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ENTRE RÍOS: LAS AUTORIDADES ADMITEN QUE LA CAPACIDAD DE LAS UNIDADES PENALES ESTÁ AL LÍMITE

La cantidad de presos creció 67% desde el nuevo Código

La provincia tiene casi 1.500 personas privadas de la libertad, lo que pone al sistema penitenciario al borde del colapso. Desde el Poder Judicial atribuyen el notable aumento de detenidos a la mayor celeridad que impone el nuevo Código Procesal Penal. Como contrapartida, destacan la cantidad de condenados con sentencia firme por sobre el número de procesados con prisión preventiva. Lo cierto es que el nuevo sistema procesal evidenció la situación de crisis de las cárceles entrerrianas, a raíz del notable crecimiento de la cantidad de personas que se encuentran en el encierro. La población penitenciaria creció de manera exponencial en los últimos siete años.(Fuente: http://www.eldiario.com.ar/)

Las unidades penales están al límite en la provincia de Entre Ríos, así lo reconoce el propio Servicio Penitenciario, a raíz del notable incremento de la población penal fundamentalmente desde la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal.
En diciembre de 2008 las unidades penales de la provincia albergaban a 805 reclusos, tres años después la cifra, curiosamente, había caído a 746 internos y, al día de hoy, el número trepó a 1.346 personas, lo que representa un aumento del 67,2% respecto de hace siete años y medio, y 80,4% más que en 2011.
El incremento de presos se atribuye, principalmente, a la puesta en marcha, en forma paulatina, de un nuevo sistema procesal que, según dicen en el Poder Judicial, privilegia la oralidad y acelera los plazos de resolución de las causas penales; y en menor medida a la intensificación de los procedimientos contra el narcotráfico.
El nuevo Código de Procedimiento Penal de la provincia se aprobó el 9 de enero de 2007, mediante la sanción de la Ley Nº 9.754, y la implementación se realizó por etapas, a partir de 2009, hasta completarse en septiembre del año pasado con la puesta en vigencia de las nuevas reglas en Paraná.
Entre los muchos cambios que se le atribuyen al nuevo sistema se destacan el acortamiento de los plazos en todas las etapas del procedimiento; la posibilidad de la utilización de vías alternativas para la resolución de procesos penales, como el juicio abreviado, tendientes a descomprimir la actividad judicial; la facultad que le otorga al Procurador de priorizar las investigaciones según la complejidad de cada causa; y el hecho de que ahora la investigación la lleva a cabo solo el fiscal, mientras que el juez pasa a cumplir el rol de tutor de las garantías del proceso.
Lo cierto es que el nuevo sistema procesal evidenció la situación de crisis de las cárceles entrerrianas, a raíz del notable crecimiento de la cantidad de personas que se encuentran privadas de la libertad.
Si bien en los últimos meses se han realizado obras que permitieron ampliar la capacidad de las unidades penales, el propio Gobierno provincial admite que el sistema está en condiciones de soportar un máximo de 1.500 detenidos, un número que se encuentra muy cerca de los 1.346 actuales.
Indicadores. El crecimiento en el número de personas detenidas contrasta, sin embargo, con los indicadores delictivos, que para nada muestran un incremento en los últimos años. La explicación que surge desde el sistema judicial es que “la puesta en vigencia del nuevo Código le dio mucho más dinamismo a las investigaciones, es decir, los procesos que antes demoraban cuatro o cinco años hasta que se dictaba una sentencia, ahora tienen sentencia y hasta la doble instancia de revisión en menos de un año”, aseguró el juez Rubén Chaia, integrante de la Cámara de Casación Penal.
En el país hay 150 personas detenidas por cada 100.000 habitantes (eran 103 en el año 2000); en Entre Ríos, cada 100.000 habitantes hay 103 que están en la cárcel. La mayoría son jóvenes que provienen de contextos vulnerables. De hecho, hay 76 menores de edad privados de la libertad.
