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Periodismo de Intervención social

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TUCUMÁN Y JUJUY

Muertes encerradas y archivadas

(Red Eco)La Mesa Coordinadora Contra la Violencia Institucional de Jujuy expresó su profundo rechazo a la decisión del fiscal José Alfredo Blanco de archivar la causa de uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional de los últimos años en esa provincia. Juan Martín Gómez “Sonrisa” fue hallado muerto en la casa de un funcionario policial en junio de 2012. Su padre no solo denunció desde un primer momento inconsistencias e irregularidades alrededor del hallazgo del cuerpo, sino que previamente había realizado presentaciones sobre las torturas, persecuciones y hostigamiento que su hijo sufría de parte del personal de la Brigada de Investigaciones, por negarse a ser “mula” de ellos. Según indicaron desde la Mesa, estas denuncias no fueron tomadas en las oficinas públicas a las que acudió.

Sonrisa (Foto: Juan Gómez)

En estos tres años han intervenido en el pedido de investigación y de avances efectivos en la causa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia dando comienzo a una segunda causa por torturas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Mesa Coordinadora y el Centro de Estudios Legales y Sociales a través de un Amicus Curiae.
Sin embargo, la muerte de Sonrisa y la investigación por las torturas que recibió previamente no han sido esclarecidas. Según denuncia la Mesa Coordinadora: “se rechazaron las presentaciones de las querellas aduciendo falta de inicio de la acción penal. Se rechazó el pedido de medidas de pruebas obvias como el requerimiento de los legajos personales, planillas prontuariales y antecedentes policiales y judiciales de los oficiales que lo amenazaban y torturaron. (…) Se ha negado sistemáticamente al padre de Sonrisa, poder ser parte del proceso, realizar interrogantes y solicitar pruebas que hagan al esclarecimiento de la investigación”.
En este sentido, remarcaron que existen elementos que permiten continuar una línea de investigación, a pesar de que el fiscal José Alfredo Blanco dispuso su archivo. “Este fiscal, que como es de público conocimiento, fue nombrado sin antecedente alguno que acredite idoneidad para el cargo, evidencia una falta total de voluntad en averiguar la verdad de lo ocurrido, incumpliendo abiertamente con las obligaciones que corresponden a su función, actuando como resorte de impunidad de los responsables de la muerte, que no dudamos son funcionarios policiales”, agregaron desde la Mesa Coordinadora a través de un comunicado.

Muerte encerrada
La organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) denunció la muerte de dos personas que se encontraban detenidas en una celda de la Brigada de Investigaciones Norte, ubicada en la localidad tucumana de Yerba Buena, e intimó al Estado a realizar una profunda revisión de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad en la provincia.
En este marco, Andhes señaló que en lo que va de 2015 se registraron hechos similares en otros lugares de detención como el Penal de Villa Urquiza. Además de denuncias formales e informales por torturas.
“Es de público conocimiento las deficiencias estructurales que presentan todos los lugares donde se alojan a personas detenidas en nuestra provincia, y la sobrepoblación de los mismos. Sumado a esto, se niega que las personas privadas de libertad sean sujetos de derechos, no sólo porque no se les brinda comida, ni colchones, sino también porque todos sus derechos son sistemáticamente vulnerados”, manifestaron desde la organización.
En septiembre de 2012 se creó a través de la Ley 8523 la Comisión de Prevención de la Tortura de Tucumán. A casi tres años, la norma continúa sin reglamentarse. Allí se propone que la Comisión sea descentralizada, independiente, con funcionamiento autónomo y financieramente autárquico; debe tener capacidad para realizar visitas a los lugares de privación de libertad, recibir denuncias y promoverlas, solicitar medidas urgentes y asesorar especializadamente a entes públicos y privados a cargo de personas privadas de su libertad.
Desde Andhes alertaron que la puesta en marcha de esta Comisión “es una exigencia internacional, surgida del Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (ratificados por Argentina en 1986 y 2004) y que el Estado tucumano deliberadamente incumple, comprometiendo la responsabilidad internacional del país”.

