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Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

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INFORME ANUAL 2015 DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA

¿Qué se nombra al decir “El sistema de la crueldad”?

(APL)¿Qué estaban nombrando los autores del Informe anual 2015 cuando llamaron “El sistema de la crueldad” a la investigación sobre cárceles, comisarías, centro de menores, neuropsiquiátricos y políticas de “seguridad”, presentado recientemente en la ciudad de La Plata, por la CPM copresidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel? ¿Qué implica este concepto en la vida cotidiana de los habitantes del distrito más rico del país y, a la vez, el que ostenta millones de seres humanos en estado de vulnerabilidad quienes, precisamente, son el blanco represivo de las diversas agencias estatales? ¿Cuáles son sus consecuencias en un año de marcado por las elecciones donde los discursos lanzados a la caza del voto pugnan por prometer el ejercicio de la mano más dura? ¿Cómo explica el estado que 548 personas sucumbieron en sitios de encierro, o “enfrentamientos” inverosímiles? ¿O los 207 privados de libertad cada 100 mil habitantes, mientras que el país tiene 153 en la misma relación? Enumerar las violaciones a los derechos humanos perpetrados en el distrito por agentes estatales es una tarea sin fin. Pero no se trata de desplegar acá una antología del lamento. Visibilizar, organizar y enfrentar esta devastación de los más humildes, en la “tumba” o en el barro, esa la tarea de los luchadores. Que así sea.

Crueldad

Para ir desgranando las respuestas vale citar un párrafo de la introducción del volumen que supera las 400 páginas: “las políticas de seguridad basadas en la exacerbación del punitivismo – la represión, la persecución y el castigo penal como vías de resolución de los múltiples problemas sobre los que se demanda respuesta- no sólo han sido ineficaces sino que han agravado la violación de derechos de determinados sectores sociales a niveles históricos desde el advenimiento de la democracia”.

A la vez, los datos relevados son contundentes: casi 35 mil presos y cautivas en las cárceles bonaerenses revelan una superpoblación del 50 por ciento. Aunque si ponemos en foco, por caso, determinadas comisarías de La Matanza la superpoblación trepa al 600 por ciento.
Como se sabe, los estándares internacionales establecen que cada detenido debe habitar en un espacio mínimo de siete metros cuadrados, con lo cual en la Provincia de Buenos Aires solo tiene capacidad para 20 mil privados de libertad. Cabe destacar que el 60 por ciento de los presos no tiene condena firme y padece el uso sistemático de la prisión preventiva.

Por otra parte, en el contexto internacional hay muestras incontrastables de la ineficacia represiva para los fines que alega su existencia: Estados Unidos marcha a la cabeza de la humanidad ostentando el mayor número de prisioneros, y, a la vez, es el país con el índice más alto de delitos. La represión estatal no previene los actos prohibidos por las leyes, aunque legitima la desigualdad que los promueve.

Al mismo tiempo, los casi 35 mil seres humanos encerrados en los penales bonaerenses permiten establecer otra relación: Durante la gestión del gobernador Carlos Ruckauf se produjo un aumento exponencial de la población carcelaria y la acentuación del “manodurismo”, de ese modo se arribó a la mayor variación interanual de crecimiento registrada en personas encarceladas: un 10,4 % entre 2001 y 2002. Y La variación entre 2013 y 2014 llegó al 9,5 %.

El dato es preocupante dado en este escenario preelectoral los candidatos con posibilidades de arribar a la presidencia de la Nación prometen más cárceles, penas draconianas y la creación de una multiplicidad de policías. Es decir, si – como se sabe-, las principales organizaciones criminales son precisamente las instituciones que arguyen combatir el delito, lo que se acrecentará son las bandas en disputa por los negocios sucios, no la seguridad.

