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Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

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DENUNCIA DE LA COMISIÓN ANTIRREPRESIVA Y POR LOS DERECHOS HUMANOS

Grupos de tareas extranjeros operan en Rosario

La Coordinadora Antirrepresiva Rosario, denuncia que el domingo 14 de junio a mediodía a una cuadra de su casa en Villa La Lata en la ciudad de Rosario, fue detenido el ciudadano paraguayo Silverio Acosta Zacarías, conocido como Chivé. Si bien las primeras noticias hablan de una captura por parte de Interpol, la realidad es que este operativo fue realizado por fuerzas conjuntas argentinas y paraguayas, por orden de autoridades extranjeras y con el fin de conducir al detenido a Paraguay.

Detención que reedita el Plan Condor

Debemos señalar que los represores paraguayos son una simple extensión subordinada al Comando Sud de Estados Unidos, instalados con bases en Paraguay mediante la llamada Iniciativa Zona Norte, desde donde salen las directivas a la tropa mercenaria nativa que hace gala de su cipayismo uniéndose al imperialismo para someter a sus connacionales de los sectores populares y en defensa del gran capital paraguayo e imperialista.

Sabemos que el Estado paraguayo es adherente a la extensión del Plan Colombia de exterminio de latinoamericanos, y por lo tanto una real amenaza no sólo para su pueblo – que ya sufre el terrorismo de Estado – sino para los fronterizos como Argentina, a los cuales ya empieza a extender sus tentáculos con este desembarco exitoso para tomar prisionero a Acosta Zacarías. Tal cual lo expresado por la Agencia de Noticias Aratiri, desde la coordinación represiva en el marco del Plan Cóndor que el ejército del Paraguay no detenía un ciudadano paraguayo en territorio argentino.

Asimismo, denunciamos que el ingreso de Fuerzas Armadas paraguayas (Fuerza de Tareas Conjunta – FTC) ha sido autorizado por el Gobierno argentino en el marco de convenios de persecución extraterritorial, cuyos fundamentos se encuentran en pactos precedentes y en la Ley Antiterrorista propuesta por el Gobierno de Néstor Kirchner.

Desde la CAR exigimos que el derecho a refugio de Acosta Zacarías no sea postergado con ningún argumento extraditorio que presente el Gobierno paraguayo. El mismo tiene oscuros antecedentes en la materia, toda vez que se ha burlado en extradiciones anteriormente concedidas por el Gobierno argentino, agregando procesamientos por imputación de delitos muy distintos a los que invocó para obtener la extradición, cuestión que ya debería haber motivado la ruptura de cualquier tratado existente.

Por lo expuesto, hacemos un llamado a las organizaciones populares a reclamar que se respete el derecho a refugio violentamente atropellado por efectivos nacionales y extranjeros.

El Estado le dijo a Nora Cortiñas que no sabe nada de su hijo

(Por La Retaguardia) El jueves 18 de junio se llevó a cabo una audiencia convocada por el Juzgado de Instrucción 12 en el Palacio de Tribunales, a partir de un habeas corpus presentado por la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora para que el Estado le diera información sobre el paradero de su hijo Gustavo, desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Además de Cortiñas, estaban citados el jefe del Ejército César Milani y el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, pero ambos se ausentaron. En su lugar fueron representantes jurídicos de las dependencias estatales, que le dijeron a Nora: “el Estado no tiene datos sobre su hijo”. La Retaguardia acompañó a Norita en tribunales. Repasamos las palabras de Eduardo Soares, abogado de Cortiñas, y Graciana Peñafort, encargada de asuntos jurídicos del Ministerio de Defensa, tras la audiencia. Además charlamos con la propia Nora Cortiñas sobre sus sensaciones tras esta extensa jornada.(En la foto Nora, con Eduardo “El Negro Soares y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel)
Más info en http://www.laretaguardia.com.ar/…/nora-cortinas-presento-un

Última modificación: 20 de junio de 2015 a las 17:37
DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS DE ENCIERRO

Las condiciones de detención en las cárceles de Sierra Chica

(Agencia Andar/ CPM) Torturas, déficits en la infraestructura e insalubridad son algunas de las demandas más constantes ante los distintos organismos encargados de resguardar derechos. El Estado incumple garantías y derechos constitucionales, como los que hacen referencia a la función y situación de las cárceles. Desde Olavarría describen la realidad del complejo carcelario más grande de la zona. A fines de abril, tuvo lugar un conflicto en la Unidad N° 27 del Complejo Penitenciario Zona Centro, con sede en Sierra Chica, en el que participaron todos los internos. Se trató de un reclamo pacífico que buscó reflejar las malas condiciones en las que viven, haciendo hincapié en serios problemas edilicios, alimenticios y de higiene. No solo en dicha unidad se presentan estas condiciones, sino en todas las dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Muchas de ellas cuentan con estructuras de más de 100 años, como la Unidad 2 de Sierra Chica, construida en 1882 y cuya infraestructura sufre un deterioro constante debido al escaso mantenimiento.

