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Periodismo de Intervención social

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PRESOS POLÍTICOS

Un año tras las rejas por protestar en Santa Cruz

Un año. Ese es el tiempo de encierro que están a punto de cumplir cinco presos políticos, activistas del gremio de trabajadores estatales, en la provincia de Santa Cruz. Cuatro hombres que permanecen detenidos en varias comisarías y una mujer a la que se le concedió prisión domiciliaria debido a una enfermedad, acusados por un incendio que ellos niegan haber producido. Los hechos se sucedieron el 19 de octubre de 2013, mientras se desarrollaban las reuniones paritarias entre los gremios estatales y representantes del gobierno de Daniel Peralta. Luego de la manifestación que acompañaba el reclamo por aumentos salariales, el fuego copó el edificio de la subsecretaría de Planeamiento. La policía culpó y encarceló a varios de los manifestantes. Desde el campo de los trabajadores, denunciaron una zona liberada y el armado de una provocación que culminó con el fuego.(Por
Diego Rojas (@zonarojas)

Santa Cruz

“Nunca imaginé estar preso por reclamar por los salarios – dice a plazademayo.com Diego Reyes, de 31 años, detenido desde el 22 de octubre de 2013 -. Nosotros participamos de la protesta, pero no hicimos el incendio. Es más, cuando el incendio tuvo lugar, yo estaba en otro lado. Tanto es así que fui a trabajar como si fuera cualquier día las jornadas siguientes. Me detuvieron en la oficina donde trabajo”. Reyes cuenta que sufrió agresiones policiales ya detenido. “Apenas me encarcelaron hicieron una requisa. Nos golpearon a todos bruscamente. A mí me partieron el tabique, me cortaron la ceja y me volaron un diente, tuve fisuras en las costillas. El comisario mismo me amenazó con que si hacía la denuncia me llevaban a la celda de castigo”.

“Cuando se produjo el incendio yo estaba en la casa de mi vieja buscando un pescado que íbamos a hacer a la noche con unos amigos – dice Alberto Arteaga, de 27 años -. Yo había estado en la protesta. Estoy afiliado al gremio y estábamos reclamando por aumento de salarios. Nos están castigando por eso. Y por eso es que la causa es tan débil. Dicen que el incendio se produjo entre las cuatro y las seis de la tarde, sin precisión alguna, y es así que me encarcelan a mí sin ningún tipo de prueba. Somos el chivo expiatorio de la política del gobierno, a los que le sale más barato reconstruír un edificio quemado que dar respuesta a los reclamos de los manifestantes”.

“Hay cuatro detenidos en comisarías: Alberto Arteaga, Ernesto Apendino, Juan José Vera, Diego Reyes y Patricia Benítez, que cumple prisión domiciliaria – explica el abogado Enrique Papa -. Se los acusa de estrago doloso agravado y lesiones. Son todos activistas de ATE, algunos incluso eran paritarios. Las penas podrían ir desde los tres a los quince años de prisión. Ellos niegan su culpabilidad. Varias veces planteamos la excarcelación de mis representados. Es más, si se los condenara a la pena mínima de tres años, deberían haber sido liberados a los ocho meses de prisión. Esta es una causa política, buscan chivos expiatorios y han elegido a esta gente”.

El dirigente del Partido Obrero Miguel del Pla explica: “Son presos políticos. Fueron detenidos en una situación de protesta social, en un cuadro de crisis política muy aguda y enfrentamiento entre distintas líneas del poder político. Había sectores que estaban dispuestos a generar hechos de violencia para atribuirlos a los trabajadores”.

-El kirchnerismo no gobierna la provincia, ¿qué clase de operación política se habría buscado?

-No. El kirchnerismo tiene el poder. Salvo el gobernador, las intendencias, la mayoría de la cámara de diputados, el poder judicial y la gran mayoría del aparato estatal está en manos del kirchnerismo. Los jueces que condenan a trabajadores son aquellos que nombró el kirchnerismo. Incluso la jueza López Leston, que detuvo a los trabajadores de ATE, era prima de Néstor Kirchner. La criminalización de la protesta social es una marca del kirchnerismo y en este caso se replica.

Mientras se desarrolla una campaña para exigir la liberación de los presos de ATE, la Camara de Casación anunció la elevación a juicio oral de la causa.

