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Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

CORRIENTES: DENUNCIA DE LA RED DE DERECHOS HUMANOS

Impiden el ingreso de talleristas al Penal N°1

(APL) Hoy nos preocupa y nos desazona la situación de los talleristas voluntarios de la Red de DDHH a quienes desde hace más de quince días se les impide ingresar a la unidad penal n 1 bajo la formalidad burocrática de no tener cumplimentados todos los requisitos para retomar actividades en el período 2017. Todas las tareas que se realizaron en los últimos diez años fueron ampliamente difundidas y conocidas por autoridades penitenciarias y judiciales y entendemos que desde nuestra asociación civil hemos contribuido a generar y establecer vínculos con el afuera , lo que permite a las personas privadas de su libertad generar el vínculo necesario con el afuera; proyectarse como ciudadanos que son parte de la sociedad; conocer sus derechos; asumir compromisos en función de sus aspiraciones, supliendo en muchos casos las carencias de instituciones del estado, como es el caso del Patronato de Liberados.

A través de todos estos años de trabajo, sin situaciones conflictivas, de violencia o negativas, hemos demostrado nosotros y personas e instituciones fraternas, que nuestros propósitos son generan lazos más genuinos de integración con la sociedad de la que las más de las veces fueron excluidos.

Es por eso que vemos con profunda preocupación el progresivo recorte, las “piedras en el camino” que nos coloca el sistema penitenciario, obstaculizando el aporte de personas que solidariamente ponen a disposición su tiempo y su conocimiento en vistas a la vigencia de derechos, al bienestar individual y social y a la dignidad de las personas privadas de la libertad y a su entorno familiar inmediato.

Las credenciales son el “chivo expiatorio”, la única excusa que se ha encontrado para encubrir el profundo disgusto que genera a nivel institucional la visibilización que la Red hace de las situaciones de violencia penitenciaria, las carencias del sistema y el incumplimiento de normas educativas, de trabajo, etc. De ahí la cerrazón al dialogo por parte de autoridades penitenciarias y del ejecutivo provincial. Infructuosamente, desde agosto del 2016 hemos intentado que el Ministro Ortega nos reciba en audiencia; tampoco hemos podido hablar con el Jefe del Servicio Penitenciario y hemos tenido esporádicas reuniones con funcionarios intermedios que nos aclaran que ellos no tienen poder de decisión. Esta falta de trato directo y personalizado nos desconcierta, ya que no se nos aclaran los requisitos para reanudar actividades. Los planteos escritos que nos hacen desde Jefatura (los que hemos respondido inmediatamente) son diferentes a los requisitos que verbalmente o por escrito nos hace saber la guardia o el área de educación del Penal.

Estamos en una situación de “no respuesta” sin fundamentación, sin una situación conflictiva ni irregular que amerite que no se renueven luego de casi diez años de trabajo, interrumpiéndose de esta manera múltiples actividades y privando a los participantes, personas privadas de la libertad de la UP1, de espacios probadamente beneficiosos.

Esta preocupación es compartida por el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Corrientes, y otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la provincia y del país y ha sido recientemente planteada a la Jueza de Ejecución, con la esperanza que su intervención destrabe esta situación, retrotraiga restricciones y habilite a los voluntarios de la Red a retomar actividades como lo hacen desde hace casi diez años.

Última modificación: 9 de marzo de 2017 a las 08:07