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LOS PIBES QUE FALTAN, JORNADA EN LUGANO

El caso de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco

(APL)“Se acerca la fecha donde el recuerdo acentúa su parte más triste, y como cada año, el sábado 12 de julio familiares y amigos de Jonathan y Ezequiel se reúnen una vez más en una Jornada por los Derechos Humanos en Fonrougue y Chilavert, Villa 20, Lugano, evocando el encuentro y la lucha con alegría”, nos recuerda la autora de la nota. En julio de 2009, Kiki salió de su casa y no volvió. En el camino se encontró con su amigo Ezequiel. La policía los detuvo, los golpeó y los asesinó a tiros. Kiki murió de dos balazos en la cabeza. Daniel Veyra es el policía federal asesino de ambos jóvenes y continúa impune. Como se sabe, el gatillo fácil incrementó sus víctimas en la “decada ganada”, de tal modo que en el período esta modalidad represiva estatal superó a todos sus antecesores constitucionales.Tambien crecieron de modo exponencial las muertes en prision, un preso o una cautiva sucumben cada 37 horas en el país.

Kiki1

Había una vez dos pibes que salieron de su casa y fueron asesinados por la policía.

Este comienzo no forma parte de una historia novedosa ni original. Es una historia de todos los días. Es la historia de miles de adolescentes y jóvenes anónimos. Es la historia de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco, dos pibes que desde hace ya cinco años faltan.

Jonathan y Ezequiel eran de la Villa 20 de Lugano. Tenían 17 y 25 años. Vivían la realidad que hoy viven muchos pibes de los barrios olvidados de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. Tratando de salir como se pueda, esquivándole a la tentación de la plata fácil, aprendiendo a decirle que no al paco, viviendo el cotidiano abuso de la policía, refugiándose en las tardes de cumbia con amigos.

Jonathan, Kiki, como le decían, era un pibe así. Le gustaba el fútbol. Venia dejando atrás ese tiempo que había pasado en el Centro de Régimen Cerrado San Martín y todas las cosas que lo llevaron hasta ahí. Con la pulsión de rescatarse logró escaparle al paco y retomó la escuela. Se refugió en su familia, en sus amigos y le dio para adelante. Y andaba por ahí, yendo para adelante con sus 17 años cuando lo asesinaron.

El 8 de julio de 2009, Kiki salió de su casa y no volvió. En el camino se encontró con su amigo Ezequiel. La policía los detuvo, los golpeó y los asesinó a tiros. Kiki murió de dos balazos en la cabeza.

Durante unos dos meses, Ezequiel estuvo en la morgue, y Kiki fue un NN enterrado en el cementerio de la Chacarita.
Hasta recibir la noticia, el 14 de septiembre de 2009, la familia de los chicos los buscó por todos lados. Angélica, la mamá de Kiki, recorrió el barrio, los hospitales, los juzgados y hasta llegó a pedir ayuda en la comisaria 52 donde le decían que se quedara tranquila, que ya iba a volver.
En boca sucia de muchos, Jonathan andaba perdido por ahí drogado y robando. En el corazón limpio de Angélica, sabía que algo le había pasado. Tenía razones de sobra para sospechar de la policía. Meses antes de su desaparición, la Brigada de Investigaciones de la 52 había golpeado brutalmente a su hijo. Y un día antes del asesinato, Kiki había tenido una extraña advertencia con sabor a amenaza de parte de un oficial. Es que, como sucede en muchos barrios, la policía quería a los pibes de mulo. Y los pibes se negaban a trabajar para ellos.

La causa quedó en manos del Juez Facundo Cubas del Juzgado de Instrucción N° 49. El acusado Daniel Santiago Veyga, oficial de la comisaria 52, nunca declaró, presentó un escrito en el que se adjudicaba la muerte de los chicos argumentando haberlo hecho en defensa propia cuando los pibes le quisieron robar el auto. Para el juez todo cerraba perfecto: dos pibes de la Villa 20, en una andanza que les había salido mal. Un policía cumpliendo su función. Con esos datos, el juez sobreseyó a Veyga diciendo que había actuado en “legítima defensa” y cerró la causa.

Meses después llega a manos de Angélica un video filmado por la misma policía verduga, donde se lo ve a Kiki y a Ezequiel arriba de un auto agonizando. Ese video fue fundamental para reabrir la causa. También fue fundamental la insistencia de los familiares y amigos de los pibes, y de una madre que no aceptó la versión policial. A fuerza de lucha y organización, a fines de 2012, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento de Veyga y apartó de la causa al juez Cubas, otorgándole el caso al Juez Juan Ramón Padilla del Juzgado de Instrucción N° 24.

