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Periodismo de Intervención social

COMUNICADO DE A.P.E.M.I.A. A 21 AÑOS DEL ATENTADO A LA AMIA

"Necesitamos una Comisión Investigadora contra la impunidad y el encubrimiento"

(APL)“Al cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA creemos necesario formular un balance de lo sucedido en el último tiempo que nos ayude a comprender en qué punto estamos en la lucha por el esclarecimiento de la masacre aún impune, cuáles son las perspectivas y cómo podemos superar las limitaciones. En este 21° aniversario de la masacre impune de la AMIA es necesaria una primera observación. Si durante años el gobierno esperaba la proximidad de un nuevo aniversario para referirse al tema AMIA con algún anuncio o promesa que terminaban por diluir en el tiempo, este año el tema del atentado estuvo presente en cada uno de los momentos de crisis política desencadenados en el país, incluso en momentos de conflictos en las relaciones internacionales”.Así lo afirma APEMIA en el comunicado que reproducimos a continuación.

El “caso AMIA” pasó a ser un tema relevante, pero no porque se hubiera dado algún paso hacia el esclarecimiento sino porque puso de manifiesto su potencialidad para provocar nuevos episodios de crisis políticas y/o como instrumento o excusa para justificarlas.
Sólo en los últimos meses la impunidad en la masacre de la AMIA estuvo vinculada a los principales sucesos de la vida política:
1) La salida de Stiusso de la Secretaría de Inteligencia y el ascenso de Milani, como manifestación de una guerra “interna” de los Servicios de Inteligencia y su reorganización.
El gobierno terminó por echar a quien fue su hombre clave en el armado de la imputación contra Irán después de que dijera saber la verdad sobre quiénes fueron los responsables del atentado y ocultarlo en nombre de los secretos de Estado;

2) La reforma de la ex Secretaría de Inteligencia ahora AFI, atenuando las diferencias que en los últimos 30 años había entre seguridad interior y defensa exterior, unificándolas en la cabeza de Milani;

3) La acusación del fiscal Nisman contra el gobierno por encubrimiento, y su posterior muerte en circunstancias que hasta hoy no fueron aclaradas, en medio de una campaña de descrédito contra el fiscal que cumplió a rajatabla las políticas del gobierno en la última década;

4) La presión que el gobierno ejerció sobre el Poder Judicial a través del discurso presidencial ante el Congreso de la Nación (01/03/2015) para apurar el futuro juicio oral por irregularidades;

5) El debate sobre el Memorando, cuyo fracaso fue reconocido por la Presidenta en su discurso ante la Asamblea Legislativa (01/03/2014), que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal (mayo 2014) y cuya renovada defensa sirve como excusa para provocar el copamiento del Poder Judicial.

Después de 21 años, a la masacre impune de la AMIA se la utiliza y sirve para cualquier propósito, pero en ningún caso para su esclarecimiento. Sigue siendo un hecho presente que el Estado no puede esclarecer y no puede terminar de enterrar.
Sólo desde este punto de vista se pueden entender los hechos. En nombre de perseguir a la “conexión internacional”, liberaron a quienes fueron acusados de ser la “conexión local” del atentado. Imputaron la responsabilidad internacional a Irán, y terminan reconociendo no tener pruebas ni contra Irán ni contra alguna conexión local (Ver entrevista al Fiscal Murray en Página 12 12/07/2015).

Bajo la dirección investigativa del servicio de inteligencia del Estado, los distintos jueces que intervinieron armaron una causa principal, causas conexas, causas residuales… En total, más de 70 causas. Todas atomizadas, y en ninguna de ellas después de 21 años se investiga el atentado a la AMIA.
La última de las políticas ensayadas fue la Ley del Memorando.

Presentada por el gobierno como un aporte para superar el empantanamiento de la acción judicial y la acusación que el mismo gobierno hizo contra Irán, le permitía al Estado ponerse tras las iniciativas de las grandes potencias para llegar a un acuerdo con Irán en materia nuclear.

Fue la Presidenta Kirchner quien reconoció que habían fracasado; que el Memorando que ella misma impulsó para dar una salida política no logró “destrabar” la acción judicial (Discurso ante la Asamblea Legislativa 01/03/2014).

Más tarde, fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el gobierno no apeló ante la Corte Suprema como podría haberlo hecho. Ahora, el gobierno que ya no impulsa la acusación contra Irán parece defender el Memorando ante la Cámara de Casación, usándolo como excusa para provocar su copamiento. Ni el gobierno cree que el Memorando sea un “instrumento” para superar la parálisis judicial.
En este marco, y en medio de una profunda crisis del Poder Judicial, el gobierno apuró el inicio de un nuevo juicio por las “irregularidades y delitos” cometidos por Menem, Galeano, Anzorreguy, etc.
Lo hizo en su discurso ante la Asamblea Legislativa (01/03/2015) tratando de mostrarse activo y neutralizar el reclamo que le hicimos junto a un importante número de Diputados y Senadores para abrir los archivos secretos y constituir una comisión investigadora independiente.

La Presidenta Kirchner lo presentó como si fuera un juicio “por el verdadero encubrimiento del atentado” (Solicitada de Presidencia de la Nación 04/03/2015) cuando, en realidad, apenas se propone juzgar irregularidades y delitos cometidos contra la “causa AMIA” durante su instrucción.

