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Periodismo de Intervención social

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PARAGUAY: MASACRE DE CURUGUATY

Comienza el juicio a los sobrevivientes

(Por Cecilia Rodrigues/ Revista Superficie) Once campesinos fueron asesinados pero no hay ningún acusado por sus muertes. Sólo se juzga las de seis policías, sin ninguna prueba condenatoria, y por las cuales recaen sobre trece campesinos figuras gravísimas tales como “homicidio tentado”, “Invasión de inmueble ajeno” y “asociación criminal”. Un nuevo crimen contra la lucha campesina se perpetrará si el juicio avanza según las intenciones de la Justicia paraguaya. En la página http://www.somosobservadores.org/ las organizaciones que impulsan la campaña “Somos Observadores de Curuguaty”. Allí explican de manera directa y sencilla el por qué y las características de la iniciativa: “se trata de vigilancia ciudadana independiente sobre el desarrollo del juicio oral y público a campesinas y campesinos procesados por el caso Curuguaty, a fin de exigir garantías de transparencia e imparcialidad del proceso y justicia plena en sus resultados…”, afirman. De los 13 compañeros que serán juzgados, Rubén Villalba se encuentra en la Cárcel de Tacumbú y los demás en arresto domiciliario.

Curuguaty

El próximo 22 de Junio se dará formal inicio en Asunción, Paraguay, al juicio oral en la causa conocida como “Caso Curuguaty” o la Masacre de Marina Kue. Lejos de ser “por la masacre” este es un juicio contra las víctimas sobrevivientes de la más sangrienta represión a la lucha por la tierra que se haya llevado adelante en el Paraguay postdictadura.

Dadas las numerosas irregularidades cometidas en la causa judicial, un conjunto de organizaciones y personalidades paraguayas lanzaron el 4 de junio la campaña “Somos observadores de Curuguaty”, a través de la cual buscan garantizar transparencia en el proceso y un trato justo para los acusados, todos ellos campesinos pobres. Trece campesinos son los que enfrentarán el juicio por figuras gravísimas tales como “homicidio tentado”, “invasión de inmueble ajeno” y “asociación criminal”.

El 15 de Junio de 2012 un enorme operativo judicial policial se lanzó contra el campamento campesino que ocupaba las tierras conocidas como “Marina Kue”, del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Poco más de cuarenta campesinos, entre ellos mujeres, niños y ancianos, fueron atropellados por más de 300 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales y de los cuerpos de elite de la Policía Nacional. Armados de palos y algunas pocas armas precarias, un exiguo cordón de campesinos intentó dialogar con el Jefe del Operativo. Fue en vano. En pocos minutos se desató una balacera que provocó una verdadera masacre. El resultado atroz es el de once campesinos y seis policías asesinados.

La policía ocupó el lugar mientras los campesinos, muchos de ellos heridos, eran capturados, torturados y varios de ellos, fusilados.

La masacre conmocionó el escenario político paraguayo y tuvo como consecuencia casi inmediata el juicio de destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

La Fiscalía de Curuguaty -que había solicitado el operativo – quedó a cargo de la investigación de lo sucedido durante el mismo. Nunca investigó lo sucedido durante el procedimiento y hay numerosas pruebas producidas de manera independiente que demuestran que ocultó elementos encontrados en el lugar y que omitió realizar pericias fundamentales para la reconstrucción de los hechos.

En sólo dos días presentó una acusación en base a la cual se llevó adelante la causa judicial, solamente por la muerte de los seis policías, sin explicar cómo se produjeron. No hay acusación por la muerte de los once campesinos.

Todos los acusados son los campesinos que fueron víctimas de la masacre. Fundado en esta deliberada injusticia, el proceso acumula nulidades e irregularidades insalvables.

Temores fundados: el por qué de la campaña “Somos Observadores de Curuguaty”

El proceso judicial contra los campesinos que se encuentran detenidos en el caso es objeto de numerosos cuestionamientos por parte de organizaciones paraguayas y extranjeras. Por caso, la ONU exigió públicamente al Estado paraguayo que se realice una investigación acerca de la matanza dado que las muertes ocurridas en el procedimiento nunca fueron investigadas. Otras organizaciones como Amnistía Internacional hicieron el mismo reclamo, que se suma a los reiterados pedidos de organizaciones paraguayas.

En abril de 2014, en medio de una huelga de hambre llevada adelante por los campesinos presos en la causa, el Fiscal General Díaz Verón admitió públicamente que no se hará ninguna investigación acerca de las torturas a que fueron sometidos los sobrevivientes de la masacre de Marina Kué y que tampoco se investigarán las ejecuciones de campesinos en el lugar. Asimismo la muerte de los policías tampoco fue investigada; el Fiscal Jalil Rachid simplemente aseguró que fueron asesinados por los campesinos pero que no podía determinarse quién mató a quién porque “eso no se puede saber…”.

