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Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

JORNADA: SÁBADO 27/1- 13 HORAS - PERÚ Y PRINGLES - LOMAS DEL MIRADOR

A 9 años sin Luciano, la lucha por el derecho a saber la verdad, por justicia y castigo a todos los responsables continúa

(APL)“La construcción social de la figura del “pibe chorro” está compuesta por tres características: “pobre, drogadicto y delincuente”. Fogoneada principalmente por los medios de comunicación hegemónicos, recae con una fuerza brutal sobre los pibes de nuestros barrios, sobre sus familias y sobre los barrios mismos, con una clara connotación segregativa, en donde se reclasifica la pobreza: se criminaliza y estigmatiza a los niños, niñas y adolescentes primeramente por ser pobres. Se avanza en la inclusión por exclusión, donde los barrios se convierten en guetos y la pena de muerte está a la orden del día cuando cada 23hs un pibe es asesinado por el Estado. Mientras la sociedad siga creyendo que lxs pibes y pibas de nuestros barrios son peligrosxs, el Estado seguirá alimentando esa figura de enemigo interno, en donde la represión aplicada en todas sus formas a los sectores más vulnerables aquí denunciadas, no sólo seguirá siendo justificada para salvaguardar a la sociedad del supuesto enemigo, sino que por sobre todo es una forma de control social para administrar la pobreza que el mismo Estado genera. Párrafo saliente del documento los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, al cumplirse 9 años de la desaparición de joven, quien luego sería asesinado por la misma Bonaerense que lo apresó y torturó para obligarlo a robar para “la fuerza”. La jornada será una encuentro decisivo para enfrentar la política de exterminio de lxs pibxs que “no encajan” en el diseño de la sociedad capitalista. Más abajo, texto completo del documento.

Luciano

El 31 de Enero del 2009, Luciano Nahuel Arruga de 16 años, fue secuestrado por la policía bonaerense y desaparecido por el Estado. Desde el primer momento lo buscamos, atravesamos parte de esas instituciones, que como eslabones encadenados, fueron partícipes necesarias para generar la desaparición forzada de Luciano: La policía del Ex Destacamento de Lomas del Mirador, el Poder Judicial, los responsables políticos a nivel local, provincial y nacional, los medios hegemónicos de comunicación masiva, entre otros. Hasta el día de hoy, cumpliéndose 9 años de la desaparición forzada de Luciano, la respuesta en la causa sigue siendo la impunidad.
Sin embargo con la búsqueda incansable de familiares y amigos, logramos que el Estado restituyera los restos de Luciano el 17 de octubre del 2014. Esto significó un antes y un después en la lucha y por sobre todo, la expresión máxima de impunidad de las instituciones estatales en esta causa. No creemos que esas siniestras condiciones sean casuales. Nuestra condición de pobres lo sintetiza. No importa la vida de un joven pobre, negro y villero. La clase social a la que pertenecemos es la razón por la que tenemos que soportar este entramado perverso.

Con la lucha, fuimos avanzando rompiendo el silencio y la indiferencia de la sociedad, para dar cuenta que Luciano es un desaparecido en democracia. Visibilizamos y denunciamos junto a familiares víctimas de gatillo fácil y desaparición forzada, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas y medios alternativos de comunicación, que esto es una práctica que apunta en su gran mayoría a los pibes y pibas de nuestros barrios y que junto a otros andamiajes, como el sistema carcelario, es una política represiva del Estado negada y aplicada sistemáticamente. Es innegable, que la lucha de Madres y Abuelas de Pza de Mayo, Hijos, Hermanos y Sobrevivientes del último genocidio, nos permitieron hacernos de las herramientas y nos mostraron el camino para denunciar con contundencia la responsabilidad del Estado y la gravedad de una desaparición forzada en democracia.

