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Periodismo de Intervención social

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ESTEBADO 29/11 inauguramos el Monumento! desde las 11, Autopita Richieri y Camino de Cintura. Recordamos que la fecha era el pasado sábado pero el evento se suspendió debido al mal tiempo. Esperemos el clima esté de nuestro lado, ¡los esperamos para seguir homenajeando a nuestros compañeros detenidos-desaparecidos, presentes!

Compañeros APDH La Matanza

Última modificación: 28 de noviembre de 2014 a las 13:27

¿Por qué tenemos que ir hoy a Plaza de Mayo?

Tenemos que ir a Plaza de Mayo: Por cada pibe asesinado, por cada trabajador represaliado, por las compañeras que no están, por cada compañero que sigue firme en la lucha. Los esperamos.&&&&&&&&&&&

Historia y presente
En de abril de 1996, el presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo.
Enseguida, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.
Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, trajo la propuesta: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”.
Cerca de fin de año, habíamos reunido datos de 262 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983. Allá nos fuimos, un puñado de compañeros con un megáfono y el recién nacido ARCHIVO DE PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL abajo del brazo.
La repercusión que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto vimos que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, motivó a CORREPI a sostener sistemáticamente la actualización del Archivo, y a reiterar cada año la presencia en Plaza de Mayo.
Dieciocho años después, el acto anual de CORREPI en Plaza de Mayo se ha convertido en la instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca a la militancia de todos los sectores y a muchísimos compañeros y compañeras que nos acompañan cada año.
Hoy, 28 de noviembre, estaremos desde temprano, armando stands, colgando guirnaldas con las fotos de los pibes, llenando de banderas y pancartas la plaza. A las cinco de la tarde empezarán las intervenciones artísticas con el aporte invalorable de las organizaciones culturales compañeras que siempre están con nosotros. A las seis, empezará el acto, con los referentes de las más destacadas luchas obreras del año; con los espacios de coordinación donde hacemos el tan necesario aprendizaje de la coordinación y la unidad de acción frente al enemigo común; con las organizaciones hermanas del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo). Luego, el momento de los “datos duros”, como dicen los periodistas. Duros porque nos matan un pibe por día en las barriadas, duro porque el 51% tenían menos de 17 años, duro porque en la Puna, la Patagonia, la Cordillera o el Litoral, la represión es política de estado. Y los compañeros familiares, que harán su intervención marcados por las dos grandes ausencias que nos dejó este año, Delia y Mary.

Última modificación: 28 de noviembre de 2014 a las 11:04
MISIONES

La policia sigue torturando

(APL)Actualizado a noviembre de 2014, este informe de Revista Superficie – originalmente presentado en marzo- toma sucesivas denuncias registradas en los últimos cuatro años contra efectivos de la Policía de Misiones por casos de golpizas, torturas e inclusive robos. El relevamiento se realizó sobre casos que fueron publicados en la prensa y arrojó como resultado: 20 muertes en dependencias policiales y 41 denuncias por torturas y abusos policiales contra medio centenar de personas en toda la provincia. En casi todos los casos las víctimas fueron varones, jóvenes, trabajadores, y militantes sociales.(Por Cecilia Rodríguez/Revista Superficie)

Misiones

Pocos días después, tal como lo publicara revista superficie, Miguel Pezuk (20) y su padre Mario Pezuk (48) se presentaron ante la Fiscalía de Instrucción Nº 4 de Apóstoles, para denunciar que en la Comisaría de Azara fueron detenidos y torturados inclusive con picanas. Estos hechos ocurrieron el mismo 24 de Marzo, mientras en todo el país se conmemoraba el Día Nacional de la Memoria.

El 19 de julio de este año, Carlos Guirula fue asesinado a golpes poco después de ser detenido por policías de la provincia en la ciudad de Posadas.
Ante todos estos casos la postura oficial, encabezada por el Ministro de Gobierno Jorge Franco —el máximo jefe político de la policía de la provincia de Misiones— ha sido la de minimizar los hechos, situar la sospecha sobre las víctimas, ensayar imposibles justificaciones y, rotundamente, mirar para otro lado.
A principios de agosto y en medio del debate mediático provocado por el asesinato de Guirula, el ministro concurrió al programa “La mesa grande” que emiten en conjunto Radio República y Canal 12 de Posadas. En su intervención defendió la aplicación de “mano dura” por parte de la policía a su cargo. Entre otras perlas dijo: “…la policía está bien así y va a seguir así, la policía tiene que ser así (…) Ustedes que van siempre a Brasil, en Brasil cómo es?, en Brasil la policía pega primero y después conversa”.

Tal como lo indica el ministro y con su aval político, la policía pega primero y luego amenaza. En las últimas semanas, al menos tres denuncias sobre graves hechos volvieron a ser difundidas por diferentes medios en distintos lugares de la provincia.
El 20 de octubre pasado, el joven Sergio Gabriel Fayón (22), residente en Puerto Rico, denunció a policías de la localidad de Garuhapé Mí por haberlo agredido a golpes y patadas en la comisaría.