Hasta es difícil imaginar que haya presos. Menem quien ya fue condenado a 7 años de prisión por contrabando de armas está en libertad, fue desprocesado pese a su responsabilidad en el atentado a la fábrica militar de Río III, goza de fueros y de protección oficial. Difícilmente esté sentado ente los acusados.
Nada que ver con un juicio por esclarecer el atentado o su encubrimiento!.
Ni los jueces ni el Fiscal se fundamentaron en el reconocimiento de la responsabilidad que el Estado Nacional hizo por su papel de “encubridor agravado” en el Decreto 812/2005.

Así se explica por qué la plana mayor de los Poderes Ejecutivo, Judicial y de las fuerzas de inteligencia y seguridad de entonces será juzgada por delitos individuales y no como parte de un plan de encubrimiento articulado bajo el amparo y la estructura del aparato del Estado.
Por si fuera poco, el Ministerio de Justicia estará sentado como si fuera un querellante más, cuando debiera estar sentado en el banquillo de los acusados después de haber firmado el Decreto que reconoce su participación en este encubrimiento del Estado.

Aunque el juicio no se propone juzgar un plan criminal de encubrimiento y ni siquiera se refiere al atentado mismo, APEMIA estará allí para intervenir en la perspectiva de una acusación más amplia, denunciando al conjunto del Estado y a sus socios por el encubrimiento. Nuestra querella hará escuchar su voz con la mira puesta en que a los acusados se les aplique la máxima condena y todos vayan presos.
En los pasillos de los tribunales esperan que, tal vez, cuando este nuevo juicio termine para fines de 2016 aparezcan derivaciones que podrían servir para impulsar nuevas pistas sobre la comisión del atentado.

Seriamente… Después de tantos años de manipulaciones políticas, de juicios que se presentaron como históricos y que terminaron reconocidos como fraudulentos, de inventar excusas jurídicas y sin siquiera haber empezado una investigación… ¿Alguien puede creer en el resultado de posibles nuevos juicios que se harían durante la próxima década? ¿O en futuras investigaciones en manos del Estado con los archivos secretos aún cerrados?
Entonces… Se puede saber la verdad que aún nos ocultan?
La respuesta es categórica: SÍ.
Y ya conocemos una parte importante de esa verdad. Todo indica que fue el Estado nacional el autor responsable del atentado criminal. Que sus fuerzas de seguridad supieron con anticipación que el atentado iba a producirse, que colaboraron a su realización y a su encubrimiento posterior.
Como dijimos en el pedido de elevación a juicio: “El crimen terrorista cometido en la AMIA, es uno de los ejemplos imborrables más recientes de la trágica historia del Estado argentino. También en este crimen queda claro que el Estado ha trocado sus principios tenidos como fundamentos de legitimidad por otros ilegítimos. En este sentido, las leyes y normas jurídicas no fueron pensadas para protegernos de aquellos crímenes cometidos por el Estado mismo…. En la búsqueda de la verdad no hay posibilidad de esclarecimiento si no se apunta directamente a extirpar aquello que impide el conocimiento de la verdad que es, precisamente, la cuestión de Estado”.
En la defensa de la “cuestión de Estado” existe un acuerdo profundo entre el gobierno y la oposición basado en los secretos de Estado que protegieron durante 21 años a quienes están hoy en el banquillo de los acusados y a quienes perpetraron el crimen de la AMIA. Por eso desde el Estado articularon tanta manipulación y ocultamiento, contando con la complicidad de la dirección de DAIA y AMIA. Fueron y aún son socios indispensables del Estado en la tarea de encubrir la verdad y las responsabilidades criminales del Estado mismo
Por eso el gobierno y la oposición están en contra de abrir los archivos del Estado, hacer pública la verdad, ponerla a debate en la sociedad, desmantelar el aparato criminal y terminar con la impunidad!
Si lo que se busca es saber la verdad sobre el crimen de la AMIA para impulsar juicio y castigo a los culpables es necesaria una nueva política contraria a la que el Estado Nacional nos impuso durante 21 años.
La condición para saber la verdad es abrir los archivos secretos que el Estado sigue ocultando y ponerlos a disposición de una Comisión Investigadora de la verdad, una Comisión Investigadora Independiente de las políticas del gobierno de turno.
Presentamos un proyecto de ley donde proponemos una Comisión de este tipo, integrada mayoritariamente por personalidades con reconocido prestigio social, derivado de su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, la justicia, la ciencia, la cultura y/o la solidaridad social. A ellos debieran sumarse representantes de los familiares de las víctimas, y de diputados y senadores.
Su objetivo fundamental debiera ser el esclarecimiento integral del atentado y el análisis de las circunstancias políticas, jurídicas, nacionales e internacionales que lo hicieron posible o facilitaron su perpetración.
Y por eso, tanto el oficialismo como los partidos mayoritarios de la oposición, aún con argumentos diferentes pero con el apoyo de DAIA y AMIA, se oponen a la conformación de una Comisión Investigadora Independiente y la apertura de los archivos secretos. Su negativa a esta propuesta tan elemental sólo se explica en su necesidad de seguir manipulando y encubriendo los crímenes perpetrados por el Estado argentino.
Bloquean el debate del proyecto de ley que presentamos en el Congreso porque están en contra del esclarecimiento y de una investigación sin manipulaciones.
Este es nuestro balance y opiniones a 21 años del atentado criminal.
De todos nosotros depende que el Estado y las fuerzas políticas mayoritarias no terminen perpetuando la impunidad.
Vamos por una Comisión Investigadora Independiente y la apertura de los archivos secretos.
Buenos Aires, 17 de julio de 2015.
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Última modificación: 17 de julio de 2015 a las 14:05