Ese mismo día fueron detenidos 9 policías participantes del operativo en que se detuvo a Guirula, que contaron versiones diferentes de las circunstancias en las que el detenido resultó muerto. Días después se ordenó la captura de dos efectivos más. El teléfono celular de la víctima fue encontrado en poder de la oficial Tabares quien hasta ahora es coincidentemente sindicada como la persona que con mayor saña golpeó a Guirula estando esposado.

Las pericias practicadas posteriormente revelan que la causa de muerte fue la brutal paliza que recibió el albañil, que le provocaron el hundimiento del tórax, estallido de un pulmón y del bazo, además de presentar severos golpes en el cráneo y la zona lumbar. La saña con la que fue golpeado estando indefenso queda demostrada en la huellas de los borceguíes que le quedaron marcadas en la piel. Asimismo quedó en evidencia que los policías participantes habrían intentado borrar pruebas, y que habrían lavado la camioneta en la que se trasladó a la víctima, en la que igualmente se detectaron rastros de sangre.

Este nuevo caso de asesinato policial recuerda al de Hugo Miguel Wasyluk en el año 2010, quien fuera golpeado con saña, también encontrándose esposado e indefenso, por policías de Villa Bonita. Las gravísimas lesiones provocadas a Wasyluk lo llevaron a la muerte en la comisaria 1ra de Oberá.

En Misiones la policía provincial acumula casos de golpizas y torturas en su haber, que en varios casos culminaron con la muerte de la víctima. En muchos casos las muertes en celda se caratulan rápidamente como “suicidio”, siendo tal carátula la mayoría de las veces una sentencia anticipada de impunidad.
Es notable la sistematicidad con que esos casos, en los que las víctimas son personas que se encuentran bajo la guarda y responsabilidad del estado provincial, terminan rápidamente en la nada. En contados casos las comisarias fueron intervenidas y se anunció que el personal policial implicado habría sido puesto “a disponibilidad”, para que en unas semanas todo regrese a la “normalidad” o que esos mismos efectivos sean trasladados a otros puntos de la provincia a donde continúan con sus prácticas represivas.
Contados son los casos en que se abre un proceso penal en contra de los responsables, lo cual tampoco es garantía de justicia: hace años que en las muertes en manos de agentes del estado no se registra un solo condenado en la provincia.
Tampoco se dan a conocer medidas políticas que demuestren alguna preocupación por parte del gobierno provincial en poner fin a esta práctica de represión que tienen una larga lista de víctimas. Recordemos que la Policía de la Provincia es una institución vertical, cuyo Jefe político es el Ministro de Gobierno Jorge Franco, quien continúa al frente de su cartera a pesar de la gran cantidad de casos de violencia policial denunciados.