A 9 años sin Luciano, la lucha por el derecho a saber la verdad, por justicia y castigo a todos los responsables continúa.
Quiénes somxs? Somxs familiares y amigos de Luciano Arruga, un negro villero que se negó a robar para la policía.
Lxs pibes y pibas de nuestros barrios, como enemigo interno del Estado.
Cuál es el lugar que el Estado le da a la niñez perteneciente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad? El Sistema de Protección y Promoción Integral de los Derechos de la Niñez que rige desde el 2005 bajo la Ley Nac. 26.061, vino a reemplazar la Ley del Patronato, cambiando el paradigma: de menores tutelados por el Estado para resguardarlos del abandono moral o material, con una clara connotación criminalizante sobre los sectores populares, pasando a un Estado que bajo el principio del “interés superior del niño” debiera garantizar el ejercicio de todos sus derechos, de todos los Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo en la cotidianeidad, el acceso a los derechos es precario y hasta inexistente, esto no sólo afecta la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad: también es la contracara del mismo Estado que genera y alimenta la cadena punitiva de forma sistemática y selectiva, de las detenciones arbitrarias, del verdugueo y persecución por parte de las Fuerzas de Inseguridad, de su participación en las redes de trata que secuestra a nuestras pibas, de la militarización de los barrios, de los supuestos enfrentamientos o directamente el gatillar fácil, cuando cada bala disparada a los pibes está justificada por una red institucional que argumenta perversamente que esa bala fue bien pagada con los impuestos.

La construcción social de la figura del “pibe chorro” está compuesta por tres características: “pobre, drogadicto y delincuente”. Fogoneada principalmente por los medios de comunicación hegemónicos, recae con una fuerza brutal sobre los pibes de nuestros barrios, sobre sus familias y sobre los barrios mismos, con una clara connotación segregativa, en donde se reclasifica la pobreza: se criminaliza y estigmatiza a los niños, niñas y adolescentes primeramente por ser pobres. Se avanza en la inclusión por exclusión, donde los barrios se convierten en guetos y la pena de muerte está a la orden del día cuando cada 23hs un pibe es asesinado por el Estado.

Mientras la sociedad siga creyendo que lxs pibes y pibas de nuestros barrios son peligrosxs, el Estado seguirá alimentando esa figura de enemigo interno, en donde la represión aplicada en todas sus formas a los sectores más vulnerables aquí denunciadas, no sólo seguirá siendo justificada para salvaguardar a la sociedad del supuesto enemigo, sino que por sobre todo es una forma de control social para administrar la pobreza que el mismo Estado genera.

Represión como forma de control social
Por qué se hace necesario discutir el termino de “violencia institucional” a la hora de hablar de represión como política de Estado?
Consideramos que la violencia institucional abarca una serie de prácticas, claramente distinguibles de violencias (hospitalarias, educativas, habitacionales, de identidad) que están ubicadas dentro de un sistema desigual (capitalismo). Estas se encuentran relacionadas con una clara decisión política y económica por parte del Estado en relación al desfinanciamiento en materia de derechos humanos elementales para garantizar el acceso a los mismos. Todas estas formas de violencias son sufridas en mayor medida por los sectores más vulnerables de la sociedad, que son quienes más frecuentan o dependen de dichas instituciones del Estado.
Qué sucede cuando aparte de toda esta serie de violencias, el Estado decide utilizar todas las fuerzas de seguridad, para reprimir a estos sectores vulnerables como política de estado?

Frente a esta pregunta se nos hace fundamental analizar el “autogobierno” por parte de las fuerzas de seguridad, como concepto que intenta explicar la violencia institucional, entendida como un hecho aislado o lejos de la responsabilidad del Estado o como un error o exceso por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, creemos que esta explicación conceptual, implica invisibilizar las verdaderas responsabilidades que tiene el Estado, como así también el uso que este hace de sus propias fuerzas de seguridad, dirigidas hacia los sectores más vulnerables. Lo que implica una política represiva como forma de control social y formas de administrar la pobreza que él mismo genera, a través de distintos dispositivos y prácticas, entre estos las cárceles tanto para adultos como para niños, niñas y adolescentes; el asesinato, tortura y desaparición de pibes y pibas en los barrios, las detenciones arbitrarias, etc.

