“En la Unidad Penal Nº1, de 480 presos sabemos que sólo uno sale a trabajar. Necesitamos tener datos concretos para reformular las estrategias para las salidas laborales. Queremos saber cuántos presos que trabajan existen, según el registro oficial, y ver dónde radica la dificultad para una tasa tan baja de salidas y de casos que se reinsertan laboralmente”, explicó a época Hilda Presman, referente de la Red de Derechos Humanos.
“No se trata de dádivas. Trabajar no es sólo un derecho de las personas, sino también un beneficio para la sociedad en materia de seguridad. Con una buena inserción laboral se afianza la recuperación y se reducen las posibilidades de que las personas vuelvan a delinquir”, remarcó Hilda Presman.
Además de reiterar el reclamo por el cumplimiento de la función social (y no sólo de contralor) que debe cumplir “por Ley el Patronato de Liberados” para garantizar la reinserción social de los ex detenidos, Presman relató la iniciativa de canalizar a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación la petición para habilitar la inscripción de reclusos y ex detenidos como monotributistas sociales.
“El Monotributo Social se aplica a casos de personas en situación de vulnerabilidad social o excluidas. Entendemos que las personas en situación de cárcel y su núcleo familiar son vulnerables. Eso les permitiría facturar por sus trabajos como unía herramienta más de inclusión laboral”, remarcó Presman al final