En 1988 la Cumbre Mundial de Ministros de Salud declaró el “año de la Comunicación y la Cooperación sobre el SIDA”; desde entonces, cada 1º de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Acción contra el SIDA como parte de la lucha para la prevención de la enfermedad y contra la discriminación a los portadores del virus.
En su comienzo fue conocida con el nombre de “peste rosa”, ya que las personas infectadas tenían en su piel manchas de ese color. Esa denominación también fue una forma de culpabilizar como portadora del mal a la comunidad LGTB, que sufrió el estigma y la discriminación por parte de la sociedad, las instituciones e incluso las agencias del Estado.
Tras la aparición de los primeros casos en 1981, la transmisión del VIH se pensaba como un problema de minorías sociales e identificaba como grupo de riesgo a homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y haitianos: las cuatro H. Amparada en ese discurso homofóbico y racista, la DIPPBA desplegó en el territorio su aparato de inteligencia para el espionaje y la clasificación de las relaciones sociales de los infectados de SIDA con el fin de mapear las “zonas de riesgo de contagio”.
Bajo esa diligencia, un informe de 1987 menciona que la situación es alarmante: la fuente de inteligencia indica que el mayor foco radica en “la población de travestis, prostitutas, homosexuales, heterosexuales, drogadictos, quienes se desprende de la presente serían factor desencadenante” y estima que “se encontraría, en corto plazo, la población estable en condición de infeccionados y portadores del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida”.
Sobre este informe remitido a los superiores, se observan dos anotaciones: la categoría “heterosexual” se encuentra tachada a mano con lapicera azul. Con el mismo trazo, el supervisor/jefe indica: “Averiguar qué zona es la de mayor actividad de estos elementos y apreciar qué papel le cabe a la Policía”.
La nómina de las víctimas de las acciones de inteligencia devela, además, un rasgo característico de la DIPPBA: en su trabajo minucioso de persecución, los agentes espiaron y registraron a personas cuyas conductas eran consideras sospechosas, “amorales” o “desviadas”. Así como a partir del Decreto ley 8031/73 se podía encarcelar a homosexuales, travestis y prostitutas por ser considerados amorales sexuales, con la explosión del SIDA a mediados de los años ochenta estos actores fueron además observados y controlados por la inteligencia como elementos peligrosos al entenderlos como focos infecciosos.
Los portadores del mal
Desde el año 1985 la Inteligencia bonaerense comenzó a señalar a los primeros infectados por el HIV–SIDA. Para esa fecha el virus era entendido como una enfermedad estrictamente de los homosexuales, es decir de los “pederastas pasivos/activos”, “amorales sexuales”, y de la “colonia de travestis”. También de las mujeres en “situación de prostitución”. Y luego de los drogadictos y personas de “baja cultura”.
La documentación era recogida bajo el asunto “SIDA” y distribuida, a lo largo de los años, en cuatro tomos. En ellos se encuentran archivos que dan cuenta de cómo la policía de la provincia de Buenos Aires realizó la identificación de las organizaciones y personas que tenían una militancia activa para la prevención, cuidado ante la enfermedad y el reclamo de derechos para los enfermos. Y de cómo también la Inteligencia llegó al interior de las instituciones sanitarias y la intimidad de las personas contagiadas que, en algunos casos, fueron perseguidas y controladas hasta su círculo más cercano, y catalogadas por la DIPPBA como peligrosas para la sociedad.
Entre los documentos de Inteligencia también aparece la conformación del mapa de los primeros infectados en cada ciudad bonaerense. Así, en un legajo del año 1989 se relata el primer caso hallado en Argentina: “un comisario de Abordo” con domicilio en Bahía Blanca y catalogado como “homosexual”. La sola afirmación de un vecino que dijera que era amanerado al caminar o que no se le conocía pareja mujer o que se lo veía continuamente con personas de su mismo sexo bastaban para dar una sentencia sobre su sexualidad. En tiempos de la pandemia HIV-SIDA, era determinante para fundamentar una vez más la sospecha, la catalogación y el espionaje por amoral sexual y portador del mal.
Las distintas delegaciones de la DIPPBA desplegadas en todo el territorio de la Provincia enviaban documentos aportando precisiones sobre la aparición de cada nuevo caso. Estos archivos respondían a una circular interna de la Central de Inteligencia, con fecha de abril de 1989, donde se requería información de los “casos que detectaron en su jurisdicción, fecha aproximada de la aparición de estos casos, especificando lugar de origen, actividad del enfermo y todo otro dato de interés para confeccionar una estadística (…) y “determinar si alguna de las personas fue afectada en forma accidental (enfermeros, médicos, etc.)”.
Durante ese mismo tiempo, en los penales bonaerenses se garantizan celdas especiales para los infectados y la alerta a todos los profesionales sobre los riegos de estar en contacto con enfermos. Esta situación de discriminación generará la reacción de los presos que se encadenarán pidiendo medidas de salubridad y no un apartheid interno.
Ese acto de conciencia no es ni será el único. Desde 1988, cuando se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Lucha contra el Sida, las campañas de información y prevención lanzadas primero por la comunidad homosexual y, más tarde, asumidas como políticas públicas han ido transformando el paradigma a partir del cual se piensa la transmisión del VIH-SIDA.
Frente a los avances en materia de concientización, la conquista de derechos y el fortalecimiento de los espacios de comunicación y tratamiento del VIH, los documentos de la DIPPBA conforman un acervo cultural que permite pensar históricamente el modo en que se ha concebido la enfermedad, sus resistencias y conflictos en Argentina. Su reflexión crítica aporta a la lucha contra prácticas discriminatorias y promueve la defensa irrestricta de los derechos humanos.