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Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

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ALARMANTE SITUACIÓN PRESENTADA ANTE LA CIDH COMISARÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Superpoblación del 500 por ciento en algunos sitios de encierro

(Agencia/CPM) Las condiciones de detención de las comisarías de la provincia de Buenos Aires no escapan a la lógica de hacinamiento y superpoblación que caracterizan de manera estructural a todo el sistema de encierro. Pese a la vigencia del fallo de la Suprema Corte de Justicia de diciembre de 2007, que cuestionó seriamente estas condiciones de detención y ordenó la clausura de los calabozos, continuaron las prácticas de vulneración de derechos básicos de las personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a la presentación de una medida cautelar de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por el estado de hacinamiento y superpoblación en que se encuentran las comisarías de la provincia de Buenos Aires. La situación, que reviste una extrema gravedad y no ha sido atendida por las autoridades locales, pone en riesgo la integridad física de las personas allí detenidas. Entre los datos relevados figuran: condiciones de hacinamiento, falta de agua y alimentación, aumento de las detenciones arbitrarias y superpoblación que supera el 500% en algunos lugares.

Hacinamiento

El monitoreo sistemático que la CPM realiza en lugares de encierro de la Provincia de Buenos Aires arrojó durante el 2014 datos alarmantes respecto de la situación en la comisarías que motivaron la presentación de una medida cautelar ante la CIDH. Este año, el organismo internacional notificó que “considera admisible para su evaluación” el pedido realizado y solicitó a las partes información y ampliación de pruebas.
Frente al requerimiento, el estado argentino solicitó una prórroga para informar respecto de la capacidad actual de las comisarías mencionadas en la denuncia, cantidad de personas detenidas, medidas de protección, observaciones sobre falta de acceso a agua potable y asistencia médica. Mientras tanto, la CPM ya cumplió con su parte y amplió sus informes originales.

El año pasado, en el marco de la declaración de emergencia de seguridad, entre otras decisiones, el gobierno provincial ordenó, mediante resolución Nº 642, la rehabilitación de alrededor de 200 calabozos, cuya clausura había sido dispuesta hace 5 años por el mismo Estado provincial ante recomendaciones de la ONU y la comisión interamericana de DDHH. Pero en la práctica el decreto fue un modo de legitimar lo que ya venía sucediendo de hecho.

En términos generales, los resultados de las inspecciones realizadas por la CPM han podido constatar que las comisarías poseen estructuras precarias, sin mantenimiento y muy deterioradas, escasa alimentación y aumento de las detenciones arbitrarias.
Este agravamiento de las condiciones de detención termina “fomentando y propiciando la tortura y, en definitiva, dando por tierra con las medidas progresivas que, al menos en lo cuantitativo, iniciaban una tendencia de reducción pronunciada de detenidos en comisarías”, consideraron desde la CPM.
En los calabozos conviven hacinados y en pésimas condiciones de infraestructura.

Las inspecciones fueron realizadas durante el 2014 y se concentraron especialmente en las dependencias de los departamentos judiciales de La Matanza y Lomas de Zamora, donde están ubicadas muchas de estas comisarías “rehabilitadas”.
Como resultado el organismo afirma en su informe que “las comisarías de la Provincia de Buenos Aires no cumplen con los estándares mínimos para el alojamiento de personas, los espacios destinados son inadecuados e insuficientes. Desde hace años mantienen índices estructurales de sobrepoblación, inhumanas condiciones de detención, prácticas arraigadas de violencia y tortura y carencia de un sistema de salud”.

Del análisis del relevamiento se desprende que la superpoblación en las comisarías inspeccionadas supera el 400%.

En La Matanza el nivel de superpoblación asciende a un promedio del 508% de su capacidad

Esto lleva a preguntarse por los motivos de estos altos niveles de población encarcelada, que desde la CPM intentaron responder a partir de los datos que arrojan los libros de detención de las comisarías que fueron monitoreadas. Allí se pudo constatar que las intervenciones policiales y judiciales se concentran, en gran medida, en la persecución de delitos menores y en el uso desmesurado y cotidiano de detenciones arbitrarias o por averiguación de identidad.

Los detenidos en las 22 comisarías clausuradas del Departamento Judicial de Lomas de Zamora evidencian una sobrepoblación del 370%

Sobre un universo de 725 detenciones efectuadas en 4 comisarias inspeccionadas en los primeros 3 meses de 2014, responden en un 73% a delitos con cuya pena en expectativa es baja y figuras arbitrarias. Se trata de figuras como, averiguación de identidad, averiguación de ilícito, amenazas, lesiones leves, falsificación de sellos, timbres y marcas o documentos, desobediencia, daños, encubrimiento, hurto o tentativa de hurto, lesiones culposas, resistencia a la autoridad, robo simple o tentativa de robo, tenencia de estupefacientes para consumo, usurpación o tentativa de usurpación, violación de domicilio, Ley de Migraciones (Nº 25871).

