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Periodismo de Intervención social

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COMUNICADO DE LA RED DE TRABAJADORES

La jueza Servini de Cubría debe dejar las causas ligadas al conflicto de la línea 60

(APL) “La jueza federal María Romilda Servini de Cubría no tiene competencia en un conflicto laboral, su intervención solo responde a los intereses del gobierno y los patrones de la empresa DOTA. Ya no hablemos de los que estén a favor la causa de los luchadores, toda persona que defienda los más mínimos derechos humanos y las garantías democráticas no puede hacer oídos sordos a lo que está sucediendo y a la flagrante injusticia que están viviendo los trabajadores de la línea 60 y sus familias. Por todo esto, por el cumplimiento de los derechos humanos y garantías democráticas esta jueza debe dejar las causas ligadas al conflicto de la línea 60”. Parte del pronunciamiento de la RT sobre la lucha de los choferes de la 60 que lleva más de 40 días, cuyo texto brindamos completo a continuación.

María Romilda Servini de Cubría

Porque siendo Jueza Federal debería haber declarado su incompetencia frente a un conflicto laboral. Al fuero Federal no le atañen temas ni conflictos laborales.
Porque violó todo tipo de garantías constitucionales, ordenando un cerco policial sobre la cabecera de Constitución de la empresa, encerrando más de 20 trabajadores, incomunicándolos del contacto con sus compañeros y sus seres queridos, durante 4 días no permitiendo la entrada de alimentos, ni de medicamentos a los trabajadores que había confinado a ese encierro, impidiendo también la entrada a sus abogados.
Porque esta Jueza a la fecha no le permite a los abogados de los trabajadores tener contacto con los expedientes de la causa, hecho que fue denunciado ante la secretaría de derechos humanos del gobierno.
Porque ha mostrado en todo momento por medio de su proceder y sus decisiones actuar de manera parcial, en favor de la empresa, con el objetivo de quebrar la lucha de los trabajadores, un claro ejemplo de esto es la orden por ella lanzada de que salgan los micros a correr cobrando boleto, tomando el atributo de desconocer el derecho a la protesta y a la huelga por parte de la inmensa mayoría de los trabajadores de la línea.
Por todo esto, por el cumplimiento de los derechos humanos y garantías democráticas esta Jueza debe dejar las causas ligadas al conflicto de la línea 60.
Ya no hablemos de los que estén a favor la causa de los trabajadores, toda persona que defienda los más mínimos derechos humanos y las garantías democráticas no puede hacer oídos sordos a lo que está sucediendo, y la flagrante injusticia que están viviendo los trabajadores de la línea 60 y sus familias.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA

Repudio a la represión a los trabajadores de la línea 60

La CPM rechaza la represión a los trabajadores de la Línea 60 que protestaban en la Panamericana debido al prologando conflicto con la empresa D.O.T.A S.A que despidió 53 choferes, entre ellos delegados sindicales. El resultado son dos trabajadores gravemente heridos que permanecen internados.La represión se desplegó con fuerza sin que se iniciara ninguna instancia de mediación, se utilizaron balas de goma, pistolas lanza gases y otros químicos para desalojar la arteria de circulación, los cuales están estrictamente prohibidos en los protocolos de actuación establecidos para las manifestaciones públicas por el propio Ministerio de Seguridad.

Represión a trabajadores que reclamaban la reincorporación de los 53 despedidos

El Gobierno estaba al tanto de la gravedad del conflicto laboral que se viene desarrollando desde hace semanas, sin ninguna intervención que garantice los derechos laborales y sindicales, ni tampoco el acceso al servicio público de transporte. Cabe destacar que la empresa D.O.T.A recibe cuantiosos subsidios del estado y – por lo denunciado por los trabajadores- no están garantizando el servicio.
Esta situación hace aún más inadmisible, que el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, llame a los trabajadores que protestan “inadaptados”, “incivilizados”, “violentos” denostando su reclamos y justificando la violencia contra ellos ejercida.
El Estado debe ser garante de derechos, tiene los instrumentos legales para hacerlo. Lamentablemente esta vez la decisión política fue en la dirección contraria: la represión y la violencia, física y discursiva.
La ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos, pues dieron directivas que no respetaron ni siquiera las normativas establecidas por los protocolos del propio Ministerio.
No se trata este de un hecho aislado, como la CPM denunció en su Informe Anual 2015 en los últimos años la represión a la protesta social se está configurando como una práctica reiterada y legitimada por los discursos que los funcionarios construyen sobre los hechos, estigmatizando a los manifestantes como los “peligrosos”, “violentos”, “inadaptados”, “provocadores” .
La memoria de los asesinatos en el Puente Avellanada (de Kosteki y Santillán) y el Puente Gral. Belgrano de Corrientes (de Ojeda y Escobar) no son sólo actos retóricos sino sentidos que marcan las dolorosas e irreparables consecuencias de la denostación de la protesta y uso de la represión.