Todos estos dispositivos y prácticas para administrar la pobreza requieren de ser legitimadas a través del aparato judicial, legislativo, ejecutivo y de los medios de comunicación hegemónicos, no sólo para garantizar la impunidad, sino también para permitir la naturalización de estas prácticas por parte de la sociedad, generando consenso social y la imposibilidad de condenar la responsabilidad de los actores estatales.

Lo mató la policía lo desapareció el Estado
Hace nueve años, la policía bonaerense secuestraba, asesinaba y desaparecía a Luciano Arruga. Cuando empezamos a buscarlo, la desesperante pérdida, falta de conocimiento, sometimiento de clase, el miedo y la soledad combinaron para someter a los familiares a una sistemática tortura psíquica que poco a poco iba enfermando la salud física; esta es la estrategia que los diferentes gobiernos constitucionales tienen, posterior a la desaparición, para desgastar a los familiares y retardar aún más los tiempos habituales de cualquier investigación, pero –sobre todo- fueron la justificación para la amenaza, la agresión y la persecución a quienes con vida buscamos a nuestros Desaparecidos. Por eso, porque el Estado está organizado para encubrir, es que consideramos que las responsabilidades van más allá de los autores materiales.

El poder judicial es indispensable para completar el círculo de impunidad. Con la desaparición de Luciano nos enfrentamos a una fiscal, Roxana Castelli, que entregó la investigación a la propia fuerza denunciada, generando daños irreparables en los primeros momentos de la investigación. También soportamos ser los principales sospechosos por nuestra condición de pobres: el juez Gustavo Banco aceptó mediante quince prorrogas a lo largo de un año y medio todos los pedidos de la segunda fiscal, Celia Cejas, para pinchar nuestros teléfonos e investigarnos a las víctimas del proceso judicial. Durante 4 años la causa se mantuvo en la justicia provincial, con una caratula de averiguación de paradero, que impedía investigar la desaparición de Luciano como forzada por parte de la policía y esto se hace evidente en el rechazo del primer habeas corpus presentado por la familia a los 5 días de la desaparición del joven de 16 años.

El poder de los diferentes gobiernos constitucionales también son una pata fundamental para continuar sometiendo al castigo los cuerpos de nuestros niños, niñas y adolescentes, primero condenándolos a la pobreza mas indigna y estructural, luego criminalizándolos por ser pobres y potencialmente peligrosos, para culminar su perversa estrategia controlando sus vidas por medio de formas represivas. Luciano era un pibe humilde, de un barrio del conurbano bonaerense, al cual sistemáticamente se le violaron todos sus derechos. La policía bonaerense con toda su estructura delictiva, pretendía que él saliera a robar para ellos, pero Luciano dijo No! y ese no generó en su vida detenciones sistemáticas en las cuales el joven de 16 años era torturado física y psicológicamente. El 22 de septiembre de 2008 sufriría una de las detenciones más crueles: por horas fue privado de su libertad y aunque su familia se encontraba en el lugar para lograr su libertad esta no se daría, todo lo contrario fue amarrocado a una ventana en la cocina del ex destacamento de Lomas del Mirador y allí fue torturado física y psicológicamente. Por este hecho, que tiene relación directa con la posterior desaparición de Luciano el 31 de enero del año 2009, solo fue condenado a 10 años de prisión el policía Julio Diego Torales. Esto demuestra no solo la parcialidad de la justicia a la hora de castigar a los responsables de tremendo hecho sino también la impunidad que pretenden instalar perpetuamente.