Pero ése no es el único motivo que engrosa los porcentajes. Por ejemplo, en Puente La Noria (Lomas de Zamora) el 46 % de las detenciones respondía a la tenencia de estupefacientes para consumo personal, esto implicaba que de 76 casos consignados en el libro de detenciones, 53 pertenecían a esta categoría. O en la Comisaria de Villa Galicia, se observaba un alto porcentaje de casos de “encubrimiento” que se imputaba a personas que se transportan en vehículos o moto-vehículos y no cuentan con documentación respecto de la titularidad de los mismos.

Las conclusiones indican que así los recursos policiales existentes se destinan a la persecución y criminalización de conductas que en la mayoría de los casos no se vinculan con episodios importantes de violencia o delito, y que “las detenciones frente a estos hechos (avaladas ampliamente por el Poder Judicial) sólo sostienen un circuito incesante de entradas a las Comisarías”. Asimismo, evidencian que los sectores perseguidos son mayoritaria y casi excluyentemente los jóvenes de los barrios pobres.
Cabe entonces preguntarse si más policías, más encierro y más armas y patrulleros equivalen a medidas pertinentes para una mayor seguridad, sobre todo cuando esa infraestructura carece de control alguno. Ahora el Estado argentino pidió una prórroga a la CIDH para informar la parte que le toca sobre las consecuencias del decreto de emergencia. Ese plazo se cumplió el pasado 12 de mayo, el próximo paso lo dará el organismo internacional.

TRIBUNALES DE SAN MARTÍN - AVENIDA RICARDO BALBÍN (RUTA 8) 1750

¡Todos a apoyar a los compañeros de las ex Emfer y Tatsa!

El próximo jueves 25 de junio a las 8:30 horas están citados al menos 8 compañeros, de las ex Emfer y Tatsa, a prestar declaración indagatoria por una de las tantas causas armadas a los ex delegados de las empresas vaciadas por los Hermanos Cirigliano y sus holdings de empresas. Los mismos hermanos Cirigliano, imputados por malversación de fondos públicos y responsable de masacres ferroviarias, quieren llevar al banquillo a los trabajadores que se animaron a denunciarlos por ocultar y quemar pruebas, que dieron la lucha junto a todos sus compañeros de las fábricas por conservar sus puestos de trabajo.

EmferTatsa

Ante este nuevo intento por aleccionar a aquellos que se ponen de pie ante el abuso patronal y de judicialización de la protesta, convocamos a todas las organizaciones y compañerxs a apoyar en esta instancia y las que se presenten en el futuro para demostrar a las patronales que no tenemos miedo, que trabajador que lucha no está solo y que los enfrentaremos cada vez que sea necesario!

Jueves 25 de junio- 8:30 hs. Convocan: ex Delegados y trabajadores de Emfer y Tatsa

LA COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA PRESENTA SU INFORME ANUAL 2015

La política criminal en la Provincia pone en crisis los derechos humanos

La Comisión por la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires presenta su Informe Anual 2015, el próximo lunes 22 de junio a las 16 hs. Un riguroso trabajo de monitoreo de lugares de encierro, análisis de políticas de seguridad y observación de prácticas policiales durante el período 2013-2014, que arroja datos y cifras alarmantes sobre la vulneración de derechos en la Provincia. Un récord histórico de personas detenidas, muertes y torturas, el uso sistemático de la prisión preventiva, hacinamiento y superpoblación, son los principales indicadores. Familiares víctimas de la violencia policial de todo el país acompañarán la presentación. Por su parte, Roberto Cipriano García, de la CPM, miembro de la CPM, afirmó que “el Informe Anual 2015 da cuenta de la crueldad de las políticas penitenciarias, de seguridad, de niñez y de salud mental, políticas regresivas en materia de derechos humanos que apelan a discursos demagógicos y soluciones fáciles que no resuelven los problemas sino que los agravan. La tortura es una práctica sistemática, y la muerte de pibes jóvenes una consecuencia inevitable de la desatención sanitaria y las violencias. Para estos sectores pobres captados por el sistema penal, no hay derechos”.

Presentación Informe anaul

En la provincia de Buenos Aires nunca hubo tanto presos como en la actualidad. Este es el resultado más preocupante de la política criminal impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha desencadenado una grave crisis en materia de derechos humanos. Pero no es el único dato alarmante. A los indicadores de prisionalización se le suman otros vinculados al agravamiento de las condiciones estructurales de hacinamiento y superpoblación, y las prácticas de tortura que siguen siendo sistemáticas.

