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Periodismo de Intervención social

LOS SEIS DIRIGENTES CAMPESINOS PARAGUAYOS CUMPLEN DIEZ AÑOS DE PRISIÓN- EN 2008 FUERON EXTRADITADOS POR LA ARGENTINA CUYOS GOBERNANTES LES HABÍAN PROMETIDO “REFUGIO POLÍTICO”

“En vez de refugio nos dieron cárcel”

(APL) Hoy 2 de mayo los seis dirigentes campesinos paraguayos, que llegaron a la Argentina en busca de refugio político, en 2006, dada la persecución que sufrían en su país, cumplen diez años en prisión. La justicia argentina dictó su extradición al Paraguay a pesar de las numerosas pruebas del ensañamiento político que sufrían en su país. Poco después la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner les negó definitivamente el refugio político que habían solicitado ante el Comité de Elegibilidad Para los Refugiados (CEPaRe), quebrando una larga tradición de amparo a perseguidos políticos. Desde entonces, en la Argentina todo luchador que busque refugio es un extraditable. Los seis líderes campesinos permanecen en el encierro de Tacumbú, una de las mazmorras stronistas, porque si bien el genocida Alfredo Stroessner murió tras 35 años de dictadura, sus nefastas políticas y su “justicia” siguen vivas, en la oligarquía que lo parió y su Partido Colorado que perpetúa el el despojo, el sometimiento, el garrote y las rejas contra el pueblo más pobre y los luchadores en rebeldía. ¡Libertad a Agustín Acosta, Basiliano Cardozo, Siemón Bordón, Arístides Vera, Gustavo Lezcano y Roque Roque Rodríguez!

“En vez de refugio nos dieron cárcel”. Así sintetiza Agustín Acosta la experiencia de los seis en Argentina en la última entrevista realizada en el penal de Tacumbú.
Los seis dirigentes, de los cuales cinco pertenecían al partido Patria Libre, fueron involucrados por la Fiscalía Antisecuestro en el caso del secuestro y muerte de Cecilia Cubas, hecho ocurrido en el año 2004.
La continua arbitrariedad de la Fiscalía, cuyo accionar se enmarcaba en una campaña política de abierta persecución y demonización del Partido Patria Libre Paraguay, los llevó a solicitar refugio político en Argentina a donde concurrieron en abril de 2006 luego de una recomendación expresa del embajador argentino en Asunción, Rafael Romá.

Toda la estructuración de la acusación de la Fiscalía se basa únicamente en el testimonio del informante policial Dionisio Olazar, sin que se hayan encontrado pruebas que permitan vincular a los campesinos con los hechos descriptos en la causa. Las versiones del testigo principal del caso fueron variando de acuerdo a la necesidad de la Fiscalía, acompañada por la querella, de involucrar a mayor cantidad de personas en el caso.

En primer momento los seis fueron imputados por “Omisión de aviso de hecho punible”, es decir, se les atribuía haber sabido acerca del hecho y no haberlo denunciado. El Juez de la causa siempre consideró no tener elementos para procesarlos, sin embargo, la Fiscalía y la querella lograron su imputación por parte del Tribunal de Alzada. Poco después lograron, ante el desacuerdo del juez, cambiar arbitrariamente la carátula y acusarlos, sin agregar pruebas que lo fundamenten, de “Homicidio Doloso, Secuestro y Asociación Criminal”. Este hecho decidió a los campesinos a salir del país y dirigirse a Argentina.
Sin embargo, a pocos días de encontrarse en Argentina fueron citados para el día 2 de mayo a las oficinas del entonces Comité de Elegibilidad Para los Refugiados (CEPaRe) y detenidos dentro del recinto por la Interpol.
Los campesinos ignoraban que el día 26 de abril el entonces canciller Taiana ya le había asegurado a la canciller paraguaya Leila Rachid que los campesinos serían entregados a su país.

En esos días también había tenido lugar una reunión clave para el caso: la madre de Cecilia Cubas, la ex primera dama del Paraguay y actual senadora colorada Mirtha Gusinky había concurrido al despacho del entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández acompañada por Juan Carlos Blumberg. En la reunión el ministro se comprometió a colaborar para lograr la entrega de los seis dirigentes al Paraguay.
Blumberg ya había acompañado en junio de 2005 a Fernández a Paraguay a un encuentro de ministros del Interior del Mercosur y asociados (Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) en el que se firmó un convenio para “prevenir y reprimir el secuestro de personas”.