El 31 de Enero de 2009 durante la madrugada Luciano seria secuestrado por la policía Bonaerense y durante 5 años y 8 meses permanecería desaparecido. La causa federalizada y caratulada como desaparición forzada, aun continua en etapa de instrucción, si! “Aun se sigue investigando qué pasó con Luciano”, sus familiares solo hemos encontrado sus restos, lo cual también da cuenta de la perversidad del Estado en su conjunto. Cabe destacar que nuevamente la perseverancia de la familia da lugar a la posibilidad de encontrar esos restos, ya que por insistencia logramos que nos acepten la presentación de un segundo habeas corpus que sería rechazado por la justicia en primera instancia minutos después de ser presentado. Sin embargo, gracias a la respuesta de la Camara de Casación Penal se abriría la posibilidad de una investigación amplia, en donde funcionarios de diferentes instituciones del Estado por primera vez, y después de 5 años tendrían que dar respuesta por la desaparición de un pibe pobre. Este recurso fue el que nos permitió acceder a parte de la verdad, Luciano estaba muerto, la familia estaba en lo correcto cuando denunciaba a la policía y su perversa metodología de asesinar vidas jóvenes y pobres. Los restos de Luciano fueron encontrados, enterrados como NN en el cementerio de la Chacarita en CABA, luego de que fuera obligado por la policía a cruzar la General Paz, perdiendo la vida luego de ser embestido por un automóvil.
Muchas son las dudas que hoy a 9 años tenemos con relación a todo lo que fue pasando en esta causa, de lo que no nos cabe ninguna duda es de que Luciano fue desaparecido por negarse a robar para la bonaerense, por eso seguiremos denunciando que a Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado.

La perversa metodología de ocultar los cuerpos data de la última dictadura militar, pero se practica en democracia con la misma impunidad.

El Derecho a saber la Verdad.
Ø El derecho a saber la verdad en relación con las desapariciones forzadas se refiere al derecho a conocer los progresos y resultados de una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y las circunstancias de la desaparición, así como la identidad del autor o los autores de la desaparición.
Ø El derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas debe distinguirse claramente del derecho a la información y, en particular, del derecho de los familiares u otras personas con un interés legítimo y sus representantes o abogados a obtener información sobre una persona privada de libertad. El derecho a la información sobre la persona detenida, junto con el derecho inderogable del hábeas corpus, deben considerarse instrumentos fundamentales para evitar que se produzcan desapariciones forzadas.
Ø El Estado tiene la obligación de investigar los casos de desaparición forzada. Para que los familiares y la sociedad en su conjunto puedan acceder a la verdad. Debe hacerse plenamente partícipes a los familiares de la víctima en la investigación de la desaparición forzada. La denegación de información restringe el derecho a la verdad. El Estado tiene la obligación de permitir que toda persona interesada conozca las medidas concretas que se han adoptado, para establecer la suerte y el paradero del desaparecido.
Ø El Estado tiene la obligación de seguir investigando mientras no se hayan establecido la suerte y el paradero de la persona desaparecida. Es un derecho absoluto de los familiares y de la sociedad conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, no sujeto a ningún tipo de limitación o suspensión. El Estado no puede restringir el derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de la persona desaparecida, ya que esa restricción solo agravaría y prolongaría la tortura continua infligida a los familiares y pondría en riesgo todo sistema democrático.
Las principales obligaciones del Estado con el derecho a saber la verdad son:
Ø La obligación de investigar hasta que se esclarezca la suerte y el paradero de las personas; la obligación de comunicar los resultados de la investigación a las partes interesadas: y la obligación de proporcionar una protección plena a los testigos y los familiares que participen en la investigación.
Ø El derecho a conocer la verdad sobre la suerte y paradero incluye: cuando se descubre que la persona desaparecido ha fallecido, el derecho de la familia a recuperar los restos mortales de su ser querido y organizar el entierro de acuerdo con sus tradiciones, religión o cultura. Los restos de la persona deben ser identificados con claridad y sin margen de error, recurriendo incluso a un análisis de ADN si fuera necesario. El estado o cualquier otra autoridad, deberán abstenerse de iniciar el proceso de identificación de los restos o disponer de ellos sin plena participación de la familia.
Ø El derecho a conocer la verdad sobre la suerte y paradero se aplica también sobre los casos de los niños nacidos durante la desaparición forzada de la madre y posteriormente objeto de adopción ilegal.
Ø El derecho a la verdad implica que el estado debe dar pleno acceso a la información disponible para permitir la búsqueda de las personas desaparecidas.
Ø El derecho a la verdad asegura también que el estado tiene la obligación de proporcionar la protección y la asistencia necesaria a las víctimas, los testigos y otras personas interesadas. La búsqueda de la verdad suele tener como consecuencia que los autores materiales políticos y judiciales, traten de evitar que se revele la verdad, mediante amenazas, e incluso agresiones a las personas que participan en la investigación así pues y contradictoriamente el estado tiene la obligación de velar por una eficaz protección de los afectados.
Sin embargo el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición de un ser querido no es un derecho que se respete en lo mas mínimo. La práctica de los Estados indica que, por ser ellos mismos los responsables de la desaparición forzada, se ha preferido ocultar parte o toda la verdad para facilitar la perpetuidad de la impunidad y de ese modo condenar a los familiares a la tortura sistemática de no saber cuál ha sido la suerte de aquella persona que se busca desesperadamente.
“El Derecho a la Verdad, es un derecho tanto colectivo como individual. Toda victima tiene derecho a conocer la verdad sobre las violaciones que le afectan, pero la verdad debe comunicarse también a la sociedad como una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”