Asimismo y como cuestión fundamental, la justicia paraguaya omite expedirse sobre la titularidad de las tierras en las que sucedieron los hechos: los campesinos siempre sostuvieron que se trata de tierras públicas que debían ser destinadas a la reforma agraria, y que están siendo usurpadas por la firma Campos Morombi S.A., del fallecido empresario y político colorado Blas N. Riquelme.

El caso Curuguaty es la demostración más dramática de cómo el Estado paraguayo reprime al campesinado pobre para proteger a la clase mafiosa terrateniente que usurpa las tierras públicas. La justicia de Curuguaty, que llevará adelante el juicio, está implicada en una larga cadena de irregularidades que permiten aún hoy a Campos Morombi S.A. continuar actuando como si las tierras de Marina Kue le pertenecieran.

Estos antecedentes y las numerosas irregularidades procesales durante la instrucción de la causa son los motivos de la campaña “Somos observadores de Curuguaty”.

La campaña:
En la página http://www.somosobservadores.org/ las organizaciones que impulsan esta iniciativa explican de manera directa y sencilla el por qué y las características de esta campaña: “…Somos observadores de Curuguaty es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente sobre el desarrollo del juicio oral y público a campesinas y campesinos procesados por el caso Curuguaty, a fin de exigir garantías de transparencia e imparcialidad del proceso y justicia plena en sus resultados…”

En la página se puede encontrar información acerca de cómo ser observador/a, cómo colaborar con la campaña, cómo asistir al juicio. También se encuentran disponibles materiales para compartir en redes sociales o en medios de comunicación.

La campaña intenta evitar lo que llaman una condena cantada, que castigará de manera ejemplar la lucha campesina por la tierra y garantizará la impunidad de los responsables políticos y materiales de la masacre.

Cecilia Rodrigues es cronista de Revista Superficie, editora de la sección “Derechos humanos”

EL AGROTÓXICO FUE DECLARADO COMO “PROBABLEMENTE CANCERÍGENO”

Por la prohibición del glifosato

30.000 Profesionales de la salud, junto a otros de ciencias agrarias, derecho sociales, acompañados por diversas ONGs, colectivos del país y Cátedras de la Universidad Pública, solicitaron al SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), el pasado 5 de junio, que disponga el inicio del procedimiento de Análisis de Riesgo de todos los registros con el principio activo Glifosato, conforme lo establece el Punto 3 del Capítulo 18 de la resolución SENASA 350/1999. El glifosato fue declarado “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, recientemente. Mientras tramita el proceso de análisis de riesgo, se solicita como medida cautelar administrativa que se dispongan restricciones en el uso y aplicación del glifosato, en los siguientes términos: 1) La prohibición de las aplicaciones aéreas de todos los registros que lleven como principio activo el glifosato. 2) La prohibición de las aplicaciones terrestres de todos los registros que lleven el principio activo del glifosato a una distancia inferior a los 5000 metros de las zonas urbanas de los municipios, asentamientos poblaciones, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, como así de pozos de extracción de agua para consumo humano. Dejamos de manifiesto que la presentación tiene como objetivo final que el organismo dictamine al concluir el proceso de reevaluación: la prohibición del uso y aplicación, en todo el territorio argentino, de todos los formulados con el principio activo glifosato. Más abajo, la presentación completa. (Envío: Mechi Méndez)

¡Dejen de Fumigar!, consigna extendida en gran parte del país

El glifosato fue declarado como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” (Grupo 2A) en el informe del mes de marzo de 2015 del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer – Órgano que actúa dentro del marco de la Organización Mundial de la Salud –

1.- Objetos de la presentación

Como objeto inicial de la presentación administrativa se solicita al SENASA que disponga el procedimiento de Análisis de Riesgo de todos los registros con el principio activo Glifosato, en virtud de que existen evidencias harto suficientes que justifican el inicio del mismo, conforme lo establece el Punto 3 del Capítulo 18 de la resolución SENASA 350/1999 que reglamenta, el registro, clasificación y uso de agroquímicos para fines agropecuarios en la Argentina. Dejamos de manifiesto que la presentación tiene como objetivo final que el organismo dictamine al concluir el proceso de reevaluación: la prohibición del uso y aplicación, en todo el territorio argentino, de todos los formulados con el principio activo glifosato. Se trata de una reevaluación exhaustiva del principio activo del glifosato desde su autorización en los años 70.

2.- Medida Cautelar Administrativa

Mientras tramita el proceso de análisis de riesgo, se solicita como medida cautelar administrativa que se dispongan restricciones en el uso y aplicación del glifosato, en los siguientes términos:

1) La prohibición de las aplicaciones aéreas de todos los registros que lleven como principio activo el glifosato. 2) La prohibición de las aplicaciones terrestres de todos los registros que lleven el principio activo del glifosato a una distancia inferior a los 5000 mts de las zonas urbanas de los municipios, asentamientos poblaciones, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, como así de pozos de extracción de agua para consumo humano.

