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Periodismo de Intervención social

INFORME COMITE CONTRA LA TORTURA

Detenidos de Corrientes “padecen graves violaciones de derechos humanos”

(Por María Laura Riba, para momarandu.com). Así concluye el informe sobre los penales 1 y 6 de la provincia al cual tuvimos acceso y que fuera entregado al Gobierno, a la Legislatura y al Superior Tribunal de Justicia. Roberto Cipriano García y son quienes lo firman. García, titular del Comité Contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires y Secretario Coordinador de la Mesa Ejecutiva de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, cuyo presidente es el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entregó este jueves al Gobierno provincial, a la Legislatura y al Superior Tribunal de Justicia un informe sobre la situación en la Unidad Penal 1 de la capital correntina y la Unidad 6 de San Cayetano.

Corrientes

Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires trabaja hace bastante tiempo, sobre la prevención de la tortura en los servicios penitenciarios regionales. Dos meses atrás sus integrantes estuvieron en Corrientes inspeccionando las cárceles de la provincia, dicha inspección se realizó el 31 de agosto y contó con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, Presidente y Secretario respectivamente de la CPM; Hilda Presman, Coordinadora de la Red de derechos Humanos de Corrientes; el Presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Dr. Ramón Leguizamón y de los siguientes integrantes del Comité: Noel Breard, Daniel Almirón, María Inés Fagetti, Omar Young y Alejandro Chaín.

Momentos después de que se hiciera entrega del informe a las respectivas autoridades políticas y judiciales, momarandu.com conversó con Cipriano García quien señaló que “es un informe que decidimos presentar a las autoridades de la provincia porque ese fue el compromiso asumido cuando estuvimos hace unos meses”.

MOMARANDU.COM: ¿Cuál es la idea de presentar el informe a los diferentes poderes políticos y a la justica?
ROBERTO CIPRIANO GARCÍA: La idea es visibilizar el tema, generar un impacto político en el lugar, que el poder político tenga que sentarse a una mesa a recibir un informe, a hablar de la cuestión, a analizar de manera crítica lo que está aconteciendo. Hoy fue muy importante la reunión con el vicegobernador (Gustavo Canteros) porque anunció que está presupuestado para el año que viene un fondo para el Comité Provincial Contra la Prevención de la Tortura que hasta ahora no tenía presupuesto público y eso es muy importante porque facilita su funcionamiento. La presentación del informe tiene la intención de que los poderes del Estado, el poder político local, se metan con el tema, que entiendan que esto trasciende la provincia, que hay otros que están mirando, que es una obligación del Estado argentino pero también de las provincias, luchar contra la tortura, y que en ese sentido hay que rendir cuentas de lo que el Estado hace o no hace con el sistema penal, con la persona privada de la libertad.

M.: ¿Cómo ven ustedes la medida que tomó la gobernadora Vidal respecto de colocar civiles frente a los sistemas penitenciarios? ¿Consideran que ayuda esta medida?
R.C.G.: Nosotros lo vemos positivo porque son estructuras muy pesadas, muy fuertes, muy cerradas, con códigos corporativos, o sea que la posibilidad de que haya un civil que venga de otra pertenencia institucional, de otro recorrido político es valioso. El poder político tiene que controlar, tiene que poder controlar estas fuerzas que en general son fuerzas que tienden a autogobernarse, a decidir ellas mismas sus objetivos, el sentido de la política que implementan. Son fuerzas muy grandes, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires el servicio penitenciario tiene 23 mil agentes y la Policía provincial tiene cerca de 100 mil. Entonces esto es necesario conducirlo desde la política para que, justamente, las decisiones institucionales no las tome la misma fuerza.

M.: Aun cuando constitucionalmente las cárceles deben ser lugares que devuelvan a la sociedad una persona mejor, no lo son. ¿Por qué cree que se sigue pensando en la “mano dura” como solución a los delitos?
R.C.G.: SÍ, sí, es cierto…hay una construcción cultural y de los medios hegemónicos también, que van en esa línea, hay una parte de la sociedad que supone que con la política de mano dura van a resolver algo cuando la experiencia viene demostrando que lo que hacen estas políticas es justamente generar más violencia en la sociedad y la posterior degradación del tejido social. Nosotros pensamos, por supuesto, que hay que dar una batalla cultural, que hay que dar la discusión. Yo no creo que sea la mayoría de la sociedad la que piensa eso, de hecho cuando uno analiza en política los resultados de esta política no siempre te conducen a la victoria: Scioli pasó de 60 mil a 100 mil policías en la provincia de Buenos Aires con el discurso de mayor seguridad y no le fue bien en la elección, digo…Yo creo que hay ahí una cuestión a tener en cuenta que así como hay mucha gente que lo demanda, hay mucha gente que padece el sistema penal y son grandes sectores de la sociedad, sectores pobres con un sistema penal selectivo que capta jóvenes pobres de las barriadas más excluidas, de las barriadas más humildes; esos sectores también se ven afectados por estos tipos de políticas y son sectores que también votan y construyen sentido y no son nunca visibilizados…pero sí…es una batalla cultural que hay que dar. Cada sociedad tiene las cárceles que decide tener, que nosotros tengamos estas cárceles, estas comisarías, por supuesto es responsabilidad mayor de los funcionarios, pero hay una responsabilidad social en eso y hay que asumirlo y hay que trabajarlo.

