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Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

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COMUNICADO DE LA PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACION

Otra muerte en un Instituto de Menores

El pasado viernes 24 de julio ocurrió un nuevo incendio en un Instituto de Menores. Esta vez sucedió en el Instituto Manuel Rocca, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y se llevó la vida de un joven de 17 años. Otro se encuentra internado en grave estado en el Instituto del Quemado. Según los datos que se han podido obtener hasta ahora, el incendio comenzó en el dormitorio 5 del sector 2 del Instituto Rocca, donde ambos jóvenes estaban alojados. El director de Derechos Humanos de la PPN, Ariel Cejas Meliare subrayó a esta agencia que “ de esta muerte se tiene hacer responsable el ex Subsecretario Lerner y las actuales autoridades de la Sennaf, como también la Sala V de la Cámara del Crimen que dijo que la PPN no tenía un equipo idóneo para auditar los institutos y la Sala III de la Cámara de Casación Penal, que dijo que el habeas corpus presentado por la PPN no era la vía correcta y que las garantías de los niños/as adolescentes estaban protegidas por los Jueces, Defensores y por la propia Sennaf. Acá vemos los resultados de estas negativas”.

PPN- ArielCejasMeliare

Es de destacar que la información que hasta ahora se ha podido obtener no ha sido brindada por la SENNAF, ya que dicha Secretaría no solamente impide el ingreso de la Procuración Penitenciaria de la Nación a monitorear los Institutos, sino que además sostiene una firme negativa de brindar información respecto de la situación de las instituciones y de los niños, niñas y adolescentes detenidos en los institutos que de ella dependen.

En este caso, se ha podido saber que el incendio se produjo por la quema de dos colchones. En ese sentido, la experiencia en los monitoreos de prevención dota a los organismos de control del conocimiento de que los colchones ignífugos resultan indispensables a la hora de prevenir incendios y la intoxicación por inhalación de humo. Sin embargo, el impedimento de ingresar y monitorear los institutos no nos permite saber, por ejemplo, si las víctimas de estos hechos contaban con dichos colchones. Tampoco podemos saber cuántos jóvenes había alojados en el pabellón, ni cuantos guardias de seguridad había, ni cuántos jóvenes hay alojados en el Instituto, ni cómo es el régimen de vida.

Esta Procuración, ha iniciado un camino judicial para lograr que finalmente la SENNAF dé cumplimiento con las leyes 25.875 y 26.827 y permita el ingreso de nuestros monitores a los Institutos a su cargo. Ello, como derecho inalienable de los jóvenes detenidos.

En el mes de noviembre de 2014, murió otro chico. Estaba detenido en el Insituto Agote. Murió quemado. Fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado con quemaduras de gravedad en el 80% de su cuerpo, muriendo unos días después.

Lamentablemente la historia se repite a los pocos meses. Esta vez en otro Instituto.

Decimos una vez más que es sumamente grave que tengamos que hablar de otro chico quemado y muerto para que se sopese la importancia del monitoreo preventivo. El monitoreo es un derecho de los jóvenes presos en los institutos y con el impedimento ejercido por la SENNAF, avalado por la Cámara de Casación y la sala V de la Cámara del Crimen, se está poniendo en riesgo la integridad de los menores detenidos y el acceso a la justicia de los jóvenes que tiene bajo su custodia.

La marcada resistencia de la SENNAF a cualquier tipo de supervisión es sumamente GRAVE, contradice el texto de las leyes 25.875 y 26.827 que pretenden afianzar los controles sobre los centros de detención y busca remover cualquier impedimento al ejercicio de estas tareas y vulnera los derechos de los jóvenes presos.

Lamentablemente los hechos siguen evidenciando lo que venimos sosteniendo desde esta PPN. La ausencia de control conforme marca la ley vigente, vulnera los derechos de los jóvenes detenidos y ello no fue advertido por los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación, constituyendo un gravísimo antecedente de convalidación de una situación lesiva de derechos que evidencia una vez más la alarmante situación del sistema penal juvenil que ya ha merecido la condena de organismos internacionales y profundiza la vulnerabilidad y desprotección de un sector de la población penal históricamente postergado.

