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ANTE NUEVAS INJURIAS Y AGRESIONES HACIA LA APDH- LA MATANZA Y PABLO PIMENTEL

Toda nuestra solidaridad

(APL)”En la mañana de ayer, lunes 6 de abril, nos encontramos con pintadas y pegatinas empapelando las paredes en dos Fiscalías (incluida la Fiscalía General donde semanas atrás aparecieron pasacalles), y en la Rotonda de San Justo, con calumnias e injurias hacia la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y nuestro compañero y referente Pablo Pimentel. Así comienza el comunicado de los compañeros a quienes expresamos toda nuestra solidaridad. Reproducimos el texto completo de los militantes, acompañado de una síntesis del Caso Blanco, joven asesinado por policías bonaerenses en marzo de 2007. La denuncia de este crimen es lo que motiva los ataques a quienes toman compromiso con los sectores más vulnerables. Enviar solidaridad a apedehache@yahoo.com.ar

Pablo7-4-15

Comunicado de la APDH- La Matanza

En la mañana de ayer, lunes 6 de abril, nos encontramos con pintadas y pegatinas (ver fotos) empapelando las paredes en dos Fiscalías (incluida la Fiscalía General donde semanas atrás aparecieron pasacalles), y en la Rotonda de San Justo, con calumnias e injurias hacia la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y nuestro compañero y referente Pablo Pimentel.
Ante los hechos realizaremos la denuncia este mediodía en la Fiscalía General de la Dra. Patricia Ochoa, a quién se le exigirá, nuevamente, de cuenta de las investigaciones sobre las denuncias que venimos realizando desde mayo del año pasado, cuando este mismo sector comenzó esta campaña difamatoria realizando una contramarcha y volantes el mismo día que convocamos para denunciar públicamente la causa armada. Reiteramos de manera pública el pedido ya realizado en la UFI nº3 de Laferrere de desestimación inmediata a la causa por “extorsión” a nuestros compañeros.
Hacemos responsables por lo que pudiera suceder a cada miembro de la APDH La Matanza a los funcionarios políticos y judiciales.

No vamos a permitir el agravio a un organismo de más de 30 años de trayectoria ni a nuestros compañeros, que dedican su tiempo desinteresado en acompañar casos donde los derechos de una persona fueron vulnerados.

Así como fue el caso de Gabriel Blanco, cuya causa se encuentra en la Justicia, justamente allí se debe determinar quiénes fueron los responsables de su muerte. La APDH no detenta más poder que el poder popular y el poder de las ideas en pos de la verdad y la justicia.

Ante las injurias y calumnias exigiremos a sus autores den cuenta y fundamentación en la Justicia.
Así como interpelamos a quiénes nos interpelan, cuestionando la “parcialidad” de los derechos humanos. Una vez más, decimos, todos estamos atravesados por los derechos humanos desde el momento en que asomamos a este mundo. Incluso aquel que cometió delito, sea ladrón o policía, tendrá derecho a un proceso judicial que determine su inocencia o no. Y recordamos, a los sectores que injurian y calumnian de esta manera, que durante 3 años realizamos charlas y talleres de DDHH en comisarías y departamentales, atendiendo y escuchando también los reclamos internos de la fuerza. No permitiremos esta campaña difamatoria, y exigiremos que la justicia se expida inmediatamente.

Llamamos a las organizaciones del campo popular a unirnos en el pedido rotundo de:

¡Basta de criminalizar las luchas sociales!
¡Basta de mentiras sobre los organismos!
¡Basta de violencia institucional!

Compañeros APDH La Matanza

Link al comunicado con las fotos: https://www.facebook.com/notes/apdh-la-matanza/nuevas-injurias-y-agresiones-hacia-la-apdh-y-pablo-pimentel/884720514924211

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NTESIS DEL CASO BLANCO
Gabriel Blanco fue presionado por efectivos policiales para robar en zonas liberadas, tal como sucedió con el joven Luciano Arruga en Lomas del Mirador. Ninguno aceptó. Un día le dijeron a Gabriel: “Te vamos a detener y no vas a contar más el cuento, vas a aparecer en una zanja”. Lo mismo le dijeron a Luciano.

Gabriel tenía 21 años, vivía en el barrio “La Borward”, de Isidro Casanova, tenía algunas caídas por robo pero la policía lo venía persiguiendo y hostigando para que robara para ellos. El 1º de marzo de 2007 lo detuvieron en la comisaría de San Carlos, su esposa lo escuchó gritar y se ofreció para calmarlo mostrándole a la hija de ambos. Le dijeron que se vaya tranquila porque ellos se iban a ocupar de tranquilizarlo. Gabriel fue detenido a las nueve de la noche y a las doce apareció colgado con un cable de luz en un calabozo oscuro.
Cuando los familiares fotografiaron el cadáver se dieron cuenta que tenía la mortaja pegada para que no se vea como estaba. La policía había hecho una autopsia pero luego se pidió otra en la cual se comprobaron golpes y la falta de dientes. Por otra parte, la policía científica hizo pruebas con los cables que, según los uniformados, Gabriel habría utilizado para suicidarse: se cortaron con la presión de un peso de cincuenta kilos, cuando Blanco tenía un metro ochenta de altura y más de 80 kilogramos. Era imposible que se ahorcara.
Se pidió una reconstrucción del hecho y quedó claro que una persona alterada no podía pasar un cable por donde, supuestamente, se habría atado para colgarse. El gendarme que hizo la prueba tardó media hora y estaba emocionalmente equilibrado y con luz.
Ante los hechos, se pidió la indagatoria para los tres funcionarios de la comisaría La Matanza Oeste 2ª, acusados por detención ilegal y tortura seguida de muerte.
La apelación de la prisión preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez; el suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena – por torturas seguidas de muerte- fue desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza. En la causa también están procesados – por encubrimiento- el comisario inspector Claudio Horacio Javier Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos

COMENZÓ EL JUICIO A MIEMBROS DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE

Por el asesinato de Patricio Barros Cisneros

(APL) Comenzó hoy el juicio por torturas y asesinato de Patricio Barros Cisneros por parte de miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en 2012, mientras el muchacho se encontraba detenido en la Unidad 46 de San Martín cumpliendo una condena. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales revelo también que lo mataron a golpes entre ocho y diez funcionarios, frente a detenidos, penitenciarios y a su pareja, que había ido a visitarlo. Todo sucedió en medio del pasillo que separa distintos espacios de la unidad, cerca del área de “control”. (Por Noemí Romero – @Noi_Romero /Notas Periodismo Popular)

Patricio

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Martín, donde serán juzgados seis agentes del SPB. Los acusados son Héctor Aníbal Mario, Rodrigo Emidio Chaparro, Gerardo Rodolfo Luna, Miguel Gallego, Claudio Javier Keem y Juan Liberto. Otro acusado es César Raúl Benítez, quien se encuentra prófugo y con pedido de captura, mientras que Víctor Silva, que también estaba imputado, se suicidó en 2012.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es uno de los organismos que sigue la causa y que representa a la familia Barros Cisneros. En 2012 elaboró un informe que daba cuenta de los hechos. Allí estableció que, el 28 de enero de 2012, un grupo de agentes penitenciarios bonaerenses de la U46 de San Martín asesinó a Patricio Jonathan Barros Cisneros de 26 años de edad.

El informe del CELS revela también que lo mataron a golpes entre ocho y diez funcionarios, frente a detenidos, penitenciarios y a su pareja, que había ido a visitarlo. Todo sucedió en medio del pasillo que separa distintos espacios de la unidad, cerca del área de “control”.

La sesión de torturas, que culminó en su muerte, comenzó cuando Patricio solicitó a los penitenciarios contar con un lugar alternativo al patio para el encuentro con su pareja. Ellos se negaron y se desató una discusión. Poco tiempo después, Patricio estaba inmovilizado en el suelo donde sufrió la imposición de piñas, patadas y golpes en todo cuerpo por parte de los penitenciarios.

Sin embargo, los miembros del SPB elaboraron otra versión de lo sucedido para deslindarse de responsabilidad. Según esa versión, Patricio había amenazado al personal y se había golpeado la cabeza contra las rejas hasta matarse. Incluso el médico de la unidad deslindó de responsabilidad a los penitenciarios y se limitó a señalar que la muerte de Patricio obedeció a un “paro cardio respiratorio”.

Pero la autopsia evidenció que la víctima tenía más de 30 golpes en el cráneo y rostro, con hundimiento del globo ocular izquierdo y decenas de lesiones en brazos y piernas, “compatibles con mecanismo de defensa frente a un ataque”. Además, según el relato de los detenidos en ese penal se pudo confirmar que había sido asesinado por los agentes del SPB.

Gisela Barros Cisneros, hermana de Patricio, manifestó en relación al juicio que comienza este martes: “Esperamos que se haga justicia por lo que le hicieron a Patricio”.

A su vez contó que “él estaba cumpliendo una condena por seis años a raíz de haberlo encontrado con un arma de guerra pero sin cometer delito sumado a otras causas que se juntaron”. También dijo que su hermano le había contado que “continuamente tenían conflictos con la policía” y agregó que casos como este “siempre pasan pero se encubren”.

“Los pibes están ahí adentro y no tiene voz de nada, los policías hacen y deshacen como quieren. Ahí adentro nadie los escucha, porque están detenidos”, denunció Gisela.

Patricio, era el quinto de nueve hermanos. Su novia, Alejandra, tenía tan solo 19 años cuando mataron al joven y estaba embarazada. Gisela contó que su cuñada “quiere justicia y que fue un trauma verlo a Patricio y no poder haber hecho nada”. Pero afirmó que “sigue fuerte y contenida por su familia y que además recibieron la ayuda que les proveyó el CELS para la contención psicológica”.

Este hecho no puede aislarse de las prácticas que se repiten en otras penitenciarías por parte de sus efectivos y que evidencian la violación a los derechos humanos de quienes cumplen condenas. Son pocas la veces que situaciones como estas llegan a instancias judiciales.

En este sentido, el CELS publicó datos que manifiestan que según la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el 67% de las causas iniciadas por torturas o apremios ilegales entre 2000 y 2011 fueron archivadas y apenas el 1% llegó a un juicio. Desde el organismo que representa a la familia Barros Cisneros expresaron que “estos datos muestran las resistencias del Poder Judicial para investigar y sancionar los casos de torturas ocurridos en las cárceles. El juicio no sólo servirá para visibilizar las torturas y muertes en los lugares de encierro sino también para problematizar la respuesta estatal en estos casos”.

(Noemí Romero – @Noi_Romero /Notas Periodismo Popular)