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Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

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COMUNICADO DEL COMITÉ DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PERUANO Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS

No a la extradición de los compañeros peruanos

Las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos abajo firmantes expresamos la profunda inquietud que nos produce la información que nos ha llegado respecto de un acuerdo bilateral “antiterrorista” que se habría formalizado por los gobiernos argentino y peruano. Mucho nos tememos que ese acuerdo se refiera al requerimiento de extradición por parte de Perú de personas perseguidas políticas en ese país que han buscado refugio en el nuestro, confiados en la tradición argentina de brindar generoso asilo a los perseguidos. Es el caso de Rolando Echarri, Oswaldo Quispe y Juan Manuel Carranza, quienes corren peligro de ser llevados a las tenebrosas prisiones donde ya se hacinan 300 presos políticos, algunos por más de 25 años.

Los tres

También nos preocupa la represión desatada en Perú contra las organizaciones populares de defensa de los presos políticos que reclaman la amnistía y la paz del país. En particular, denunciamos el “operativo Perseo” que el mes pasado ha llevado a la cárcel a dirigentes y militantes del MOVADEF- incluidos todos sus abogados- con el pretexto de ser afines a los terroristas, mote con que el gobierno pretende descalificar a sus enemigos políticos, así como lo hiciera en su momento la pasada dictadura argentina.
Por lo expuesto, expresamos nuestro total apoyo y solidaridad para con el pueblo peruano y compartimos sus consignas de LIBERTAD A LOS PRESOS Y BASTA DE PERSECUCIONES.
También reclamamos el rechazo de las extradiciones requeridas, el otorgamiento del refugio y la libertad para los peruanos en Argentina, a saber: ROLANDO ECHARRI, sobreviviente de la masacre de “El Frontón”, pidió refugio en Argentina. El Estado peruano lo requiere para juzgarlo por supuesto acto de “terrorismo”, que consistiría en haber hecho pintadas y levantado banderas rojas en un acto de reclamo de libertades en su país. La Justicia rechazó en primera instancia la extradición pero la Embajada apeló y está ahora a resolución de la Corte Suprema. OSWALDO QUISPE Está detenido por el requerimiento de extradición. Como periodista venía desempeñándose en la radio de la CTA y otros medios. fue denegada la excarcelación pedida por sus abogados por una supuesta falta de arraigo, pese a que hace 10 años que vive en nuestro país, donde tiene su familia y una hija de corta edad. Se está a la espera del juicio y de la resolución de la petición del refugio en trámite ante CONARE. JUAN MANUEL CARRANZA. Es un abogado que se desempeñaba en Perú defendiendo presos políticos. Se le acusa de ser miembro del “terrorismo”, como se denomina allí a toda oposición política a los gobiernos del capitalismo neo-liberal. Hace varios años que está en Argentina y hasta obtuvo la condición de refugiado, que perdió cuando decidió viajar a España. De retorno, y evidentemente en el marco de las persecuciones contra los peruanos se “acordaron” que tienen a uno más y se lo convocó a juicio de extradición.
Llamamos a integrarse al COMITÉ DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PERUANO Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS. Los invitamos a concurrir a las reuniones que se realizan todos los días viernes a las 18 hs en la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, sito en Corrientes 1785 2° C, tel 4371-8066/ 3939.

ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN EL COMITÉ:

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE/GREMIAL DE ABOGADOS/- FRENTE DE RESISTENCIA NACIONAL/MTR12 DE ABRIL/LIGA SOCIALISTA REVOLUCIONARIA/ OPINION SOCIALISTA/ RESUMEN LATINOAMERICANO/CORREPI ( en el ENA)/ ASAMBLEA DEL PUEBLO/ COORDINADORA ANTIREPRESIVA DEL OESTE/ FOGONEROS/ OLP/ CUBA-MTR/ DEMOCRACIA OBRERA/ MOVIMIENTO POPULAR LA DIGNIDAD/MOVADEF.