A pesar del testimonio de Angélica, de todas las personas involucradas (policías, médico forense, médicos del SAME) y del crudo video, en una parte del fallo titulada “Sobre el fracaso de la justicia”, el juez Padilla tuvo que reconocer que no tenía elementos suficientes para procesar a Veyga. Como es costumbre, la policía se había encargado de encubrir a su compañero. Se cometieron un montón de irregularidades en la investigación. Se destruyeron pruebas fundamentales, como la ropa que los chicos llevaban puesta ese día. Las armas, que decían que supuestamente llevaban los jóvenes encima, misteriosamente desaparecieron en una inundación. Con este panorama, por segunda vez, el 23 de octubre de 2013, Veyga es nuevamente sobreseído. Esta vez “en beneficio de la duda”. La lucha continua. Si bien la familia de Kiki considera el fallo judicial emblemático porque denuncia todas las irregularidades y fallas de la justicia, se pronuncia seguir adelante para que de una vez por todas, Veyga pueda ser procesado por el asesinato de los chicos. El fallo fue apelado.
Hoy es esa la batalla de Angélica, la batalla de quienes extrañan y recuerdan a Kiki y Ezequiel, la de otras madres que también perdieron a sus hijos en manos de la policía, la del barrio, la de los jóvenes que participan de la Casita Kiki Lezcano en Villa 20.

Sigue de pie Angélica con su tristeza y su entereza a la vez. No le importa las amenazas que viene padeciendo estos cinco años. Va firme, denunciando lo que la policía hizo con su hijo y con Ezequiel y lo que sigue haciendo.

Se acerca la fecha donde el recuerdo acentúa su parte más triste, y como cada año el sábado 12 de julio familiares y amigos de Jonathan y Ezequiel se reúnen una vez más en una Jornada por los Derechos Humanos en Fonrougue y Chilavert, Villa 20, Lugano, evocando el encuentro y la lucha con alegría.

La carita de los pibes en una foto. Sonriente en una bandera, en una pared del barrio. Hubiéramos preferido un destino más silencioso para ellos. Les tocó ser estandarte de lo que ya no queremos.

Kiki y Ezequiel eran dos pibes más de la villa 20.

Hace ya 5 años, son dos pibes menos.

Fuente: Marcha

VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO EN EL JUICIO CONTRA LOS SEIS CAMPESINOS PARAGUAYOS

Denuncia ante la Comisión de DD HH del Parlasur

(APL)EL pasado 9 de julio de 2014 se reunió en Asunción la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur (Parlamento del Mercosur). Ante esta instancia se presentaron casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Paraguay. El caso del proceso judicial y posterior juzgamiento de los seis dirigentes campesinos extraditados desde Argentina en el caso Cecilia Cubas fue presentado como un paradigma de violaciones al debido proceso y al derecho a defensa por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CoDeHuPy). Aqui, el resumen presentado:

Campesinos

Proceso penal contra los seis campesinos extraditados de Argentina en el caso Cecilia Cubas

El caso delos 6 campesinos extraditados de Argentina por el secuestro de Cecilia Cubas es otro ejemplo de criminalización y persecución por parte del Estado Paraguayo a dirigentes campesinos.

La Codehupy en su carácter de defensor de dos de los seis campesinos, queremos manifestar nuestra preocupación por las violaciones de derechos humanos que sufrieron y que continúan sufriendo estas personas.

AGUSTÍNA ACOSTA GONZÁLEZ, SIMEÓN BORDÓN SALINAS, BASILIANO CARDOZO GIMÉNEZ,GUSTAVO LEZCANO ESPÍNOLA, ROQUE RODRÍGUEZ TORALES Y ARÍSTIDES LUCIANO VERA SILGUERO, dirigentes campesinos, fueron inicialmente imputados por “Omisión de aviso de Hecho Punible”.Posteriormente, acusados por el Ministerio Público por Homicidio Doloso, Secuestro y Asociación Criminal, a fines de 2005. Sin embargo, el Juez penal Pedro Mayor Martínez rechazó el pedido de prisión preventiva pero ésta resolución fue apelada por el Ministerio Público y en abril de 2006 el Tribunal de Apelaciones ordenó la detención de los seis campesinos.

Ante esto, y la abierta persecución política al movimiento político que integraban los campesinos, declarada inclusive por el entonces presidente de la República, los seis campesinos solicitaron asilo político en la Argentina. Ya en la República Argentina en abril de 2006 fueron detenidos en virtud a una orden de detención internacional solicitada por las autoridades judiciales del Paraguay. Dos años y 7 meses después fueron extraditados al Paraguay.

Los seis han sufrido y hoy continúan sufriendo innumerables violaciones de derechos humanos durante el proceso penal.

Solo voy a destacar las más relevantes y comunes a todos los condenados,obviando por una cuestión de tiempo aquellas que afectan a cada uno de manera particular.

También es importante destacar que los vicios planteados son únicamente los que nacieron del proceso penal, no se referencia aquellas conculcacionesque derivan de mismo y producen afectaciones a otros derechos que de ninguna manera deben verse vulnerados (derecho de acceso a la salud, a la vida digna, integridad física, a una alimentación adecuada,entre otros).

