Agencia
Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

CON LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL

El Papa Francisco no dormirá la siesta en Corrientes

(Por Pablo Andrés Vassel)Hace unos días en un gesto sin precedentes y que constituye un símbolo de la cercanía de Francisco con los encarcelados, el pontífice ingreso al penal de San Vittore de Milán y saludo uno por uno a los casi 400 reclusos que se encuentran privados de su libertad en el lugar. Luego compartió la mesa con unos 100 presos. Antes de salir reposo unos 30 minutos en una habitación utilizada cotidianamente por el capellán del lugar. En su visita a México Francisco realizo un programa similar en la Cárcel de Máxima Seguridad de Ciudad Juárez. Ya sabemos entonces, con los criterios de Seguridad, contrarios a la educación, a la reinserción social y a la dignidad humana, violatorios de las “Reglas Mandela” aprobadas y promovidas por las Naciones Unidas (3) sostenidos por la autoridades del Gobierno de Corrientes, el Papa Francisco en su hipotética futura visita a Corrientes, nunca podrá saludar y almorzar con los internos y menos dormirá la siesta allí.

Francisco besa el pie, luego de lavarlo, a una detenida en Roma,

El 16 de marzo se realizó una audiencia en la que participaron la Juez, el Fiscal y la Defensora de Ejecución de Condena, el Jefe del Servicio Penitenciario, legisladores, y varios organismos de DDHH de la Provincia de Corrientes. El motivo: La denuncia de la Red de DDHH a través del Comité contra la Tortura, en el que se reclamaba la imposibilidad de acceder a la Unidad Penal Nº1 para el dictado de talleres que la Red desarrolla allí hace varios años con el colectivo “Yahá Porá”.

(1)“Yaha Porá” es un colectivo solidario de personas privadas de su libertad que promueven proyectos culturales, artísticos, artesanales y productivos, en vistas a recrear vínculos con la sociedad.

La Jefatura del Servicio argumentó que el proyecto fue devuelto “a los fines de la acreditación de la capacitación de los profesores que van a ingresar, a fin de impedir el ingreso de personas sin la debida acreditación, dado que van a estar en contacto directo con los internos, y si los certificados a darse a la finalización de los mismos tendrían aval del Ministerio de Educación”.

El colectivo “Yaha Porá” trabaja en coordinación con la “Red de DDHH”, a la cual se le exigió inscripción y personería jurídica, pese a que, y tal como lo manifestara su coordinadora Hilda Presman, “el desarrollo de actividades de la red y del colectivo “Yaha Porá” era conocido por la sociedad y los medios, y que nunca han sido motivo de situaciones de conflicto ni violencia; el acta constitutiva de la Red de Derechos humanos fue presentada a la dirección de Técnica Penitenciaria hace dos años”. Añadió que se evidenciaba desde el 2016 la imposibilidad de dialogar con la Jefatura del Servicio Penitenciario, y que no se les informaron los motivos por los cuales los talleres no podían dictarse. “No se puede aproximar criterios con el Servicio Penitenciario en diferentes propuestas planteadas” aseguró. Es decir, agrego yo, un ejemplo concreto de aquello de no hay peor sordo que el que no quiere oír.

El Colectivo y la Red trabajan dentro del penal desde el año 2012, sin ningún incidente en materia de seguridad y sin que ninguno de los internos que formaran parte del colectivo, luego de su liberación reincidieran en el delito y se encontraran nuevamente alojados en alguna institución carcelaria. Digámoslo claramente: Las exigencias de acreditación especiales de trabajo educativo intramuros es lisa y llanamente un boicot de la Jefatura del Servicio Penitenciario a la realización de tareas educativas, pese a que la legislación penitenciaria en vigencia alienta y estimula la realización de las mismas. Lo he dicho muchas veces: En materia de Derechos Humanos, que Corrientes sea Republica aparte, es una mala noticia, sobre todo cuando el mundo trabaja intensamente para aplicar las “Reglas Mandela” que promueven exactamente lo contrario a lo que promueven las autoridades penitenciarias de Corrientes.

