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CORRIENTES: IMPUNIDAD

Las Marías, el juicio histórico que dejó un sabor amargo

(Por Alicia Rivas/Canal abierto/ Foto: Marcos Otaño) El debate oral por la causa conocida como “Las Marías” llegó este martes a la instancia de los alegatos. Fue entonces que el fiscal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos pidieron seis años de prisión y el doble de inhabilitación para el entonces interventor militar en el municipio de Virasoro, Héctor María Torres Queirel,por considerarlo partícipe necesario de la desaparición forzada de Marcelo Peralta. También pidieron que la Fiscalía de Paso de los Libres investigue la responsabilidad de Adolfo Navajas Artaza, propietario de la empresa, en la represión de los trabajadores del establecimiento. Como el presidente del Tribunal interrumpió justo antes que la defensa comenzara su alegato, el debate continuó antes de la lectura de una sentencia que dio por tierra con todo lo antedicho.

Las Marías

Torres Queirel, ex interventor municipal de Virasoro y proveedor de materia prima para la yerbatera Las Marías, fue acusado de tener responsabilidad en la desaparición forzada del trabajador rural Peralta, ocurrida el 29 de junio de 1977. Fue el único imputado, ya que los otros dos fueron desafectados por cuestiones de salud. Aún así el juicio se convirtió en histórico ya que la causa llevó a los tribunales a la yerbatera más grande del mundo por complicidad con la desaparición forzada de personas durante la última dictadura cívico-militar.
Sin embargo, poco antes de las 13 de este jueves llegó la sentencia: el tribunal había cerrado el círculo de impunidad y decidió absorber de culpa y cargo a Torres Queirel y confirmar, al mismo tiempo, que en Virasoro no hay Justicia ni Verdad, sólo Memoria.

La responsabilidad empresaria

Durante los alegatos del martes, Flavio Ferrini, fiscal del Tribunal Oral, inscribió la desaparición de Peralta y todas las demás violaciones a los derechos humanos sufridos por los trabajadores de la región como crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del plan sistemático “instaurado durante la última dictadura militar, diseñado para suprimir y eliminar a quienes se identificaban como enemigos del régimen”.
Precisó que, en el caso de Virasoro, la represión estaba circunscripta a “la desarticulación de la organización obrera con la eliminación de la organización gremial”, y destacó la “eficacia de combinar el accionar de las fuerzas armadas con el aporte empresarial, para así en conjunto ejercer el poder represivo contra los trabajadores”.

Señaló así al Establecimiento Las Marías como parte del engranaje represivo que posibilitó la identificación, persecución, secuestro, detención y desaparición de los trabajadores que figuran hoy como víctimas de la dictadura cívico militar y que eran parte de las organizaciones gremiales FATRE (Federación de trabajadores Rurales) y STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación).

Remarcó que la incursión en la región de estos sindicatos posibilitó el cuestionamiento de las condiciones de explotación laboral que le arrancaron a la empresa Las Marías en particular, y a las subsidiarias de ésta, derechos laborales que comenzaban a ser ejercidos por sus trabajadores.

“A partir del 25 de mayo de 1973 la actitud de una parte del personal del establecimiento – sobre todo la que respondía a la directa conducción gremial de los dos nombrados en ultimo termino, Acuña y Franco- fue de abierta rebelión contra las normas de trabajo implantadas en la empresa y que durante toda la vida habían fructificado en una cordial relación con todo el personal”, testificó el 9 de enero de 1978 Adolfo Navajas Artaza, presidente de Las Marías. Agregó también ese mismo día que “a partir de marzo de 1976 esta clase de hechos habían dejado de producirse en su totalidad”.

Pero la participación de Las Marías en la confección de la lista de los que luego serían víctimas del Terrorismo de Estado puede rastrearse en la declaración jurada del establecimiento. “En ellas existen unas marcas o señalamientos efectuados con símbolos de flechas y círculos con una cruz en fibra que, como claramente se aprecia, fueron efectuadas previo a que las copias enviadas fueran certificadas por el escribano”, señaló el fiscal.