QUÉ DICE EL INFORME
El informe al cual tuvo acceso momarandu.com, señala que “las inspecciones fueron limitadas por el escaso tiempo” con el cual contaban los inspectores y “la extensión territorial de la provincia”. Por estas razones, para la confección del informe se seleccionaron los centros de detención: Unidad Nº 1 de Corrientes, Capital y la Unidad Nº 6 de San Cayetano (ambos de personas adultas) y el Centro de detención de Jóvenes, el Instituto Gral. San Martín de San Cayetano. Se indica, también, que este informe es “una síntesis de las situaciones de violaciones a los derechos humanos que se registraron y que pretenden visibilizarse a partir del presente”.

Así, en una parte del informe se expresa: “En las entrevistas mantenidas con los internos de las dos cárceles inspeccionadas, se registraron variedad de relatos de torturas y malos tratos ejercidas por personal penitenciario (…): falta de comida, pedido de traslados a alojamientos cercanos a las familias, pedido de mejor trato a los familiares, por falta de acceso a la atención médica, a la escuela o a una actividad laboral o recreativa. En este concepto se inscriben las sanciones arbitrarias que se aplican a las personas detenidas y sin respetar el debido proceso legal o la garantía de defensa. Los detenidos quedan librados a la arbitrariedad penitenciaria en la aplicación de medidas gravosas como el aislamiento o la prohibición de realizar actividades”.

En la Unidad Penal 1 de Corrientes Capital, varios detenidos identificaron la “piecita de requisa”: lugar de violencia penitenciaria al ingresar al establecimiento. Se verificó que el “espacio es muy reducido, menos de 1 metro por dos, sin mobiliario alguno, sin sanitarios ni agua potable. Tampoco cuenta con ventilación ni luz natural. Se constató que un detenido que había ingresado el día anterior a la Unidad, llevaba más de 12 horas esperando su traslado a otro establecimiento”.

Fue identificado también en esta Unidad 1, el denominado “grupo de negro”: según relataron, personal penitenciario ingresa “a los pabellones 1 o 2 veces por semana, incluso cuando la visita se encuentra dentro de dicho ámbito. Dan vuelta todas las camas, las rompen porque muchas son de maderas o palos, tiran al piso y pisotean los colchones, frazadas y bolsos de ropa. Mezclan los pocos alimentos que las personas poseen o los tiran al piso, provocando que no puedan consumirlos, así por ejemplo les han mezclado jabón en polvo con café, yerba con harina o azúcar con sal. También tiran agua sobre la ropa o colchones. Durante todo el procedimiento insultan, agreden verbalmente y empujan a los que se encuentran a su paso. Llevan bastones o palos e itacas y pegan culatazos y palazos”. Luego, denuncian, se los desnuda y se los hace permanecer en el patio a la vista de todos, a veces acostados o de rodillas mientras dura la requisa del pabellón.

Otro lugar de temor, el “Pabelló 10”: son celdas de aislamiento. “El traslado hasta dicho lugar y el encierro en la celda, son momentos donde reciben gran cantidad de golpes, patadas y la torsión de ambos brazos sobre la espalda (práctica que se denomina criqueo) que suele provocar lesiones y problemas musculares y óseos”.

También se indica en el informe que “se recibieron gran cantidad de quejas sobre los malos tratos que padecen los familiares al momento de ingresar a visitas. Deben esperar varias horas para ingresar, son maltratados verbalmente por los agentes y tienen problemas recurrentes para el ingreso de comida (…). La deficiente organización del ingreso provoca muchos problemas, porque se separan a los niños y discapacitados de los adultos, formándolos en diferentes filas, lo que ocasiona discusiones y malos tratos”.

