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Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

ENTREVISTA CON ROBERTO FÉLIX CIPRIANO GARCÍA, COORDINADOR DE LA COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA (CPM)

«Las políticas de inclusión disminuyen el delito»

El acto fallido en plena campaña electoral del candidato a senador por la Provincia de Buenos Aires de Cambiemos, Esteban Bullrich, quien celebró que cada día «un pibe más está preso», comporta la más absoluta verdad en el distrito. La Provincia tiene en la actualidad 230 prisioneros cada 100.000 habitantes, mientras que en todo el país la cifra trepa a 180 en la misma relación. Los 55 penales bonaerenses y sus comisarías están superpoblados –duplican su capacidad– y esta cruda situación compromete aún más el trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que presiden el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el histórico dirigente sindical Víctor Mendibil. A su vez, la puesta en marcha de leyes regresivas y la represión en distintos puntos del país contra quienes cuestionan el ajuste económico y los retrocesos en materia política y social, que alcanzaron su mayor punto de inflexión con la desaparición de Santiago Maldonado en la provincia de Chubut en manos de la Gendarmería, exhiben una clara política de Estado. Sobre esta temática dialogó con Acción Roberto Félix Cipriano García, coordinador de la Mesa Ejecutiva de la CPM, quien también se refirió a las torturas sistemáticas aplicadas por las fuerzas de seguridad, la estigmatización de la pobreza, el «fogoneo» en esa línea de los medios de comunicación y sus efectos en crecientes sectores de la población.(Esta entrevista fue publicada originalmente en la revista Acción)

Foto solidaria: Juan Carlos Quiles

–Usted denunció días atrás la aplicación del «derecho penal de autor».
–Así es, es lo que viene sucediendo de modo progresivo. Lo que debería castigarse es el acto de la persona y no a la persona por su pertenencia a determinado grupo social o colectivo o por su color de piel. Y lo que pasa es que este derecho deja de ser un derecho penal del acto para pasar a ser un derecho penal de autor. Así, empiezan a perseguir a un ser humano por pertenecer a determinado grupo social. Cabe recordar que el derecho penal de autor es el que nutrió a regímenes totalitarios como el nazismo, uno de sus mayores exponentes. Cada vez que acontece un hecho importante de inseguridad en términos mediáticos, inmediatamente aparecen en las pantallas quienes dicen: «Todos los menores cometen delitos complejos», «cada vez muere más gente en entraderas», cuando la verdad es que la mayoría de los delitos no son violentos. Las políticas públicas no se fundamentan en estudios y estadísticas serias. Por ejemplo, sociedades como la estadounidense, que tiene la mayor tasa de prisionización del mundo, con un importante predominio de población afrodescendiente y latina en sus cárceles, claramente muestra una persecución penal selectiva. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y el 25% de los prisioneros del planeta. Palmariamente, sus políticas represivas fracasaron para prevenir y combatir el delito, aunque son exitosas para las ganancias del complejo industrial-carcelario y también como armas de dominio social. Y ese es el modelo que nosotros estamos siguiendo como país.

–¿Por qué piensa que países como Holanda y Suecia, entre otros, tienen un bajo índice de delitos y demuelen las cárceles por falta de prisioneros?
–Países como Suecia, Dinamarca, Holanda, Noruega, reducen el sistema penal y el encierro. Son aquellos territorios donde más se ha alcanzado el Estado de Bienestar, con una mejor distribución de la riqueza, son sociedades más igualitarias. Y otra cuestión importante es la aplicación de penas alternativas a la cárcel, porque se parte del paradigma de que la persona modifique su conducta y no vuelva a cometer delitos, no de castigarla. Así es como intentan resolver el problema y no les fue nada mal: están cerrando cárceles permanentemente. Queda claro que las políticas de inclusión disminuyen del delito.

