–¿De qué modo evaluaron desde el GESPYDH la iniciativa que partió del Ministerio de Justicia de proponer liberar a cientos de presos sociales junto con genocidas de la última dictadura cívico-militar?
–El ministro de Justicia, Germán Garavano, promotor de la baja de edad de imputabilidad y legitimador de la pena de muerte sumaria y extrajudicial de presuntos delincuentes a manos de la policía, pergeñó esta nueva embestida de liberar a los genocidas utilizando como rehenes de intercambio a los presos y las presas pobres apilados en las cárceles. No se puede interpretar de otro modo una lista de candidatos a medidas alternativas a la prisión que iguala, por ejemplo, a una mujer embarazada que cumple una pena corta por un delito no violento con el genocida mundialmente famoso Alfredo Astiz. A los que legitiman esta política de Estado hay que recordarles que los delitos de lesa humanidad son de acción continua, no prescriben. Cada día que estos delincuentes genocidas mantienen su silencio sobre el paradero de los desaparecidos y de los niños que les robaron, esas personas vuelven a ser secuestradas por más que sus verdugos estén presos. La igualación es un acto perverso mayúsculo. Solo para contrastar, recordemos que en Alemania recientemente murió en un hospital, a los 96 años, el nazi de las SS Oskar Gröning, el contador de Auschwitz, quien se encontraba encarcelado desde 2015, fue detenido y juzgado a los 92 años por los crímenes cometidos en aquel campo de concentración.
–Usted impugnó el término «violencia institucional» porque desde su visión oculta responsabilidades concretas.
–Nosotros salimos fuertemente a cuestionar el concepto de violencia institucional. Si bien es cierto que la violencia la perpetran las instituciones, lo hacen en el marco de una política estatal de tal o cual gestión. Pero puedo decir que me alegró, tristemente, que el tiempo nos haya dado la razón sobre aquello que habíamos objetado hace dos años, en una entrevista con funcionarios del macrismo, cuando Macri ya era presidente. Nos costó mucho instalar que en democracia se tortura y se mata. No fue una práctica solo de la dictadura y, justamente, en honor a todos aquellos que fueron torturados y desaparecidos y lucharon por un país mejor, lo que no puedo hacer es ocultar las políticas de Estado nefastas que diseñan políticas represivas. Porque si no, ¿para qué lucharon ellos? ¿Para que nosotros lo ocultemos? Además, cuando llega este gobierno de Cambiemos, esto de la «violencia institucional» le vino perfecto. Le vino tan bien que elevó el rango en la estructura estatal con una Dirección contra la Violencia Institucional, cuando antes era solo una oficina.
–¿Considera que el encuentro Macri-Chocobar cambia un paradigma y pasamos de las muertes silenciadas, de los supuestos o reales delincuentes, a las muertes celebradas y condecoradas?
–No sé si cambia el paradigma, creo que exacerba el poder letal del Estado. Marca un profundo desprecio del presidente por los derechos fundamentales de la ciudadanía en general y otorga un claro aval de mayor empoderamiento a las fuerzas de seguridad. Se trató de una muerte cobarde que cuando se produce entre «delincuentes» es sancionada moralmente por estos: «Mirá que traidor, lo remató». Sin embargo, cuando lo hace un policía se ve como un acto de heroísmo. Sucedió algo muy similar cuando la Prefectura mató por la espalda al chico mapuche Rafael Nahuel, y no vi demasiadas marchas en ambos casos, con las excepciones siempre bienvenidas, que debieron partir del arco opositor. Porque del gobierno yo no espero nada bueno. Si el presidente Macri celebra la muerte estamos en serios problemas en términos de estado de derecho y de garantías para la convivencia social. Aunque en el living de su casa el presidente levante la copa, no puede decir públicamente que celebra la muerte.
–¿Cuáles son las razones de estos crímenes según sus investigaciones?
–La capacidad letal y el desprecio por la vida de determinados sectores que muestra el Estado, más el empoderamiento de las fuerzas de seguridad expresado en términos de guerra, es un amedrentamiento, pero no solo para los «delincuentes», sino para la sociedad en su conjunto, destinado a mantener un ordenamiento social injusto. Se reitera que este es un gobierno neoliberal, y lo es. Aunque yo no sé si alguna vez salimos totalmente del neoliberalismo, pero lo que me queda claro es que este es un gobierno para los sectores más concentrados del capital. Estamos en una etapa de mayor profundización las políticas neoliberales, sin dudas. Otro hecho a destacar es el crecimiento incesante de la tasa de «policiación» territorial (policías por habitantes) que fue extraordinario en la Argentina entre 2010 y 2015. Por caso, Scioli pasó de 50.000 a casi 100.000 efectivos en el distrito bonaerense. Imagino que el año que viene revisaremos las cifras y veremos que este gobierno de Cambiemos acrecentó aún más esta tasa. Me refiero a que va a ampliar la cantidad de efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad, Gendarmería, Prefectura, policías en un sentido amplio. La Argentina es el segundo Estado con mayor tasa de policías por habitantes del mundo, el primero es el Vaticano, según un informe de la ONU. Pero en el Vaticano viven menos de 1.000 personas y está la Guardia Suiza que cuida a la jerarquía católica. No se trata de un país como el resto. Y quiero aclarar que la ONU no incorporó en ese dato a la Prefectura ni a la Gendarmería que están abocadas al control del territorio, es decir que cumplen funciones policiales. Significa que lo más probable es que si las sumara, Argentina sería el primer Estado del mundo con más alta tasa de policías por habitantes. Y eso les resulta necesario para sostener una organización social de injusticia, porque controla, disciplina y coercitivamente infunde la aceptación de lo injusto, en un proceso de exclusión que envía al desamparo a millones de personas consideradas «la excedencia social»
–¿En qué momento histórico ubica el crecimiento significativo de la población «excedente» y la necesidad represiva que genera su existencia?