PARAGUAY: CASO DE LOS SEIS CAMPESINOS EXTRADITADOS POR ARGENTINA

El intrincado laberinto judicial

(APL)En mayo de 2006, los seis dirigentes campesinos paraguayos Agustín Acosta González, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Luciano Vera Silguero fueron detenidos en Argentina a pedido de la Justicia paraguaya. Se los acusaba, junto a un grupo mayor de militantes del Partido Patria Libre, de su participación en la planificación del secuestro y muerte de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas Grau. La falta de garantías de ser llevados a un juicio justo, dado la gran repercusión del caso y la ofensiva de los poderes públicos desatada contra el Partido Patria Libre, al que pertenecían cinco de ellos, los llevó a solicitar refugio político en Argentina. La respuesta del Estado argentino fue la concesión de la extradición y la negación del refugio político.

Los seis

El argumento clave para la entrega de los seis militantes al estado paraguayo residió en lo expresado por el entonces Procurador General de la Nación, Santiago González Warcalde de que en el Estado requirente “existen mecanismos de protección nacionales y supranacionales que, a todo evento, podrán ejercer un control acerca de las condiciones que preocupan al extraditado” En consecuencia, si existe, como alega la defensa, alguna falla en el proceso paraguayo (cuestión que, por otra parte, resulta difícil de valorar con los escasos elementos que se cuentan en un proceso de extradición) es allí donde el recurrente deberá ir a reclamar para remediarlo.1 Tanto el juez Lijo, a cargo del proceso de extradición, como la Corte Suprema de Justicia, avalaron este criterio.

A más de cinco años y medio de concretada la deportación de los seis al Paraguay, el derrotero de la causa judicial llevado en su contra demuestra que todas las previsiones de la defensa con respecto a la falta de garantías judiciales con que serían tratados en aquel país se cumplieron. Los mencionados mecanismos de protección nacionales no existen ante un caso plagado de inconsistencias e irregularidades, en tanto que la posibilidad y los tiempos para recurrir a instancias supranacionales están supeditados a las decisiones de la misma Justicia paraguaya que en este caso han decidido alargar injustificadamente los plazos.
En razón de esto, los seis fueron llevados a juicio más de seis años después de haber sido capturados en Argentina.

La excesiva demora, que los seis sufrieron siempre en prisión, motivó la presentación por las defensas en agosto de 2012 del pedido de extinción de la causa penal. Ese pedido se realizó acogiéndose a la Ley Antimora, que determina que si en tres años los procesados no tienen sentencia firme se extingue el proceso penal en su contra. La versión anterior de esa misma ley establecía un plazo de cuatro años para la extinción. En el caso de los seis, al momento de ser presentado el pedido ya llevaban más de seis años procesados y privados de su libertad. Sin embargo, la Suprema Corte paraguaya volvió a fallar en su contra en mayo último, tras 21 meses de interpuesto el pedido, tal como lo viene haciendo en sucesivos recursos y hábeas corpus presentados por diversas causas.

La base de todas la irregularidades judiciales cometidas en el caso es la decisión política de mantenerlos recluidos, y la negación del principio de inocencia.
Recientemente, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur (Parlamento del Mercosur) diversos casos paradigmáticos de violaciones de derechos. EL caso de los seis fue presentado como un exponente de violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, y al derecho a defensa en juicio.
En su informe, los abogados resaltan que la Justicia paraguaya nunca respetó en este caso la presunción de inocencia, lo que se expresó en la utilización de la prisión preventiva y la mora excesiva en llevarlos a juicio, como una pena anticipada. Asimismo, resaltaron que en el escrito de la sentencia queda claro que varios elementos de la misma fueron redactados antes de la finalización del juicio: es decir que, tal como lo denunciaran los mismos campesinos y organizaciones solidarias, la condena a los seis estaba dictada de antemano por decisión política.

Campaña Mundial por la libertad de los campesinos:
A pocos días de que el Secretario General de la Federación Sindical Mundial, George Mavrikos, junto a otros sindicalistas haya visitado a Rubén Villalba (Caso Curuguaty) y al grupo de los seis campesinos extraditados desde Argentina, la organización sindical anunció el lanzamiento de una campaña por su libertad a realizarse desde todos los lugares del mundo en que tiene presencia. La Federación Sindical Mundial tiene unos 90 millones de afiliados en todo el planeta y es una de las organizaciones fundadoras de la Organización Internacional del Trabajo.