–¿Cómo cree que impactará la reforma a la Ley de Ejecución Penal 24.660 que limita las salidas transitorias y las libertades condicionales de los detenidos?
–Esta reforma, que fue aprobada bajo manipulación mediática y política luego del femicidio de la joven Micaela García, termina con el principio constitucional de inocencia y restringe la excarcelación a casos excepcionales. Es una norma regresiva, inconstitucional. Todo el mundo va a ser culpable y tendrá que demostrar su inocencia. A su vez, las salidas anticipadas no son un beneficio, sino un derecho, porque de esa forma el detenido puede ir tejiendo una red de contención familiar, laboral, social. Pero con esta reforma el encierro va a ser la regla –junto con el resentimiento–, y la libertad la excepción. Esto va a generar que a las personas detenidas les dé lo mismo estudiar o no, trabajar o no, tener o no buena conducta. Entonces el sistema no va a reconocer ningún esfuerzo personal o directamente no se va a preocupar de reinsertar a nadie porque, en definitiva, va a ser todo igual.

–Hace unos meses en Pergamino, provincia de Buenos Aires, hubo marchas en defensa de los policías que asesinaron a siete chicos en la Comisaría 1°. También en otros lugares hay sectores de la población que acuerdan con incrementar la represión y se movilizan en ese sentido. ¿Qué le parece que está pasando en nuestra sociedad?
–Creo que hay una construcción que hacen los medios hegemónicos de comunicación junto con el oportunismo político y los sectores poderosos del país sobre qué delitos se persiguen. Lo que arman esos sectores es el enemigo de la sociedad, esa otredad sobre la que se justifica cualquier actuación de la fuerza estatal. Y sí, es cierto, hay grandes sectores de la sociedad que son ganados por esta idea. Esto es lo preocupante y lo peligroso, porque va instalando la idea de que el autoritarismo puede resolver algo. Ayer fueron los desaparecidos, los homosexuales, los judíos, hoy son los pibes pobres, los «pibes chorros». Contra ellos vale cualquier cosa, cualquier violencia estatal. Y constituye un gravísimo error. La represión agrava el problema, no lo soluciona.

–¿Se intensificó la estigmatización social con el gobierno de Cambiemos?
–Sí, aunque el problema no empezó con Cambiemos, pero con el auge de esta «construcción del enemigo» terminás generando mayor cantidad de relaciones desiguales, porque se produce cierta habilitación que las policías registran en función del nuevo discurso político que se armó desde el Estado, de parte de quienes hoy gobiernan. Pero también esto tiene que ver con un proceso que se viene construyendo desde hace décadas. Cuando Daniel Scioli asume la conducción de la provincia había 50.000 policías y cuando termina su mandato, deja cerca de 100.000. Nosotros, cuando se crearon las policías locales, dijimos que en poco tiempo íbamos a tener el doble de violaciones de derechos humanos en el territorio porque a mayor policía, mayor cantidad de violaciones a los derechos. Entonces, hay un problema estructural de la política en Argentina: creer que los problemas complejos se van a resolver con soluciones simplificadas. Hoy tenemos un recrudecimiento de las reformas legales regresivas y de las represiones, pero antes se sancionaron leyes, como la que le están aplicando a las comunidades mapuche en el sur. Entonces, vivimos en un proceso interminable de persecución contra los sectores pobres de la población, que son los que el sistema selecciona para detener y encarcelar. Se viene aplicando desde hace décadas y hoy lo vemos agudizado. Por caso, es nefasta la desaparición de Santiago Maldonado y las respuestas que dan los funcionarios del gobierno nacional.

–¿Por qué cree que los gobiernos constitucionales no van «a fondo» contra los crímenes de las fuerzas de seguridad?
–La clase política no se ha metido mucho con el tema, es cierto. Las instituciones de encierro y los servicios penitenciarios son lugares muy encriptados, estas fuerzas no han atravesado procesos de reforma serios, nadie se ha metido con ellas a fondo porque, de alguna manera, el poder político pacta con las fuerzas el sostenimiento de determinado orden y en consecuencia les da margen, encubre y avala esas prácticas. Y por supuesto, hay un campo previo. La tortura no nace con la dictadura, en Argentina se inventó la picana eléctrica hace 70 años. No se han implementado políticas de prevención, de asistencia y sanción de la tortura por parte del Estado. Tal vez porque la sociedad tampoco las ha demandado, salvo grupos que lucharon siempre. Hay en ese sentido una ajenidad con el tema, el creer que a uno no le va a pasar, pensamiento típico de la clase media. Y también puede haber un poco de miedo. En la provincia de Buenos Aires hemos visto que cuando la policía está en contra de determinadas políticas de un gobierno, empiezan a aparecer comportamientos mafiosos de la fuerza: surgen delitos de mucho impacto mediático, liberan zonas, etcétera, todo para resistir los cambios. Pero la tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro que ejecutan las fuerzas de seguridad y esto es avalado, encubierto y sostenido por el Poder Judicial y también por una parte de la sociedad, además de la clase política. Si no logramos colocar el tema de la tortura en un lugar de repulsión de la sociedad, de mucha crítica, de mucho activismo para terminar con esas prácticas, no lo vamos a cambiar.

