Se restringen cada vez más el ingreso de las visitas a las cárceles de Córdoba, con más requisitos, obstáculos, y trabas burocráticas. Desde julio es obligatorio que toda persona cuente con un carnet, sin el cual no se podrá acceder a la prisión, por más que hubiese hecho ciento de kilómetros.
Este sistema es el utilizado en varias cárceles federales, pero aquí se comienza a utilizar ahora, aduciendo cuestiones de seguridad. Considero que uno de los objetivos principales es mantener cada vez más aisladas a las personas privadas de la libertad. Pero también tener la menor cantidad de ojos observando el nauseabundo espacio adonde obligan a vivir a las personas que el poder judicial deposita, (y después se lava las manos), con el justificativo de hacer justicia.
El pretexto es impedir el ingreso de drogas, y no niego que alguna visita lleve alguna sustancia, pero, ¿cuánto puede caber en una vagina o en un ano? Pueden introducir un ladrillo de marihuana, o de cocaína? o botellas de fernet, ginebra, whisky, etc.?, como se han encontrado en las diferentes prisiones. En las unidades de la provincia, se han descubierto kilos de cocaína y de marihuana, y diversos envases de bebidas alcohólicas, que sin dudas no los introduce la visita. La visita puede entrar una mínima parte de lo que se comercializa adentro, el resto lo introduce el servicio penitenciario, de la mano de algunos empleados y con la complicidad de funcionarios.
Y sin embargo somos las visitas las que sufrimos la requisa vejatoria, donde nos obligan a desnudarnos completamente, hacer flexiones, y abrirnos las nalgas hasta que ven nuestra dignidad bien por el suelo. Se va naturalizando este tipo de hábitos, lamentablemente, y por eso no son denunciados, también porque se sabe que es más posible conseguir una represalia para lxs presxs, que una respuesta positiva de parte de los que administran justicia.
Muchas veces me pregunto porque nos condenan a estas prácticas tan denigrantes, cuales son los crímenes que hemos cometido. En realidad, lo que se persigue es aumentar, aún más, la pena de lxs condenadxs, llevándolos al aislamiento absoluto, rompiendo sus vínculos.
Si realmente la intención fuese frenar el ingreso de drogas, como plantean, se implementarían métodos de monitoreo, con un sistema de equipos electrónicos, por donde entraran lxs visitantxs, y también todxs lxs integrantes de la fuerza de seguridad.
Claro que la escusa es que no tienen presupuesto para implementarlo, el presupuesto del servicio penitenciario es como un agujero negro, nadie sabe adónde va a parar, y nadie pregunta.
Los delitos que comete el estado, a través de sus fuerzas de seguridad, generalmente quedan impunes, y por esta razón, nada cambia. Siempre cuentan con la complicidad del poder judicial, que indulta y absuelve continuamente. Y nos vamos convenciendo que no tenemos derecho a los derechos humanos.
Tolerancia cero a todo tipo de tortura !!!