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Periodismo de Intervención social

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA- RECHAZO A LOS PROYECTOS DE REFORMAS DEL SISTEMA PENAL

Menos derechos, menos democracia y más autoritarismo

(APL)“La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifiesta su rechazo al paquete de proyectos de ley de reforma del sistema penal que debe tratar el Senado de la Nación y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. (…)Estas ideas tuvieron su máxima expresión en el régimen de la Alemania Nazi. Allí el enemigo del régimen, a quien se condenaba solo por considerárselo peligroso, era considerado el parásito del pueblo. Fueron estas ideas —y los actos que las sustentaron— las que progresivamente llevaron al nazismo a implementar el sistema de exterminio de todo aquél que se considerara indeseable. También estas ideas abonaron regímenes dictatoriales como el franquismo español o el fascismo italiano”. Fragmentos del artículo de RCG sobre la llamada popularmente “ley sepultura”.

Pablo Bianco Web: www.pablobianco.com Facebook: www.facebook.com/pablobiancofoto (@pablobiancofoto)

Los proyectos de ley que reforman el Código Penal (Expte. 7120-D-2016), la ley de Ejecución Penal (Expte. 4829-D-2016) y el régimen de libertades durante el proceso —o excarcelaciones— (Expte. 7420-D-2016) son, a todas luces, inconstitucionales, profundamente antidemocráticos y traerán graves consecuencias sociales y el colapso al sistema penitenciario federal.
Estos proyectos se suman a la ley de flagrancia aprobada hace poco tiempo y constituyen la consagración de normas que no sólo contrarían los pactos internacionales de derechos humanos suscriptos por Argentina, sino que modifican radicalmente el sistema penal, aniquilando principios constitucionales reconocidos por nuestro país desde su independencia.
Estas iniciativas terminan con el principio constitucional de inocencia. Se restringe la excarcelación a casos excepcionalísimos, constituyéndose la prisión preventiva en la regla. Desde ahora, las personas serán culpables hasta que demuestren su inocencia. Toda persona detenida por ser sospechosa de haber infringido la ley, permanecerá privada de su libertad hasta que la justicia determine si es culpable o inocente, es decir, estará condenada de antemano hasta que se pruebe lo contrario.
También se termina con el principio constitucional de que no se puede condenar dos veces a una persona por el mismo delito (principio non bis in ídem). Alguien que cometió un delito anterior portando armas, será nuevamente castigado al imputársele un nuevo hecho, por las circunstancias del anterior.
Se pasa del derecho penal del acto (es culpable el que comete un delito) al derecho penal de autor: es culpable la persona por su condición de peligroso o enemigo, aun antes de cometer un delito. La política criminal basada en el derecho penal del enemigo, se fundamenta en la concepción de una sociedad de riesgo, donde el ciudadano es peligroso per se y sin prueba en contrario, esto es el derecho penal de autor.
Estas ideas tuvieron su máxima expresión en el régimen de la Alemania Nazi. Allí el enemigo del régimen, a quien se condenaba solo por considerárselo peligroso, era considerado el parásito del pueblo. Fueron estas ideas —y los actos que las sustentaron— las que progresivamente llevaron al nazismo a implementar el sistema de exterminio de todo aquél que se considerara indeseable. También estas ideas abonaron regímenes dictatoriales como el franquismo español o el fascismo italiano.
En la Argentina de hoy, el sistema penal captura a los pobres, que son quienes pueblan las cárceles hacinados y en condiciones infrahumanas. Estos proyectos, constituyen normativamente a los “delincuentes” —en realidad pobres en conflicto con la ley penal, por haber cometido delitos o ser acusados de tal cosa sin demasiadas oportunidades de defenderse por su condición social y el restrictivo acceso a la justicia— en los enemigos del pueblo o como lo justifica el proyecto el “peligroso para la comunidad o para la seguridad de la comunidad”. Esa calificación de peligroso será otorgada arbitrariamente por los jueces que, por diferentes circunstancias, le aplicarán esa calificación a una persona.
Otro aspecto grave a señalar es que se modifica la ley de ejecución penal: al abandonarse el principio de resocialización o reinserción de quienes cometieron delitos, se consolida normativamente la pena como castigo. Prácticamente todos deberán cumplir la condena en su totalidad.
La reforma suprime para los detenidos el régimen de progresividad, no importa si hacen las cosas bien o las hacen mal, no importa si se esfuerzan y trabajan o estudian. Todos deben cumplir totalmente su condena. Se deroga de hecho la libertad condicional y las restantes figuras morigeratorias establecidas por las leyes.
Se parte del principio de que nadie se resocializará; quien cometió un delito, será siempre un delincuente peligroso. Para ellos se vulnera la garantía de defensa en juicio. Los condenados no podrán presentar peritos para acreditar sus dichos o planteos.
Asimismo el Servicio Penitenciario asumirá las funciones del juez y decidirá el otorgamiento o no de la liberta condicional. Su opinión vale más que la de los magistrados que se verán obligados a acatar los informes de las juntas criminológicas. Además de su funcionamiento arbitrario, estas instancias han demostrado ser fácilmente permeables a la corrupción, elaborando informes que son “comprados” o cambiados por quienes tienen recursos.
Se crea también un Registro de Huellas Genéticas, que consagra una gravísima violación al derecho a la integridad de la persona y a su intimidad. Esto implica también una clara estigmatización de la persona que cometió un delito y abona la idea de la peligrosidad.
Como corolario, todas estas modificaciones provocarán un colapso extremo del sistema penal en pocos meses, por la gran cantidad de personas que se detienen, la baja en los egresos y las restricciones a las excarcelaciones y morigeraciones de la ley de ejecución.
Estas leyes han sido presentadas como forma de resolver el problema de la inseguridad. Como hemos venido insistiendo desde hace años, nuevamente la Comisión Provincial por la Memoria advierte que estas leyes no resolverán la violencia ni la inseguridad sino que la profundizarán y agravarán. Nunca la restricción de derechos y garantías resuelve problemas, nunca la degradación de la democracia trajo bienestar al pueblo, sino todo lo contrario.
Nuestra historia y la memoria del autoritarismo padecido por décadas donde se restringían las libertades y se endurecía la mano represiva del Estado —también mediante leyes aprobadas por el Congreso— debe ser la guía de nuestras acciones en el presente.
Por eso reclamamos a los senadores de la República que no convaliden con su voto estas propuestas y permitan el debate en las comisiones para que participe la sociedad y sus organizaciones. Estos proyectos son altamente regresivos para la sociedad, la libertad y la democracia. No hay que confundirse, la mano firme de un gobierno para resolver los problemas de la sociedad no pasa por profundizar la represión y el castigo sino por ofrecer oportunidades y políticas que promuevan más derechos. Nunca la restricción de las libertades ha traído mayor bienestar, sino que ha sido el camino hacia las peores catástrofes de la historia.