En este sentido, señalaron que es necesario que el Estado se haga cargo de la situación y actúe de forma tal que “las instituciones y agentes involucrados entiendan que la tortura debe ser erradicada por completo”: “para ayudar con ello, es necesario que el mecanismo local de prevención de la tortura comience a funcionar para ejercer su rol de contralor de los establecimientos donde cientos de personas se encuentran privadas de libertad, como así también que los diferentes Poderes del Estado ejerzan sus funciones jurisdiccionales para estos hechos no sucedan nunca más”.

Sin embargo, representantes del Poder Judicial archivan causas que deben ser investigadas y representantes del Poder Ejecutivo evitan reglamentar leyes que apuntan a dar algún tipo de respuesta a la violencia institucional que se vive en cada punto del país.

COMUNICADO DE HIJOS LA PLATA

Basta de amenazas a la familia de Andrés Núñez

Los familiares y amigos de Andrés Núñez, y las organizaciones abajo firmantes denunciamos una creciente ola de amenazas e intimidaciones que por distintos medios viene sufriendo la viuda de Andrés y su entorno. Andrés fue torturado hasta la muerte por policías de la Brigada de Investigaciones de la bonaerense en 1990. A los varios hechos de amenazas, intimidaciones y seguimientos policiales que sufrió la familia durante estos 25 años de lucha, se han sumado nuevos hechos que creemos necesario dar a conocer públicamente.

Basta de perseguir a la familia Núñez

Durante el pasado mes de mayo, tras salir de su trabajo y realizar algunos trámites, la viuda de Andrés Núñez vio que imprevistamente, mientras caminaba por calle 10 entre 60 y 61, zona céntrica de La Plata, apareció un auto color rojo con vidrios oscuros que se acercó al cordón y su conductor le manifestó: “Vos mejor dejate de joder porque vas a terminar como un Julio López más”. Luego de esto el vehículo arrancó y huyó del lugar.

A las dos semanas de ese hecho, cerca de las 7 de la tarde y cuando salía de su casa, vio que había un patrullero parado en la esquina, a pocos metros de su casa. Su hijo se encontraba en el balcón de la vivienda, y sin mediar ningún hecho relevante, fue preguntado por personal policial, en una actitud no amigable sino temeraria, si estaba bien o pasaba algo. Lo mismo le preguntaron a ella cuando se asomó: “¿Está todo bien o pasa algo?”.

La familia Andrés realizó la denuncia penal en junio pasado ante la Fiscalía de Cámara del Departamento Judicial de La Plata, y recayó sobre la UFI 11 a cargo de la Dr. Álvaro Garganta.

Ponemos estas amenazas en el contexto de los pequeños avances que con lucha hemos conseguido en la causa:

En 2010 logramos el juicio y castigo a perpetua por tortura seguida de muerte para los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González. En el juicio surgió la complicidad directa del ex juez Amílcar Vara, destituido en jury en 1998 por connivencia con la policía en más de 20 casos de gatillo fácil y torturas, y quien estuvo presente en la Brigada la noche en que asesinaron a Andrés. Iniciada la investigación por el fiscal Paolini, Vara murió impune en marzo de 2014.

Desde hace tres años venimos impulsando la fijación de fecha al represor Luis Raúl Ponce, comisario de la Brigada de Investigaciones de La Plata y jefe del grupo operativo que secuestró, torturó, asesinó y escondió el cuerpo de Andrés. Ponce, que estuvo más de 20 años prófugo, fue detenido por error por la PSA en agosto de 2012, y desde entonces esperamos que se fije fecha del juicio oral. Ponce también está procesado e irá a juicio por la primera desaparición forzada de Jorge Julio López, ya que en dictadura integró las patotas de la Comisaría 5ta que asolaron la zona sur de la ciudad como parte del Terrorismo de Estado.

A su vez, venimos insistiendo infructuosamente a distintas autoridades del Ministerio de Justicia de Nación para que incluyan en el programa “BUSCAR” el caso de Pablo Martín Gerez Duhalde, prófugo hace 25 años en el caso, y que hasta se dio el gusto de firmar de puño y letra sin ajustarse a derecho presentaciones de sus abogados pidiendo la prescripción de la causa. El primo de Gerez era cuidador del campo de General Belgrano donde quemaron e inhumaron los restos de Andrés. Tras el crimen fue protegido directamente por uno de los capos de la “Maldita Policía” bonaerense de los ’90, el jefe de la Brigada de Investigaciones de La Matanza, Mario “Chorizo” Rodríguez. Para completar el cuadro, su madre es pariente de la familia del mafioso ex gobernador Eduardo Alberto Duhalde.