Prisión en Argentina:
Luego de ser apresados en la oficina del CEPaRE los seis dirigentes paraguayos permanecieron más de dos años y medio en prisión en Argentina.
Durante su estadía estuvieron rodeados de la solidaridad de gran cantidad de organizaciones y personalidades del país y del extranjero, que comprendían la politicidad de la causa judicial y solicitaban que se les otorgue el refugio y se rechace el pedido de extradición.

A pesar de la campaña a su favor, la Corte Suprema de Justicia decidió convalidar la resolución del juez Lijo de otorgar la extradición argumentando que el Paraguay es un país democrático, y rehusando verificar los argumentos de la defensa acerca de la persecución política de la que los dirigentes eran objeto en su país. Asimismo, la Corte hizo suyos los criterios recomendados por el entonces Procurador General de la Nación Santiago González Warcalde, quien concluía que los dirigentes no se encontraban involucrados en un caso político porque no habían reivindicado el crimen del que se los acusaba; y que en cuanto a la falta de garantías judiciales que denunciaban existían en Paraguay mecanismos legales nacionales y supranacionales para remediar las arbitrariedades que pudieran cometerse en un juicio en su contra.
Los años demostrarían la falsedad de estos supuestos.

Ya denegado el refugio político por parte del CEPaRe el último recurso posible para evitar el cumplimiento de la extradición era que la misma Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, conceda el refugio. Contrariando el proclamado carácter del gobierno nacional como “gobierno de los derechos humanos”, Cristina Fernández les negó el refugio en octubre de 2008. En diciembre del mismo año se procedió a la deportación de los seis dirigentes al Paraguay.

Cárcel, proceso y juicio en Paraguay: todas las arbitrariedades posibles
Para confirmar y reconfirmar la politicidad de la causa contra los seis dirigentes, la justicia paraguaya no cumplió en forma con ninguna etapa del debido proceso. Una vez llegados los campesinos extraditados debía realizar la Audiencia Preliminar en un mes: tardó más de diez meses, lo cual es motivo de nulidad del proceso, que siguió adelante.

Una vez concluida la Audiencia Preliminar, donde se determinan las pruebas que se utilizarán en el juicio oral, el mismo debía comenzar en un mes más: tardaron más de dos años, lo cual también es motivo de nulidad pero el proceso continuó. Durante esa demora, la Fiscalía incorporó a otro acusado y nuevas pruebas a la causa, procedimiento absolutamente ilegal que fue convalidado por el Tribunal. Sin embargo, cuando el testigo estrella de la Fiscalía salió en un programa de televisión dando declaraciones absolutamente contradictorias con sus dichos en sede judicial acerca del secuestro y muerte de Cecilia Cubas, la defensa solicitó la inclusión del material como pruebas de descargo. El tribunal denegó el pedido argumentando que las pruebas deben ser incluidas antes de la realización de la Audiencia Preliminar.

Poco después, cuando los detenidos cumplieron cuatro años en prisión, la defensa solicitó el levantamiento de la prisión preventiva por haberse cumplido el tiempo límite: se la denegaron argumentando que no llevaban ese tiempo detenidos, dado que en Argentina no habían estado en prisión sino en “pensiones y hoteles”, criterio que mantiene hasta el día de hoy ante diferentes pedidos.

Con ese nivel de abuso y arbitrariedad judicial se realizó el juicio oral entre febrero y julio del año 2012, en el cual los dirigentes fueron sentenciados a 35 años de prisión sin una sola prueba en su contra.

En el año 2014 la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presentó un informe acerca de las violaciones procesales cometidas en el caso, enumerando violaciones a al menos 42 artículos del Código Procesal Paraguay, la Constitución Nacional y tratados internacionales.
A lo largo de los años la Justicia paraguaya sigue manteniendo a los seis en prisión de la cual cumplen ahora diez años sin sentencia firme.

Algunas reflexiones diez años después:
“...Decimos que las instituciones de los Estados dentro del sistema capitalista realmente no brindan garantías a las personas que luchan, que tienen un sueño distinto al sistema vigente a nivel mundial. Ese es el mensaje que podemos dar desde acá, desde la cárcel de Tacumbú a 10 años de esa terrible situación que nos tocó vivir…” expresa Agustín Acosta sobre la conducta del gobierno argentino en su caso.

