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Periodismo de Intervención social

JUSTICIA PARA VIRASORO

El largo, complejo y difícil camino de búsqueda de Verdad y Justicia

(Por Yolanda Urquiza. Historiadora, docente, investigadora de la Universidad Nacional de Misiones) Las causas judiciales que investigan la represión en Gobernador Virasoro son dos. Una es la “Investigación de delitos de Lesa Humanidad-Víctima Ramón Aguirre y otros”, que lleva el número de expediente 746/10, en la que están imputados el ex teniente Carlos Sacco, Duilio Martínez y Llamil Reston. Como querellante se presentó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en 2007 se requirió la instrucción de la causa por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos psíquicos y físicos en perjuicio de Ramón Aguirre, integrante del sindicato de trabajadores rurales de Gobernador Virasoro. Por ahora se encuentra en etapa de elevación a juicio. La segunda causa es por la desaparición de Neris Victoriano Pérez, iniciada ante la fiscalía federal de Corrientes por su hijo, Jorge Catalino Pérez, quien denunció el secuestro de su padre. En el expediente 857/12 que investiga su secuestro y desaparición están imputados los represores Duilio Martínez, Llamil Reston y Héctor Torres Queirel. La causa por esta víctima tiene como querellantes a su hijo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio oral el 17 de febrero de 2012 y aún se encuentra pendiente.

Virasoro

La segunda causa es por la desaparición de Neris Victoriano Pérez, iniciada ante la fiscalía federal de Corrientes por su hijo, Jorge Catalino Pérez, quien denunció el secuestro de su padre. En el expediente 857/12 que investiga su secuestro y desaparición están imputados los represores Duilio Martínez, Llamil Reston y Héctor Torres Queirel. La causa por esta víctima tiene como querellantes a su hijo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio oral el 17 de febrero de 2012 y aún se encuentra pendiente.

En la causa de Neris Pérez, Navajas Artaza había sido mencionado por Ramón Alberto Giménez, ex policía también imputado, que lo señaló como quien ordenó el secuestro de Pérez, hecho en el que él mismo participó y se autodenominó “entregador”. En 2008 el empresario correntino, quien en 1982 fue ministro de Desarrollo Social de la dictadura durante la gestión de facto de Reynaldo Bignone, quedó imputado como autor intelectual de la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales.

La relevancia de esta causa radica en que el Fiscal de Instrucción de Paso de los Libres, Benito Pont, solicitó en 2008 la citación a indagatoria de Navajas Artaza. Sin embargo, apenas un día después, el juez dictó su sobreseimiento sin siquiera tomarle declaración. Si bien Pont presentó un recurso de apelación que planteaba la nulidad del sobreseimiento ante la Cámara, el mismo fue rechazado. Para decirlo más claramente, sin cumplir con la lógica judicial de realizar la indagatoria, el Juez resuelve el Sobreseimiento de Navajas Artaza y de este modo clausura la posibilidad de juzgarlo por el hecho imputado.

Esta causa es paradigmática porque muestra, como también se observa en casos registrados en otras provincias, que en espacios donde el poder económico tiene fuertes vinculaciones con el sistema judicial y otros actores sociales relevantes la impunidad tiene más peso que la justicia. Asimismo, la fragmentación de las causas es un obstáculo para el avance de las mismas y de hecho configura una estrategia funcional a quienes buscan asegurar la impunidad o que la mismas se tornen abstractas por la enfermedad o muerte de los acusados. En Corrientes, los Navajas Artaza lograron no sólo un acelerado sobreseimiento sino que desde el comienzo de las denuncias por delitos de Lesa Humanidad un conjunto de jueces y conjueces se excusaran de tramitar dichas causas.

El Juicio a realizarse en Virasoro a partir del 2 de julio

El Juicio tendrá como sede la Casa del Bicentenario (Centro Cultural Municipal). En Virasoro se realizará la fase de las declaraciones testimoniales, hasta el día 5 de Julio. Las otras instancias del Juicio se harán en Corrientes, Capital. Tiene como único imputado a Héctor Torres Queirel, dueño de la Estancia María Aleida, donde fue capturado y muerto, su cuerpo permanece desaparecido, Marcelo Peralta, tarefero, delegado de FATRE. Los otros militares han muerto o han quedado desvinculados de la causa por razones de insania (Llamil Reston, Juan Carlos Sacco).

La importancia del Juicio:

Si bien los resultados de este Juicio están muy lejos de satisfacer las demandas de Justicia reclamadas por las víctimas y las organizaciones de DDHH, al menos opera como un acto reparador. Es reparador porque el Estado brinda un espacio legal e institucional en el cual, tanto las víctimas sobrevivientes como los familiares de las víctimas desaparecidas, van a tener la posibilidad de relatar la historia de sus padecimientos y testimoniar frente a los tribunales. Sus palabras van a trascender los espacios privados y serán dignificadas en el marco de un proceso judicial que permitirá avanzar en la búsqueda de la Verdad y la construcción de la Memoria colectiva.