A su vez, el Informe da cuenta que aumentó: “considerablemente el ejercicio de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de tortura y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza. La estrategia de saturación territorial a través de la presencia de efectivos y patrulleros en los barrios pobres de las periferias urbanas ha generado restricciones en la circulación en el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso, generando situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución arbitraria por parte de la policía, lo que ha incrementado los niveles de violencia estatal y cercenamiento de derechos”.
Según datos oficiales, entre enero y septiembre 2005, murió un civil cada 15 enfrentamientos (reales o ficticios). Pero a partir de la declaración de la emergencia la relación pasó a un civil muerto cada 5 enfrentamientos.
Al respecto, el Informe sostiene que: “esta violencia cotidiana – naturalizada muchas veces por quienes la padecen y por su entorno- en la gran mayoría de los casos no se traduce en una denuncia ante el sistema de justicia y crea condiciones de posibilidad de hechos aun más graves como torturas o ejecuciones sumarias, más conocidas como “gatillo fácil”.

“Para los sectores que pregonan la “mano dura” como forma de mejorar la seguridad ciudadana, éstas serían buenas noticias, – sostienen los investigadores-, y así lo publicita el Ejecutivo provincial. Este discurso de neto corte belicista, que pregona una “guerra contra la delincuencia” sostenida desde el Estado y resaltada en las representaciones de la realidad producida por los medios de comunicación hegemónicos, empeora fuertemente el panorama y propicia un desprecio profundo por una ética democrática sostenida por los principios de los derechos humanos. Son discursos altamente perniciosos que producen miedo en la sociedad y alientan la violencia, toda vez que la solución que presentan a los problemas se asienta en la generación de más violencia”.

La declaración de la Emergencia de Seguridad
De modo concluyente, en el Informe se afirma que la declaración de la Emergencia en Seguridad, vía decreto en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el deterioro de la situación de los derechos humanos en la Provincia, producida por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales, al tiempo que minó el financiamiento de las ya deficitarias políticas de promoción y protección porque reorientó el gasto a la política represiva.
¿Qué implicó concretamente en la realidad de los bonaerenses esta medida?

En el texto se sostiene que La declaración de emergencia confirmó y promovió una concepción de la seguridad pública fundada en la lógica de la guerra contra el crimen. “Esto se evidenció claramente en los informes presentados por el Ministerio de Seguridad en los que se ponderó como resultado positivo de la Emergencia el número de enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con supuestos delincuentes y las cifras de “delincuentes heridos” y “delincuentes abatidos”, aseguran.

A su vez, la medida del Ejecutivo profundizó el “policiamiento” a partir del aumento de las detenciones sin orden y al margen del control judicial. Otro de los ejes de la publicidad oficial sobre los supuestos logros de la emergencia fue la realización de procedimientos preventivos y proactivos. “En este sentido, expresó la CPM, que a la cotidiana práctica de detenciones por averiguación de identidad se suma la proliferación de procedimientos policiales de control de pasajeros de transporte público. Hace tiempo que venimos alertando sobre el uso cada vez más extendido de las detenciones policiales sin orden judicial por fuera de los casos estrictos de flagrancia. Hemos descripto con exhaustividad cómo el empleo de figuras como la detención por averiguación de identidad se transforman en herramientas propicias para la extorsión y el hostigamiento policial, al margen de todo control jurisdiccional. En este orden de ideas, denunciábamos que: el Ministerio de Seguridad adoptó como mecanismos sistemáticos, supuestamente preventivos, la detención de colectivos públicos de pasajeros para posteriormente realizar averiguaciones de identidad, cacheos y requisas sobre las personas que viajan en este medio de transporte”.
Los datos que aportó la entidad, principalmente los obtenidos en el marco de las inspecciones a comisarías, permiten confirmar que este tipo de detenciones constituyen el mecanismo de control territorial por excelencia.

La Militarización y los calabozos
Entre las acciones regresivas que produjo la Emergencia, se pueden citar que: convocó al personal en situación de retiro activo de las policías de la Provincia para prestar servicios y al personal del Servicio Penitenciario Bonaerense en situación de retiro; estableció que las empresas privadas prestadoras de servicios de seguridad y su personal realicen sus tareas en carácter de auxiliares de las fuerzas de seguridad pública; habilitó a los Ministerios de Seguridad y de Justicia a ejecutar obras y contratar servicios y suministros, autorizando al Ministerio de Economía a efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes; para lo que se invocó legislación en materia de emergencia que rige para situaciones de catástrofes naturales; y facultó a los municipios a adoptar restricciones que autorizan el uso de moto-vehículos mayores a las establecidas por la Ley Provincial de Tránsito”.

Luego, el Informe subraya que “este conjunto de medidas fueron acompañadas por el dictado de la resolución 642/14 por la cual se resolvió rehabilitar el funcionamiento de los calabozos de las dependencias policiales que habían sido clausuradas. La medida ministerial de naturaleza regresiva, dejó sin efecto las resoluciones dictadas por el entonces Ministro de Justicia y Seguridad en los años 2011 y 2012, por las cuales se disponían los cierres de calabozos en las diversas comisarías provinciales con el objeto de mejorar el estándar de detención de los alojados”.

La Comisión Provincial por la Memoria rechazó este conjunto de medidas presentando una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, cuestionando la legalidad del referido decreto y las resoluciones que en su consecuencia se dictaron. Además de este recurso judicial, la Comisión remitió un informe a todos los poderes del estado provincial, y un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la grave situación detectada en las comisarías de dos de los departamentos judiciales más grandes de la provincia, Lomas de Zamora y La Matanza.

Cárceles de mala muerte
Uno de los datos más alarmantes es el de las elevadas muertes en el encierro: “durante 2013-2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos otras 18 en comisarías de la Policía provincial. La policía bonaerense informó al menos 111 personas “abatidas en enfrentamientos” entre abril y octubre de 2014. Pero la misma lógica del desprecio por la vida se reproduce en los neuropsiquiátricos: sólo en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero murieron 133 personas entre febrero del 2012 y febrero de 2014. Estas 548 muertes, que además son un subregistro, se produjeron por acción u omisión del Estado; algunas las produjeron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia y protección del Estado”.

En Informe da cuenta de 20.986 hechos de torturas o malos tratos contenidos en los 9.822 habeas corpus o acciones urgentes que se presentaron ante el Poder Judicial sólo por parte de la CPM. A su vez, el Registro nacional de casos de torturas o malos tratos registró, durante 2013-2014, 4.987 hechos de torturas padecidas por 1.136 personas en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la investigación, los servicios penitenciarios tienen una política de gobernabilidad de los lugares de encierro “a partir de la implementación y el ejercicio de un sistema que se sustenta en la violencia estructural, la tortura y la degradación de los sujetos. Las policías Gobiernan los territorios habitados por los excluidos de la sociedad utilizando las mismas violencias. Los despliegues, como parte del control social punitivo de estos sectores, se ejecutan a través de un sistema penal sostenido en decisiones y estrategias adoptadas desde el mismo Estado. Se construye un discurso y se adoptan medidas que promueven este tipo de gobierno utilizando la tortura y la muerte como herramienta de control”.

La “policialización” de la justicia
“Los tres poderes del Estado son responsables de este retroceso en materia de derechos humanos desde la perspectiva del sistema penal,- remarca el Informe-. A las responsabilidades ejecutivas descriptas en la implementación y lo señalado en cuanto al rol de la SCJBA, debemos agregar la actuación de un Poder Judicial que es parte de este diseño. La justicia penal no actúa para enfrentar la tortura ni las violencias institucionales. Existen escasísimas condenas por torturas o apremios, a pesar de los miles de casos que acontecen cotidianamente. Se denuncian sólo dos de cada diez casos; salvo excepciones, estas causas no son investigadas y mucho menos juzgadas”.

La estrecha relación policial-judicial, afianzada en el accionar cotidiano conjunto de estas instituciones y la prevalencia policial en la decisión de que personas se detiene – sumado al componente ideológico conservador de la media de los funcionarios judiciales-, atenta contra la posibilidad de la justicia. El 90 % de las causas que tramita el sistema penal provincial son casos de personas detenidas en flagrancia por la policía bonaerense, es decir que la policía lleva ante la justicia y apenas un 10 % fueron detenidos por órdenes judiciales a partir del trabajo de investigación judicial previo. Es la “policialización” de la justicia”.