Este verdadero sistema de la crueldad es la cara oculta de las políticas de mano dura y es la consecuencia de la demagogia punitiva. La emergencia en seguridad decretada por el Gobierno provincial en 2014, implicó también un aumento considerable del ejercicio de la violencia policial, que se refleja cotidianamente en prácticas como las detenciones arbitrarias y en el uso letal de la fuerza.

La estrategia de saturación territorial con la presencia de efectivos y patrulleros en los barrios pobres de las periferias urbanas ha generado restricciones en la circulación por el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso, lo que a menudo da lugar a situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución por parte de la policía.

Todo esto es lo que se documenta y analiza de manera rigurosa en el Informe Anual 2015 de la CPM. Esta novena edición se presenta en un contexto electoral que conducirá a la renovación de autoridades de gobierno en todos sus niveles, donde las políticas de seguridad están en el centro de la escena, orientadas a la profundización de la “mano dura”. Por esta razón se vuelve imprescindible hacer un balance en torno a la lucha contra la tortura y otras formas de violencia institucional. En este sentido, se abordan cuestiones asociadas con las políticas de seguridad y justicia, penitenciarias, de niñez y de salud en neuropsiquiátricos.

La presentación pública
La CPM presentará el Informe el próximo lunes 22 de junio a las 16 hs. en el teatro Coliseo Podestá de La Plata. Familiares víctimas de la violencia policial de todo el país, organizaciones sociales de lucha contra la violencia policial y penitenciaria, y referentes del movimiento de derechos humanos acompañarán el acto. Además, estarán presentes representantes de los mecanismos de prevención de la tortura de las provincias de Chaco, Mendoza, Salta y Río Negro.

Este marco de amplios y diversos respaldos al trabajo de la CPM resulta fundamental para enmarcar el resultado de este trabajo en la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en la agenda de la democracia. Como señala Adolfo Pérez Esquivel, co-presidente de la CPM, “la lucha por los derechos humanos no tiene que ver sólo con lo que pasó durante la dictadura sino también con lo que pasa hoy. No puede haber tortura en democracia y por eso hay que denunciarlo. Los gobiernos deben escuchar y tomar medidas. Los derechos humanos, como la democracia, no se conquistan de una vez y para siempre; son el resultado de la lucha permanente de los pueblos”.

En este sentido, desde el año 2003 la CPM viene realizando un trabajo de monitoreo sistemático en lugares de encierro, y también analizando, proponiendo y participando activamente del debate en torno a las políticas de seguridad en la Provincia. Desde las áreas del Comité contra la tortura y Justicia y seguridad democrática, se realiza esta tarea que una vez más adquiere la forma de un Informe Anual que analiza las prácticas y datos que describen el sistema de la crueldad bonaerense.

Roberto Cipriano García, miembro de la CPM, afirmó que “el Informe Anual 2015 da cuenta de la crueldad de las políticas penitenciarias, de seguridad, de niñez y de salud mental, políticas regresivas en materia de derechos humanos que apelan a discursos demagógicos y soluciones fáciles que no resuelven los problemas sino que los agravan. La tortura es una práctica sistemática, y la muerte de pibes jóvenes una consecuencia inevitable de la desatención sanitaria y las violencias. Para estos sectores pobres captados por el sistema penal, no hay derechos”.

Concluyó el Primer Encuentro de “Organismos de control y Gobierno Abierto”

Con destacada convocatoria, finalizó el primer encuentro “Organismos de control y Gobierno Abierto”, declarado de interés por el Senado de la Nación, y organizado por Auditoría General de la Nación (AGN), la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN).

Fueron dos jornadas en las que en un marco de colaboración y múltiples dinámicas de trabajo, se compartieron experiencias que implementan organismos de control de la región, abordando desafíos y oportunidades para avanzar en esta agenda en Argentina, e intentando diseñar propuestas y acciones futuras en línea con los principios de Gobierno Abierto.

El evento contó no sólo con importantes expositores de toda la región, sino también con la presencia de destacadas autoridades de organismos, representantes y miembros de reconocidas organizaciones de la sociedad civil.

Al cierre del evento, luego de una propuesta descontracturada de trabajo con bases de datos para pensar en nuevas formas de darle más valor público a la información que producen los Organismos de Control, el presidente de la AGN Leandro Despouy destacó: “Es indispensable mostrar la información para que tenga impacto y es importante que trabajemos juntos”.

Última modificación: 20 de junio de 2015 a las 10:10