En esos documentos aparecen señalados, tildados, marcados con cruces o circulitos, los trabajadores que fueron después víctimas de la represión: Marcelo Acuña, Ramón Aguirre, Juan Manuel Gómez, Pablo Franco. Incluso los que hoy permanecen desaparecidos: Neri Pérez y Marcelo Peralta.

Jefe territorial

Para Ferrini, la participación necesaria de Torres Queirel en el desmantelamiento de las organizaciones sindicales quedó acreditada. Nombrado como interventor municipal de Gobernador Virasoro, sus funciones estaban claramente estipuladas con anterioridad al golpe de Estado en la “Directiva del Consejo de Defensa Nº 1/75 – Lucha contra la subversión”. “De acuerdo a las directivas del Ejército, el que ejercía control territorial era Torres Queirel. Tenía asignada esa función de acuerdo a su estado militar y a lo que las directivas del Plan le habían asignado. Éstas, además, se reafirmaron en las funciones dictadas en 1977. Era quien tenía la facultad de liberar la zona en su caso, prestar la logística necesaria para su cometido, como los medios para garantizar la impunidad, pero también la posibilidad de impedirlo o interrumpirlo”, leyó el fiscal.

Torres Queirel coordinaba con los militares la lucha contra la subversión. Contaba con un consejo asesor -un abogado y otras siete u ocho personas – que eran parte de un sistema de recolección de información para la identificación de personas, sus actividades y su posterior persecución. Su participación tenía un valor agregado. Además de ser militar, era productor yerbatero. Es decir empresario/patrón que se beneficiaba con el desmantelamiento de los sindicatos y con la restauración de un sistema de explotación laboral “que hoy, bien sería trata laboral”, sostuvo Ferrini.

Para el fiscal, su condición doble lo convirtió en “la persona más idónea para el plan criminal, con un conocimiento acabado sobre las situaciones que había generado la organización obrera para el sector”.

Marcelo Peralta

La desaparición del tarefero se produjo la madrugada del 29 de junio de 1977. En ese momento estaba en marcha el Operativo Consolidación, en Virasoro, del que participaron un jefe, cinco oficiales, 31 suboficiales, y 146 soldados de clase 1958. El objetivo era intensificar las acciones represivas para el aniquilar la “subversión”. “En este contexto de persecución se desarrolla el secuestro de Marcelo Peralta. Arrancó con el operativo que realizaban los grupos de tareas desde las 00 hasta las 04 de la madrugada, cuando finalmente lograron dar con el paradero de Marcelo”, resumió el fiscal.

Junto a él, su esposa Genara Díaz y su pequeña hija estaban en la precaria casilla que compartían en la Estancia María Aleida, propiedad de Torres Queirel. Se encontraban allí hacía unos quince días cosechando yerba mate en condiciones de explotación laboral. El operativo había comenzado a la medianoche del 29 de junio. Durante cuatro horas los militares ocuparon la estancia, recorrieron varias casillas, golpearon y torturaron a varios trabajadores rurales –entre ellos a Ramón Peralta y Ramón Falcón- hasta dar con quien estaban buscando: Marcelo “el Galgo” Peralta.
Genara declaró ante el Tribunal que a su esposo lo sacaron a medio vestir de la casilla y que llegó a escuchar varios disparos. Tuvo la impresión de que en ese instante y en ese lugar lo habían matado.

Torres Queirel, partícipe necesario

En el cierre de su alegato, Ferrini sintetizó la participación esencial de Torres Queirel en la desaparición de Peralta.
“Está probado que Marcelo Peralta detentaba el carácter de oponente, según la filosofía que emanaba de los manuales castrenses del Plan Criminal. El teniente Torres Queirel albergó en su establecimiento la instalación del vivac de junio de 1977, Operativo Consolidación que tenía como fin el exterminio de los que no habían sido habidos hasta ese momento.

