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Periodismo de Intervención social

- 1999 - CORRIENTES - 17 DE DICIEMBRE - 2018 -

El Correntinazo que cuestionó a la casta política y anticipó la crisis nacional del 2001

(Por Hilda Presman/ Red Derechos Humanos) A 19 años, recordamos al movimiento de autoconvocados correntinos del ’99 que protagonizó la crisis anticipatoria del “que se vayan todos” nacional del 2001, y su desenlace en masacre, el 17 de diciembre de 1999. Estos fenómenos que irrumpen, no solo en nuestras periferias , sino en la propia vieja Europa,( hoy con la crisis de los chalecos amarillos), representan el agotamiento de vastos sectores de la sociedad, ante instituciones que se han vaciado de contenido por aplicación de modelos neoliberales que dejan el tendal de excluidos, desaparecidos sociales, corrupción, obsolescencia y desnaturalización de formas clásicas de democracia representativa (elecciones, poderes del estado, sindicatos, partidos políticos); instituciones y estructuras que pasan a ser plataforma de lanzamiento de emprendimientos público-privados para beneficio de pocos. Así surgieron, de abril a diciembre del ’99 asambleas, sectores autoconvocados, acampes y participación ciudadana directa, que con reclamos contra la corrupción y el autoritarismo, interpelaron e incomodaron al “orden establecido” con exigencias como la revocatoria de mandatos, y formas de gobierno a la “plebeya”.

Corrientes

Los procesos históricos son largos, con avances y retrocesos, y estas rebeldías primarias no lograron plasmarse , el sistema se recompuso y produjo castigos ejemplificadores. Sufrimos una feroz represión por parte de fuerzas de Gendarmería que generaron en la madrigada del 17 de diciembre de 1999, un operativo de pinzas por tierra y agua, en las inmediaciones del Puente General Belgrano, con sabotaje previo y la ciudad a oscuras. Los autoconvocados, y los vecinos de la zona que se acercaron a defender “territorialmente” a sus compueblanos, resistieron en la Avenida 3 de abril por casi 10 hs, a los gases, balas de goma y de plomo de la gendarmería. Jornada que culminó con treinta heridos por bala de plomo, decenas de presos y la muerte de Francisco Escobar y Mauro Ojeda. Luego vino la intervención federal de Ramón Mestre, que permitió que permanezcan en el poder quienes están hace casi 20 años, y en este lapso, muchos de los destinatarios del que se “vayan todos”, volvieron y se apoltronaron.-

Es por eso tan difícil sostener el reclamo, la memoria por los sucesos del ’99, que sabemos han marcado un antes y un después en el pueblo correntino.

Desde lo judicial, estuvimos derrotados de entrada. El amparo del poder, el encubrimiento y la complicidad hicieron posible que esté a cargo de la causa federal, el propio juez que ordenó la represión, junto con el entonces ministro del interior. El Juez Carlos Soto Dávila, nunca investigó, nunca escuchó a los testigos-víctimas que llevan las balas en su cuerpo, nunca se hicieron pericias en carteles y árboles de la avenida, cuyos impactos de balas, señalan claramente la orientación de los disparos, desde donde estaba asentada la gendarmería. Estas pericias –no hechas – desmitifican el relato oficial, de que nos matamos entre nosotros y no la gendarmería asesina. Soto Dávila cito como testigos a quienes debiera haber imputado (Comandante Ricardo Chiappe y ex Ministro Federico Storani) y así garantizo la protección de sus cómplices. Favor con favor se paga; Luego, el ex ministro del interior Federico Storani, como legislador fue miembro del Consejo de la Magistratura, garantizo impunidad ante posible juzgamiento político por este hecho. Hoy, la vida da sorpresas, y los favores de los gobiernos de turno requieren recambio de figuritas. Este juez corrupto perdió el favor de los que estaban y los que vienen quieren favorecer a otros. Hoy está al borde del juicio político por hechos de corrupción en torno a causas de narcotráfico. Pero el hecho de haber ordenado matar al pueblo correntino autoconvocado sigue impune. Este hecho no se menciona ante el Consejo de la Magistratura. El poder sigue protegiendo sus mecanismos de represión contra el pueblo.

Ante la falta de justicia a nivel federal, en el año 2005, la CORREPI, con el acompañamiento de organismos de derechos humanos locales, patrocinó las denuncias de 15 de las 30 familias víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde su admisibilidad , dos años después, y hasta la fecha, pasaron gobiernos de todos colores, y aún se tiene a los familiares, víctimas y damnificados, que sí, que sí, que el Estado se hace, te juro que se hace cargo!, pero no pasa nada. En 2012 Cristina Fernández de Kirchner anunció en Itatí, Corrientes, el acuerdo de solución amistoso y la admisión del reconocimiento de la responsabilidad política de esa represión. Mas allá del discurso, recién en 2014 se promulgó el decreto reconociendo la responsabilidad estatal y se designaron dos de los tres árbitros que deben determinar los daños y las reparaciones correspondientes. En febrero de 2016, Macri cumplimenta la instancia de hacer público este decreto y seguir con las acciones pertinentes.

Hoy, diciembre de 2018 (cuatro años más tarde y a 13 años del inicio de la presentación) la CIDH comunica que el estado argentino, y la querella han acordado la designación el famoso tercer árbitro.

Toda esta causa internacional ha tenido el peso principal de las acciones en las víctimas y sus patrocinantes, puesto en exigir al Estado Nacional ( en todas sus expresiones políticas de los últimos 13 años) acciones, reclamar reuniones, mandar cartas a Cancillería, a la Comisión Interamericana, y creemos ¿por fin! que estamos en las instancias finales en relación a la cuestión arbitral.

En el camino han quedado manipulaciones de las víctimas, apropiamientos ilegítimos de los reclamos y usos políticos varios, discursos inflamados, saludos con “sombreros ajenos”, e inacciones varias en lo que hace a reparación de calidad de vida, salud, vivienda .

El gobierno provincial, tendrá aún que acordar, con el gobierno nacional la articulación de respuestas a la grave situación socioambiental y de salud de las víctimas y su núcleo familiar. Es decir , proveer de soluciones concretas a sus necesidades materiales y de salud física y mental. En estos años, varios de los demandantes han fallecido ( Tony Alegre, José Luis Talavera) otros transitan graves problemas de salud, de vivienda.

Las pensiones asistenciales a las familias de Mauro y Francisco, no han tenido actualizaciones en estos años y tienen el irrisorio monto de 900$ .

Estos planteos, sistemáticamente se hicieron a los responsables del gobierno (nacional y provincial) de estos largos 19 años y aún no han tenido la respuesta adecuada.
Eso sí, de los políticos de entonces, toditos, todos, se reciclaron y están en la función política como si tal cosa. La justicia, y la verdad, brillan por su ausencia.

Hilda Presman – Red Corrientes Derechos Humanos.
Corrientes, 17 de Diciembre 2018
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