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Periodismo de Intervención social

LA CPM PRESENTÓ UN INFORME DONDE DEJA AL DESCUBIERTO LA RESPONSABILIDAD ESTATAL EN LA MUERTE DE DIEZ PERSONAS.

Masacre de Esteban Echeverría: una bomba de tiempo clausurada que explotó

(Por Leandro Albani para La tinta) El 15 de mayo pasado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un extenso informe sobre la Masacre de Esteban Echeverría, perpetrada el 15 de noviembre de 2018 por la policía bonaerense en la comisaría tercera de Transradio, donde fueron asesinadas diez personas privadas de su libertad. En Esteban Echeverría, se repitieron de manera sistemática los mismos hechos que en la comisaría primera de Pergamino, ocurridos el 2 de marzo de 2017, donde siete detenidos murieron asfixiados y quemados por la inacción policial. Como si los uniformados bonaerenses pusieran en práctica un manual sobre la solución final escrito por jerarcas de la Alemania nazi, en Pergamino y en Esteban Echeverría, observaron con pasmosa tranquilidad cómo un grupo de personas moría por la falta de oxígeno y consumido por el fuego. Las víctimas mortales en Transradio fueron Eduardo Rogelio Ocampo (60 años), Jorge Luis Ramírez (30), Jeremías Rodríguez (19), Juan Bautista Lavarda (59), Elías Soto (20), Miguel Ángel Sánchez (31), Juan Carlos Fernández (31), Walter Barrios (21), Carlos Ariel Corvera (25) y Fernando Martín Argüello (33). Tenían un promedio de edad de 33 años y todos superaban las 48 horas de detención en la comisaría. Casi la mitad llevaba más de cuatro meses encarcelados en Transradio, pese a que la Corte Suprema de Justicia prohibió este tipo de detenciones.

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NI FATALIDAD NI CASUALIDAD
En el momento de la masacre, la comisaría tercera se encontraba clausurada por seis órdenes de distintos juzgados y tribunales. Pese a estas medidas, en la seccional, había alojadas 26 personas en tres calabozos. La comisaría apenas tenía capacidad para encerrar a diez detenidos.

Según el informe de la CPM, en Transradio, “no existía una red de prevención de incendio”, el establecimiento “solo contaba con dos matafuegos cuyas cargas estaban vencidas”, además de brillar por su ausencia un “plan de contingencia” y elementos adecuados para intervenir en caso de incendio, “como trajes antiflamas, máscaras”, y la total ausencia de una salida de emergencia rápida y adecuada.

A este panorama de decrepitud, se suma que las instalaciones eléctricas eran precarias y, en los calabozos, había colchones de goma espuma (prohibidos por la Corte Suprema) “altamente inflamables y tóxicos”. Tampoco existía personal suficiente y capacitado, pero sí sobraban personas detenidas que sobrevivían en el peor de los hacinamientos.

El día de la masacre, en la celda 1 –de apenas nueve metros cuadrados y donde se produjo el incendio-, había doce personas, nueve en el calabozo 2 y cinco en la celda 3, denominada “buzones”. La celda 1, según la CPM, “no contaba con instalaciones eléctricas seguras para garantizar una adecuada iluminación artificial, por ello, debían extender un alargue conectado a un enchufe en una de las oficinas. Esto implica que la disponibilidad de luz eléctrica estaba sujeta a la discrecionalidad del personal policial, lo que generaba discusiones y problemas habituales”.

Los relatos de los sobrevivientes confirmaron que, en la comisaría tercera, pasaban los días en condiciones degradantes, con una alimentación deficiente, una atención médica nula y sin posibilidades de acceder al aire libre. En su investigación, la CPM aseguró que la comida que consumían los detenidos era provista por sus familiares, como también los elementos de higiene y ropa de cama. “Los agentes policiales no retiraban las bolsas de basura de los calabozos todos los días, por lo que, habitualmente, convivían con sus propios residuos”, denunció la comisión. En el caso de la celda 3, ni siquiera había un inodoro, por lo cual los detenidos “se veían obligados a orinar y defecar delante de sus compañeros y dentro de bolsas de nylon o botellas plásticas”.

La CPM fue contundente en definir que lo que sucedió en Esteban Echeverría no fue un accidente, sino una masacre “de la que el Estado es su máximo responsable, porque se inscribe en una larga secuencia de decisiones y omisiones políticas”. “No es producto de la fatalidad o la casualidad –aseveró el informe de la CPM -, sino de una política criminal asentada en la saturación policial de los territorios y el incremento del encarcelamiento. Las personas detenidas en cárceles, alcaidías y comisarías superan récords cada mes: en noviembre de 2018, llegó a casi 50.000”.

SOBREVIVIR AL INFIERNO

Como sucedió en la masacre de Pergamino, en Esteban Echeverría, hubo víctimas mortales, pero también sobrevivientes que, aunque en muchas ocasiones se los olvide en el frenesí de las noticias, son víctimas que quedaron en el desamparo total. En la comisaría de Transradio, esas víctimas fueron 19. En el informe, la CPM recogió los testimonios de varios de ellos que, con contundencia, confirman que ninguno de los policías intentó una mínima acción para rescatarlos. Resguardando sus nombres y apellidos –porque, en su mayoría, fueron trasladados a penales donde son hostigados por los agentes del servicio penitenciario-, los testimonios presentados por la CPM no dejan lugar a dudas sobre lo que sucedió.

“Se escuchaba un griterío, un griterío realmente desgarrador. Yo nunca había escuchado gritos así. Cuando uno se pone a pensar un poquito lo que es quemarse vivo, es desgarrador. Y no había salida, no había salida. No había dónde meterse, no había dónde correr. Los colchones prendieron muy rápido. El humo te deja sin aire, el aire que aspirás lo aspiraste y, en la segunda aspirada, ya no… Fue un tiempo corto, pero muy desgarrador. Y, de repente, quedó todo en silencio”.

“Pronto, empezaron a gritar los compañeros de la celda 1, gritaban: ¡por favor, ayuda, abran la puerta que nos estamos prendiendo fuego! Y no podíamos hacer nada, se estaban prendiendo fuego y no pudimos hacer nada. Tuvimos que ir al baño y taparnos con trapos para aguantar la respiración, porque nos estábamos ahogando y no podíamos ayudarlos porque estábamos ahí encerrados y no venía la gente a ayudarles para abrir los candados. La verdad que tardaron mucho”.

“Les pedimos que abran la llave que prende la bomba porque no había agua, teníamos un bidón nomás que nos había traído la visita y tiramos el bidón de agua, pero no llegó a apagar, y, cuando llegó a la mitad, el colchón se cayó y ahí empezó a agarrar las sábanas, las cosas que teníamos colgadas, todos los bolsos colgados en la pared porque no había lugar”.

“Hasta que empezó a arder todo alrededor del baño, empezó a arder todo, las paredes se empezaron a calentar y empezó a haber un vapor muy fuerte, como si estuvieras adentro de un horno, y nos empezó a cocinar de a poco. Yo me acuerdo que estaba todo negro, ya no se veía nada y el humo te quemaba la garganta, y el fuego las paredes, te quemaba todo lo que tocabas, las paredes, todo, todo el aire te quemaba, todos gritando, todos pidiendo auxilio, todos pidiéndole a los encargados que abran las rejas. Nadie tiró agua después de 20 minutos que estuvimos ahí quemándonos”.

“Empezaron a sacar a los detenidos de la celda 1, los sacaban arrastrándolos, los que pudieron salieron caminando, eran tres o cuatro. Como el resto estaba inconsciente, desmayados, los sacaban lo más rápido que podían para afuera”.

“Sacan a uno de los chicos quemados en carne viva, lo sacan prácticamente a upa, lo esposan. No sé para qué, el pibe no iba a ir a ningún lado. Lo dejan en el patio y se muere ahí esposado”.

La CPM agregó que, cuando los sobrevivientes fueron entrevistados, todos atravesaban cuadros postraumáticos o depresivos graves, potenciados por la imposibilidad de generar ingresos o conseguir trabajo para colaborar con sus familias. A su vez, muchos de los detenidos “sienten una culpa derivada de preguntarse si pudieron haber hecho algo más e, incluso, de ser sobrevivientes”. Quienes quedaron en libertad después de la masacre, se aíslan o no salen de sus casas. Cuando lo hacen, generalmente para recibir atención médica, “tienen que pasar por la comisaría y eso refuerza los sentimientos de angustia, impotencia y bronca por la desidia a la que fueron expuestos”, apuntó la CPM.

