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COLOMBIA

Libertad al periodista Sergio Segura

(APL)“Los y las abajo firmantes, trabajadores de prensa, comunicadores y comunicadoras de todo el mundo, manifestamos nuestra preocupación ante la detención del periodista colombiano Sergio Segura el 8 de julio a las 6 de la mañana, como parte de otras 14 órdenes de captura llevadas a cabo por la justicia de Colombia que involucran a referentes sociales, estudiantiles y feministas, en el marco de las investigaciones por las explosiones ocurridas el 2 de julio Bogotá. Compañerxs, les pedimos la colaboración para reunir una amplia gama de adhesión de periodistas y comunicadores, así como medios comunitarios. Les pedimos que manden el nombre del medio que suma su adhesión o el nombre y apellido y país del periodista que se suma a este correo: xlalibertaddeprensaencolombia@gmail.com . Toda nuestra solidaridad con los compañeros perseguidos.

Sergio Segura

Ante la detención del periodista colombiano Sergio Segura pedimos garantías al gobierno de Colombia

Los y las abajo firmantes, trabajadores de prensa, comunicadores y comunicadoras de todo el mundo, manifestamos nuestra preocupación ante la detención del periodista colombiano Sergio Segura el 8 de julio a las 6 de la mañana, como parte de otras 14 órdenes de captura llevadas a cabo por la justicia de Colombia que involucran a referentes sociales, estudiantiles y feministas, en el marco de las investigaciones por las explosiones ocurridas el 2 de julio Bogotá.

La detención de Segura y el hecho de se haya incautado su archivo periodístico se da en un contexto de persecuciones y falta de garantías para el ejercicio del periodismo y la comunicación. La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP- de Colombia documentó 164 casos de periodistas víctimas de persecución y violación a los derechos humanos en 2014, de los cuales 6 fueron encarcelados. En lo que va de 2015 los reportes de violaciones a la libertad de prensa acumulan 84 denuncias.

Sergio Segura es Licenciado en Comunicación Social y se desempeña como corresponsal en la Agencia Colombia Informa. Recientemente había sido convocado a exponer en la Universidad Nacional de Colombia en un Foro sobre Medios y Conflicto, en su carácter de especialista en temas de Conflicto y Paz.

Los abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación de que Segura hay sido detenido por motivos políticos extrajudiciales vinculados a su labor periodístico y sus denuncias frente a la violación de los derechos humanos. Pedimos garantías al gobierno de Colombia para que se respeten las instancias judiciales y se otorgue la libertad a los detenidos.

Los integrantes de la Agencia Colombia Informa habían sido amenazados de muerte por grupos paramilitares en 2014 al igual que medios como Telesur. Si la detención de Segura se vincula a su cobertura periodística sobre temas de Conflicto armado y paz, esto dejará un mal precedente para la libertad de prensa en Colombia.

De ser así, se estaría vulnerando la libertad de expresión en Colombia, dejando un saldo de amedrentamiento contra las voces independientes en algo tan sensible como el cubrimiento del conflicto armado y obstaculizando la defensa de los derechos humanos.

Por eso reiteramos nuestro pedido para que se garantice el debido proceso judicial y no se convierta en un hecho mediático sin ningún tipo de basamento. Pedimos garantías para el ejercicio de la actividad de prensa para comunicadores y periodistas en toda Colombia y convocamos a la solidaridad a nivel internacional para que se cumpla el debido proceso y se garantice el pleno ejercicio del derecho humano a la comunicación.

AVAL ANTE REITERADAS DENUNCIAS

Cuando la intervención policial cercena derechos y garantías

(Agencia Andar/CPM) En el marco de las reiteradas denuncias realizadas por jóvenes de Chascomús y relevadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) durante un encuentro en la Escuela Secundaria N° 1, la Justicia hizo lugar a un habeas corpus en favor de un joven víctima de violencia policial. En la resolución, se advirtió sobre la gravedad del accionar ilícito por parte de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y se interpeló a los organismos de control a “tomar las medidas pertinentes a fin de sancionar a los responsables”.

Chascomús

El Juzgado de Garantías Nº 1 de Dolores, a cargo de la doctora María Inés Elías, hizo lugar a un pedido de habeas corpus presentado por la CPM, y puso en cuestión la legalidad de los procedimientos del GAD en la ciudad de Chascomús. La decisión judicial alerta sobre la “gravedad” del accionar de los efectivos policiales, y pone en conocimiento a las autoridades juridisccionales y al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a fin de “sancionar a los responsables”.

