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Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

CORREPI (COORDINADORA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL E INSTITUCIONAL)

“Linchamientos” y “emergencia en seguridad” para legitimar la represión

(APL) “En las pasadas semanas hemos sido bombardeados desde los grandes medios masivos de des-información con una nueva y brutal campaña de “ley y orden”, dirigida de modo inocultable a legitimar la represión actual, y la que se viene ante el crecimiento de las luchas contra el creciente ajuste”. Así lo afirman los compañeros de Correpi en la siguiente nota, quienes llaman a las cosas por su nombre y analizan las respuestas de la presidenta, Sciolli y Massa, entre otros. Tal como nos tiene acostumbrados Correpi, la reflexión está acompañada con datos contundentes de la ferocidad represiva estatal. Ésta alcanzó su punto máximo en la etapa constitucional,en todas sus modalidades, durante la “década ganada”

A partir del ataque de un grupo de personas que, en Rosario, mataron a golpes a un joven que, con otro, intentó arrebatar un bolso a una mujer, se orquestó la difusión de episodios similares en distintos lugares del país, instalando la idea de que los “linchamientos”, simples ejecuciones tumultuarias sumarísimas, son la respuesta “natural y comprensible”, aunque formalmente reprochable, de la pobres personas indefensas que no tienen respuestas en materia de seguridad de un “estado ausente”. Frente a eso, naturalmente, la solución propuesta desde todos los sectores de la clase dominante, más allá de la diversidad de discursos, es “más estado”, o sea, más represión.

Ni nuevo ni extraordinario
En primer lugar, es necesario recordar que el llamado “fenómeno” no es nuevo ni extraordinario. Basta con recordar al ingeniero Santos, en 1990, que persiguió y fusiló a dos pibes de un balazo en la cabeza por un pasacasette. Y más para acá en el tiempo, durante las asonadas policiales de diciembre, a los comerciantes que declaraban sin pudores que estaban armados hasta los dientes para defenderse de supuestos o reales “saqueos”.

En medio de la marea mediática y justificadora, hubo de todo un poco, cada uno a su estilo, pero confluyendo, todos, hacia un mayor endurecimiento represivo.
Sergio Massa, sin pelos en la lengua, dijo que “el que comete un delito tiene que saber que el que las hace, las paga”, en una indisimulable incitación a la acción de fuerzas de choque de las clases medias, que hacen recordar las SA o “camisas pardas” hitlerianas. Massa es parte de los que añoran el reinado de los ’90, los que impusieron que el estado debía reducirse a su ínfima expresión, sin otro objetivo que imponer sus planes de hambre, miseria y desocupación; esos son los mismos que hoy se “horrorizan” ante la supuesta falta de estado.

Cristina, Berni, Massa, Scioli
Por su parte, Cristina Kirchner, a diferencia de su secretario de seguridad, Sergio Berni, que se alineó con Massa, dijo que “no hay mejor antídoto contra la violencia que lograr que mucha más gente se sienta incluida. La inclusión no es algo referido a los pobres o a los negros, la inclusión…tiene que ver con todos”. CFK, como fiel representante de los intereses de la burguesía, intenta convencernos que hay que tomar en cuenta todos los intereses, sólo para insistir en que los explotados asuman como propios los valores de los explotadores, naturalizando la barbarie de privilegiar el derecho de la propiedad privada en un país y mundo donde el 80% no es dueño de casi nada. Y sobran las muestras de que, en una sociedad donde se valora la propiedad privada por sobre la vida, no hay otra paz posible que la de los cementerios.
El tercero en disputa, Daniel Scioli, decidió hacer su agosto con la cuestión. Con bombos y platillos anunció en conferencia de prensa el decreto de la “emergencia en materia de seguridad” en la provincia, argumentando que los delitos en la provincia han adquirido “características violentas sin precedentes”, y que se debe dar una “respuesta integral desde el Estado”.

Lo primero es rigurosamente cierto, especialmente cuando se analizan los delitos que cometen directamente, o que administran y gerencian los integrantes de las fuerzas de seguridad. El narcotráfico, la trata de personas, los secuestros extorsivos, los piratas del asfalto, los asaltos tipo comando, en fin, todo lo que habitualmente englobamos en el concepto de “crimen organizado”, requiere necesariamente, como lo vemos a diario cuando se desbarata alguna gran banda, del concurso de policías y otros integrantes del aparato represivo, que sistemáticamente forman –cuando no dirigen- los emprendimientos criminales a gran escala y con gran logística. Al mismo tiempo, como lo sabe cualquiera en un barrio, y como lo admitió hasta la jueza de la corte Carmen Argibay, es también la policía la que explota el “crimen del chiquitaje”, reclutando pibes pauperizados a los que hacen robar para ellos, al tiempo que cobran “peaje” a los pocos ladrones cuentapropistas que quedan.

