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FALLO JUDICIAL CONTRA NIÑAS Y NIÑOS

Impiden a la Procuración monitorear institutos de menores

(APL) Más de 150 chicos y niñas encerrados en las siete cárceles de la Caba, que dependen de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), permanecerán sin la visita y el control de la Procuración Penitenciaria de la Nación, según lo ordenó días atrás la Sala III de la Cámara de Casación Penal, en fallo dividido y cuestionado. Se trata de sitios como el Instituto Agote, donde en noviembre de 2014 el joven Diego Borja (17) murió a causa de las quemaduras ocasionadas en una celda de aislamiento, sancionado por “faltarle el respeto a un adulto”. Pocos días antes de esa muerte, esta misma Sala de Casación le había negado el ingreso a observadores de la Procuración. Con relación a este tema, la APL dialogó con Ariel Cejas Meliare, director general de Protección de Derechos Humanos del organismo.

Ariel Cejas Meliare (centro), flanqueado por los jueces Liliana Catucci y Eduardo Righi

Un indignado Cejas Meliare enfatizó que “a pesar de que existen dos leyes que nos autorizan a controlar estos institutos, nunca pudimos ingresar. Estamos intentándolo desde 2009 a través del diálogo y desde hace un año debimos activar la vía judicial. Aún así nos vemos impedidos de auditar. La situación convierte a estos lugares en cotos cerrados. Y a la muerte de Diego Borja se le suman cuatro más en 6 años”.

El abogado penalista también consideró que el fallo “agrava las condiciones de detención de los chicos, mucho más cuando está determinado que hay 27 casos de torturas denunciados. No sabemos cómo es el régimen de aislamiento, ilegal a todas luces, no solo prohibido por las convenciones del niño sino también por la reglamentación de la propia Sennaf. No sabemos qué comen, no conocemos los espacios de recreación, no sabemos cuál es el régimen de visita, no sabemos absolutamente nada”.

Por otra parte, Cejas Meliare sostuvo que el año pasado “los jueces Liliana Catucci y Eduardo Righi en dos fojas tiraron toda la argumentación de la jueza Figueroa, quien votó en disidencia y fundamentó en 32 páginas el por qué la Procuración debía ingresar a los institutos de menores. Ahora, vuelven con este fallo oscurantista que nosotros recurriremos hasta llegar a las instancias internacionales si es necesario. Encima nos condenan a pagar las costas del proceso, lo cual es una sanción encubierta. Es inadmisible que estos institutos donde no se garantiza la vida y la integridad de los menores sean los únicos lugares de encierro que no son controlados”.

“¿Cuántas muertes y torturas serán necesarias para que nos permitan ingresar?”, se interrogó Cejas Meliare al finalizar.

De las 27 denuncias sobre torturas y malos tratos ocurridas en los últimos meses, 12 corresponden al Instituto Manuel Roca, 11 al Luis Agote, 2 a la Colonia Ricardo Gutiérrez y una al Hogar San Martín, al igual que al Manuel Belgrano. Todos los estos establecimientos de encierro de la Sennaf, se hallan bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.