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MORIR EN PRISIÓN:

La condena final de los que cumplen sentencia

(Por Sol Amaya/La Nación) Gustavo Aranda sufría dolores abdominales tan terribles que incluso intentó tirarse desde el balcón del pabellón. Días después fue encontrado muerto en su celda. David Dubra padecía un profundo cuadro depresivo. Pasó varios días haciendo una huelga de hambre. Al tiempo, apareció ahorcado con una sábana. A Patricio Barros Cisneros lo mataron a golpes los guardias del penal. Dijeron que se había suicidado reventándose la cabeza contra las rejas. No son casos aislados. Un relevamiento de LA NACION a partir de información de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) demostró que en las prisiones del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que según el último informe de la CPM alojan a 34.156 presos, hubo 707 muertes entre 2009 y 2014. El 30% fueron violentas.

La condena final

En el mismo período, en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde hay unos 10.000 reclusos, murieron 272, el 46,3% en forma violenta.

Este año la Procuración ya registró 25 muertes de internos en el SPF, 11 de ellas, violentas.

Son consideradas muertes violentas, según explica la PPN, a “aquellas que resultan consecuencia de un homicidio, suicidio, accidente, o la causa que la ha provocado resulta dudosa de determinar, pero siempre traumática”.

En cambio se clasifica como muertes no violentas a las que se producen “por enfermedad, son súbitas o cuya causa aún resulta dudoso determinar, pero siempre no traumática”.

Las diez cárceles con más muertes violentas entre 2009 y 2014 se ubican casi todas en Buenos Aires, salvo la Unidad N° 6 del SPF, que está en Rawson, Chubut. Esta última es la que tiene la proporción de muertes violentas más alta en el período (12 sobre 15).

“Hoy, recibir una condena en la Argentina representa una doble penalidad: la sanción en sí misma, medida en días, meses y años de privación de la libertad, y tratar de sortear la estadía en prisión sin que vayan la vida o la salud en ese intento”, sostiene el juez Mario Juliano, director de la Asociación Pensamiento Penal. “Una temporada «tras las rejas» implica no recibir alimentación adecuada, atención de la salud, estar sometido a sobrepoblación y al consecuente hacinamiento, y afrontar violencia del resto de la población y, como si eso fuera poco, de la propia institución carcelaria”, añade Juliano.

“Al no haber ningún otro registro oficial público, nosotros decidimos llevar a cabo nuestro propio relevamiento”, explica a LA NACION Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario. “Muchas muertes se informan como 'paros cardiorrespiratorios’, pero nosotros no podemos conformarnos con ese dato. Tenemos que investigar cómo sucedió ese deceso, en qué circunstancias, y si hubo o no responsabilidad por parte del personal penitenciario”, señala Mugnolo.

En el caso de Aranda, cuya muerte ocurrió el 17 de junio del año pasado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) determinó que ante sus dolores abdominales sólo le habían suministrado un calmante, pero no le hicieron ningún estudio. Su muerte es motivo de una investigación judicial.

Por el fallecimiento de Dubra, que sucedió el 25 de enero de 2012 en la Unidad N° 6 de Rawson, el juez federal Hugo Sastre procesó a 14 agentes del Servicio Penitenciario Federal por el delito de “abandono de persona agravado por el resultado de muerte”. El magistrado consideró que, días antes de fallecer, el detenido “se encontraba en un especial estado de vulnerabilidad” y que “dicha circunstancia era perfectamente conocida por sus compañeros de alojamiento y, fundamentalmente, por las autoridades penitenciarias encargadas de su vigilancia y cuidado”.

“Desde ya, no es posible pensar ninguna muerte en contexto de encierro sin una responsabilidad del Estado, porque es quien ha decidido, por un acto político, privar de la libertad a una persona”, sostiene Ramiro Gual, coordinador del equipo de Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión de la Procuración.

Las causas de muerte

Si bien a partir del relevamiento de datos realizado por LA NACION se detectó que, en las cárceles federales, en el 35% de los casos se desconoce la causa exacta de muerte, también se pudo establecer que, dentro de los decesos informados, la primera causa de mortalidad son las enfermedades (el 62% de las muertes informadas).

“La elevada cifra de muertes por enfermedad evidencia la regularidad en las fallas estructurales en la asistencia médica”, sostiene un informe de la Procuración. Sobre este punto se destacan como principales falencias “la falta de atención por profesionales de la salud, cuando un detenido solicita audiencia; la poca profundidad con que son estudiados los cuadros [médicos]; la falta de información posterior sobre el resultado de sus exámenes, diagnósticos y tratamientos futuros”. La Procuración sostiene que, en muchos casos, “los tratamientos y dietas que prescriben los mismos médicos penitenciarios son regularmente incumplidos dentro de los establecimientos”.

Las otras causas de muerte más citadas en los reportes son los homicidios, peleas o heridas (20%). En tanto, entre 2009 y 2014 hubo al menos 96 suicidios (15% de las muertes totales) en las cárceles federales.

“En el caso de las muertes por ahorcamiento, como también cuando los presos prenden fuego en sus celdas y mueren a raíz de las quemaduras, lo que ocurre tiene un trasfondo más amplio”, sostiene Gual. “En general lo que hay es algún tipo de irregularidad penitenciaria. Un detenido hace un reclamo, las autoridades cancelan cualquier vía de diálogo y el detenido se ve en la necesidad de llevar a cabo una medida de fuerza extrema. Con los relevamientos nos dimos cuenta de que la definición de «suicidio» en una cárcel dice mucho y poco a la vez. No se puede catalogar una muerte tajantemente como suicidio cuando el preso no estaba buscando morir, sino que se responda a un reclamo suyo”, dice Gual.

Escasa información

Los organismos que trabajan en el relevamiento de las muertes ocurridas en contexto de encierro sostienen que en muchos casos es difícil el acceso a la información. Los datos no siempre están disponibles y en muchas provincias no existen relevamientos públicos. “Por nuestra experiencia, lo que vemos es que, en general, esos datos no están publicados, no están centralizados en ningún lado; en los servicios penitenciarios más importantes no están sistematizados”, explica Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS.

“Hemos hecho relevamientos en varias provincias y los datos no se encuentran fácilmente. Hay que hacer pedidos específicos por jurisdicción. Y después hay que ver cómo se hacen los relevamientos, porque no hay una forma estandarizada y muchas veces los listados son precarios e incompletos”, sostiene Litvachky, que añade: “Tampoco hay series históricas, entonces no se puede ver la evolución de los casos de muertes, no es posible hacer un análisis profundo”.

En el caso de los SPB y el SPF “sigue habiendo problemas de registro, producción y acceso, pero al menos la información sobre muertes existe”, dice la especialista del CELS.

El informe de 2013 de la Procuración sostuvo que el SPF sólo les había informado de manera “formal y oportuna el 25%” de las muertes ocurridas en el último lustro. “Prácticamente una de cada cuatro muertes es informada a través de otros presos o de sus familiares”, dice el informe.

El relevamiento de LA NACION, a partir de información provista por la Procuración, determinó que del total de muertes que se produjeron en las cárceles del SPF entre 2009 y 2013, el 51% no fueron comunicadas por el propio servicio, sino por otro preso, familiares o incluso por los medios de comunicación.

Sin embargo, la situación mejoró a partir de 2014. “La comunicación con el Servicio Penitenciario Federal en este sentido ha avanzado positivamente. Ahora los fallecimientos son informados inmediatamente, lo que es un logro muy importante ya que era algo que la Procuración venía cuestionando desde hacía varios años”, explica Ariel Cejas Meliare, director general para la Protección de los Derechos Humanos de la PPN.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia bonaerense informan a LA NACION que en la Provincia se ha tomado “la decisión de que cualquier muerte en contexto de encierro debe ser profundamente investigada”. Además, indican los voceros, “se establecen diversos programas para reducir la violencia en cárceles” bonaerenses. Como ejemplo mencionan que el programa de Casas por cárceles “ha logrado disminuir considerablemente la violencia” intramuros.

En ese sentido, las fuentes aseguran que ha habido una reducción de las muertes violentas dentro de las prisiones de la Provincia. “No sólo disminuyeron los totales de muertes traumáticas producidas en contexto carcelario, sino que, en términos de tasa, la reducción fue incluso mucho mayor habiéndose pasado, por ejemplo, de una tasa de 25 fallecidos cada 10.000 internos en el año 2004, a la proyección actual de 10 cada 10.000”, sostienen.
La intervención judicial

Las muertes en el ámbito carcelario no siempre son investigadas por la Justicia. El informe de la PPN determina que al menos en el 33% de las muertes registradas en el período 2009-2013 y en el 27% de los casos de 2013 “la administración de justicia penal ha decidido no iniciar investigación alguna”.

El informe anual del CELS (2013) sostiene que “ni la administración penitenciaria ni la burocracia judicial se sienten interpeladas a investigar todos los fallecimientos en prisión. Sólo se limitan a trabajar (con fuerte resistencia y deficiencia) los casos de muertes traumáticas o violentas, aunque difícilmente avanzan mientras se sostiene la versión oficial de los hechos”.

En tanto, desde el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles (SICC), organismo creado para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, se busca promover la investigación de todas las muertes en cárceles. “Hemos recomendado al Servicio Penitenciario Federal que en todos los casos de muerte de personas privadas de su libertad, tanto en unidades como en establecimientos extramuros, se disponga como primera medida la intervención inmediata del juez y del fiscal con el fin de que se instruya la causa y con el objeto de investigar esa muerte de manera exhaustiva e imparcial”, explica Gustavo M. Hornos, presidente del SICC y juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

El Sistema de Control de Cárceles, la Procuración, el CELS, la Procuvin y otros organismos suelen ser los principales promotores de que las muertes en cárceles sean motivo de investigación judicial.

En el caso de Barros Cisneros, el joven asesinado por los guardiacárceles de la Unidad 46 de San Martín en 2012, el CELS patrocinó y acompañó a la familia de la víctima.

Durante el juicio oral, que se llevó a cabo entre abril y mayo de este año, otros presos que fueron testigos del ataque contaron en detalle cómo fue esa escena de horror: una decena de agentes penitenciarios torturó a golpes a Barros Cisneros, que estaba esposado y tirado en el piso. Incluso llegaron a saltarle encima, mientras el joven gritaba pidiendo por favor que se detuvieran.

Por este crimen, cinco agentes penitenciarios del SPB fueron condenados a prisión perpetua.