Arístides Vera reflexiona sobre la politicidad de su prisión y afirma: “...Nosotros hemos sostenido desde un principio que la causa siempre fue política y siempre fue por una causa de lucha. Y hace diez o más años ya nosotros hemos tenido esa reflexión y esa capacidad de entender por lo menos a qué nos exponíamos, cuál era la consecuencia de un luchador político, particularmente en nuestro país (...) nosotros hemos tenido la osadía de abrazar esas luchas históricas y somos producto de alguna manera de esos grandes padres que tuvimos. Entonces a partir de ahi nos dieron la claridad de que nuestra causa es política, pues nuestra lucha es política y por lo tanto la consecuencia debe ser política. Y particularmente la Justicia entre comillas paraguaya que siempre se ha implementado contra los luchadores políticos siempre fue atroz, despiadada, violenta, hasta asesina…”

Agustín Acosta señala que el eje de la persecución política contra ellos fue de carácter colectivo: “... por decisiones tomadas en términos políticos se fueron dando paso por paso, la persecución hacia nosotros, no como individuos sino como colectivo, como organización, porque acusaban a un partido. Estamos hablando de un partido de izquierda, partido Patria Libre, al cual se le acusa (…) La idea central de todo esto es desarticular al Partido Patria Libre y todas las organizaciones que se planteen realmente luchar por una nueva sociedad en Paraguay (…) ¿Por qué nos meten presos a nosotros? ¿Por qué nos condenan? Para que no se reactive, que no se recupere, se reorganice Patria Libre…”

Además remarca que como parte de la politicidad de la causa, su condena no fue decidida por el Poder Judicial: “...no lo decidieron los jueces, lo decidieron los políticos del Partido Colorado y los que estaban en el poder…para eso alquilaron el Poder Judicial esta familia, para condenarnos…”

Sin arrepentimiento, con la moral muy alta se muestran los presos de este caso en el indescriptible penal de Tacumbú.
“...no estamos arrepentidos, yo particularmente no estoy arrepentido, no pedí piedad ni al juez ni al sistema, a nadie; en primer lugar porque estoy convencido de que la lucha fue por una causa justa, es de ahí que yo no me considero un delincuente, no me considero que cometí delito alguno, pues si luchar por una causa justa, por una sociedad diferente, soñar con una sociedad igualitaria de hombres y mujeres libres, si eso es un pecado, un delito, pues si soy un delincuente porque sueño hasta ahora, hasta ahora soñamos con mis compañeros todos los días que pasan que sí es posible una sociedad diferente y eso hace no solamente diez años, desde que tuve uso de razón de entender qué significa una sociedad igual y una sociedad desigual empecé a pensar que sí tiene que existir otro tipo de sociedad. No puede ser que un campesino no tenga un pedazo de tierra, diez metros, y que ahí al lado tenga unas 35 mil hectáreas y que haya estamentos religiosos que pregonan que `es tu hermano´. No puede ser que un hermano tuyo tenga 10 mil, 50 mil hectáreas y que al lado suyo uno no tengan un pedazo de tierra. Es ahí que yo, por mis principios cristianos empecé a pensar: ¿cómo puede ser que un papá tenga un hijo que puede tener todo y el otro no tiene nada? Esos fueron por lo menos mis primeros pasos de rebeldía, de pensar diferente, que sí existe un tipo de sociedad diferente. Y fue ese mi delito, mi causa, mi falta, y de eso hace 10 años que estoy preso ahora…”

En el mismo sentido asegura Agustín Acosta: “no nos han vencido como ellos creen por el hecho de que nos hayan condenados a 35 años no significa una derrota para nosotros. Por el contrario, nos han fortalecido en nuestras posiciones y nos vuelven mucho más libres en nuestra posición. Es necesario que este país cambie las relaciones sociales de producción y nosotros seguimos sosteniendo eso (…) nosotros seguimos denunciándoles a la narco oligarquía paraguaya que sigue dominando este país impunemente, descaradamente siguen robando los sueños de miles de niños de este país y nosotros seguimos sosteniendo eso. Y eso nos ha ido acercando a muchas organizaciones, muchas personas, y seguimos sosteniendo y seguiremos sosteniendo eso firmemente. No nos han vencido ni nos vencerán con la cárcel y ese mensaje también le damos al pueblo y a todos, el pueblo paraguayo y de América Latina, de que no se le vence a una persona convencida de sus principios ideológicos con la cárcel ni con la persecución. No sirven, no se lo vence al pueblo con esto porque la historia de seguro nos colocará en algún sitio. Nosotros estamos formando parte de nuestra historia, de nuestro pueblo, el pueblo de América Latina diciéndoles a todos que se sumen a la lucha, no dejen de luchar por sus ideales. A todos los jóvenes llamamos a que no se dejen llevar por las ideas capitalistas que oprimen. que reprimen y que matan a miles de ciudadanos en todo el continente le decimos fuerza a todos, luchen, luchen, no abandonen el camino que nos conduce a la revolución…”

Última modificación: 2 de mayo de 2016 a las 15:14