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GÉNEROS

Libertad a Yanina González

Lulú tenía dos años cuando Alejandro Fernández la asesinó a golpes. A pesar de tener denuncias por violencia de género la Justicia no lo investigó ni imputó por el caso. En cambio, llevará a juicio a la mamá de la nena, Yanina González, por abandono de persona. El debate oral y público comenzará el lunes 23 en los tribunales de San Isidro, Ituzaingo 340, donde se concentrarán diversas organizaciones que exigen la libertad de Yanina.(Por Jésica Farías -Marcha)

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Agosto de 2013. Una casa en la localidad de Derqui. Tres personas: Lulú, Yanina González y Alejandro Fernández. Con la niña convaleciente, fue la madre quien pidió socorro. A los gritos alertó al barrio. Cargaba a la nena y una gestación de seis meses. Mientras ella buscaba ayuda, él decía que el culpable era el papá de la chiquita. Después, y al comprobarse que éste vio por última vez a la pequeña cuatro semanas antes del hecho, se desdijo y cargó contra su pareja, quien no tenía antecedentes por malos tratos. Y en ese marco, la titular de la Unidad Funcional Especializada (UFE) en Violencia de Género del Departamento Judicial de San Isidro, Carolina Carballido Calatayud, inculpó a la madre por “abandono de persona”, es decir, la responsabilizaron por la muerte pero no se la atribuyeron. Y liberó al hombre que contaba con un prontuario doloroso: maltrataba a las/os hijas/os de sus novias cuando éstas se negaban a tener relaciones sexuales. Una vez llegó a revolear a un bebé por el aire ante un “no”.

“Frente al femicidio, la justicia patriarcal le atribuyó ese delito a Yanina González porque considera que la madre es la única garante de vida”, señalaron al respecto desde la Comisión por la Libertad de Yanina, que acciona por el esclarecimiento del caso, procurando justicia para Lulú y su madre, pero también para Tiziana quien nació en la Unidad 33 de Los Hornos, La Plata. Yanina estuvo cautiva desde agosto de 2013 hasta diciembre pasado, cuando la “beneficiaron” con la prisión domiciliaria. Sí, ellas tras las rejas y Alejandro Fernández, el femicida, libre y amenazando a las personas que brindarán testimonio en el juicio que se desarrollará en los tribunales de San Isidro (Ituzaingó 340) desde el 23 hasta el 25 de febrero. La posible condena abruma: podría recibir una pena de al menos 8 años de cárcel. Sí, ellas con temor y encerradas y él, como uno de los principales testigos del debate oral y público.

¿Puede decirse que Yanina abandonó a Lulú? ¿Acaso los intentos desesperados por devolverle el aliento a la niña pueden juzgarse como un desentendimiento? ¿La fiscal tuvo en cuenta que la autopsia, la que reveló que la pequeña murió a causa de traumatismos craneoencefálico y torácico, demostraba que fuera de esos golpes la nena estaba en óptimas condiciones de salud? Lejos de investigar la acción, es decir, el femicidio vinculado; Carballido Calatayud se centró en determinar si González era buena o mala madre. “No alcanza con ser pobre ni con ser mujer porque siempre hay algo más para cargar culpas ajenas”, dijo a Marcha Cecilia Raspeño, integrante del Centro Comunitario Gallo Rojo de San Miguel, espacio que insiste en la libertad de la joven. Yanina desde hace dos meses adquirió el derecho a la prisión domiciliaria y tobillera electrónica en la pierna, pasa sus días en una casa del conurbano bonaerense (que preferimos no nombrar ante las amenazas de Fernández) en donde el acompañamiento se contrapone con un pasado descuidado, uno que dejó dolorosas secuelas.

Yanina se crió en la calle, en un contexto de violencias e indiferencia: pasó del maltrato paterno al de sus parejas, como quien entrega del brazo y en el altar a la novia. Pero su relación con su hijo e hijas no tuvo ni un golpe. Desde Gallo Rojo recuerdan el vínculo que tenía con Lulú, la que aprendió a caminar en un campamento que el Mocase organizó en Santiago del Estero y al que asistieron como parte del espacio sanmiguelino.

“La justicia es siempre perversa con las minas pobres”. Lo dice Carina, quien acompaña a Yanina en la domiciliaria. Le dio cobijo en su casa, una pequeña pero que se vuelve gigante a la hora de atender y entender necesidades. Ahí, la joven celebró la Navidad, recibe visitas, juega a las cartas, ve crecer lejos de los muros a Tizi y sueña con un terreno para ellas.

También es donde espera el lunes 23 la decisión de los magistrados Lino Mirabelli y Esteban Andrejin y de la jueza Clarisa Moris, del Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro. Estará representada por la abogada Gabriela Conder, quien asumió la defensa hace casi un año, después de que la primera letrada le dijera a González que lo mejor sería que no declarase. Y de cara al juicio, la Comisión promueve acciones para ir por la liberación y el esclarecimiento del femicidio vinculado de Lulú.

“Entre lo que exigimos, además de la libertad, es una reparación por la historia íntegra de violencia que sufrió Yanina desde que nació y por el tiempo que tuvo que pasar privada de su libertad sin sentencia firme y con un juicio patriarcal y misógino; y, por otro lado, una acción institucional a la Justicia contra la fiscal Carballido Calatayud por ésta y otras causas que demuestran una y otra vez que una persona así no puede estar a cargo de una fiscalía especializada en genero”, finalizó Rosario Castelli, integrante de la Comisión.

Mucho ruido

Las organizaciones sociales e independientes que forman parte de la Comisión convocan a participar de una jornada intensa en los alrededores de los Tribunales sanisidrenses el lunes 23, desde las 9 de la mañana, para apoyar a Yanina González en el indebido juicio pero también para centrar la vista en el femicida y en la fiscal. “Ante la violencia machista, autodefensa y justicia feminista”, invitan. Y así le ponen el cuerpo: porque si tocan a una, “respondemos todas”.

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CORRIENTES- FORO SOBRE LA LEY FEDERAL DE CULTURAS

Aportes de Yajá Porá, Red de Derechos Humanos y Dirección de Bibliotecas en Contexto de Encierro

(APL)El Foro de elaboración participativa de la Ley Federal de las Culturas que desarrolla en todo el territorio nacional el Ministerio de Cultura la Nación se realizó en la ciudad de Corrientes, el pasado 18 de febrero en el Salón Iberá del Hotel de Turismo. En la oportunidad, el debate recibió los aportes del Colectivo en Contexto de Encierro, la Red de Derechos Humanos y la Dirección de Bibliotecas en Contexto de Encierro. “Queremos compartir la inquietud de ampliar el horizonte desde el que se concibe la producción y la gestión cultural. Por una cuestión de justicia creemos que es necesario considerar espacios y actores tradicionalmente marginados de posibilidades de expresión y canales de acceso a los bienes culturales. La cárcel como institución y quienes en ella cumplen condena o esperan sentencia es quizá el más paradigmático de dichos espacios”. Así empieza uno de los escritos de estos luchadores, cuyo texto completo bridamos e continuación.

Corrientes

Queremos compartir la inquietud de ampliar el horizonte desde el que se concibe la producción y la gestión cultural. Por una cuestión de justicia creemos que es necesario considerar espacios y actores tradicionalmente marginados de posibilidades de expresión y canales de acceso a los bienes culturales. La cárcel como institución y quienes en ella cumplen condena o esperan sentencia es quizá el más paradigmático de dichos espacios.

El interés en participar de este foro reside en la necesidad de reflexionar “lo cultural” en la cárcel que se manifiesta desde una doble vía, como potencia pero también como carencia. Por un lado, como un complejo cauce por el que circulan y se cruza un cúmulo de saberes, prácticas y costumbres que son al mismo tiempo ancestrales y contemporáneos, rurales y urbanos, de distintas regiones y trayectorias vitales, sumamente diversos, contradictorios y ricos. Paradójicamente y a pesar del contexto represivo que se imprime principalmente sobre los cuerpos, en la cárcel pueden convivir vestigios de lenguas nativas y la oralidad es aún aquí una rica fuente de anécdotas, mitos y leyendas. Quienes acceden a la escritura canalizan de ese modo no sólo las vicisitudes de la experiencia personal, sino también la reflexión sobre lo social-comunitario, la cultura, la política o la religión. Por las propias dificultades de las condiciones en que se realiza, el trabajo manual nunca es meramente mecánico, sino también creativo. Es por esas y otras cuestiones que consideramos necesario ver a los sujetos que cumplen condena y al lugar en el que su cotidianeidad transcurre, también como actores y escenario que hacen a la diversidad cultural de un país.