LA EMPRESA DE SEGURIDAD MÁS PODEROSA DEL PLANETA, ACUMULA DENUNCIAS POR CRÍMENES COMETIDOS EN MEDIO ORIENTE Y POR CASOS DE CORRUPCIÓN EN EE.UU.

Blackwater: el ejército del terror del Pentágono

(Leandro Albani/El Furgón) Ya pasaron veinte años y una sombra espesa sigue moviéndose hasta los más lejanos rincones del mundo. Con impunidad, con armamento de última tecnología, montada sobre mercenarios de diferentes naciones, esa sombra tiene un nombre acorde a su historia: Blackwater (BW), una de las mayores empresas de seguridad a nivel internacional –fundada en 1997 por Erik Prince y Al Clark –, goza de muy buena salud, pese a las decenas de denuncias en su contra, en la mayoría de los casos por cometer crímenes, incurrir en flagrantes abusos de autoridad y participar en contratos espurios otorgados por el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Empresa

Desde hace algunos años renombrada como Academi, Blackwater surgió en pleno esplendor del avance neoconservador en Norteamérica, de la mano del presidente George W. Bush (2001 -2009). Los neocons, que venían apuntalando su poder durante los mandatos de Ronald Reagan y Bush padre, encontraron en la administración republicana del empresario petrolero el caldo de cultivo para aplicar el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC, por sus siglas en inglés) que, entre otros puntos, avalaba la desregulación total del Estado y apuntaba todos sus cañones contra esa vaga definición conocida como “terrorismo internacional”, pero que para los neoconsera muy claro dónde se ubicaba: en Medio Oriente y entre la comunidad musulmana.

La transnacional comandada por Prince y Clark, fundada bajo la bendición de la ultraderecha católica estadounidense, ingresó en las grandes ligas con la administración de Bill Clinton en la guerra de los Balcanes en la década de 1990. Para ese entonces, BW daba sus primeros pasos en el redituable negocio de la seguridad privada, poniendo a disposición de Washington a los primeros “contratistas” que, para 2001 y 2003, con las invasiones a Afganistán e Irak, respectivamente, se convertirían en un ejército mercenario, alcanzando casi la misma cantidad de tropa en territorio iraquí que las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Pero los fundadores de BW, en especial Prince –con un pasado como SEAL, conservador y, entre otros hobbys, financista de grupos católicos, extremistas y marginales–, no pensaron a su empresa como un simple ejército de respaldo a las ocupaciones de la Casa Blanca en otras partes del mundo. Por eso, en Carolina del Norte, en un pantano conocido como Moyock de 2.800 hectáreas, BW fundó la instalación militar privada más grande del mundo. En el libro Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, el periodista Jeremy Scahill describe a Moyock como el lugar donde “se instruye anualmente a decenas de miles de agentes de las fuerzas del orden, tanto federales como locales, así como a tropas de naciones extranjeras ‘amigas’”. En su sede central, BW “tiene su propia división de inteligencia y cuenta entre sus ejecutivos a ex altos cargos militares y de otros servicios secretos”, apunta Scahill, colaborador de la revista The Nation y de la cadena Democracy Now! Con el paso del tiempo, el mercado de la “seguridad” produjo redituables demandas para BW, por eso también construyó instalaciones en California, Illinois y en la selva de Filipina.

El gran negocio

“Una prolongación patriótica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, definió Prince a Blackwater. Y no era para menos. Con los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre de 2001, el gobierno de Bush tuvo el camino limpio para concretar, en el plano militar, “el choque de civilizaciones” acuñado por el politólogo Samuel Huntington. Caída la Unión Soviética y el mundo socialista, el poder de Washington se apresuró a encontrar nuevos enemigos a los que combatir. Si pocos años antes, el movimiento talibán y Al Qaeda sirvieron para expulsar al Ejército Rojo de Afganistán, ahora esos mismos grupos eran el propio mal que amenazaban la vida occidental. Además de las tropas regulares, la administración Bush inundó Afganistán e Irak de mercenarios de compañías como DynCorp y Blackwater.

Desde las invasiones a territorios afgano e iraquí, BW expandió sus tentáculos de manera acelerada, encargándose de la seguridad del personal estadounidense en esos países, pero también entrenando tropa y, con el correr de los días, convirtiéndose en una parte fundamental del Ejército de ocupación. Entre los muchos beneficios a los que accedían los mercenarios dirigidos por Prince se encontraban la impunidad total de sus acciones, definida por ley por la autoridad de ocupación estadounidense en Irak, y salarios que doblaban a los de los soldados rasos. La revista Fortune describía esta situación en Irak: “Los sueldos normales de los profesionales del DSP (destacamento de seguridad personal) se cifraban hasta hace poco en unos 300 dólares diarios. En cuanto Blackwater empezó a reclutar para su primera gran labor (la de ejercer de guardia personal de Paul Bremer –máxima autoridad estadounidense en Irak–), la tarifa se disparó hasta los 600 dólares al día”. Mientras BW facturaba millones de dólares y reclutaba a ex militares estadounidenses y chilenos –en funciones durante la dictadura de Augusto Pinochet–, para engrosar sus filas y cumplir con la demanda exigida por la Casa Blanca, también lograba que el Congreso estadounidense aprobara a su propio grupo de lobby para hacer cabildeo entre los parlamentarios. El poder de BW crecía y devoraba todo a su paso, al mismo tiempo que esa voracidad quedaba al descubierto. Varios informes de organismos públicos de Estados Unidos llamaron la atención porque el gobierno no supervisaba a los “contratistas” y permitían su total impunidad en las operaciones militares. Con respecto a Irak, alertaban que BW afectaba negativamente a la población y a las propias tropas estadounidenses, las cuales, ante las acciones de la compañía, bajaban su moral y cuestionaban sus magros salarios.

Auge, caída y auge

El crecimiento de la firma de Prince fue constante desde los atentados de 2001. Una división de aviación, submarinos, la última tecnología para el espionaje y decenas de contratos millonarios conformaban una sonrisa que resplandecía en la fachada de BW. Pero su suerte se vio opacada con los golpes recibidos por la resistencia iraquí. En marzo de 2004, las imágenes de cuatro personas descuartizadas y mutiladas, colgadas en un puente de Faluya, ciudad que se negaba a caer frente a la ocupación estadounidense, dieron la vuelta al mundo. Con el correr de los días se supo que esos cuerpos eran de mercenarios de Blackwater. El linchamiento de los “contratistas” puso sobre la mesa que la compañía no sólo realizaba operaciones militares por fuera de lo acordado, sino que enviaba a sus propios mercenarios en vehículos sin blindar, con un poder de fuego reducido y a misiones casi suicidas, como en el caso de Faluya.

