La CPM será querellante en una causa que investiga las acciones de inteligencia de la policía de la provincia durante la última dictadura militar. El efectivo cumplimiento del derecho a la memoria, la verdad y la justicia, impulsa la demanda que busca juzgar estas acciones como parte constitutiva del terrorismo de Estado.

Según el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de 2015, en la Argentina ya se han condenado a 563 represores y se encuentran procesados 889; sin embargo, han permanecido invisibilizadas las acciones de inteligencia que determinaban los “blancos” a perseguir, y fueron condición necesaria para el secuestro, asesinato y desaparición de personas.

El accionar represivo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tuvo como soporte principal un exhaustivo trabajo de inteligencia estatal cuya acción principal era la persecución política, en el marco de la denominada “comunidad informativa”. Para esto, fue imprescindible la existencia de un burocrático sistema basado en el fichaje y archivo documental y un sofisticado entramado territorial.

En ese planificado e ilegítimo circuito de producción de información, la DIPPBA desempeñó un papel fundamental; las leyes orgánicas y los decretos que reglamentan el funcionamiento interno dan cuenta de la jerarquización y de la condición secreta de los servicios de inteligencia a partir de la asunción del coronel Ramón Camps como Jefe de Policía. Esta decisión significó, de hecho, una militarización de las fuerzas seguridad: los medios policiales quedaron bajo control directo de la autoridad militar y, durante el desarrollo de sus misiones específicas, ejecutaron acciones contra la “subversión”.

“Las actividades de inteligencia fueron parte constitutiva del plan de exterminio y del modus operandi del terrorismo de estado. Es imprescindible que la justicia investigue y condene por estos delitos”, mencionó la directora general de la CPM, Sandra Raggio.
Durante el periodo 1976-1983, la DIPPBA contó con 16 delegaciones desplegadas en todo el territorio de la provincia y 1200 agentes abocados a la persecución ideológica que consistía en acciones de seguimiento oculto directo sobre la víctima, investigaciones a sus vecinos y observancia sobre sus familiares y lugares de trabajo. Esto constituyó una base de información que se volvió imprescindible a la hora de actuar sobre las futuras víctimas de secuestro, tormentos, torturas, desaparición.
La detallada documentación que surge de los archivos de la DIPPBA permiten demostrar que, en el marco del terrorismo de Estado, las acciones de ilegítimas de inteligencia precedieron en la casi totalidad de los casos a los delitos que hoy se juzgan como crímenes de lesa humanidad.

Desde que se anularon las leyes de impunidad en el año 2005, la CPM ha presentado documentos de la DIPPBA con carácter probatorio en 2735 causas, que permitieron llegar a sentencias condenatorias en 129 juicios. Sin embargo, todavía hoy no han sido juzgadas las acciones de inteligencia de la policía de la provincia de de Buenos Aires como elementos centrales del terrorismo de estado.