Represión en la U-36 de Magdalena

(APL) Un avalancha de garrotazos, patadas de borceguíes y tiros con balas de goma fueron destinados contra más de 80 presos del Pabellón 8 de la Unidad 36 de Magdalena por un grupo uniformados de requisa. Así, efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense entraron al pabellón, superpoblado, a las 5:30 de esta mañana, obligaron a desnudarse a todos los allí detenidos, los golpearon con los bastones reglamentarios y fueron blanco de más de 50 tiros. Luego fueron llevados en calzoncillos al patio y los tuvieron por más de una hora acostados boca abajo. Más tarde, trasladaron a los más lastimados a la U-9 de La Plata, Unidad 1 de Olmos y a la 28 y al 35 del Complejo Magdalena. Hay una cantidad aún desconocida de presos que cuyo destino no se conoce, ya que el SPB, no informó adónde fueron llevados.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Cómo lo informara esta Agencia, en una reciente inspección a la Unidad Penitenciaria Nº 36 de Magdalena, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) constató la continuidad de prácticas generalizadas de tortura: falta de alimentos, agravamiento de las condiciones de detención y una sobrepoblación de más del 200 por ciento. La situación motivó una denuncia penal que fue realizada ante la Unidad Funcional Nº 6 de La Plata, y acciones colectivas tendientes a revertir la situación. Reclaman mayor compromiso y activismo judicial para terminar con estas graves violaciones de derechos humanos.Magdalena no escapa a la lógica del sistema de la crueldad contra los más vulnerables.

Última modificación: 29 de julio de 2015 a las 22:04
COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA -AGENDA DE DERECHOS HUMANOS DE LOS JÓVENES:

Tierras para todos

(Agencia Andar) En el conurbano platense hay 118 villas y asentamientos. Como resultado de las desigualdades económicas y la predadora política inmobiliaria, la segregación socio residencial y la falta de acceso a una vivienda digna se han constituido en problemáticas sociales que exigen inmediata reparación. En el programa Jóvenes y Memoria de la CPM, que reúne a más de 15 mil estudiantes de toda la provincia de Buenos Aires, se reconoce esta realidad como una preocupación central en la agenda actual de los derechos humanos y se propone pensarla desde la perspectiva de las nuevas generaciones.

Represión en Abasto. FOTO: F. Tocho

El 7 de mayo, un cuerpo de policía de más de 200 efectivos desalojó, a fuerza de gases lacrimógenos y postas de goma, el predio que se extiende desde las calles 520 a 530 y de 213 a 217 de la localidad platense de Abasto. Semanas antes, unas 300 familias agrícolas lo habían ocupado; allí instalaron quintas y comenzaron a levantar sus casas. El terreno pertenecía la ex-empresa Texlen, que quebró en 2001 y cuyo titular falleció en 2007; la inmobiliaria Mattioli reclamó la propiedad de las tierras y la justicia penal avaló ese pedido.

El procedimiento violento e ilegal – que, entre otras irregularidades, desoyó una medida cautelar interpuesta por el Juez Arias– dejó decenas de heridos y 11 detenidos de la comunidad asentada en el predio. Durante la sesión legislativa del 13 de mayo, ambas cámaras aprobaron la ley de expropiación; la norma declara a las tierras de utilidad pública y prevé el desarrollo urbanístico destinado a garantizar el derecho a la vivienda de las más de 750 familias.
Mientras tanto, y a la espera de que se tomen las medidas necesarias para regularizar la titularidad de los terrenos, que permitan a estas familias tener acceso a una vivienda digna, los desalojados acampan sobre la avenida 520. Rosa Jurado es delegada de manzana y, además, participa del Programa Jóvenes y Memoria de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM); es estudiante de la ESB Nº40 de Colonia Urquiza y junto a otros compañeros investigan sobre el acceso a tierras de la población que vive en el cinturón frutihortícola entre City Bell y Abasto.
“Rosa y Mayra, otra compañera que no participa del acampe pero su familia sí, nos cuentan de la organización que lleva el reclamo y la importancia que tiene coordinar con otros el pedido de tierra”, comenta Matías que integra el mismo proyecto de investigación. Matías, tiene 17 años y es la primera vez que participa de Jóvenes y Memoria: “Tengo ganas de ir a Chapadmalal y contarle a los otros jóvenes lo que estamos trabajando porque creo que la imposibilidad de acceder a la tierra es una de las cosas más grave y que más sufre la sociedad”.