En la Unidad 6 de San Cayetano, “varios detenidos alojados en el Pabellón de aislamiento, relataron haber padecido golpes de parte de agentes penitenciarios al momento de ser ingresados en dicho ámbito. Se pudo observar que dos personas presentaban hinchazón en rostro y moretones en diferentes partes del cuerpo. Ninguna de las dos quería formular denuncias por temor a represalias. Por otra parte los detenidos alojados en dicho Pabellón se percibían atemorizados y reticentes en principio a dialogar, ya que habían sido amenazados previo al ingreso de la comitiva a dicho sector, advirtiéndoles que no hablaran si no querían padecer consecuencias”.

En cuanto a las condiciones materiales de detención, el informe es tajante: “En ambas Unidades penitenciarias, las condiciones de detención no cumplen con ningún estándar respetuoso de los derechos humanos ni con los mandatos constitucionales y legales que deben respetarse”.

Respecto a la Unidad Nº 1 se refiere: “No puede alojar personas en condiciones dignas, por el estado de deterioro y destrucción edilicia que presenta. No cumplimenta con las medidas básicas de seguridad e higiene. No cuenta con medidas adecuadas de prevención de siniestros, ni planes de prevención o actuación frente a los incendios o contingencias que pudieren presentarse, colocando en grave riesgo a todas las personas detenidas. Como mínimo la parte de la construcción original de la cárcel, debería ser clausurada y prohibirse el alojamiento de personas”, entre otras consideraciones referidas, por ejemplo a las instalaciones eléctricas que “son sumamente precarias y ocasionan riesgos graves de accidentes en todos los Pabellones” o a los baños que “en muchos casos no cuentan con inodoros, y cuando los tienen están rotos. En el Pabellón Nº 1, donde se alojaban 40 personas, solo cuentan con un inodoro”.

En la unidad de San Cayetano se da como ejemplo lo que sucede en uno de los pabellones: “22 personas cuentan con un solo baño con agua fría para bañarse. La cantidad de 327 personas alojadas en la Unidad, excediendo el cupo de 270, genera dificultades en el funcionamiento de los servicios esenciales.”

Un acápite especial merece el “aislamiento extremo”. Así, en la Unidad Nº 1, en el Pabellón Nº 10, “funciona un sector de alojamiento con régimen de aislamiento extremo. Las personas permaneces aisladas entre 23 y 23 horas y media por día. En este pabellón se alojan personas sancionadas, pero también personas que las autoridades definen como “conflictivas” o que no pueden convivir con otros detenidos. Asimismo se alojan personas que han pedido el cambio de alojamiento a otros establecimientos y están esperando una respuesta a su pedido. Las personas permanecen grandes períodos de tiempo alojados en este lugar. Se entrevistaron personas que están allí desde hace 4 años, 3 años o 1 año y 8 meses. La mayoría presentaba afectaciones psicológicas o psiquiátricas, producto del excesivo aislamiento”.

En la Unidad de San Cayetano “se relevaron casos de aislamiento extremo en el Pabellón utilizado para alojar detenidos sancionados o con problemas de convivencia. Allí permanecen 23 horas por día o 24 hs, en algunos casos de encierro sin poder acceder a ninguna actividad. Varios detenidos llevaban varios meses aislados. Las celdas de este pabellón de aislamiento no poseen ventanas, solo una puerta de chapa maciza o chapón, donde no ingresa la luz natural”.

En cuanto a la “atención sanitaria”, se lee en el informe que “es nula o deficiente en ambas unidades: no existen políticas ni planes de atención sanitaria especificas o campañas de prevención de enfermedades que atiendan las particularidades de los contextos de encierro”.

Además, se hace referencia a la “alimentación” de la cual se señala: “Todos los detenidos refirieron que la comida es de muy mala calidad, se las entregan cruda, en mal estado y muchas veces con feo olor”. En cuanto a la “educación, trabajo y recreación”, se detalla: “Los accesos a la educación, el trabajo y la recreación, presentan serios déficits en ambas Unidades penitenciarias. No alcanza a todas las personas detenidas y se encuentra mediado por los agentes penitenciarios que deciden quién y cuándo accede a las actividades. La escuela primaria y secundaria no es de calidad y no respeta los estándares que se fijan para el resto de los estudiantes de la provincia”. En relación con el trabajo, “las plazas son limitadas y no todos pueden acceder. Esto genera la existencia de un sistema de premios y castigos”. De la “recreación” se indica: “Las actividades recreativas son muy limitadas. Los detenidos acceden al patio para practicar deportes uno o dos días por semana, durante una hora”.

Lo expuesto hasta aquí es parte de un informe más completo que lleva la firma de Roberto Cipriano García y el Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel.