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Periodismo de Intervención social

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ACCIÓN DE LA CPM ANTE LA JUSTICIA

Graves condiciones de detención de las mujeres presas la UP 51 de Magdalena

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentó hoy un habeas corpus ante el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata por las inhumanas y violentas prácticas de sumisión y tortura, y por las graves condiciones de detención que sufren las mujeres alojadas en la UPNº 51 de Magdalena, relevadas en una inspección realizada por el Comité contra la Tortura (CCT). Requisas violentas y vejatorias, falta de alimentos y calefacción y acceso deficiente a la salud, son algunas de las denuncias más relevantes. En la UP Nº 51 de Magdalena son constantes las prácticas de tortura que se enmarcan en sumisiones inhumanas violentas y vejatorias. Así lo demuestran los testimonios de las mujeres allí alojadas que fueron entrevistadas por el CCT-CPM durante una inspección realizada el pasado 25 de junio.

Magdalena

Una vez por semana el SPB requisa a cada una de las detenidas, luego todas son llevadas al patio y se revisan las celdas vacías. A veces, esto sucede durante la madrugada y las mujeres permanecen en el patio, expuestas a bajas temperaturas. Son obligadas a quitarse la ropa y se las pasa por un detector de metales que es activado arbitrariamente por agentes del SPB para poder imponer una sanción. Según expresan los testimonios, el detector puede sonar o no, independientemente de que haya o no algún objeto oculto. Una vez que suena, la persona requisada es tirada al piso, una penitenciaria le presiona el abdomen con el pie mientras que otra se pone guantes de látex y le mete la mano en la vagina buscando algún objeto. Esto consiste en una agresión sexual percibida por las detenidas como lo que es: una violación.

Además de la grave situación descripta producto de las requisas, durante la inspección se recorrieron las áreas de admisión, los buzones y la planta alta del ala derecha y se constataron condiciones de hacinamiento y deterioro generalizado. Entra las más importantes se destacan:

a) falta de acceso a la salud: la modalidad de gestión de la salud entre el personal penitenciario y el médico genera que las detenidas no sean atendidas por sus dolencias.

b) hambre: la comida del penal es muy mala y extremadamente escasa, y no es posible cocinar ni en pabellón ni en las celdas.

c) golpes: el personal penitenciario (tanto masculino como femenino) es violento con las personas detenidas.

d) frío: falta de calefacción y de agua caliente; producto de problemas con el gas, las detenidas tienen cortada la calefacción el agua caliente.

e) pabellón y régimen: el único espacio de socialización que tiene el pabellón son los baños.

f)

Sanciones: son frecuentes las sanciones colectivas que intensifican el encierro en las celdas.

Por todo esto, la CPM presentó hoy un habeas corpus ante la justicia en el que solicita que “se revea y modifique el sistema de requisas vejatorias al que son sometidas las mujeres en la Unidad Nº 51” y que se “garantice el acceso al sector de sanidad, la atención a la salud por profesionales médicos y el suministro de la medicación que se requiera.” Además pide que se “ordene el inmediato suministro de alimentos en calidad y cantidad suficiente” y que se revise el “régimen de sanciones (colectivas y acumulativas), ya que el actual es violatorio de la normativa vigente.”

Las condiciones de extrema vulneración de derechos en las que viven las mujeres detenidas en la UP Nº 51 no constituyen ni una novedad ni un caso aislado. Desde el año 2003, la CPM viene desarrollando un trabajo de monitoreo sistemático en lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires que ha permitido dar cuenta de una realidad estructural que se agrava año tras año y se profundiza con la implementación de una política criminal represiva que focaliza su acción sobre la población más pobre, y pone en crisis la vigencia de los derechos humanos en democracia. A partir del año 2014, con la declaración de emergencia de seguridad por parte del gobierno provincial, la situación ha empeorado aún más.

Tal como advierte Informe Anual 2015 de la CPM, presentado recientemente, “los servicios penitenciarios gobiernan los lugares de encierro a partir de la implementación y el ejercicio de un sistema que se sustenta en la violencia estructural, la tortura y la degradación de los sujetos. Las policías gobiernan los territorios habitados por los excluidos de la sociedad utilizando las mismas violencias. Los despliegues, como parte del control social punitivo de estos sectores, se ejecutan a través de un sistema penal sostenido en decisiones y estrategias adoptadas desde el mismo Estado. Se construye un discurso y se adoptan medidas que promueven este tipo de gobierno utilizando la tortura y la muerte como herramienta de control”.

COMIENZA EL JUICIO POR LOS CRÍMENES DE LA FUERZA DE TAREAS 5 – COMUNICADO DE HIJOS LA PLATA

La Armada y Prefectura al banquillo

El próximo lunes 13 de Julio a las 9 de la mañana dará comienzo el juicio contra 8 represores de la Armada y la Prefectura Naval por los crímenes cometidos en dictadura contra 40 compañeros en el accionar de la denominada “Fuerza de Tareas 5”. A más de un año de elevada a juicio, la causa incluye una cantidad ínfima de los casos de obreros desaparecidos de la región industrial de La Plata, Berisso y Ensenada. Por la tardanza de la justicia ya murieron impunes 2 de los 10 procesados.

Afiche Hijos La Plata

LA REPRESIÓN A LAS LUCHAS
La región de Ensenada, Berisso y La Plata fue en las décadas del ’60 y ’70 una de las regiones más combativas en cuanto a reclamos sociales, pero sobre todo sindicales, con una gran organización y unidad en la clase trabajadora, donde abundaban las asambleas, las movilizaciones, los paros y las tomas de fábricas en reclamo por mejoras en las condiciones laborales, por el pago de sueldos atrasados, aumentos salariales, y por la entrada en vigencia de los convenios colectivos de trabajo.
En este contexto obreros de ASTILLERO RÍO SANTIAGO, PETROQUÍMICA MOSCONI, PROPULSORA Y SWIFT, junto con otros de distintas fabricas (SIAP- INDECO- KAISER ALUMINIO- DOCENTES-NO DOCENTES- MUNICIPALES) protagonizaron en junio del 75 una jornada histórica conocida como el “Ensenadazo”, en reclamo contra las políticas económicas impuestas por el ministro de economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo. Se buscaba la homologación de la ley 14.250 de Convenios Colectivos de Trabajo. Al grito de “14.250 o paro nacional” estos 10.000 trabajadores marcharon de Ensenada a La Plata y congregados en la sede de la CGT local fueron salvajemente reprimidos. Días después y como resultado de la profundización de medidas de fuerza en todo el país, renunciaron Rodrigo y López Rega, y se consiguieron los convenios.
La Armada Asesina funcionó en dictadura reorganizando sus 11 Fuerzas de Tareas desplegadas de norte a sur del país, desde el Alto Paraná al Atlántico más remoto. En nuestra zona operaba a través de la denominada “Fuerza de Tareas Nº 5”, desde el BIM 3 y en conjunto con el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), el Hospital Naval y el Liceo Naval, más el destacamento de Prefectura de Río Santiago y, por lo menos, los CCD “La Cacha” e Infantería de Policía (1 y 60). Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el Swift, Astilleros Río Santiago e YPF.
Varios militantes de aquella época recuerdan que la misma madrugada del 24 de marzo del ’76 los marinos y prefectos recorrieron las ciudades ribereñas y las fábricas en micros de línea con los que detenían a los trabajadores, que primero fueron llevados a centros de detención propios y, en algunos casos, luego derivados a otros de otras fuerzas.
La mayoría de los compañeros liberados que serán parte del juicio que comenzará en poco tiempo, fueron llevados primero a la sede de Prefectura, en el Puerto de La Plata, y luego derivados en dos circuitos: al Liceo Naval y a la Unidad 9, o bien a 1 y 60 y blanqueados en la U9. Pero también actuó el BIM 3. Funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de la infantería de Marina Eduardo Fracassi (hoy juzgado en Bahía Blanca), Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata, y han sido identificados decenas de represores como los vicealmirantes Luis Mendía, Antonio Vañek, Pedro Santamaría, Juan Lombardo, el capitán de Fragata Biglioni (alias “Pato”) y el capitán de corbeta Galindez (alias “Lobo” o “Bruto”). Ninguno de ellos estará en el juicio. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas.
Las burocracias sindicales, encabezadas en ATE Nacional y Ensenada por Juan Horvat y Juan Carlos Marín (respectivamente) y en la UOM por Rubén Diéguez, cumplieron el rol de intentar desmovilizar las luchas del sector obrero combativo, y colaboraron con la estructura represiva que desplegó la Fuerza de Tareas 5. Horvat, cabeza de la lista Azul y Blanca, tenía diálogo habitual con el capitán de navío Enrique Carranza, presidente de AFNE (Astilleros y Fábricas Navales del Estado), y con el titular de Defensa Tomás Vottero, y no movió un dedo por los más de 42 desaparecidos, la decena de asesinados y los 200 presos políticos de Astilleros. Marín sale a decir hoy que “la historia de ATE Ensenada no es de izquierda ni derecha”, cuando por acción o inacción jugaron el rol de cómplices civiles de los marinos asesinos.
La elección de cuerpos de delegados combativos y la creación de Coordinadoras de Gremios en Lucha, con las bases y por fuera de la burocracia adepta a las patronales, dieron cuenta por entonces del poder de la clase obrera, unida, organizada y decidida a luchar, por sus derechos pero por el Socialismo. Claro que para ser acallada, suspender las conquistas e imponer un sistema económico como el padecido hasta hoy, los que ostentan el poder político y económico debieron recurrir a un GENOCIDIO.

EL JUICIO
A comienzos de marzo de 2014 el extinto juez Humberto Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada por el espacio Justicia Ya. Blanco dio lugar al minúsculo requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: en total 10 genocidas por 40 casos para una zona que, junto con Capital Federal, Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina. En el camino murieron impunes 2 de los represores, así que vamos descontando.
En pocas semanas dará comienzo un juicio que tiene como imputados a sólo 8 GENOCIDAS POR 40 CASOS, en una zona con cientos de detenidos-desaparecidos y asesinados, y donde funcionaron 4 CCD de pendientes de la Armada.

Con esto, no se está elevando más que una ínfima parte de los partícipes de los hechos en juzgamiento, porque nuevamente la Justicia adopta un criterio imputativo por el cual, solo algunos de los mandos superiores es indagado por los delitos cometidos. Aún así, el juicio incluirá los casos de 29 sobrevivientes, 9 compañeros desaparecidos y 2 asesinados. La cifra no es representativa de lo que fue la represión en la zona, cuando sólo en el Astillero hubo 42 desaparecidos.
Pero una vez más, la mayoría de los acusados llegan al juicio con el beneficio de la prisión domiciliaria. Están tranquilos en sus casas:
ANTONIO VAÑEK (Comandante de Operaciones Navales) ya fue condenado a 40 años de prisión por “Plan Sistemático” de apropiación de bebés; JUAN ALBERTO ERRECABORDE (Comandante de Fuerza de Tareas N°5), imputado por el secuestro y torturas de 10 compañeros (2 de ellos asesinados); JUAN CARLOS HERZBERG (Director de liceo naval), ya sentenciado a 10 años de prisión por la apropiación de Natalia Suarez Nelson Corbalán, y a 12 años en el juicio por el CCD “La Cacha”; JOSÉ FÉRNANDEZ CARRÓ (Comandante del BIM3) está acusado por los secuestros y torturas de 7 compañeros que pasaron por ese CCD; CARLOS SCHALLER y LUIS ROCA (Jefes de Prefectura Naval Puerto La Plata) imputados por casi 20 casos de secuestros y desapariciones a manos de la FT5; y EDUARDO ANTONIO MEZA, (oficial de Prefectura) imputado por 10 casos de secuestros y desapariciones en su colaboración con la FT5.
El único represor detenido del grupo es ROBERTO GUITIÁN (Jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3) , alojado en la Unidad 31 de Ezeiza, acusado de 7 secuestros y 2 homicidios. TOMÁS OSVALDONDEZ (oficial de Prefectura) y ANTONIO MOCELLINI (segundo Comandante del BIM3) murieron impunes este años antes de llegar al juicio. La tardanza del Estado les impedirá responder por esos crímenes. Que en Paz No Descansen.

NUESTRA POSICIÓN
Desde HIJOS LA PLATA, y ante el discurso de la presidente Cristina Fernández pidiendo reconciliación en los actos por el 25 de Mayo, decimos como lo venimos haciendo hace 20 años, que nosotros no olvidamos, no perdonamos y NO NOS RECONCILIAMOS. Porque los genocidas mueren impunes, porque solo han condenado a menos de 1 represor por cada uno de los 600 centros clandestinos que funcionaron en el país, porque todavía faltan restituir 400 jóvenes apropiados, porque hay más de 200 desaparecidos en democracia, por los miles de casos de pibes asesinados por gatillo fácil, porque el aparato represivo sigue intacto y sigue protegiendo a personajes como el ex jefe del Ejército Cesar Milani. Y aunque quieran tapar la memoria convirtiendo los centros clandestinos como el BIM 3 o la ESMA en la Disneylandia del terror, seguiremos exigiendo juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices de la burocracia sindical, por todos los compañeros, cárcel común, perpetua y efectiva.

- JUICIO Y CASTIGO A TODA LA ARMADA ASESINA. – BASTA DE BENEFICIOS A LOS REPRESORES. – JUSTICIA POR LOS OBREROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS DE NUESTRA REGIÓN. – BASTA DE BANALIZAR LOS EX CCD. – INDAGATORIA YA AL GENOCIDA CESAR MILANI.

HIJOS La PLATA
Julio 2015

Contacto: 0221 155892221

Las audiencias se realizarán en el ex edificio de la AMIA (4 entre 51 y 53) todos los lunes y miércoles. Son públicas y se pueden presenciar acreditándose con DNI.