QUE VIDAL Y RITONDO NO MIREN PARA OTRO LADO”

Matilde Rojas, la mamá de Elías Soto, sabe que lo sucedido en la comisaría tercera de Transradio no fue una fatalidad o una tragedia, como muchos medios de comunicación y funcionarios se empecinan de calificar el asesinato de diez personas. En diálogo con La tinta, Matilde recuerda que, luego de la masacre, “rápidamente, nos reunimos los familiares con la CPM y los familiares de Pergamino, que viajaron a solidarizarse con nosotros. A la semana, marchamos con los familiares, amigos y organizaciones que nos apoyaron, y salimos a la calle a pedir justicia”.
Como ocurrió en Pergamino y, recientemente, en San Miguel del Monte, los familiares de las víctimas se encargaron de desmontar, de forma urgente, el discurso oficial sobre motines o peleas entre detenidos que finalizaron en muertes, obviando la responsabilidad policial.

“Todos los días 15, marchamos a la comisaría, a la fiscalía y, cuando se cumplieron los seis meses, hicimos una radio abierta –cuenta Matilde -. También, colocamos unas baldosas en memoria de los 10 en la comisaría, que las hicimos junto a un colectivo de educación. Además, hicimos un mural en la plaza de la memoria”.

Después de seis meses, para Matilde, el poder judicial dio “muy pocas respuestas”. “Vemos que la investigación no avanza mucho. Queremos que los policías sean investigados y que el Estado se haga presente. Murieron 10 personas en un lugar que estaba clausurado, donde no se cumplía la ley, donde no tenían matafuegos, no había colchones ignífugos, donde no se podía estar humanamente. No queremos que esto quede en la nada”.

Matilde todavía mantiene latente las palabras que le dijo el fiscal de la causa: los responsables de lo ocurrido fueron los “tres de los chicos que prendieron el fuego”. “Si no fuera que nosotros no nos quedamos con esa versión, el caso ya estaría cerrado”, remarca la mamá de Elías.

El 17 de mayo pasado, la CPM recusó al fiscal Fernando Semisa por “falta de imparcialidad, objetividad y equilibrio en la investigación” de la masacre. En un comunicado, la comisión explicó que, desde “un comienzo, la acción de la fiscalía se direccionó a poner a las propias víctimas como responsables de la masacre; seis meses después, poco avanzó en las responsabilidades funcionales y políticas que ocasionaron la peor masacre en comisarías de la provincia de Buenos Aires”.

Para Matilde, no hay dudas de que los policías de Transradio “no quisieron hacer nada para evitar lo que pasó y los dejaron morir”. Además, apunta que los uniformados no dejaron ingresar a la comisaría a los bomberos y, cuando lo hicieron, “retrasaron todo”. El cuartel de bomberos está pared de por medio a la comisaría.

“Como mamá de Elías, solo pido que se haga justicia. Mi hijo estaba pagando lo que había hecho –dice Matilde-. Estaba esperando ser trasladado a un penal, porque se hizo cargo de lo que hizo y estaba pagando las consecuencias. Quiero que los policías sean investigados y que Vidal y Ritondo no miren para otro lado”.
El dolor que carga la mamá de Elías es imposible de describir. Sus propias palabras, tal vez, den una idea de los días que vive: “Yo estoy con el corazón destrozado, con una gran tristeza. A mi hijo le prometí, en la sala de terapia, donde solo funcionaba su corazoncito a paso lento, ahí le dije al oído que se vaya tranquilo, que su mamá iba a hacer justicia por él y sus compañeros. Aunque, muchas veces, quiero caerme, después me levanto y sigo pidiendo justicia, porque no se merecía todo lo que le pasó. Yo sé que lo voy a lograr y ahí podré ir en paz a reencontrarme con él”.

Como última reflexión, Matilde afirma: “Que esto no pase nunca más, pero, cuando digo nunca más, que sea nunca más, porque siguen matando pibes en manos de la policía”.