Violación del derecho a la defensa

El Ministerio Público en el medio de la investigación cambió los hechos punibles por los cuales estaba investigando a los seis campesinos no brindando la oportunidad concreta para que los mismospudieran dar su versión de los hechos, ejercer su defensa material.

Esta situación afecta directamente al principio de objetividad que rige la actividad del Ministerio Público, ya que no conociendo el fiscalla versión de los procesados, el mismo no puede buscar elementos de descargo a favor de las personas que se encuentra siendo investigada.

En este mismo sentido el Poder Judicial no permitió a la defensa aportar pruebas determinantes de descargo. Más específicamente no permitió realizar careos entre testigos que realizaban afirmaciones contrarias y negó la introducción de una filmación de un canal deaire en la cual el principal testigo del Ministerio Público sostenía una versión completamente distinta a lo declarado en juicio.

Violación del principio de legalidad (juicio previo) y la presunción de inocencia

El acta del juicio oral, que debe ser el reflejo de lo que acontece en el Juicio Oral y Público, se refiere en distintas oportunidades a lo que se encuentra plasmado en la sentencia, lo que indica claramente que la sentencia ya se encontraba escrita.

La sentencia definitiva debe ser elaborada al finalizar el juicio, luego de haber producido la totalidad de la prueba y valorado la misma en su conjunto.

No existe una explicación para que el acta se deje constancia de lo que se utilizaría en la sentencia salvo que esta hubiese sido redactada antes de concluir el juicio de forma simultánea al acta de juicio.La redacción de la sentencia previa a la culminación del juicio no permite la participación real y efectiva de la defensa técnica en el debate previo a la condena.

Violación de las garantías del debido proceso

La elaboración de una sentencia previa a la culminación de la audiencia de juicio denota claramente que se encuentran viciados los principios de independencia e imparcialidad de los tribunales.

Por otra parte, el tribunal, en la sentencia, dio por probados hechos por los que los seis campesinos no fueron acusados, extralimitándose en las atribuciones. Esto viola el principio de congruencia que rige en materia penal. Así, los procesados fueron condenados por hechos no acusados y no sometidos al objeto de ese juicio.

Además, el tribunal no explicitó cual fue el criterio para la valoración de las pruebas. La falta de esta aclaración anula la posibilidad de verificación de la logicidad del fallo, lo que plantea la imposibilidad de contradecir la condena.

En este sentido, el tribunal tomó como falso un testimonio producido en el juicio, remitió los antecedentes para que la persona sea procesada por testimonio falso, pero al momento de redactar la sentencia tomó elementos de este testimonio considerado falso para fundar la sentencia. Ante un medio probatorio, primero el da por cierta la prueba y líneas más abajo desacredita la misma prueba.Sobre este razonamiento contradictorio, los jueces valoran la misma tribunal prueba de dos maneras distintas dándole credibilidad como prueba de cargo y desacreditando la misma como prueba de descargo.

Violación al derecho a la libertad – Abuso de la prisión preventiva

Los seis campesinos fueron detenidos en Argentina en mayo del 2006 con fines de extradición, a pedido del Juzgado Penal de Garantías del Paraguay. Fueron extraditados al paraguay en diciembre del 2008, por lo que estuvieron privados de libertad en el sistema penitenciario federal de la Republica Argentina, DOS AÑOS Y SIETE MESES entotal.

En diciembre fueron entregados a la Policía Paraguaya y hasta hoy se encuentran privados de libertad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

La justicia paraguaya en distintas instancias ha desconocido el tiempo de privación de libertad que los seis campesinos han pasado en Argentina, desconociendo así mismo los compromisos asumidos por el Juez penal de Garantías en el momento de la extradición.

En este momento, estos compañeros se encuentran privados de libertad sin sentencia firme hace ya OCHO AÑOS Y CUATRO MESES, violando la legislación paraguaya que establece que el máximo que pueden estar detenidos preventivamente es de CINCO AÑOS. Inclusive, si la justicia paraguaya sigue desconociendo el tiempo de privación de libertad en la República Argentina, los mismos ya han superado el tiempo mínimo, puesto que actualmente se encuentran privados de libertad en Paraguay hace CINCO AÑOS Y 7 MESES, sin que ningún tribunal revea la prisión preventiva de los mismos.

Violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

El proceso penal al que están siendo sometidos los seis campesinos mencionados ya tiene por lo menos 9 años desde su inicio y hasta la fecha no poseen sentencia firme.

El artículo 7.5 del Pacto de San José de Costa Rica que conforma parte de nuestra legislación positiva establece el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un plazo razonable o puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.

En julio del 2012 fueron condenados en primera instancia, con todas las vulneraciones de derechos mencionadas, dos años después el Tribunal de Apelación de la Ciudad de San Lorenzo no ha resuelto la apelación interpuesta por las defensas técnicas.

Actualmente, como manifesté recientemente, los seis campesinos se encuentran privados de libertad hace 8 años y 7 meses sin sentencia firme, sin que se resuelva su apelación.

Claramente, hoy su privación de libertad es ILEGAL y ARBITRARIA