Las distancias solicitadas están sustentadas en el principio que de no existe un nivel de exposición seguro a un cancerígeno. Sobre la deriva de las fumigaciones aéreas, esta demostrado científicamente que es incontrolable. En cuanto a las fumigaciones terrestres, los propios trabajos del INTA reconocen que solo el 25 % de los agroquímicos se fijan en el objetivo fumigado, el resto se volatiliza. Si se consideran los parámetros de la deriva secundaria y terciaria, los trabajos de investigación han demostrado que las partículas de los agroquímicos pueden alcanzar distancias entre 3 a 5 kms.

La fijación de distancias para la aplicación de agroquímicos también es una competencia del SENASA, que solapadamente ha renunciado a establecerlas, ya que según la reglamentación vigente al finalizar el Análisis de Riesgo, el SENASA debe: o bien determinar la cancelación de los registros, o la cancelación de algunos usos, o la reclasificación en función del Riesgo, o restringir la forma de aplicación, o cancelación de determinadas formulaciones y o toda otra modificación, restricción, cancelación, no contemplada expresamente.

Dos cuestiones importantes a tener en cuenta que dan fundamento a la procedencia de la medida cautelar administrativa.

  • Las autorizaciones sobre el principio activo glifosato fueron revalidadas en el año 1998 (Res. SENASA 440/98). Lo cual muestra que aquellas están amparadas en información científica absolutamente desactualizada.
  • En relación a los formulados, debemos advertir que la reglamentación no exige para sus autorizaciones que las empresas presenten estudios sobre: toxicidad crónica, carcinogenicidad, mutagenicidad, aberraciones cromosómicas, perturbaciones del ADN, efectos sobre la reproducción, teratogenicidad, neurotoxicidad y/o neurotoxicidad retardada. Ese estado de hechos consolida un grado intolerable de incertidumbre que sumado a la nueva información científica que delinea una situación de riesgos de daño grave irreversible, que obliga a la aplicación del principio precautorio.

3.- Fundamentos de la presentación

Los fundamentos de la petición se consolidan en fuentes bibliográficas inobjetables (Publicaciones) de trabajos científicos internacionales y nacionales sobre el agrotóxico glifosato, las cuales fueron ordenadas por tipo de muestras a analizar, enfermedades vinculantes y mecanismos patológicos más frecuentes, y se encuentran actualizadas hasta el 10 de abril de 2015.

Principalmente, citamos el informe del mes de Marzo de 2015 del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer – Órgano que actúa dentro del marco de la Organización Mundial de la Salud – en el cual se concluye que hay evidencias para clasificar al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” (Grupo 2A).

4.- Pedido de Información

Ejerciendo el derecho de acceso a la información pública ambiental, solicitamos que se nos exhiban los estudios de evaluación de impacto en el ambiente y en la salud que se presentaron para la autorización del principio activo glifosato, como para las autorizaciones de los formulados basados en el mismo principio activo.

Invocamos el Decreto 1172/03, por lo cual el SENASA tiene 10 días hábiles para contestar, vencido el plazo sin recibir una respuesta o siendo la misma defectuosa, se recurrirá – vía amparo – a la Justicia Federal para que ordene al organismo a brindar la información solicitada.

5.- Paso por Paso de la presentación Administrativa

  • La Resolución 350/99 regula el sistema de registros y autorizaciones de agroquímicos en Argentina, fijando la competencia del SENASA.
  • La reglamentación establece que el SENASA no iniciará un Análisis de Riesgo de un agroquímico ya registrado hasta no tener suficientes antecedentes que justifiquen este procedimiento.

Por nuestra consideramos que se cumplen varios de los requisitos individualizados en el punto del Capítulo 18 de la Res. 350/99 para que esta autoridad determine el Análisis de Riesgos, por ello el motivo de la presentación. En efecto el GLIFOSATO:

1. Puede suponer un riesgo de lesión aguda seria no justificada a humanos o a animales. 2. Puede suponer un riesgo de inducir en humanos un efecto oncogénico, genético hereditario, teratogénico, fetotóxico, reproductivo, o un efecto crónico o tóxico demorado, cuyo riesgo es de importancia en términos del grado de riesgo a la salud o el número de humanos expuestos a algún riesgo, basado en: 3. Los efectos demostrados en humanos o en animales experimentales. 4. Los niveles de exposición conocidos o presupuestos de varios grupos humanos. 5. Puede producir residuos en el ambiente de organismos no tratados a niveles que igualen o excedan concentraciones aguda o crónicamente tóxicas para tales organismos, o a niveles que produzcan efectos reproductivos adversos en tales organismos, según información obtenida por pruebas dirigidas en especies representativas o por otra información apropiada. 6. Puede suponer un riesgo para la existencia continuada de cualquier especie en peligro o amenazada 7. Puede producir la destrucción u otra modificación adversa de cualquier hábitat. 8. Puede, por otra parte, suponer un riesgo para los humanos o el ambiente que sea de magnitud para ameritar una determinación sobre si el uso del producto ofrece, como compensación, beneficios sociales, económicos, y ambientales que justifique su registro inicial o continuado.
  • Establecida la necesidad por parte de la Autoridad Competente de la puesta en Análisis de Riesgo del glifosato deberá comunicar oficialmente a las empresas poseedoras de registros afectados, informándoles de la existencia de los antecedentes que ameritan el mismo. En el caso que la deniegue, los que suscribimos, interpondremos recurso de apelación, hasta agotar la vía administrativa, y recurrir a la justicia federal.
  • En el supuesto que el SENASA, haga la lugar al inicio de Análisis de Riesgos, las empresas tendrán un plazo de TREINTA (30) días a partir de la recepción de la notificación para la presentación de comentarios.
  • De acuerdo a la problemática establecida por el glifosato y que denunciamos en nuestra presentación, el SENASA debe establecer la presentación de información (antecedentes) y los estudios que deberán ser conducidos por las empresas en el país para efectuar los mismos que deberán referirse, como mínimo, a los aspectos de genotoxicidad, carcinogenicidad y teratogenicidad, en cuestiones de salud, como así también a aspectos ambientales.
  • Si bien de acuerdo a la reglamentación los estudios requeridos serán elaborados por todas las empresas afectadas y/o empresas interesadas en participar en conjunto, se solicitará una instancia de participación ciudadana, a fin de poder acceder a esos estudios y presentar observaciones y/u objeciones a los mismos.
  • Siendo que el SENASA – conforme a la reglamentación – tiene la facultad para hacer encuentros y comunicaciones e investigaciones con Personas, Organizaciones Gubernamentales, Organizaciones no Gubernamentales, y toda otra persona interesada en obtener información, intercambiar puntos de vista, explorar la situación o discutir aspectos regulatorios que atiendan a la decisión final de la Autoridad Competente, se solicitará la realización de un encuentro con los que suscriben la presentación.

Suscribieron:

DR JORGE YABKOSKI: Secretario de Salud Laboral de la CTA. Presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa) – Son 30.000 Profesionales de la Salud.
DR. MEDARDO ÁVILA VÁSQUEZ: Coordinador de la Red universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados.
DR. DAMIAN VERZEÑASSI: Director Instituto de Salud – Socio Ambiental, Facultad de Ciencias Medicas – Universidad Nacional de Rosario.
MIRYAM GORBAN: Coordinadora general de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina/ Nutrición de UBA
SILVANA BUJAN: Directora de BIOS, la ONG científica que hizo análisis sobre la sangre de argentinos descubriendo restos de pesticidas cancerígenos.
ING. AGRON. CARLOS MANESSI: Centro de Protección a la Naturaleza (CEPRONAT). Santa Fe
SOFÍA GATICA: Goldman Prize Medioambiental, Madres de Ituzaingo Línea Fundadora. Córdoba.
MARGOT GOYCOCHEA: Foro Ambiental de Gral Viamonte. Buenos Aires.
CARLOS VICENTE: Acción por la Biodiversidad – Grain
ING. FORESTAL CLAUDIO LOWY: De BIOS, la ONG científica que hizo análisis sobre la sangre de argentinos descubriendo restos de pesticidas cancerígenos.
BIOQ. DANIEL VERZEÑASSI: Foro Ecologista Paraná. Entre Ríos..
DRA ALEJANDRA GOMEZ: Red de Abogados de Pueblos Fumigados (Chaco)
DR. JORGE KACZEWER: Médicos Toxicólogos.
MERCEDES MÉNDEZ: Enfermera Hospital Garrahan.

Coordinación y elaboración

DR. DARÍO ÁVILA: Abogado (UNC) Causa Ituzaingo – Madres de Ituzaingo Línea Fundadora – Red de Abogados de Pueblos Fumigados (Cordoba)
ING. AGRON. FERNANDO FRANK: Ingeniero Agrónomo – Asociación Campesinos del Valle de Conlara (San Luis) – Naturaleza de Derechos
DR. FERNANDO CABALEIRO: Abogado (UBA) -Naturaleza de Derechos – Red de Abogados de Pueblos Fumigados (Buenos Aires) – See more at: http://bwnargentina.blogspot.com.ar/2015/06/presentacion-administrativa-solicita-al.html#sthash.YEEXHpeO.dpuf

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Video: Dr.Darío Avila y Sofía Gatica
https://www.youtube.com/watch?v=LC7bH2JtWSE