–La excedencia social, que es un concepto que nosotros trabajamos bastante, tiene que ver con la fuerte irrupción del modelo neoliberal en Argentina de la década del 90. Aunque es algo que comenzó en la propia dictadura en los 70, con gran parte de la industria nacional que se cierra y el genocidio de miles de personas, esas son las primeras recetas neoliberales fuertes que vienen. El neoliberalismo hace su incursión en la década del 70 en el mundo, nosotros lo simbolizamos con Reagan y Thatcher en los 80 y el menemismo lo va a desplegar acá en los 90. Yo les pido que recuerden, que vean los archivos con aquella conferencia de prensa de Menem y Dromi, que era ministro de Obras Públicas, en la que este dice: «nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado» y se privatiza todo con despidos masivos. Esa política lanza una cantidad de gente a la sobrevivencia y ahí hay que producir estrategias de control y represión sobre estos sectores. Y, además, va produciendo un ser humano que acepte su condición de sujeto precario. Eso construye una subjetividad cada vez menos política. ¡Y ahora este gobierno intenta una reforma laboral más! Probablemente no podamos pensar en un modelo de empleo y de trabajo de lo que podríamos denominar el Estado de Bienestar de la década del 50 o del 60, pero veamos cómo se puede hacer que los empresarios no se lleven, digamos, toda la torta. Y no hablo del modelo de producción sino del régimen laboral, que es ahí donde se la llevan. Eso es lo que no se reformuló a fondo en toda la etapa constitucional y eso es lo que va construyendo una excedencia social, por lo cual se va a necesitar represión, porque siempre el sistema penal creció paralelamente a la cantidad de gente que fue expulsada del mercado.
–¿Cómo evalúa la inclusión de conceptos de derechos humanos en la formación de las distintas policías?
–Acá hubo mucha gente de los sectores «progresistas de la seguridad» –y lo digo con ironía porque no hay posibilidad de ser «progre» en ese espacio– que se encargó de dictar cursos de derechos humanos en la formación policial en las aulas, mientras la instrucción verdadera es la que se daba en La Rioja, por ejemplo, que causó la muerte de un cadete hace poco tiempo atrás. Esa es la instrucción, no la que dan aquellos que van a las aulas de los policías y les dicen que hay que ser respetuosos de los derechos. Los tipos escuchan, no retienen nada y encima adquieren letra. Yo le dije a un comisario: «Ustedes detienen a mucha gente en la calle», y me contestó: «Por favor, no me acuse de eso. Yo no criminalizo la pobreza». ¡Miralo vos! Desde que se fundó la policía nunca la vi respetuosa de los derechos ciudadanos. En su formación les enseñan a odiar, siempre. Pero muchos parece que lo ignoran y creen que con un curso de derechos humanos va a cambiar la policía. ¡Vamos! Como si nosotros no supiéramos para qué se creó la policía en el orden social capitalista.
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PENA DE MUERTE
–¿Qué opina de las declaraciones del asesor presidencial Durán Barba sobre instaurar la pena de muerte?
–Nosotros no podemos permitir que este ni ningún otro gobierno nombre siquiera a la pena de muerte. Existen amplios sectores sociales que no cuestionan los homicidios policiales ni la represión y muchos otros que sí lo hacen. Por supuesto que también está la banalidad de una persona como Durán Barba que sale a decir que él tiene encuestas sobre la pena de muerte. Nosotros le vamos a pedir esas supuestas mediciones y le vamos a poner a disposición el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales para debatir con él y sus profesionales. Hay que ver si ellos como gobierno pueden sacar una ley así. Porque antes de que un juez condene a morir a alguien tiene que haber una ley que lo habilite. Hay que ver si este país puede sancionar una ley de pena de muerte. Yo creo que no. Entonces, si como gobierno no tenés el coraje de presentar un proyecto en el Congreso sobre la pena de muerte, no puede salir un asesor presidencial a decir que tiene unos numeritos que parecen más destinados a legitimar los asesinatos encubiertos que realiza la policía. Si el gobierno tiene una encuesta, que asuma la responsabilidad política en un estado de derecho, en una democracia, desconociendo todas las adhesiones a los pactos internacionales de derechos humanos y que presente un proyecto para que se aplique la pena de muerte. Cuando nosotros sumamos, nos damos cuenta de que en Argentina, por año, mueren en manos de las fuerzas de seguridad y custodia entre 400 y 500 personas. ¿Argentina toleraría 400 o 500 ejecuciones por año aplicando la pena de muerte legalizada? No, no lo haría. Creo que el Estado mata más fácil con las ejecuciones sumarias, sin tener que rendir cuentas. Y hay una Justicia que no se las pide, porque para que haya impunidad debe haber un Poder Judicial que la otorga.