Se trata de una respuesta contundente de la Justicia frente a reiteradas denuncias relevadas por la CPM en el último tiempo. Desde la llegada del GAD a Chascomús, las razzias nocturnas, las requisas, detenciones por averiguación de identidad y los controles de tránsito se han constituido en prácticas habituales implementadas por las fuerzas de seguridad en su despliegue territorial. En ocasiones, estas intervenciones resultan arbitrarias e irregulares; y se emplean sistemáticamente contra los jóvenes cercenando sus derechos y garantías constitucionales.

No se trata de una realidad exclusiva de la ciudad de Chascomús. Por el contrario, éste es un emergente más de prácticas sistemáticas que se extienden por todo el territorio de la Provincia. Como se advierte en el informe Anual 2015 de la CPM, “en el análisis de las políticas de seguridad preocupa la consolidación de la policialización como eje y bastión de la política pública. La incorporación de nuevos contingentes de policías ha sido la respuesta predominante a la demanda de seguridad. La mera sumatoria de nuevos efectivos no puede considerarse sin más un dato positivo sino todo lo contrario: los nuevos agentes y recursos se suman a una policía que sigue guardando, como rasgos centrales, el dominio territorial en base a prácticas ilegales o arbitrarias, su vínculo con el delito y la gestión de mercados ilegales”.

Esta política de saturación, amparada en un discurso de la seguridad y preservación del espacio público, legitima acciones y prácticas que se repiten sistemáticamente en las que se hace un uso ilegítimo e ilegal de las atribuciones de la policía. La CPM viene señalando la necesidad de visibilizar y denunciar estos hechos para que no sean naturalizados por la sociedad.

¿Para qué está el GAD?

En las investigaciones que escuelas de Chascomús realizan en el programa Jóvenes y Memoria de la CPM, se relevaron testimonios de estudiantes que manifestaron ser víctimas de operativos violentos por parte del GAD. Autoridades de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 1 también denunciaron que tres jóvenes que asisten al establecimiento fueron golpeados y atacados con balas de goma por personal de esta fuerza policial.

Desde la llegada del GAD a Chascomús, las razzias nocturnas, requisas, detenciones por averiguación de identidad y controles de tránsito se han constituido en prácticas habituales implementadas por las fuerzas de seguridad en su despliegue territorial.

A principios de junio, una nueva denuncia motivó la intervención de la CPM: en un supuesto operativo de tránsito, agentes del GAD golpearon y detuvieron a otro joven. A raíz de este hecho, el área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM acompañó y asesoró a la familia; en tal carácter, emitió un habeas corpus preventivo y presentó las denuncias correspondientes en la Fiscalía y en Asuntos Internos.

El GAD es una fuerza especial con capacitación y especialización para intervenir en procedimientos especiales: allanamientos, por ejemplo. Desde que se asentó en Chascomús, los vecinos aseguran que el GAD está destinado a hacer un trabajo antinarco; sin embargo, las denuncias indican que, bajo la lógica de regular el espacio público, realizan operativos de saturación que tergiversan sus tareas.

Precisamente, en el habeas corpus se hace mención a que “desde la dependencia policial nos refirieron que la detención había sido en el marco de un procedimiento de tránsito, siendo que en el día de la fecha el Intendente de la ciudad de Chascomús, el Sr. Juan Alberto Gobbi, se reunió con la mamá del joven informándole que los controles de tránsito están a cargo del municipio y que el G.A.D no podría realizarlos en tanto su competencia se ciñe a situaciones de mayor complejidad”.

El coordinador del Área de Seguridad Democrática de la CPM, Rodrigo Pomares, consideró al respecto qué “se trata de la confirmación en un caso concreto de las prácticas policiales ilegales que venimos denunciando en distintas localidades del conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires. No se trata de un supuesto aislado sino de una rutina que en este caso ha sido puesta en manos de un grupo especial como es el GAD, que sin dudas debería estar destinado a otro tipo de intervenciones y no a la interacción cotidiana con la población en tareas de prevención. Las graves denuncias que se confirman requieren una pronta y contundente respuesta que no sólo sancione a los responsables directos y sus superiores sino también que reoriente la intervención policial a su función democrática evitando la persecución, mediante detenciones sin orden judicial, especialmente dirigida hacia los jóvenes”.

Con esta decisión judicial se constatan los hechos de violencia policial que vienen siendo denunciados por los jóvenes de Chascomús, y que motivaron la intervención de la CPM, y sobre ellos se ordenan las sanciones pertinentes. Al mismo tiempo, en la resolución se asume la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los derechos y las garantías constitucionales.

En este sentido, cabe destacar el rol activo que ha desempeñado la comunidad educativa de Chascomús denunciando y atestiguando en los casos de violencia institucional acontecidos recientemente en la ciudad. La CPM reivindica este posicionamiento de docentes y jóvenes, y reconoce el valor de visibilizar en la sociedad los hechos de violencia policial y condenar toda práctica estatal que vulnere los derechos de las personas.