Pero también, la cultura en la cárcel se manifiesta desde otro lugar, como espacio en el que el orden social naturaliza la desigualdad y la injusticia, donde la falta de acceso a derechos de todo tipo encuentra diversas justificaciones. Y donde a partir de respuestas y esquemas de interpretación punitivos se oculta que en la gran mayoría de los casos, la desigualdad en el acceso, – ya sea a bienes culturales como a necesidades elementales-, no estaban ya cubiertas desde antes de la irrupción del sistema penal en la vida de los sujetos. Como resultado de ello y en buena parte de los casos, el estigma, la discriminación y la violencia garantizan la continuidad de condiciones que llevaron al encierro.

La Red Corrientes de Derechos Humanos articula en los últimos años con una fuerte impronta hacia el desarrollo de proyectos creativos y artísticos en coordinación con el Colectivo Solidario en Contexto de Encierro Yaja Porá, conformado por hombres en situación de cárcel del Penal 1 en la provincia de Corrientes. Las acciones se enmarcan en la línea de intervención de instituciones civiles en el ámbito carcelario, como otras experiencias que existen en distintos puntos del país.
Desde el año 2006 se creó en el penal un pequeño espacio multifunción donde principalmente se realizaban gestiones de acompañamiento y asesoría legal-social para canalizar las múltiples demandas y necesidades de la población carcelaria. Con el tiempo, ese lugar pasó a convertirse en un taller en el que se realizan múltiples actividades de tipo educativas, artísticas y productivas. Algunas de ellas son talleres en metodología de estudio, realización audiovisual, plástica y proyectos que incluyeron la edición de agendas artesanales, libros, un mural colectivo extra-muros y la producción continua de artesanías y muebles. Todo esto llevó al grupo la participación en muchos eventos artísticos y sociales fuera de la cárcel.
Desde ese espacio se logró articular a lo largo de los años con una gran cantidad de organizaciones e instituciones (como el Museo de Artesanías Tradicionales y Folclóricas de la provincia de Corrientes; el colectivo que organiza el Festival de cine Guácaras en la localidad de Santa Ana; el Museo por la Memoria del Chaco; el Fondo Nacional de las Artes; el Museo del Hombre Chaqueño, la Universidad Nacional del Nordeste; el Plan de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación; la Dirección de Bibliotecas en Contexto de Encierro) con las que se realizaron proyectos que incluyeron muestras plásticas, de esculturas sobre mitos guaraníes, un cortometraje y un diccionario castellano-guaraní (en etapa de edición), entre una innumerable cantidad de proyectos.

Es desde esta experiencia que consideramos sumamente rica y que se suma a varios espacios que desde organizaciones de la sociedad civil o instituciones como la Universidad Nacional de Buenos Aires se desarrollan en otras cárceles del país, desde donde mencionamos la necesidad de que se sistematicen mecanismos que posibiliten a las personas privadas de libertad un ejercicio más fluido de los derechos culturales y mayor articulación entre el afuera y el adentro de la cárcel al momento de realizar estas prácticas. Pero también es desde experiencias de este tipo desde donde observamos la gran dificultad que representa el pensarse y proyectarse como hacedores y trabajadores culturales, ya que aunque alcancen las condiciones creativas para ello, se dificulta enormemente por ejemplo, el poder cobrar por las obras realizadas –al no poder acceder por ejemplo al sistema de monotributo o a la posibilidad de organización formal a través de cooperativas- para poder gestionar de manera autónoma sus producciones artesanales, editoriales, etc.
Desde allí es que también desde una legislación que incluya una concepción amplia, diversa y federal de las culturas, se incorporen mecanismos que garanticen el acceso y las posibilidades de creación y expresión para las personas privadas de libertad en todo el territorio de la República Argentina.

Lo que sería también una adecuación a Ley de educación Nacional 26.206 que garantiza el derecho universal a la educación para promover formación integral y desarrollo pleno al mismo tiempo que establece el acceso y la permanencia de la educación superior y el desarrollo de propuestas destinadas a estimular la creación artística y la participación en diferentes manifestaciones culturales. Como así también obraría en consecuencia al apartado referido a la educación en la Ley 24660 sobre la Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, cuya reglamentación fuera recientemente aprobada mediante un decreto.