En 2013 logramos un fallo de la Suprema Corte Bonaerense que declaraba que, si bien el crimen de Andrés no es un delito de Lesa Humanidad, el caso no puede prescribir por ser una “grave violación a los Derechos Humanos” y se debe continuar la investigación sobre el grupo de 5 policías que encubrieron el hecho. Los agentes Ernesto Zavala, Oscar Silva, César Carrizo, Pedro Costilla y Gustavo Veiga, habían sido imputados desde el inicio de la causa como encubridores del crimen de Andrés Núñez, porque siendo efectivos de la Brigada, y encontrándose presentes en el lugar en el momento del hecho, no denunciaron lo que sabían.

Silva murió impune este año. Y en abril pasado la jueza de instrucción, Marcela Garmendia, emitió una resolución que prescribe la acción penal sobre los otros cuatro represores. Apoyándonos en el fallo anterior de la Suprema Corte bonaerense, rechazamos esa medida y la apelamos.

La lucha de Justicia por Andrés seguirá en pie. No nos van a amedrentar con acciones mafiosas. Hacemos responsables de la seguridad e integridad física de la viuda de Andrés y de su entorno familiar al Gobernador Scioli, a sus ministros de Seguridad y Justicia, Alberto Granados y Ricardo Casal, y a los respectivos ministerios nacionales a cargo de Julio Alak y Cecilia Rodríguez. Si dicen defender los Derechos Humanos, que investiguen al entorno de Ponce, Gerez y los demás asesinos.

Por todo esto, la lucha por justicia por Andrés sigue vigente.

- BASTA DE AMENAZAS A LOS QUE LUCHAN CONTRA LA IMPUNIDAD.

- NO QUEREMOS CUSTODIA POLICIAL, QUEREMOS JUSTICIA.

- CÁRCEL YA A TODOS LOS ASESINOS Y CÓMPLICES DE LA DESAPRICIÓN FORZADA DE ANDRÉS NUÑEZ.

- JUICIO YA A LUIS RAÚL PONCE. PROGRAMA DE BÚSQUEDA AL PRÓFUGO PABLO MARTÍN GEREZ. PROCESAMIENTO CON PREVENTIVA YA DE ZABALA, CARRIZO, COSTILLA Y VEIGA.

FAMILIARES Y AMIGOS DE ANDRÉS NUÑEZ.

HIJOS LA PLATA.

CASA POR LOS DERECHOS HUMANOS HERMANOS ZARAGOZA

OPINIÓN

“Infancia, delito y Estado”

(Por Rodrigo Morabito/ El Equiú) “Soy un convencido de que para poder abordar, discutir y resolver un problema, siempre se debe “visibilizar el problema”. Sobre este punto, un GRAN inconveniente ha sido eternamente el de los jóvenes infractores a la ley penal y cuál es el rol que le compete al Estado una vez que se ha generado un conflicto y la Justicia decide privar de libertad a ese joven en un contexto de encierro. Respecto de esta situación, comenzaré este debate con algunos interrogantes ¿Por qué encerramos a un adolescente? ¿Cuál es el fin u objetivo del encierro? ¿Contención, reintegración social y familiar o simplemente castigar?”. Así comienza este artículo de opinión para el debate Rodrigo Morabito, Juez de Menores de Catamarca. Docente de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal.

Catamarca

En los párrafos siguientes, trataré de dar una respuesta a estas preguntas, dejando abierta la discusión a nuevos aportes.
Por estos tiempos, se cita bastante a la Convención sobre los Derechos del Niño, por parte de muchos actores del Estado argentino. Sin embargo, es el país que más ha violado la Convención; es el país más cruel en materia de infancia; ergo, ha recibido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuatro condenas internacionales en el lapso de 10 años por vulnerar los derechos humanos de los niños.
Es por esta sencilla razón que cuando se cita la Convención, debemos estar preparados para demostrar que la hemos internalizado y cotejar con prácticas y resultados concretos que sus postulados se están cumpliendo en forma efectiva y real. De lo contrario, sólo será una mera expresión de anhelos.