En la otra punta de la ciudad, en la localidad de Los Hornos, un grupo de estudiantes del Bachillerato Popular “Letra Libre” también investiga la problemática residencial desde una perspectiva que discute el rol y propiedad de la tierra y que, al mismo tiempo, da cuenta de las tomas y los asentamientos que se fueron haciendo visibles en el barrio durante los últimos años.
Los datos y proyectos demuestran que el déficit habitacional, cuyo principal exponente son los asentamientos precarios constituidos mayoritariamente sobre terrenos degradados o inundables y/o contaminados, es un problema que se repite en toda la provincia y que se agudizó en el último tiempo frente al avance de la especulación inmobiliaria y la falta de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna.
En el 2013, el Centro de Investigación Social de la organización TECHO relevó la existencia, en ese momento, de 1.046 asentamientos informales en la provincia de Buenos Aires; una reciente publicación de La Pulseada observó, según los datos del Registro de Villas y Asentamientos Precarios del Ministerio de Infraestructura bonaerense, que sólo en el conurbano platense hay 118 villas y asentamientos. El segundo dato alarmante de estas cifras es que muy pocos de estos núcleos habitacionales están en procesos de regularización.

Reos de la propiedad
Así se llama el proyecto de la ESB Nº40 de Colonia Urquiza, una escuela semi-rural que se encuentra situada entre City Bell y la Ruta 36 que da a Abasto. La mayoría de los estudiantes que asisten a clases son hijos de arrendatarios que trabajan las tierras a partir de la formación de quintas. Los trabajadores son bolivianos y los dueños de las tierras japoneses que armaron una colonia que hoy disputa terreno con los barrios privados.

“La problemática con las tierras es una problemática habitual para los jóvenes que vienen a esta escuela. Muchos son hijos de peones, de medieros, de gente que trabaja con contratos laborales encubiertos como si fueran socios del dueño de la tierra, y la verdad es que no tienen vivienda propia”, señala Rodrigo Alemán, profesor de historia y sociología, y coordinador del proyecto que presentarán este año en Chapadmalal. “Son chicos que no tienen un lugar fijo porque dependen de los contratos laborales y del alquiler que consigan para trabajar la tierra. Por eso, viven en casa de madera para que sea fácil desarmarla y armarla en otro lugar”.
Los jóvenes ven en su entorno que la única manera de acceder a una vivienda digna aparece asociada a la capacidad de compra de esas tierras. Entonces, la pregunta que se hacen junto a los docentes es: ¿Por qué hay tanta gente que trabaja todo el día y sigue sin poder acceder a la vivienda?
Frente a este pregunta, los estudiantes problematizan la capacidad de acceso a las tierras que tienen sus familias y vecinos y las respuestas estatales que intentan reparar esta problemática como el PROCREAR. También se preguntan por el sentido de la tierra como propiedad particular y privada: “Muchos de nuestros estudiantes son hijos de inmigrantes bolivianos. Ellos vienen de una concepción de la tierra distinta, pero acá tienden a adaptarse a la norma. La tierra acá se compra y se vende y ellos lo único que pueden hacer es arrendarla”, explica el profesor.
Matías, estudiante del proyecto, amplia este concepto y marca diferencia: “Hay countries como el Grand Bell y Las Carolinas que están sobre tierras fiscales y ahí viven jueces y abogados y no pasa nada”. Y agrega que sus compañeros “viven en tierras de las que no son dueños y tienen que mudarse cada tanto porque alquilan y no pueden comprarse su propio terreno”.
En ese marco, esta investigación propone pensar la función social de la tierra, y recuperar cómo se fue dando en argentina el proceso de urbanización. “Estuvimos viendo por ejemplo, qué eran los loteos populares y por qué dejaron de hacerse a mediados de los ‘70 durante la dictadura cívico-militar argentina. Cómo el mercado acaparó y concentró el acceso a la tierra y a la vivienda, a partir de los 90 sobre todo”, detalla Rodrigo.
Recuperar esta historia nacional y preguntarse por cómo se concibe el acceso a la tierra hoy es también preguntarse por la seguridad: “Existe esta percepción de que cuando hay gente que logra acceder a tierras se configuran como el otro que me invade. Pareciera automático que la conformación de un barrio nuevo es sinónimo de inseguridad. Lo que no se ve, es que la gente que se asienta también busca seguridad, más seguridad para sus vidas, lo que se lo proporciona acceder a algún tipo de vivienda”.