Contribuyó desde su posición de intendente a recopilar información de inteligencia, bajo la fachada de una junta de asesores. Al mismo tiempo lo realizaba la policía por vía de los manzaneros que refirió el comisario Ramírez.
El contratista Balbuena, garantizó y reforzó la información por medio de la complicidad de un empleado del Establecimiento Las Marías. Éste, al mismo tiempo, tenía sujeción de dependencia en las oficinas municipales.

Según los elementos probatorios analizados, debo concluir que ellos contribuyeron al menos a la formación de la atmósfera de apoyo, fomento, cobertura, clandestinidad e impunidad que imperaba en la localidad de Virasoro. Aquí fue donde se llevaron a cabo estos delitos y, al mismo tiempo, conforman de modo claro y manifiesto la relación de causalidad entre ellos y el resultado final”.

Luego, el fiscal pidió la máxima pena para la figura penal con la que imputaron a Torres Queirel: seis años de prisión más el doble de inhabilitación. Reconoció que las deficiencias de la instrucción explican, entre otras cuestiones, lo ínfimo de la pena. Era una condena que, de concretarse, no reflejaría el grado de participación ni responsabilidad de este represor en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Virasoro. Pero no ocurrió ni siquiera eso.

El importante desarrollo de la lucha gremial en la zona explica el andamiaje represivo que tuvo como epicentro la localidad de Gobernador Virasoro, donde se concentraron todas las fuerzas militares y de seguridad bajo el mando del área militar 236.

Para los familiares y sobrevivientes de esa etapa fue un hecho sustancial volver a centrar en la figura de Navajas Artaza y de todo el entramado empresarial de Las Marías la responsabilidad en los secuestros, torturas, desapariciones y persecución de todos los trabajadores, que fueron víctimas de la dictadura cívico militar y el clima de hostigamiento y disciplinamiento que se extendió después a toda la región.

Para la sentencia, se acercaron a Virasoro organizaciones sociales, de derechos humanos y familiares tanto de Peralta como de Pérez, ambos desaparecidos desde junio de 1977. Torres Queirel seguramente podría aportar información sobre ambos, pero ya no lo hará.

Como parte central del alegato, Ferrini solicitó al tribunal que se extraigan piezas de la investigación que se remitan al Juzgado Federal de Paso de los Libres para formular actuaciones por la responsabilidad empresarial de Adolfo Navajas Artaza en los crímenes de lesa humanidad contra trabajadores sindicalizados y vinculados laboralmente al establecimiento Las Marías. A juzgar por el veredicto, eso tampoco sucederá.

Para el Colectivo Justicia para Virasoro, los alegatos del Ministerio Público Fiscal corroboraron lo sostenido por víctimas y familiares en estos largos doce años de lucha por justicia. Luego de escuchar la sentencia emitieron un comunicado que da cuenta de una desolación que no significará, como no lo hizo nunca, bajar los brazos: “La absolución de Torres Queirel niega la existencia del terrorismo de Estado en Virasoro. Desanda todo el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Es un retroceso muy grave. La sentencia no tiene conexión con lo que se planteó en la investigación. Estamos ante una nueva desaparición de Peralta y Neris Pérez. El andamiaje político, judicial, económico sigue vigente para garantizar la impunidad. El tribunal es parte como lo fue en la instrucción. No hubo compromiso de los operadores judiciales para investigar los crímenes de Las Marías. No hubo verdad ni Justicia. Sólo memoria. Esta sentencia no es la verdad. Seguimos teniendo derecho a saber donde está Marcelo Peralta, Neris Pérez y todos los desaparecidos. Para nosotros Torres Queirel es responsable. Seguiremos construyendo la condena social para Las Marías y todos los responsables de las desaparición de nuestros compañeros”.