Agencia
Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

390

PRESOS POLÍTICOS DE CORRAL DE BUSTOS

Niegan derechos a los compañeros

(APL)Tres de los presos condenados por la pueblada de Corral de Bustos, todavía sufren el encierro, y consecuencias de esa causa armada por la policía y el poder judicial. Por caso, en la cárcel de Monte Cristo está Víctor Barbero, sentenciado a siete años de cautiverio, y quien en julio ya puede solicitar su la libertad condicional, ya que ha hace cincuenta meses que está detenido. Mientras, Barbero, ha solicitado salidas transitorias, y se las han otorgado, el detalle es que sus salidas autorizadas son de solo cuatro horas, cada catorce días, y con custodia. Pero a los genocidas, detenidos en el mismo lugar, se les permite salir cuarenta y ocho horas y sin custodia. Y faltándoles mucho más tiempo para solicitar la libertad condicional.

Corral14-3

Esta discriminación son permite ver mejor cual es la política del poder judicial, y a quienes ve como menos peligros a sus intereses, no hay que olvidarse que en la pueblada de Corral de Bustos, el pueblo se abalanza al corazón de esta institución, al “palacio de justicia”. El sábado catorce de marzo, Víctor sale por primera vez a la calle. Cabe destacar que Barbero, es el único de todos los presos al que se le ha otorgado una salida transitoria.

En Villa María continúan prisioneros, Néstor Pasquini, condenado a la pena de siete años, y que el cinco de abril cumple los cuatro años y ocho meses necesarios para solicitar la libertad condicional (tres cuartas partes de la pena impuesta). Y todavía está padeciendo el aislamiento Juan Marcelo Farías, él fue sentenciado a cinco años de prisión, y ya cumplió cuarenta y cinco meses encerrado en esa mazmorra. En octubre pidió su libertad condicional y se la negaron, debido a una sanción poco clara que le impuso el servicio penitenciario. Desde el 11 de febrero de este año, su defensa la ejerce el Dr. Carlos Orzaocoa, abogado de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, quien ya ha solicitado su inmediata libertad (escrito con el que colaboró el Dr. Víctor Barbero).

En las audiencias en el juzgado de ejecución de Villa María, se hicieron presentes diferentes representantes de organizaciones como la CTA, la Coordinadora Antirrepresiva, APDH, Coordinadora Anticarcelaria, etc. reclamando la libertad de los compañeros.

DE ACUERDO A UN FALLO JUDICIAL

Los genocidas seguirán en la U-31 de mujeres madres de Ezeiza

(APL) Desde que el Servicio Penitenciario Federal trasladó a la U-31 a 100 ex dictadores que estaban en el penal de Marcos Paz, condenados por delitos de lesa humanidad, todas las presas y sus niños vieron incrementadas los controles y represiones, reducidos sus espacios y perjudicadas las tareas educativas y laborales. Alrededor de 30 fueron reubicadas en Complejo Penitenciario IV de la misma localidad y a la Unidad 13 de La Pampa. Un reciente fallo de los jueces Slokar y David de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió mantener esta arbitrariedad revocando otra decisión judicial que había ordenado el regreso de estos personajes a la cárcel de máxima seguridad de la cual vinieron. Como ya informara la APL, la llegada de los genocidas a la U-31 fue repudiada por la población carcelaria y organizaciones humanitarias y populares. La Procuración Penitenciaria de la Nación manifestó su rechazo a decisión de los jueces.

Genocidad14-3

Recordemos que la sala III de la Cámara Federal de La Plata, hizo lugar al habeas corpus presentado por el Alejandro Gutiérrez, detenido en Devoto, a favor de las mujeres madres y de los niños, en la resolución se ordenaba al SPF retire a los genocidas de la Unidad 31 antes del 8 de Octubre de 2014. Contra esta resolución se alzó el titular de dicha fuerza presentado un Recurso de Casación. El 6 de marzo de 2015, los jueces Slokar y David de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvieron hacer lugar a dicho recurso y consecuentemente, anularon el fallo de la Sala III .

Para David y Slokar, que formaron la mayoría, el hecho de que se haya prescindido de la audiencia prevista en el art. 14 de la Ley 23.098 privó al SPF de la posibilidad de contestar las alegaciones de las detenidas, la PPN y la Comisión de Cárceles de la DGN e impone anular lo resuelto, sin abrir juicio sobre su acierto o error. Mientras que para la jueza Ledesma, en disidencia, la actitud del SPF fue contradictoria, pues si bien denunció que se le impidió ejercer su derecho a ser oído, luego declinó la posibilidad de alegar oralmente ante el tribunal. La magistrada también resaltó que se privilegiaron los intereses de un grupo de adultos mayores, por sobre los de un colectivo vulnerable – integrado por mujeres, embarazadas, niños y niñas-, en abierta contradicción con su derecho a recibir un trato digno y con numerosos compromisos asumidos en la esfera internacional.

Preocupación de la PPN
Por su parte, la PPN expresó: “su preocupación por el fallo que no sólo omite mencionar que este organismo solicitó expresamente que se ordene la celebración de la audiencia, lo que podría haber subsanado cualquier vicio de la sentencia, pero fue rechazado por el mismo tribunal que luego afirmó que ésta resultaba imprescindible, sino que se desentiende de las graves consecuencias que la anulación de la sentencia supone para las mujeres, niños y niñas alojadas en la U-31 que, como surge con claridad del voto disidente, desde fines de mayo del año 2014 ven restringidas sus posibilidades de acceder a espacios comunes, atención médica, actividades laborales y recreativas y, en última instancia, de avanzar en el régimen progresivo de la pena, como consecuencia de la resolución de la Dirección Nacional del SPF”.

Más adelante, la PPN sostiene que: “es de suma importancia e que la autoridad penitenciaria cuente con una planificación adecuada y, concretamente, con estrategias para prevenir, gestionar y remediar la problemática de sobrepoblación que aqueja a la enorme mayoría de los establecimientos penitenciarios del área metropolitana y que es, en definitiva, una de las razones de estos movimientos intempestivos de personas privadas de su libertad, que buscan maximizar el aprovechamiento de las plazas disponibles en los penales, pero sin prestar la consideración debida a los derechos de los involucrados, priorizar la protección de colectivos vulnerables o sopesar el impacto que estas modificaciones tienen sobre la gestión de los establecimientos”.

Fuente: Prensa PPN