Párrafo especial merece la decisión de la Justicia de Ejecución Penal (Oportunamente celebre su establecimiento en la Provincia). No puede obligar a la Jefatura del Servicio y al Colectivo “Yaha Pora”, “a que la fijación de objetivos debería coordinarse, y exhortó a todos los actores a la consensuar acciones para obtener los mejores resultados”. La desigualdad en la negociación es evidente y acordar o no, es solo un acto de voluntad de una parte.

El Poder Judicial no puede ser apéndice de las decisiones del Poder Ejecutivo. Debe velar por la aplicación de la legislación de ejecución penal, aun en contra de la voluntad del Servicio, más aun cuando es absolutamente irracional como en este caso. Debe saber a esta altura del desarrollo de la ejecución penitenciaria el impacto positivo de la tareas educativas formales e informales dentro del ámbito penitenciario (Con este criterio de acreditar “certificaciones de títulos oficiales en contexto de encierro”, Martín Luther King no podría dar charlas sobre el valor de la Paz, Mahatma Gandhi sobre el valor de la no violencia, Bill Gates sobre la importancia de la computación en algunos de los talleres informáticos del colectivo, Pablo Picasso sobre la importancia del arte o Jorge Luis Borges sobre el espacio de libertad que significa escribir). También debe saber que frustrar iniciativas como las que desarrollaba el colectivo solo logra aumentar el resentimiento y la violencia dentro de la población penal. Y finalmente debe saber que el único derecho que pierde un detenido es el de la libertad, pero que su dignidad humana permanece incólume.

(1) http://www.juscorrientes.gov.ar/prensa/exhortan-a-los-sectores-vinculados-a-internos-de-la-up-no-1-a-coordinar-acciones/

(2)Principios Fundamentales de las Reglas Mandela: Las Reglas se aplicarán de forma imparcial y sin discriminación. El sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad y el despojo del derecho a la autodeterminación de las personas detenidas. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y su valor intrínseco en cuanto seres humanos. Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular las de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad. Las medidas privativas de libertad tienen por objetivo proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos sólo pueden lograrse si se ofrece a las personas presas educación, salud, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas que brinden herramientas para lograr su reinserción en la sociedad tras su puesta en libertad.

(3)Las Reglas Mandela o Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, son normas adoptadas por las Naciones Unidas en 1955, que tuvieron su última reforma el pasado 17 de diciembre de 2015. La versión revisada y aprobada por unanimidad en la 70ª sesión de la Asamblea General de la ONU establece nuevos estándares para el tratamiento de la población privada de su libertad, basándose en los recientes avances de la ciencia penitenciaria y las mejores prácticas internacionales. De ser aplicadas plenamente, podrían contribuir a cambiar lo que hasta ahora ha sido el sistema carcelario y su política de sujeción y castigo, para transformarse en una oportunidad de desarrollo personal que traiga a su vez beneficios para la sociedad en su conjunto.

PRESENTADOS ANTE EL SENADO

Argumentos para rechazar la Reforma a la Ley de Ejecución de la Pena

Desde la Red de Cooperativas de Liberadxs y organizaciones sociales en contextos de encierro queremos manifestar nuestro repudio al proyecto en debate que pretende modificar parcialmente la Ley 24.660, por ser contrario a principios constitucionales, normativa internacional, y por violentar el fin de la ley de ejecución penal que como dice su artículo 1° es la reinserción social. El proyecto se discute sin contar con un diagnóstico adecuado y sin la participación pertinente en el debate de la sociedad civil, en particular las propias personas privadas de su libertad, de organismos estatales, la comunidad académica y otras organizaciones sociales y asociaciones civiles afines. En adición, propone una reforma parcial de la Ley de Ejecución Penal desconociendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, cuyo incumplimiento puede acarrear la responsabilidad internacional. Por su tratamiento, impide un debate integral y profundo de la aplicación y ejecución de penas e, incluso, contraría principios receptados en la discusión en torno a la reforma del Servicio Penitenciario Federal que no pueden ser eludidos. (Ver argumtos detallados más abajo)

Red de Cooperativas

Cuestiones generales

1. Es inconstitucional porque viola el principio de resocialización (único fundamento de la pena en nuestro orden constitucional) y de legalidad, fortaleciendo las potestades del poder administrador en la definición de libertades básicas que afectan derechos reconocidos ampliamente por todos los tratados a los que Argentina suscribió (libertad
ambulatoria, derechos laborales, derecho y protección de la familia y de resocialización).

No recepta las consolidadas y recientemente denominadas reglas de Mandela inobservando que en la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal se recomienda a los Estados Miembros que continúen procurando limitar el hacinamiento en las cárceles y, cuando proceda, recurran a medidas no privativas de libertad como alternativa a la prisión preventiva, promoviendo un mayor acceso a mecanismos de administración de justicia y de asistencia letrada, reforzando las medidas sustitutivas del encarcelamiento y apoyando los programas de rehabilitación y reinserción social. A su vez, agrava ilegítimamente las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad.
2.Viola el principio de competencias legislativas del Congreso Nacional, la ley de ejecución penal es complementaria al código penal, regula el contenido de la pena, es decir es una función constitucionalmente reconocida al Congreso Nacional legislar sobre la materia por el art. 75 inc.15. No obstante el proyecto regula aspectos procesales ajenos al cuerpo normativo de fondo.

Esto se inscribe en la discusión que se ha suscitado entre una doctrina minoritaria (a la que evidentemente adhiere el proyecto) que interpreta que la ley de ejecución penal es una ley local y una doctrina mayoritaria (que es la que además viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia y es conteste con el principio según el cual la materia penal queda reservada al Congreso, y que la ley de ejecución penal es una ley de fondo y no de procedimiento.

3. El proyecto viola el principio de progresividad en tanto impone condiciones más gravosas en la ejecución de la pena y al ejercicio de derechos constitucionalmente consagrados que no pueden ser limitados o restringidos por medio de leyes de jerarquía inferior.

4. Amplía injustificada e inadecuadamente las facultades administrativas del
servicio penitenciario favoreciendo el gobierno de la cárcel de manera arbitraria y discrecional a la voluntad administrativa mediante el uso del sistema de premios y castigos, que no es otra cosa que la restricción abusiva del ejercicio de derechos.

Ello se potencia, a su vez, a través de la utilización de términos vagos o imprecisos poniendo en jaque el principio de legalidad y la certeza jurídica.
Deriva a su vez en un reglamentarismo que excede el ámbito de aplicación que se propone una norma de estas características, poniendo obstáculos a vencer a las personas privadas de la libertad para acceder a la progresividad de la ejecución, sin reconocer herramientas de reclamo de sus derechos y vías de queja.

5. Restringe la garantía del control judicial permanente de la ejecución de la pena, fortaleciendo potestades indebidas en el poder administrador, lo cual va en contra de la doctrina y jurisprudencia mayoritaria consolidada en nuestro país como el antecedente de la Corte Suprema “Romero Cacharane” entre muchos otros.

6. Vulnera los principios de progresividad en la ejecución de la pena y de inocencia al sujetar la concesión de las salidas transitorias y cumplimiento de etapas de la resocialización a la valoración de que la persona se encuentre sujeta a un nuevo proceso, sin que haya condena ya que en ese caso no importaría el esfuerzo personal de una persona detenida, su evolución en el tratamiento penitenciario, ni las calificaciones de conducta y concepto que alcance con base en su comportamiento intramuros.

Tampoco puede restringirse o supeditarse la libertad según la disponibilidad de dispositivos electrónicos o a una evaluación de equipos de trabajo infundadas sobre el futuro que nadie puede conocer con antelación y menos ello ser utilizado en contra de una persona.

Cuestiones específicas

Los problemas más concretos y puntuales que vemos en el marco de esta reforma.

1. Mayores requisitos para la progresividad de la ejecución de la pena: en tiempo, evaluaciones de órganos administrativos y yuxtaposiciones de intervenciones de equipos interdisciplinarios que tornan más engorroso el procedimiento. Esta superproducción de informes técnicos redunda en indefinición de plazos en la resolución de las peticiones y un aumento desmedido de trámites burocráticos.

2. Se traduce en una militarización o fortalecimiento de las áreas de seguridad (bajo el concepto de custodia y represión) por sobre las áreas de profesionales de la salud, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, programas de empleo genuino, oficios. Es decir, es el fortalecimiento de la faz represiva por sobre la resocializadora.

Asimismo, se pone a trabajar a los cuerpos técnicos en funciones dictaminadoras, en desmedro de un rol activo en la concreción de los derechos de las personas privadas de la libertad, la creación de condiciones particulares para lograr el pleno ejercicio de derechos que los internos avancen en los objetivos resocializadores y en consecuencia, que el objetivo de la ley de ejecución penal se cumpla.

3. La única forma de reducir estos efectos negativos de la carcel es mediante mecanismos de desprisionización, y que deben producirse bajo el criterio de
promoción de la libertad, criterio contenido en la ley vigente y que el texto proyectado desnaturaliza, haciendo de la ejecución de la pena compartimientos estancos.

Las formas de desprisionización son la correcta aplicación y consecuente reducción del uso de la prisión preventiva (recomendada por todos los órganos internacionales que orbitan en nuestro orden internacional), la implementación de medidas no privativas de la libertad, la efectivización del menor tiempo que proceda en centros de máxima seguridad, favorecimiento de modalidades de semilibertad y confianza en el autogobierno (salidas transitorias, libertades anticipadas).

4. Inconstitucionalidad de ampliación de requisitos para la evolución en las etapas de la progresividad: la ampliación del elenco de delitos para los cuales lisa y llanamente se establece la improcedencia de salidas anticipadas, advertimos que se vincula con fortalecimiento de la prisionización y recae sobre tipos penales sensibles al sistema punitivo, especialmente a los delitos contra la propiedad que de alta incidencia de prisionización en el país.

Y si bien el proyecto presenta una serie de normas relativas a las penas en la función pública, sabemos claramente que sea por las dificultades en la investigación o por connivencia, los presos por delitos relacionados con la corrupción, no sólo no abundan en el sistema penitenciario, mientras que los delitos que sí llenan las cárceles y que se relacionan con delitos contra la propiedad, generalmente vinculados a problemáticas sociales más amplias que la “conducta desviada” y que se vinculan a los procesos de ajuste en las economías y déficit de las políticas públicas, particularmente las políticas de empleo.

Según la SNEEP la incidencia de los delitos de la propiedad (robo, hurto y otros delitos contra la propiedad), dan un 44% a nivel nacional y 39% para el sistema federal exclusivamente.

La jurisprudencia se expresó respecto de la inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley 24.660, en cuanto veda la concesión de salidas transitorias para determinados delitos, es inconstitucional porque vulnera los principios constitucionales de igualdad ante la ley, razonabilidad de los actos republicanos de gobierno, el fin resocializador de la pena privativa de la libertad y el sistema progresivo para la consecución del fin preventivo.

Si el interés está en dar respuesta a la problemática de la reincidencia, consideramos que deben ser tratados con urgencia en la comisión dos proyectos ingresados recientemente que operan en el nudo de la problemática de reinserción: uno referido a la modificación de art. 64 de ley de cooperativas que en la actualidad impide a las personas que registren antecedentes penales integren cooperativas, que en muchos casos son la única opción laboral que encuentran los liberados para sustentar sus proyectos vitales y sostener a sus familias y la otra es la ley de cupo laboral, ambos proyectos operan en el sentido de reconocer en las personas privadas de la libertad a trabajadores y trabajadoras, en muchos casos desocupadas o precarizados, es a través del trabajo genuino que vamos contribuir al objetivo de reducción de la reincidencia, además de las otras necesarias reformas de las que es susceptible la ley actual, que ameritan un amplio debate que integre a todos los órganos estatales (defensoría oficial, procuración penitenciaria, Procuvin, defensor del pueblo), organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y sociales que trabajan con la población y asimismo, debe abrirse el debate a la realidad de cada una de las provincias.

Por todo lo expuesto, solicitamos se rechace el proyecto en debate en los términos planteados.

*Red de Cooperativas de Liberad*s y Organizaciones en Contextos de Encierro (YoNoFui, Rancho Aparte, Hombres y Mujeres Libres, Limando Rejas, Inclusión en Bloque, Pensadores Villeros Contemporáneos, Reverdecer y Esquina Libertad)*