LA INVESTIGACION POR LA DESAPARICION DE JORGE JULIO LOPEZ

La pista de los penitenciarios

Los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira pidieron que se indague a siete miembros del Servicio Penitenciario Federal, días atrás. Sostienen que cometieron irregularidades que habrían derivado en el desvío de la investigación sobre el destino de López. Como se recordará, Lopez fue un testigo fundamental en el juicio contra Etchecolatz y su patota. Así, la unidad que investiga los crímenes del terrorismo de Estado en La Plata busca retomar la pista de los efectivos del SPF en la causa que investiga la segunda desaparición del militante. (Por Ailín Bullentini/ Página 12)

JJL

Tras permanecer seis años desactivada, los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira solicitaron al juez que subroga el Juzgado Federal Nº 1, Adolfo Gabino Ziulú, que indague a siete funcionarios del SPF por haber cometido irregularidades en sus funciones que habrían derivado en el desvío de la investigación sobre el destino del militante, cuyo paradero se desconoce desde septiembre de 2006. “La conducta desarrollada por los imputados entrañó consecuencias que, en el contexto aquí expuesto, revisten suma gravedad, como es la imposibilidad de desarrollar diversas líneas de investigación verosímiles en la desaparición de Jorge Julio López”, señalaron los fiscales en su pedido.

En los días en los que Julio López volvió a desaparecer –entraba en su etapa final el juicio del que fue testigo fundamental contra los verdugos que lo habían desaparecido y torturado durante la última dictadura cívico militar, entre ellos el ex bonaerense Miguel Etchecolatz–, Diego González, Rubén Medina, Aníbal y Marcelo Cuenca, Héctor Altamirano, Carlos Grassini y Diego Díaz trabajaban en el penal de Marcos Paz. Desde aquel septiembre y hasta 2008 estarían bajo la lupa de la Justicia, enredados en la investigación por el paradero de López. Disfrutaron de la falta de mérito con los que el ex juez Arnaldo Corazza les dio aire hasta la semana pasada, cuando los fiscales Molina y Nogueira decidieron que algo en sus comportamientos como funcionarios públicos no había estado bien por aquellos años.
Los fiscales buscan consultar a estos ex funcionarios del SPF por algunas “diferencias” que detectaron entre los libros de visitas de Marcos Paz y del pabellón donde están alojados los imputados y condenados por delitos de lesa humanidad. “Las discrepancias no sólo son numerosas, sino también de una profunda gravedad. Existe una gran cantidad de inexactitudes entre los registros aportados por el SPF, que van desde simples diferencias en los nombres o número de documento, hasta personas que aparecen ingresando al pabellón sin haber sido registradas al ingreso del penal”, argumentaron Molina y Nogueira en el pedido enviado a Ziulú. Incumplimiento de funcionario público fue la imputación que les dedicaron para requerir sus indagatorias.
Por estas diferencias entre los registros de visitas de 2006, pero además por serias irregularidades en la actuación del SPF respecto de la información que le solicitó la Justicia sobre líneas telefónicas utilizadas por acusados y condenados por violaciones a los derechos humanos, estos y otros funcionarios de la institución fueron investigados. El penal, incluso, fue requisado y allanado en 2007: en su libro Los días sin López, los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot detallan que el juez a cargo, por entonces, de la investigación, Corazza, notificó de la primera medida al Ministerio de Justicia nacional y la información llegó al SPF, mientras que el segundo allanamiento, con previo aviso sólo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria –por entonces a cargo de Marcelo Saín–, tomó por sorpresa a Marcos Paz. Los datos obtenidos, sumados a un informe de la Secretaría de Derechos Humanos elaborado en aquel año en el que acusaba a los penitenciarios en la mira de tratar con privilegio a los genocidas permitió encender la alarma: ¿estaban los carceleros queriendo protegerlos de la investigación por la desaparición de López? El entonces fiscal del caso, Sergio Franco, pidió la indagatoria de los penitenciarios, pero la ansiedad duró poco. Corazza durmió la causa un año y, cuando despertó, dictó la falta de mérito y desactivó la línea.
Ahora, la unidad especializada en los delitos del terrorismo de Estado, busca retomarla a partir de una relectura de todo lo actuado: intentan determinar la “posible responsabilidad de fuerzas de seguridad en mecanismos que tienden a impedir el accionar de la Justicia sobre los delitos de lesa humanidad”, destacaron los fiscales.