El argumento de la “necesidad de dar una respuesta integral desde el estado”, en total sintonía con el repetido cliché del “estado ausente” alegado por los justificadores de los linchamientos, muestra en forma más que transparente que, lejos de preocuparse por que los bonaerenses vivan seguros, lo que aqueja al gobernador es la necesidad de posicionarse electoralmente con miras al recambio 2015, y eligió el nicho de la “inseguridad” para instalarse como “el que da respuestas”.

Las medidas concretas anunciadas nada tienen que ver con el proclamado fin de “aplicar todo el peso de un Estado presente a los asesinos y a los delincuentes”, sino que incrementarán la situación de riesgo en la que ya se encuentran todos los que viven y transitan los barrios de la provincia de Buenos Aires, en los que la policía aterroriza a diario a los hijos de los trabajadores con el gatillo fácil en las calles y la tortura en las comisarías. Lo que se prometen son más armas ($600 millones para “equipamiento”); reclutamiento de 5.000 retirados que recibirán un “incentivo económico” por volver al servicio (que pudieron dejar por edad, pero también por otras causas menos “presentables”); un nuevo status de “integración a la red de prevención” de los más de 40.000 empleados de agencias de seguridad privada (la mayoría ex policías y de otros fuerzas, exonerados por graves delitos, como CORREPI ha demostrado en causas como las de Sergio Durán y Damián Salcedo, cuyos torturadores y asesinos, aun condenados, trabajan en “seguridad privada”); más patrullaje, etc. Todo eso apunta más al control y al disciplinamiento social que a la prevención del delito.

Más presente que nunca
Sostenemos que el estado está hoy más presente que nunca desde 1983 en materia represiva. Durante la gestión kirchnerista, con la militarización de los barrios a través de gendarmería, prefectura y las policías, se produjeron 2.400 fusilamientos de gatillo fácil sobre un total de 4.100 desde 1983; hubo 67 desapariciones forzadas; creció exponencialmente la población carcelaria, con el 80% de los presos sin condena. La represión a los conflictos obreros eclosionó, con miles de causas judiciales contra luchadores, la condena a perpetua de los trabajadores de Las Heras, 21 asesinados en movilizaciones y protestas, presos políticos como los de Corral de Bustos y Quebracho, la sanción de siete leyes antiterroristas y la sustitución de la tradición de asilo político por la compulsiva extradición de refugiados como los campesinos paraguayos.

La “ausencia” del estado para garantizar demandas básicas como la vivienda, salud y educación no es otra cosa que la expresión de los intereses de clase que se defienden desde el estado capitalista. No se trata de un padre ausente, que se va y nos abandona. En forma más o menos visible, liberando la zona o saturándola de fuerzas de seguridad, con medidas reaccionarias o “progres”, siempre se gobierna desde el interés de clase.

Es indudable que el delito –insistimos, del que es parte inseparable el aparato represivo estatal- afecta mayormente a ese 80% de los trabajadores que sufren, siempre más que los ricos, la desposesión de la poca propiedad que tienen, mucho más cuando ésta es violenta.

El doble standar
Nadie puede justificar esas conductas, pero de nada sirve juzgarlas desde un sistema violento en sí mismo, que nos despoja de la dignidad humana. Ante el robo violento de los ladrones seriales de los bancos, como el llamado “corralito”, la respuesta no fue el derecho penal, sino la “asistencia”. Sin más voluntad que la estatal, salieron al rescate con la recaudación de impuestos de todos (y que, en general, el 20% poseedor, intenta evadir). El robo de una cartera, en cambio, justifica una muerte.

Buscarle la salida práctica a la doble moral, al doble estándar de los delitos, a la esquizofrenia de incentivar el consumo y negárselo a las amplias mayorías, es como buscar la cuadratura del círculo. Nuestro esfuerzo está puesto en ayudar a construir las herramientas emancipadoras para liberarnos del sistema y toda su podredumbre.

Última modificación: 11 de abril de 2014 a las 17:13