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Periodismo de Intervención social

CORDOBA: REPRESALIA JUDICIAL CONTRA LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON DE LA III MARCHA NACIONAL CONTRA EL GATILLO FÁCIL

Con el Código Penal en la Mano

(APL) Pocas horas después de la reunión del Gabinete Nacional que definiera líneas de acción en relación a lo que llama “violencia política” para referirse a las protestas que exigen la aparición con vida de Santago Maldonado, el fiscal del Distrito I Turno V de la ciudad de Córdoba Gustavo Dalma ordenó la realización de numerosos allanamientos en aquella ciudad, nueve de ellos sobre locales partidarios, de organizaciones sociales y centros culturales. Si bien la Agencia Mucho Palo Noticias y las organizaciones afectadas pudieron reconstruir un listado de once procedimientos, la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía informó haber realizado quince procedimientos por orden del Fiscal Dalma. Al cierre de la jornada, aún quedaban privados de su libertad los detenidos A.A. (menor de edad), Francisco Salas, Juan Kabaradjian y Osvaldo Chirio. Se convoca a las organizaciones a concurrir a Tribunales II a exigir su libertad.

Julia

Las órdenes se libraron en el marco de una investigación por “daños”, figura penal leve, con la cual se caratularon la rotura de vidrios de un banco y el escrache a una conocida casa de comidas rápidas en el centro cordobés. Según sostiene el fiscal, los hechos ocurrieron en el marco de la realización en Córdoba de la Tercera Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil el pasado 28 de Agosto.

Si bien el fiscal aseveró en una conferencia de prensa brindada una vez concluidos todos los operativos no tener como objetivo la militancia política de las personas cuyos locales resultaron allanados y que lo que investiga son “delitos comunes”, las organizaciones afectadas denunciaron el carácter intimidatorio de los procedimientos por parte de la policía y la incautación de materiales que no pueden relacionarse con el supuesto delito de “daño” investigado.

De por si, llama la atención la envergadura y la cantidad de procedimientos ordenados en base a una figura penal sumamamente leve.

Asimismo, a contrapelo de lo expresado por el fiscal en cuanto a negar el carácter político de la las medidas ordenadas, Entre los elementos incautados se encuentran teléfonos celulares de los militantes, que según admitió el mismo fiscal su decomiso tiene como objetivo “saber si estuvieron en la marcha”.

Asimismo, afirmó el medio La Tinta que “...Según los testigos, los procedimientos se concentraron en buscar ´elementos con símbolos anarquistas´ en los diferentes locales. Así, la Policía se llevó banderas, bombos, carteles, volantes, material bibliográfico y otros elementos ´vinculados al anarquismo´ y a los pedidos de aparición con vida de Santiago Maldonado…”

En este sentido, la búsqueda coincide nada casualmente con los lineamientos dictados desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que envió partes secretos a fuerzas federales en base a la caracterización de que “grupos anarquistas y kirchneristas” pretenden ejercer violencia política. Según informa el diario La Nación desde las más altas esferas del gobierno Nacional “...se enviaron directivas reservadas a las fuerzas nacionales y provinciales; los ataques recientes y las derivaciones del caso Maldonado fueron analizados en la reunión de gabinete; responsabilizan a grupos “anarquistas y kirchneristas”...”
Además de numerosos objetos incautados los procedimientos dejaron un saldo de seis detenidos, entre quienes se encuentra el fletero que trasladó los equipos de sonido que se utilizó durante la Marcha Contra el Gatillo Fácil.

Organizaciones afectadas directamente:

Casa Bataclana, Casa 1234, Espacio Cultural San Martín, Espacio Social y Cultural Kasa Karakol (FOB), Biblioteca Popular Villa La Maternidad, Ateneo Social Anarquista, Local del FOL en barrio Müller, local del Partido Obrero, local del Partido de la Victoria, local del MST, vivienda particular de Lorena Barraza (de la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil), vivienda particular de Osvaldo Chirio, (dueño del flete) y Biblioteca Leopoldo Marechal son los espacios y organizaciones que denunciaron haber sufrido allanamientos.

Esta situación, de la cual no se tienen registro en Córdoba al menos desde el retiro de la dictadura militar, causó indignación y asombro entre las organizaciones populares, que marcharon al centro y a la Jefatura en horas de la tarde, en tanto se convocaba a una protesta de repudio en la Casa de Córdoba en Buenos Aires.

Al cierre de la jornada, aún quedaban privados de su libertad los detenidos A.A. (menor de edad), Francisco Salas, Juan Kabaradjian y Osvaldo Chirio.
Se convoca a las organizaciones a concurrir a Tribunales II a exigir su libertad.