–¿Cómo reacciona la población carcelaria cuando van con Adolfo Pérez Esquivel a monitorear un sitio de encierro?
–Es muy interesante, porque Adolfo –con casi 85 años–, muestra que sigue con un compromiso y una coherencia inigualable. Está con las víctimas, acompaña y se conmueve con su dolor. Por otro lado, Adolfo va a los lugares con una sensibilidad muy importante en el diálogo y en la relación que entabla con esas víctimas, habla con los pibes, se mete en las celdas para mantener charlas privadas con los jóvenes que tal vez ni saben quién es. Esto genera mucho respeto incluso de parte de los propios penitenciarios porque ven una figura reconocida. Muchos registran esta coherencia y creo que la sociedad también valora a las personalidades y las historias como las de Adolfo. Y Norita Cortiñas es un caso similar, con ambos hemos estado en distintos lugares donde se violan derechos. Adolfo, Norita Cortiñas, militantes de los derechos humanos que comenzaron su lucha en la dictadura, o antes en el caso de Adolfo, pero continuaron haciéndolo en democracia. Esta es la riqueza de la CPM, integrada por diversas personalidades que vienen de experiencias de lucha en Argentina y confluyen en esta institución para la implementación de políticas públicas de derechos humanos con autonomía de los gobiernos. Esa autonomía nos ha permitido sostener en el tiempo Jóvenes y Memoria, un programa educativo único del que este año participan más de 15.000 jóvenes de todo el país; o el Comité contra la Tortura, que monitorea sitios de encierro y denuncia prácticas aberrantes. Porque más allá de quien gobierne, siempre decimos lo que hay que decir desde una perspectiva de derechos humanos, luchando por un país más igualitario, un país mejor.

RECUADRO: “El sistema de la crueldad”
«En este último año se registraron 385 muertes de personas bajo custodia del Estado o víctimas del uso letal de la fuerza pública: 156 de esos decesos fueron en cárceles; es decir, más de 13 muertes por mes; más de 3 muertes por semana. Además: 12 personas murieron en comisarías; 107 en neuropsiquiátricos; 1 en centros de menores; 109 asesinados por agentes de fuerzas de seguridad y el 20% de esos muertos eran niños o adolescentes». Estos son datos relevados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en el Informe Anual 2017 El sistema de la crueldad, sobre el encierro y políticas de seguridad. La investigación constata una vez más el fracaso del punitivismo que todas las gestiones han sostenido.
«La Comisión viene trabajando desde hace años con las víctimas de la violencia institucional porque el dolor que ellos sufren y los crímenes que ellos viven no pueden seguir sucediendo», sostuvo el copresidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, en la presentación del undécimo Informe Anual en la Ciudad de La Plata. Frente a este escenario, el organismo reitera la urgencia de tomar medidas que reviertan las graves violaciones a los derechos humanos; entre ellas, el reconocimiento legal de la CPM como mecanismo de prevención de la tortura, tal como lo estipula el protocolo de la ONU.
«El Informe muestra una vez más lo que pasa en las opacidades de un sistema penal que oculta la muerte, la tortura y el abandono de miles de personas y sus familias –afirmó Roberto Cipriano García–. Y es, fundamentalmente, un aporte para la necesaria transformación del sistema penal y la democratización de las fuerzas de seguridad y penitenciarias». «A pesar del reconocimiento que se hizo de esta crítica situación por parte de la nueva gestión –agregó–, su primera respuesta fue la consolidación de las políticas represivas: la declaración de emergencias en seguridad solo sirven para profundizar la crisis que dice atacar y para que las fuerzas policiales actúen sin la intervención de la Justicia», concluyó el coordinador de la Comisión.