Asentarse en familia
“En Los Hornos, por lo que nosotros conocemos, hay quizá hasta un tercio de la tierra en propiedad de los vecinos que toman terrenos por la misma necesidad de tener un lugar donde vivir; en muchas casos, la misma familia empieza a ocupar el terrenito de al lado para dar cobijo a los nuevos integrantes del núcleo familiar”, cuenta Ignacio Urquiza, coordinador del proyecto “El derecho a la tierra en Los Hornos: la mirada de los desposeídos” del Bachillerato Popular “Letra Libre”.
Los estudiantes que participan de este espacio educativo viven cerca de la sede donde se dictan clases, ubicada en las calles 66 e/ 161 y 162. Muchos de ellos, no tienen acceso a un título de propiedad de sus tierras y fueron construyendo sus viviendas en terrenos fiscales o privados deshabitados juntos con otras familias que se encontraban en la misma situación.

“El tema tierra es un asunto que nosotros veníamos estudiando con los chicos; el valor de la tierra, su valor y conformación histórica: desde la conquista española y la posterior mal llamada conquista del desierto hasta la situación actual centrada en el mercado con actores inmobiliarios poderosos y especulativos. Hay una lucha constante por los derechos sobre esas tierras; ¿quién es el propietario: el que tiene un papel o el que la está usando, el que tiene la posesión, el que vive allí?; es un debate cotidiano entre los chicos del barrio”, explica Ignacio.
La realidad de los jóvenes, que muchas veces son también sostén económico de sus familias, se ve alejada de la posibilidad de adquirir tierras a partir de un proceso de compra/venta porque los precios de los lotes son demasiado altos para sus ingresos. “A veces los créditos de posesión están muy alejados de las posibilidades de la gente que vive en estos barrios, especialmente cuando tienen que competir por la posesión de tierras frente al avance especulativo inmobiliario”, cuenta Rodrigo que es profesor de historia.

Entonces, ¿Cómo se resuelve este conflicto? “Muchas veces se dan conciliaciones y otras veces los trámites de regularización quedan trabados en la justicia. Hay circunstancias en donde los mismos dueños que han dejado en desuso esas tierras, reconocen que el reclamo de sus propiedades deja de ser legítimo algo que pasa con más frecuencia en casos de herencia y aparecen, en virtud de ellos, diferentes estrategias de conciliación que buscan una solución no conflictiva”.

Asentamientos: entre la demanda habitacional y el derecho a la vivienda
El barrio Costa Esperanza, en el partido de San Martín, surgió como un asentamiento en terrenos fiscales; en el último tiempo, y gracias a la organización de los vecinos, algunas familias comenzaron a regularizar la titularidad de los terrenos. Sin embargo, todavía falta mucho, las precarias condiciones del hábitat vulneran la dignidad y la integridad de las personas; no hay tendido de red cloacal ni servicios de agua corriente, gas y electricidad.

La Escuela Secundaria nº 24 de Loma Hermosa presentó en Jóvenes y Memoria una investigación que busca reconstruir la historia de Costa Esperanza; Jonatan vive en el barrio y participa del proyecto, dice que es muy difícil pensar soluciones para paliar una problemática tan extendida como el acceso a la tierra. También dice que es necesario “federalizar los centros industriales, para desconcentrar los cordones del conurbano. La gente se instala alrededor de las fábricas, porque viene a buscar trabajo”.
Con esa lógica de concentración y ante un mercado que acapara cada día una porción más grande de ese bien escaso, los asentamientos precarios se constituyen como una práctica emergente de la necesidad y las demandas habitacionales. Más de una decena de proyectos de la convocatoria 2015 de Jóvenes y Memoria da cuenta de esta realidad: Tigre, Moreno, La Matanza, Quilmes, La Plata, General San Martín, San Isidro, Vicente López, Pilar.
No obstante, y si bien es una problemática características de los cordones conurbanos, la carencia de tierras y de acceso a la vivienda no puede circunscribirse sólo a estas zonas. Temas de investigación presentados por la Escuela Secundaria Hogar de Nazareth de Lincoln o la Escuela de Educación Secundaria nº 7 de San Andrés de Giles extienden esta demanda al resto del territorio provincial.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la tierra; la vulneración de ese derecho exige, siempre, una reparación inmediata porque se trata de una necesidad básica que hace a la dignidad y a la seguridad de los vecinos. La usurpación de terrenos es la respuesta de los sectores populares frente a una situación de emergencia, evitar que esta problemática siga sucediéndose demanda una política de Estado activa e inclusiva, recuperando –como proponen algunos de los proyectos de Jóvenes y Memoria– el valor social y comunitario de la tierra.