Sierra Chica

Frente a un escenario de vulneración de derechos, las personas en contextos de encierro, suelen estar expuestas a torturas, malos tratos y vejaciones por los agentes del SPB. Ante estos y otros daños contra la persona interviene la Ayudantía Fiscal de Delitos Carcelarios, a cargo del Fiscal Martín Pizzolo. Si bien las malas condiciones de alimentación y sanitarias no son consideradas un delito, existen distintos organismos encargados de denunciarlas. En Olavarría, el Comité Contra la Tortura dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria, cuyo representante es el abogado Mariano López, se encarga de recibir las denuncias de los propios internos o de un tercero para intentar garantizar los derechos de los detenidos.

El encarcelamiento no despoja a la persona de sus derechos, solo restringe los de libertad. Sin embargo, la realidad de una prisión demuestra que todos los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos están restringidos. “Todos tienen derechos constitucionales, por ejemplo que la cárcel no es para castigo, que tienen que ser sanas, limpias… Y en esas circunstancias uno ve que el entorno no es el más propicio”, señala el Fiscal Martín Pizzolo, en referencia al Artículo 18 de la Constitución Nacional, que parece no aplicarse en las cárceles bonaerenses. “El Estado, en sus tres poderes, incumple reiterada y sistemáticamente con su obligación de garantizar derechos humanos fundamentales a todas las personas privadas de libertad”, afirma Diego Fernández, Defensor General de la Defensoría de ejecución penal del Departamento Judicial de Azul.

Las problemáticas más denunciadas

“Las condiciones edilicias son muy precarias, bastante malas. Puede haber algún pabellón en mejores condiciones que otros, pero en general en todos hay déficits vinculados a la precaria instalación eléctrica, problemas con los desagües y cloacas” sostiene Mariano López, docente de la Escuela de Educación Media N°5 que funciona dentro de la Unidad N°2 de Sierra Chica y que cuenta con dependencias dentro del resto de las cárceles del complejo.

Otra problemática que influye en el deterioro de las instalaciones es el hacinamiento. Las cárceles del SPB están superpobladas, tanto en las celdas como en los pabellones comunes. El Servicio tramitó ante la justicia un cupo de 68 personas por pabellón y actualmente hay 90. “Los estándares mínimos internacionales hablan de que tiene que haber entre siete y doce metros cuadrados de espacio por interno y no llegan ni a uno y medio” afirma López. Distintos organismos judiciales, como la Defensoría de ejecución penal de Azul, sostienen que la sanción de una Ley de Cupo Carcelario que establezca mecanismos de control de la cantidad de personas detenidas permitiría determinar, de acuerdo con estándares internacionales en materia de encarcelamiento preventivo, la capacidad real de cada establecimiento carcelario.

Alimentos y desvios
La mala alimentación es otra de las denuncias que comúnmente realizan los internos y sus familiares. “El comer mal o más o menos es normal para ellos. Se quejan cuando está peor de lo peor” indica López, integrante del Comité contra la Tortura en Olavarría. “Los internos acusan al SPB de que los recursos materiales para la alimentación suelen desviarse en el camino y no llegan al interesado directo” indica Carmelo Vinci, presidente de la Comisión por la Memoria de Olavarría, presente en el reclamo en la Unidad N°27, para apoyar la iniciativa y realizar un hábeas corpus, mediante el cual se destrabó el conflicto. “Los internos me comentaron que hay dos registros de comida: uno que muestran a las autoridades y otro con lo que verdaderamente les dan de comer” ratifica.

Ante la gravedad de las denuncias que van en detrimento de la dignidad humana, distintas agrupaciones de defensa de derechos humanos como el CELS y la Asociación de Pensamiento Penal, y la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras, han presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A raíz de ello, en octubre pasado se realizó una audiencia con la participación de dichas asociaciones y el Estado bonaerense para escuchar opiniones.

La Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de la libertad de la CIDH expresó su profunda preocupación por las condiciones de detención

En 2010, la Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de la libertad realizó una visita a las cárceles bonaerenses dentro de las cuales estuvo la Unidad N°2 de Sierra Chica. En dicha oportunidad, el organismo elaboró un informe en el que evidenció “su profunda preocupación por las condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires”. En este sentido, la Relatoría resaltó que el Estado, como garante frente a las personas privadas de la libertad además de respetar su vida e integridad personal, tiene la obligación de asegurar condiciones mínimas de detención que valoren la dignidad humana.

Hasta el momento los organismos sólo han elaborado recomendaciones, aunque la Comisión Interamericana tiene la facultad de elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciar al Estado argentino por la responsabilidad internacional en la violación de los derechos humanos fundamentales de las personas que han sido despojadas de la más mínima condición humana. En este contexto, y a más de 30 años de democracia, se torna necesario repensar política, social y jurídicamente la concepción de derechos humanos. El Estado, como único responsable de la violación de estos derechos, deberá garantizar las condiciones y los procesos para mejorar una realidad que parece no tener una solución efectiva en el corto y mediano plazo.
Fuente: (AC-FACSO)

Fabián Tomasi en la Universidad de Rosario

Emotivo y valiente testimonio de Fabian Tomasi – ex peón rural de Basavilbaso-, Entre Ríos-, afectado gravemente por los agrotoxicos: “Es muy injusto ser ignorado…yo no estaba preparado para ser discapacitado; yo no tengo futuro nos robaron el futuro nos enterraron en vida”, expresó el compañero recientemente.

Ver video (Canal Youtube Meche Mendez):

https://www.youtube.com/watch?v=vLxI0G9T3Ug&feature=youtu.be

Última modificación: 20 de junio de 2015 a las 17:22