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A 9 AÑOS DE PROCESO Y MÁS DE 8 DE PRISIÓN SIN CONDENA FIRME

Campaña por la libertad de los seis campesinos paraguayos extraditados por Argentina

(APL)La Federación Sindical Mundial inició recientemente una campaña “por la libertad de los campesinos” apresados por razones políticas, en referencia al caso de los seis extraditados por Argentina y a los presos políticos del caso Curuguaty. Llamamos a todas las organizaciones y personas solidarias a unirse a esta campaña, enviando la Carta a los Poderes del Estado Paraguayo, exigiendo la inmediata libertad de estos compañeros. Cómo se recordará, el pasado 11 de julio, al cumplirse dos años de la condena de los seis campesinos paraguayos extraditados por Argentina, la Cámara de Apelaciones decidió confirmar la sentencia a veinticinco años de prisión y diez años de “medidas de seguridad”. Más abajo la carta modelo y las direcciones para activar la solidaridad. Libertad a los compañeros.
Direcciones: Corte Suprema de Justicia del Paraguay: infojusticia@pj.gov.py,
ed_escobar@pj.gov.py / Embajada Paraguaya en Argentina: argentinaembaparsc@mre.gov.py / Fiscalía General de Estado: fiscaliageneral@ministeriopublico.gov.py / mroa@ministeriopublico.gov.py, comunicaciones@ministeriopublico.gov.py /Con copia a seiscampesinos@hotmail.es.

Los seis

Carta Modelo

A los poderes públicos de la República del Paraguay

Exigimos la libertad de los campesinos apresados por razones políticas

Agustín Acosta González, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Luciano Vera Silguero, dirigentes campesinos, fueron algunos de los imputados, falsamente, por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas Gusinsky. Todos ellos a excepción de Roque Rodríguez, dirigente máximo del Movimiento Agrario y Popular, pertenecían al Partido Patria Libre, organización a la que la Fiscalía Antisecuestro atribuyó el crimen de Cecilia Cubas.
El juez de Garantías Pedro Mayor Martínez nunca consideró pertinente su detención dado que ni la fiscalía y la querella reunieron pruebas contra los seis y construyeron la acusación contra los mismos solamente con el testimonio, sumamente controvertido y contradictorio, de un informante policial. En noviembre de 2005 la fiscalía, sin un mínimo criterio de objetividad, que caracterizaría todo su accionar en la causa, solicitó el cambio de acusación que pesaba contra ellos de “Omisión de aviso de hecho punible” por el de “Secuestro, homicidio doloso y asociación criminal”. Este cambio de carátula fue convalidado por el Tribunal de Apelación a pesar de que la fiscalía no había agregado elementos que lo justificaran.
Ante esta decisión judicial, enmarcada en una abierta persecución política a la organización política que integraban los campesinos, declarada inclusive por el entonces presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, los seis campesinos solicitaron refugio político en la Argentina.
Ya en la República Argentina en plena gestión de refugio, en mayo de 2006 fueron detenidos en virtud a una orden de detención internacional solicitada por las autoridades judiciales del Paraguay. Dos años y 7 meses después fueron extraditados al Paraguay.
En Paraguay, el Ministerio Público y el Poder Judicial han sometido a estos campesinos a innumerables arbitrariedades que atentan contra el Estado de Derecho, que muestran el carácter político de la persecución judicial a la que fueron sometidos y evidente ensañamiento: violación del derecho a la defensa, violación del principio de legalidad (juicio previo) y la presunción de inocencia, violación de las garantías del debido proceso, violación al derecho a la libertad en el abuso de la prisión preventiva, violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
En julio del 2012 fueron condenados en primera instancia, con todas las vulneraciones de derechos mencionadas a 35 años de prisión, sin que el Tribunal haya establecido relación entre los hechos y las acusaciones a los imputados. Esta condena aún no está firme, ya que se encuentra apelada por las defensas de los campesinos sin resolución definitiva.
En este momento, estos compañeros se encuentran privados de libertad sin sentencia firme hace ya OCHO AÑOS Y CUATRO MESES, violando la legislación paraguaya que establece que el máximo que pueden estar detenidos preventivamente es de CINCO AÑOS. Inclusive, si la justicia paraguaya sigue desconociendo el tiempo de privación de libertad en la República Argentina, los mismos ya han superado el tiempo mínimo, puesto que actualmente se encuentran privados de libertad en Paraguay hace CINCO AÑOS Y 7 MESES, sin que ningún tribunal revea la prisión preventiva de los mismos.
Como luchadores y luchadoras por los Derechos Humanos, manifestamos nuestra gran preocupación por todos los hechos mencionados y exigimos la inmediata liberación de todos los acusados, a quienes consideramos presos políticos.

¡No a la extradición de Juan Carranza al Perú!

El compañero es un abogado que se desempeñaba en Perú defendiendo presos políticos. Se le acusa de ser miembro del “terrorismo”, como se denomina allí a toda oposición política a los gobiernos del capitalismo neo-liberal. Hace varios años que está en Argentina y hasta obtuvo la condición de refugiado, que perdió cuando decidió viajar a España. De retorno, y evidentemente en el marco de las persecuciones contra los peruanos se “acordaron” que tienen a uno más y se lo convocó a juicio de extradición.

Llamamos a integrarse al COMITÉ DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PERUANO Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS.. Los invitamos a concurrir a las reuniones que se realizan todos los viernes a las 18 hs en la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Corrientes 1785 2° C, tel 4371-8066/ 3939.

Última modificación: 12 de agosto de 2014 a las 10:49