Ahora bien, ¿por qué encerramos a un adolescente?
La respuesta no es otra que por haber transgredido las normas penales, siempre y cuando tenga edad para responder ante ese delito y la infracción penal sea de una entidad tal que lleve indefectiblemente al encierro.

No obstante, la Convención sobre los Derechos del Niño establece de un modo claro que: “La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño (…) se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda” (art. 37 ap. “b” CDN).
¿Cuál es el fin u objetivo del encierro? ¿Contención, reintegración social y familiar o simplemente castigar?

Pareciera que a diario olvidáramos que la privación de libertad es un castigo y que castigar implica nada más y nada menos que aplicar dolor, mortificar y afligir; esto es lo que hacemos cuando privamos de libertad a un niño que ha cometido un delito. Sin embargo, no podemos negar que ese encierro debe ser para algo, para lograr un fin u objetivo y así evitar futuras transgresiones que generen más personas dañadas.

Por supuesto que toda institución de encierro debe ser de contención; ello es indiscutible. Pero, ¿sólo de contención? Evidentemente no.
Imaginemos que nos internan en un hospital sólo para ser observados y cuidados, pero no para curarnos. Indudablemente, volveríamos una y otra vez a ese hospital para que nos “observen, cuiden y contengan”, cada vez que tengamos un inconveniente de salud. En definitiva, las enfermedades no tendrían cura y las personas estarían de por vida condenadas a retornar a las instituciones médicas y sufrir dolor.

En el mismo sentido, el Centro Juvenil Santa Rosa (centro de privación de libertad de niños infractores) no solamente puede ser de “CONTENCIÓN”, como se ha afirmado por parte de la autoridad administrativa de la ley provincial 5.357 de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, sino también de REINTEGRACIÓN, pues de lo contrario, la problemática de los adolescentes infractores y los motivos que lo llevaron a delinquir jamás serían abordados ni resueltos, estando condenados a un único y real resultado: “EL ENCIERRO SIN RESPUESTAS PARA NIÑOS INFRACTORES Y PARA LA SOCIEDAD”.

Siempre que se castiga a una persona menor de edad privándola de su libertad, el Estado DEBE concentrar todos sus esfuerzos en la REINTEGRACIÓN SOCIAL de ese niño, pues un “niño delincuente” es un claro fracaso familiar y estatal.

La propia Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40, al describir los derechos de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, se refiere a la importancia de PROMOVER LA REINTEGRACIÓN del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
Al respecto, la Comisión Interamericana ha indicado que del artículo 19 de la Convención Americana derivan obligaciones particulares de “GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS DELINCUENTES JUVENILES Y EMPEÑARSE EN SU REHABILITACIÓN” (CIDH, Informe No. 62/02, Caso 12.285, Fondo, Michael Domingues, Estados Unidos, 22 de octubre de 2002, párr. 83). En la misma línea, la Corte Interamericana ha indicado que cuando el aparato del Estado tiene que intervenir frente a infracciones a la ley penal cometidas por personas menores de edad, DEBE REALIZAR UN ESFUERZO SUSTANCIAL PARA GARANTIZAR SU REHABILITACIÓN A FIN DE PERMITIRLE CUMPLIR UN PAPEL CONSTRUCTIVO Y PRODUCTIVO EN LA SOCIEDAD (Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 185).

Así, un sistema de justicia juvenil, cuya política criminal esté orientada meramente por criterios RETRIBUTIVOS DE CONTENCIÓN y deje en un segundo plano aspectos fundamentales como la PREVENCIÓN y el fomento de oportunidades para una efectiva REINSERCIÓN SOCIAL, es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos de la infancia.
En definitiva, si desde el propio Estado, citándose la Convención sobre los Derechos del Niño, se afirma que los centros de detención de jóvenes infractores a la ley penal sólo son de CONTENCIÓN y no de REINTEGRACIÓN o REHABILITACIÓN, entonces no resulta ser un MENSAJE APOCALÍPTICO que la mayoría de esos jóvenes con el tiempo terminen en un establecimiento carcelario como adultos por vulnerar los derechos de terceras personas.

(Fuente: elesquiu.com)