Todo comenzó con un altercado callejero con una persona que lo agredió con una cachiporra y le fracturó el dedo pulgar. Cuando concurrió a la comisaría a realizar la denuncia se encontró con su agresor del otro lado del mostrador. Inmediatamente fue apresado y ferozmente golpeado en una celda por varios policías. Después lo dejaron incomunicado hasta que su padre fue a buscarlo al día siguiente.
Entonces, la violencia psicológica se sumó a la violencia física que ya había soportado Sergio Gabriel Fayón “…fijate pibe que yo te pego un balazo y te tiro por ahí y nadie va a saber qué fue lo que pasó con vos, así que te conviene no contar nada…” le dijo el policía cuyo apellido sería Duarte.
Por su parte, la médica policial que lo revisó consignó en el acta que las lesiones que presentaba Fayón se debían a “una pelea callejera”.

Paradójicamente, la intimidadora advertencia del policía fue realizada en los días posteriores a la “aparición” del cadáver de Luciano Arruga, cinco años después que se denunciara su desaparición en manos de la policía bonaerense.

Pocos días antes, dos detenidos debieron ser internados en estado de suma gravedad en la localidad de San Vicente. Mario D. (33) y Gabriel T. (30) llegaron al hospital de esa localidad provenientes de la Comisaría Primera. Posteriormente realizaron la denuncia, que fue caratulada por la Justicia como “apremios ilegales”, figura jurídica mucho más leve que la de “tortura”, si bien las lesiones que presentaban son pruebas contundentes de la sesión de tortura a la que fueron sometidos ambos denunciantes.
En Posadas el joven Nicolás Enríquez denunció que un grupo de efectivos policiales lo detuvieron cuando estaba esperando el colectivo, lo golpearon esposado y lo torturaron provocándole asfixia por ahorcamiento y golpeándolo repetidamente. El joven realizó además de la denuncia judicial una denuncia pública en la que detalló el estado de angustia e indefensión en que se encontró mientras lo golpeaban estando esposado: “no sabía que hacer, estaba a merced de la tortura digamos…” le relató el joven a Misiones Cuatro el 10 de noviembre.

También contó que fue amenazado: “Vino un policía y me dijo: ´escuchame una cosa, cabeza, si vos llegás a denunciarme a mí o a todos los que están acá, nosotros te vamos a ir a buscar y ahí nos vas a conocer de verdad, y al tal Correntino ése que se agarró con vos, no te vamos a defender más, vamos a dejarle que te haga lo que quiera…”

La postura oficial de restar importancia a estos hechos no solamente contrasta con la realidad sino que deja el camino abierto para que sigan ocurriendo. De esta manera, se siguen dando estas graves situaciones en nuestra provincia y, las víctimas, además de la traumática experiencia de la tortura, se enfrentan a la evidencia de su indefensión ante una fuerza policial que las amenaza y se muestran libres de hacer lo que les plazca, mientras su jefe político niega los hechos.

Cifras Negras
En julio de 2014, luego de conocerse las atroces circunstancias en que fuera asesinado Carlos Guirula, la periodista Alicia Rivas entrevistó al ministro Franco, quien entre otras temerarias afirmaciones sostuvo que “no hay casos de tortura en la provincia”. El ministro dice basarse en la escasa cantidad de denuncias realizadas por casos como ésos.

Sin embargo, la baja cantidad de denuncias no refleja la inexistencia de la tortura, por el contrario, puede expresar la eficacia de la tortura como forma de amedrentamiento y la cerrada impunidad que existe alrededor de estos casos.
Especialistas en el tema consideran que la escasa cantidad de denuncias sobre estas situaciones responde a varias causas, entre las cuales, el temor a la represalia se ubica en primer lugar, sobre todo tratándose de casos en los cuales la impunidad de los hechos denunciados es un dato casi absoluto.
La falta de expectativa de que la denuncia sirva para lograr el castigo a los autores, también incide en forma negativa, sobre todo porque en la mayoría de los casos quienes deben dar curso a la actuación pertenecen a la misma institución que los denunciados y porque la mayoría de las veces las denuncias no son investigadas.
Estas circunstancias están tan bien probadas en términos estadísticos que han sido volcadas en los fundamentos para la creación de diferentes mecanismos estatales para la erradicación de la tortura, tales como la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en el ámbito nacional y diferentes mecanismos provinciales de prevención de la tortura.
Si a eso se le suma la renuencia judicial a caratular a tales hechos como “tortura”, se puede ver que los pocos casos denunciados se diluyen en una serie de carátulas menores como “abuso de autoridad”, “severidades”, “apremios ilegales” que raramente son instruidas y rápidamente quedan archivadas. Esa actitud de la Justicia a la hora de caratular y buscar sanciones a los hechos denunciados también ha sido caracterizada como uno de los factores que ayudan a la permanencia de esas prácticas e inclusive a la impunidad de casos de asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad.