprimido con un inusitado despliegue de violencia golpeando a las mujeres y arrojando gas lacrimógeno. Varias aseguraron que los agentes penitenciarios les pegaban en la cabeza, les tiraban agua con las mangueras y las asfixiaban con los colchones del pabellón. Además, entre los relatos más acuciantes, algunas mujeres contaron el modo en que los agentes les retorcían los pezones mientras las golpeaban. A una de ellas le tiraron gas pimienta en la vagina.
Finalizada la golpiza, las autoridades ordenaron el traslado de cuatro mujeres al sector de aislamiento. Allí fueron obligadas a desnudarse y mirarse entre ellas de modo explícito, por orden expresa de las agentes. Otra mujer fue trasladada al sector psiquiátrico de la cárcel en donde se le aplicó medicación inyectable de forma coactiva, lo que le provocó lesiones visibles. El resto de las alojadas fueron trasladadas a una sala que funciona como un anexo del salón de visitas, que no está habilitada como espacio de alojamiento nocturno. Las mujeres estaban mojadas y muchas se sentían doloridas por los golpes e intoxicadas producto del gas pimienta. Debieron pernoctar en esas condiciones sin colchones, frazadas ni ropa seca. Varias horas después fueron revisadas de forma superficial por los médicos de la unidad, pero todas afirmaron que fueron mal tratadas por los profesionales penitenciarios de la salud.
Ante tales hechos, la Procuración Penitenciaria se acercó al complejo penitenciario ese mismo lunes para entrevistar a las mujeres víctimas de este hecho, junto con un médico del organismo que las revisó y constató las lesiones provocadas durante el hecho de tortura.
Finalmente, el miércoles 15 se presentó la denuncia ante la Fiscalía Federal de 1ra. Instancia Nº 1 de Lomas de Zamora. En la presentación judicial se pidió que se notifique lo ocurrido a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia Contra las Mujeres y al Consejo Nacional de la Mujer. En simultáneo, desde la PPN se solicitó a la administración penitenciaria la entrega inmediata de colchones y frazadas, dadas las pésimas condiciones en que quedó el pabellón en general, y los colchones y ropa de cama en particular. Posteriormente se realizó un especial monitoreo de la situación de las víctimas de este episodio.
Luego del episodio de tortura, algunas fueron aisladas en celdas de castigo, otras fueron trasladadas por la fuerza al dispositivo psiquiátrico de la cárcel. El resto debió pernoctar en una sala de visitas, mojadas, sin colchón ni frazadas. El caso relatado evidencia las diversas modalidades que asume el ejercicio de violencia institucional hacia las mujeres prisonizadas. El ingreso de personal penitenciario masculino a los sectores de alojamiento de mujeres, la intimidación que supone el género y la desproporcionalidad en el número de agentes, la falta de identificación del personal, la aplicación de golpes y diversas técnicas de degradación, la utilización del dispositivo psiquiátrico como alojamiento disciplinario y la aplicación forzosa de medicación psiquiátrica sin consentimiento fueron algunas de las estrategias desplegadas por la administración penitenciaria. Esta forma de represión de los reclamos, en particular de aquellos de alcance colectivo, desalienta este modo de agencia colectiva que constituye una herramienta fundamental de sobrevivencia para las mujeres en prisión.
Este nuevo episodio no sólo pone de manifiesto las particulares formas que asume la violencia de género dentro de las prisiones, indica además, la presencia de la tortura penitenciaria en las cárceles de mujeres, fenómeno que en los últimos años ha registrado una tendencia ascendente en el marco de los episodios de malos tratos documentados por la PPN.
Sin género
Los datos oficiales acerca de los alojados en el SPF no permiten hacer distinciones de género, puesto que las síntesis de población elaboradas semanalmente por la administración penitenciaria no contemplan este dato. Por tal motivo, la PPP explica que “la única información que se registraba hasta 2016 indicaba la cantidad de plazas destinadas a lxs detenidxs trans, lo que resultaba insuficiente debido a que no permitía identificar al número de personas que se reconocen como miembros del colectivo LGBTI. Durante el último trimestre de 2016 se suprimió este dato y actualmente no hay ningún tipo de referencia al género de las personas privadas de libertad. Tomando las clasificaciones oficiales por sexo, al finalizar el primer trimestre de 2017 la representación de las mujeres se ha mantenido en el 7% de las personas alojadas en el SPF”.
Testimonios de torturas
“Pedí ducharme y me sacaron sin cámara cuando se supone que me tienen que filmar las 24 horas por orden judicial. A las duchas entraron dos penitenciarios, el jefe de turno y el inspector. Me empezaron a dar patadas y cachetadas sobre el brazo que tengo fracturado. En un momento me caí al piso y me siguieron dando patadas por todos lados. Después me trajeron a la celda y me dijeron que estaba sancionado por falta de respeto (…) Ahora estoy en una celda llena de cucarachas”. Detenido alojado en el Hospital Penitenciario Central del CPF I de Ezeiza.
“Estaba aisladx en el pabellón cuando un penitenciario me vino a decir que tenía una audiencia. Me llevaron a la oficina del Jefe de Seguridad Interna que me dijo que no iba a tener la visita especial que vengo tramitando. Me quejé y se armó una discusión. Entonces se acercó la jefa de turno y me empezó a insultar ‘vos sos un puto de mierda’ y entre los dos me pegaron con piñas y patadas en las costillas”. Detenidx del colectivo LGBTI – alojadx en el CPF I de Ezeiza.
“Era el cumpleaños de una de las compañeras de pabellón y ese día iba a tener visita. Para ella era muy importante y una celadora le vino a decir que no sabía si le iban a permitir recibir a sus familiares. entonces se puso muy nerviosa y le gritó a la penitenciaria. Forcejearon con la puerta y ahí, entre varias agentes, la agarraron del pelo, la tiraron al piso y le pegaron en las costillas. La Jefa de Turno le gritó “¡con mi personal no te metas, hija de puta!” y se la llevaron esposada al sector psiquiátrico de la unidad donde le dieron dos inyecciones que la durmieron. Al rato entró la requisa al pabellón y nos cagó a palos a todas las demás que estábamos ahí alojadas”. Detenida alojada en el CPF IV de mujeres de Ezeiza.
Muertes en el encierro
El informe da cuenta de que “entre 2009 y 2016, se produjeron 342 muertes de personas detenidas bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal. 152 de ellas corresponden a causas violentas. Durante 2016 se registraron 36 muertes, catorce de ellas violentas. Al observar el fenómeno según la causa de fallecimiento se identifican cinco accidentes en el marco de medidas de fuerza extremas, tres homicidios, tres suicidios y, finalmente, tres muertes accidentales. La estabilidad de los fallecimientos violentos en cifras cercanas o superiores a los veinte casos al año desde 2011 debe ser comprendida como el resultado de la ausencia de estrategias destinadas a modificar o desterrar las prácticas penitenciarias y judiciales que facilitan la producción de muertes en el encierro”.