Sin embargo, la afirmación de Chaia trata de rebatir aquello de que la efectividad del sistema penal se mide en cantidad de detenciones y, entonces, se sostiene en otros datos: de las 1.346 personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad, hay 997 condenados (74,8%) y 336 que están procesados en prisión preventiva a la espera de juicio o han sido condenados pero su sentencia no está firme (25,2%). Cuatro son inimputables. De ellos, 1.119 reclusos se encuentran detenidos a disposición de la Justicia provincial. De ellos, hay 937 condenados (83,7%) y 178 que están procesados en prisión preventiva a la espera de juicio o han sido condenados pero su sentencia no está firme (15,9%). Los porcentajes se invierten entre los 218 son detenidos a disposición de la Justicia Federal, alojados en las cárceles entrerrianas: solo 60 tienen sentencia firme (27,5%); los otros 158 están en prisión preventiva (72,5%).
En la provincia de Buenos Aires, para establecer una comparación, el 60% de los detenidos no tiene condena judicial, según estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Con los números en la mano, Chaia defendió el nuevo Código de Procedimiento Penal: “Al hacerse más rápido el proceso, se dictan sentencias en un tiempo más cercano a la comisión del delito y, si hay condenas, hay más personas en prisión. De manera que se ha logrado eficiencia, celeridad, se ha ganado en transparencia y no se han retaceado garantías”, razonó el magistrado en diálogo con EL DIARIO.
Situación límite. Ahora bien, el notable incremento de la población penal ha repercutido en la infraestructura. Para contrarrestar esa situación se han dispuesto ampliaciones y modificaciones tendientes a atender a las necesidades de alojamiento.
“El máximo de personas privadas de la libertad que el sistema puede contener es de 1.500”, precisó el director general del Servicio Penitenciario, José Luis Mondragón. Esto porque en los últimos meses el cupo se ha incrementado con la construcción de pabellones en las unidades penales de Paraná y Concordia, la inauguración de la Granja Penal en el departamento Gualeguaychú y la apertura de una casa de pre-egreso en la capital provincial.
Sin embargo, el funcionario admitió que “las cárceles están al límite” y coincidió en que “el incremento de la población penal se debe, en parte, a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal porque hace que las personas resulten condenadas con mayor rapidez, que se impriman condenas cortas y de ejecución más veloz”.
La Justicia Federal, en números
Desde el Servicio Penitenciario aportan otro motivo al incremento de la población penal, que es la intensificación de los procedimientos por tráfico de drogas. En Entre Ríos no hay cárceles del Gobierno nacional –la más cercana está en la localidad bonaerense de Campana– y los presos a disposición de la Justicia Federal son alojados en unidades penitenciarias provinciales, con la salvedad de que deben estar en celdas separadas de aquellos a procesados o condenados por los tribunales provinciales. En enero de 2012 había 115 personas detenidas, de los cuales 25 tenían condena firme (21,7%) y los otros 90 estaban bajo prisión preventiva (78,3%). Solo ese año se resolvieron 179 causas judiciales (30 juicios abreviados, 62 sentencias y 87 resoluciones que incluyen sobreseimientos, prescripciones e incompetencias), todas en el único Tribunal Oral Federal que tiene la provincia, en Paraná. Sin embargo, tres años y medio después la cifra de personas privadas de la libertad trepó hasta 218, pero las proporciones entre penados y procesados se mantienen: 60 y 158, respectivamente. Estos números revelan la necesidad de descomprimir la actividad del tribunal oral, que ya tiene audiencias fijadas hasta fines de 2018, mediante la puesta en marcha del nuevo tribunal de juicios en Concepción del Uruguay. Por estos días, alrededor del 80% de las causas federales que llegan a debate están relacionadas con el tráfico de drogas y la mayoría de ellas se originan por el corredor de la Ruta Nacional 14, es decir, serán juzgadas por el nuevo tribunal, una vez que esté operativo. Entonces, el efecto será inmediato en cuanto a la merma en el número de causas que llegarán a manos del tribunal de Paraná.

Última modificación: 22 de julio de 2015 a las 13:23