El sistema de la crueldad y la omertá

De esta manera, la CPM destaca que las mismas políticas pueden interpretarse en dos sentidos: “Por un lado, responden a necesidades electorales – y por eso es común a los candidatos con más proyección mediática- basadas en la creencia de que la promesa de más represión genera más adhesión que las políticas de promoción y protección de derechos. Por otro – y esto es lo más preocupante- a una estrategia de gobierno del conflicto social que se despliega en el territorio militarizándolo, aumentando los dispositivos de vigilancia, captando más personas para el sistema penal y desplegando distintas violencias tanto afuera como adentro del encierro. A esta modalidad de gobierno la hemos llamado el “sistema de la crueldad”.

Por su parte, el escritor Mario Puzzo, autor del célebre “El padrino” se refirió a la “Omertá”, como al pacto de silenciamiento y sangre, código de los crímenes de la mafia italiana. Claro que en aquella geografía los enfrentamientos se dan grupos poderosos. Sin embargo, en la Argentina, integrantes de la familia policial, judicial y penitenciaria, entre otros, componen la Omertá autóctona que encubre las políticas represivas emanadas desde el estado contra los más indefensos.
Precisamente, en la reciente presentación del Informe de la CPM, los estados y los gobiernos fueron señalados por el Premio Nobel de la Paz como los violadores de los derechos humanos. Se sabe, ellos son los encargados de tutelarlos, de protegerlos, no de vulnerarlos. ¿Cómo explicará el estado bonaerense que mientras la Argentina tiene 153 detenidos cada 100 mil habitantes, la provincia mantiene a 207 privados de libertad atendiendo la misma relación? ¿De qué modo argumentará sobre las, al menos, 548 muertes en sitios de encierro entre 2013 y 2014? Nadie debería morir en una prisión donde solo se pierde el derecho a la libertad ambulatoria. ¿Qué dirá La Bonaerense sobre los “muertos en enfrentamientos” en su pujante letalidad?

Esta política estatal de devastación a presos, cautivas y del pobrerío en el “territorio libre” no es un fenómeno exclusivo de la provincia de Buenos Aires. En Neuquén, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y todas las provincias argentinas se replica la misma lógica: existe el sistema de la crueldad, estatal, ilegal, clandestino, silenciado, naturalizado y alentado por diversos medios, que campea de sur a norte en el país.

Visibilizar, organizar y enfrentar
Las millones de cámaras que hoy filman las transgresiones solo cometidas por los más pobres, no registran ni una sola de las causas que las originan. Por caso, esta Agencia ha denunciado que miles de argentinos revuelven la basura en el Ceamse, en José León Suárez, para conseguir un poco de comida, para lo cual tienen que ser más veloces que las ratas con las que disputan, o un medicamento vencido o algún artefacto desechado. Ahora bien, disponen solo una hora para hacerlo. Si no tuvieron éxito, deben regresar con las manos vacías. Pero las mujeres, en general con varios hijos, tienen otra nefasta posibilidad: pueden someterse a las violaciones de los guardias privados de la entidad, y en ese caso acceden a una hora más de tiempo para procurar la cena. Pero si esa mujer ya no está dentro de las complacencias de los violadores, entonces pibes y niñas en edad de escuela primaria son abusados para que su madre reinicie búsqueda en el basural.

¿Dónde están las cámaras de la criminología mediática a la hora de filmar estos hechos? ¿Y los editorialistas de los grandes medios? ¿Y los fotógrafos de los distintos monopolios? Y además, ¿qué esperamos que sean esos niños y chicas cuando crezcan? ¿Premios nobeles de literatura? ¿Científicos? ¿Médicos? La ecuación es simple: someter a millones de seres humanos a situaciones desesperadas, es altamente probable que genere conductas desesperadas.

Hay que ir a la esencia de la cuestión y, sin esfuerzos, se hallaran las causas del conflicto en el sistema de inequidad a la hora justa de repartir los bienes materiales y culturales. Pero no se trata de desplegar acá una antología del lamento. Visibilizar, organizar y enfrentar esta devastación de los más humildes, en la “tumba” o en el barro, es la tarea de los luchadores. Que así sea.