LOS IBAN A DEPORTAR

Hallan extranjeros presos y sin causas judiciales

Funcionarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación, recientemente, fueron a las distintas cárceles federales para monitorear las condiciones de detención de los internos. Por lo general, todos los días se presentan por sorpresa, pero ese día se iban a encontrar con algo que nunca habían visto. En los calabozos que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tiene en Ezeiza, de 1,8 por 1,5 metros y con solo una cama de cemento y rejas del techo al piso, había dos detenidos: uno peruano y otro dominicano. Ambos estaban próximos a ser expulsados del país y, a pesar de que ley de Migraciones dice que se debe informar de inmediato sobre cada detención, en los dos casos, ningún juez había sido notificado de sus situaciones. (Por Nahuel Gallotta/Clarín)

PSA

Por el caso del detenido de nacionalidad peruana, desde Procuración llamaron a la Secretaría del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°8 y desde allí les dijeron que nadie les había informado de la detención. Había llegado el 26 de agosto a la celda. Antes había pasado varios días en una comisaría.

Lo detuvieron cuando tramitaba su DNI**

Después declaró que trabajaba vendiendo ropa en Florencia Varela y quería regularizar su situación migratoria y que por eso fue a tramitar su documento. A fines de junio había recuperado su libertad en la Unidad 4 de La Pampa tras haber cumplido dos años de condena por una tentativa de robo simple. Para regresar a su casa hasta le habían facilitado el pasaje a Buenos Aires. Cuando lo detuvieron en Migraciones le dijeron que la expulsión sería en los próximos siete días. Por eso – dijo – “no entendía nada”.

El dominicano caminaba por la Plaza San Martín con un amigo cuando miembros de la Comisaría 15 le pidieron sus documentos. Fue el 21 de agosto. Como no los tenía, lo detuvieron y a los cuatro días fue trasladado a la celda de la PSA. En su declaración, contó que trabajaba como pintor, que se había casado con una argentina en el 2000 y que desde esa fecha había viajado dos veces a su país con la libreta de casamiento y que al regresar nadie se lo impidió. También declaró que un abogado le había cobrado 1.500 dólares para tramitar su DNI y que había desaparecido con su dinero.

Ninguno de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federales fueron notificados de los dos casos. Tampoco la Defensoría Pública Oficial ni la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. “Si no nos hubiésemos presentado en las dependencias de PSA habrían sido expulsados del país y nadie se enteraba. Lo peor es que ninguno de los dos estaba cometiendo un delito cuando los detuvieron. Estaban a cargo del Poder Ejecutivo sin conocimiento del Poder Judicial. Ni siquiera habían tenido la visita de un defensor oficial para defenderlos y contarles la ilegalidad de la detención y expulsión”, dice Ariel Cejas Meliare, director general de Protección de DD.HH. de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que presentó habeas corpus para que se investigara el posible delito de privación ilegítima de la libertad.

“Lo que nos preocupa es la forma”, dijo el Cónsul General de Perú, Embajador Marco Núñez Melgar. “¿Tú crees que si mi compatriota moría en esa celda me iban a avisar? Yo no sé qué habrían hecho con el cuerpo si él moría y nadie estaba enterado de su detención … Y ahora me surge la duda de si ya ha habido otros casos y nunca nos enteramos”.

David tiene 47 años (su nombre no es real) y se comunica con Clarín desde la celda de la PSA. Es el peruano que continúa detenido desde hace 45 días. Cuenta que el último sábado fue liberado el dominicano.

“Yo me presenté en Migraciones. Quería tramitar mi DNI porque quería viajar a Lima a ver a mi familia. Llevé certificado de antecedentes, de domicilio, todo lo que te piden y al rato me dijeron que estaba retenido. No entendía: el secretario del Juez de Ejecución 3 me había dado el certificado diciendo que estaba limpio, y que no había orden de deportación”.

“A nosotros nos resultó extraño. Porque todos los días nos informan de detenciones de peruanos. Nosotros entendemos que quieran expulsar extranjeros que cometen delitos, lo que no compartimos es la forma en que lo estaban haciendo. Esto no se vio nunca en el país, ni en el mundo”, confiesa José Pacheco, cónsul adscrito.