En 2007, en la plaza Nisur, de Bagdad, un convoy de Blackwater ingresó de forma aparatosa con cuatro vehículos blindados, que cargaban ametralladoras de 7,62 milímetros, capaces de derrumbar paredes. El episodio que siguió, según la prensa estadounidense, fue confuso, pero lo único real es que los mercenarios abrieron fuego de manera indiscriminada. Como ya era costumbre en Irak, las víctimas fueron 17, todas civiles. La ira del pueblo iraquí no tardó en manifestarse en las calles y en la profundización de las acciones armadas de una resistencia heterogénea y que buscaba diversos intereses.

Pese al encubrimiento político, judicial y mediático, los mercenarios Dustin Heard, Evan Liberty, Paul Slough y Nicholas Slatten fueron condenados, los primeros a penas de 30 años y Slatten a cadena perpetua. En agosto de este año, la cadena Russia Today informó que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló las sentencias de los mercenarios y ordenó la celebración de un nuevo juicio para Slatten. Conocida la noticia, Husein Sahib Nasir, cuyo hermano fue asesinado en la plaza Nisur, declaró: “Mi hermano tenía solamente 24 años. Nuestra familia ha sufrido mucho hasta ahora. ¿Dónde están los derechos humanos? Si el tribunal los absuelve y los libera, volverán a cometer un delito parecido”.

La masacre de la plaza de Nisur tuvo un impacto tan grande, que el ex presidente Barack Obama revocó los contratos con Blackwater en 2009, para después volver a contratar a la empresa por cerca de 10 mil millones de dólares en 2010.

Las últimas noticias de BW las reveló el ex primer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al -Attiyah, que reveló que miles de mercenarios de la compañía fueron entrenados en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para invadir el territorio qatarí. En octubre, Al -Atiyyah brindó declaraciones al diario español ABC, en las cuales señaló que este plan, en medio de la ruptura de relaciones de las monarquías del Golfo Pérsico con Qatar, no tuvo la aprobación de la Casa Blanca.

Según el ex primer ministro, EAU contrató los servicios de Blackwater para sus operaciones en la invasión a Yemen, liderada por Arabia Saudí, aunque hace unos meses los mercenarios sufrieron varios reveses militares y se vieron obligados a abandonar ese país, el más pobre de Medio Oriente.

El gobierno de Qatar confirmó que BW entrenó a unos 15.000 empleados, “gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, en la base militar emiratí de Liwa, en el oeste de EAU. En 2011, el diario New York Times ya había revelado en detalle el inicio de los contactos entre el propio Prince y la casa real de EAU.

En julio de 2017 también se conoció que el gobierno del presidente Donald Trump intenta que la firma de Prince retorne a sus andanzas en Afganistán. Según informó la cadena HispanTV, “Jared Kushner, asesor y yerno del mandatario estadounidense, y Steve Bannon, uno de los principales estrategas en la Casa Blanca, están a cargo de supervisar la iniciativa y han presentado a sus candidatos para implementar el plan” de Trump. Los candidatos de Washington son, no más ni menos, que el propio Prince y Stephen Feinberg, propietario de DynCorp International. Sobre la iniciativa de la Casa Blanca, el diario The New York Times citó fuentes cercanas a los empresarios que aseguraron que “Prince y Feinberg han creado un plan más barato y mejor que el del Ejército (estadounidense)”.

Blackwater, como otras firmas de seguridad privada en expansión, “no son sólo manzanas podridas: son el fruto de un árbol muy tóxico –escribe Scahill–. Este sistema depende del maridaje entre inmunidad e impunidad. Si el gobierno empezara a golpear a las empresas de mercenarios con cargos formales de acusación de crímenes de guerra, asesinato o violación de los derechos humanos (y no sólo a título simbólico), el riesgo que asumirían estas compañías sería tremendo”. Y a esta descripción, finaliza de manera determinante: “La guerra es un negocio y el negocio ha ido muy bien. No sólo son las acciones de Blackwater y los de su clase las que tienen que ser investigadas, reveladas y enjuiciadas: es todo el sistema en su conjunto”.

*Artículo publicado en Revista Sudestada N° 150, Noviembre -Diciembre de 2017