Agencia
Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

564

RIO NEGRO: GENERAL ROCA

Repudio a la represión a presos y familiares en el Penal de Ejecución Nº 2

(APL) En horas de la mañana, decenas de policías con máscaras reprimieron y desalojaron con gases y escopetas de estruendo a presos y familiares del Pabellón 3 del Penal Nº 2 de Ejecución, tras una toma pacífica de 48 horas. Algunos de los allí detenidos fueron traslados y otros llevados a los “buzones”. Las familias se habían quedado en el área de Visita desde el pasado miércoles en apoyo a los derechos vulnerados de los internos. Más tarde, algunos de los pabellones firmaron un acuerdo con el Servicio Penitenciario de Río Negro, que no fue aceptado por los del tres. La realidad carcelaria de la provincia de Río Negro no escapa a la generalidad del resto del país, por caso, torturas, superpoblación, alimentos escasos, manipulación por parte del servicio sobre quien estudia y quién no, incorrecta asignación de puntaje, deplorables condiciones edilicias, entre muchas otras. En esencia la demanda es la correcta aplicación de la Ley de Ejecución Penal. Habrá una mesa de negociación el próximo miércoles. Los detenidos solo piden que se cumpla la ley: no piden más, ni menos.

Penal de Ejecución Nº 2

Por su parte, uno de los detenidos, Fernando, subrayó a esta Agencia que “hoy trasladaron a 12 personas a cárceles y comisarías de la provincia, hay familiares golpeados, entre ellos una mujeres embarazada, todos sufrieron las escopetas de estruendo, los gases y la prepotencia. Nosotros comenzamos una protesta pacífica y ahora estamos “engomados” (encerrados en la celda) y no recibimos comida hace dos días. Solo reclamamos una mesa de diálogo donde todo tengamos voz y voto. La policía reprimió sin motivos y esto entorpece la negociación, fue una táctica policial”.
Más adelante, Fernando sostuvo que “el miércoles vamos a repudiar la represión a los compañeros y a los familiares, y reafirmar lo que pedimos en el petitorio: salud, educación, trabajo, visitas, gabinete criminológico que funciones y no que califique arbitrariamente, porque tiene que ver con nuestras condiciones de vida, con nuestra libertad, con el sufrimiento de las familias. Queremos decir: ¡Basta de ensañamiento, queremos trato digno!

LOS RECLAMOS

A continuación transcribimos el petitorio elaborado por los detenidos:

Acá empezamos la protesta. Ya estamos en lucha. Ya está la prensa afuera. Todos tenemos los mismos derechos, depende de nuestra capacidad para hacerlos respetar. Solicitamos y exigimos una mesa de diálogo con autoridades del ministerio de seguridad, autoridades del ministerio de derechos humanos, autoridades del poder judicial, autoridades del servicio penitenciario, la defensoría general y la prensa. A fin de que se respeten los derechos constitucionales de salud, educación y trabajo. Capacitación laboral y formación profesional. Convenio con gremios de trabajo. Formación en cooperativismo. 5% de trabajadores tomados por el municipio según ley provincial. Trato digno especialmente de las mujeres privadas de libertad. Estructuración, conformación y consolidación plena del gabinete técnico-criminológico. Que se termine la obstaculizan de los beneficios y derechos que por ley corresponden.

Ayer (por el miércoles) en horas de la mañana ingresaron a los distintos pabellones las visitas, cuando las misma debían retirarse del penal alrededor de las 18 horas los internos informaron a las autoridades que iban a permanecer allí hasta tanto miembros integrantes de organismos de derechos humanos, diputados y miembros de las fuerzas de seguridad provinciales conformaran una mesa de diálogo en la cual se puedan discutir los puntos del petitorio transcripto precedentemente.

Se negoció arduamente durante la noche de ayer y se llegó a un principio de acuerdo en el cual las autoridades se comprometían a entregan a los internos en el día de hoy un compromiso escrito sobre la realización de dicha mesa de diálogo. Al cierre de esta edición todavía no se había concretado dicha entrega, es por ello que los detenidos en el Penal de Roca estaban solicitando el apoyo de los demás penales de la provincia.

Cabe destacar que hace aproximadamente diez días atrás se había realizado idéntica medida aceptando los internos el compromiso verbal de las autoridades, quienes con el transcurso de los días no cumplieron lo acordado, es por ello que ahora el cumplimiento de la formalidad escrita es ineludible.

Contacto Fernando: 0298 -154880523

URUGUAY

Cuestionamiento a dirigente del PIT-CNT por torturas en instituto de menores

(La Diaria)A la salida de la reciente conferencia del PIT-CNT por el paro general, varios sindicalistas se mostraron molestos. “Hubo una sola pregunta sobre la plataforma”, dijo uno de ellos. Lo que empañó el evento no fue la lluvia, sino que se haya dado a conocer por Canal 10 y el portal de El Observador un video del Centro de Privación de Libertad (Ceprili), del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), del 24 de julio, en el que más de una decena de trabajadores reducen tirando al piso y esposando a dos internos. Lo que se muestra en el video fue lo que la presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, denunció ante la Justicia. Entre sus participantes está el vicepresidente del PIT-CNT, José Joselo López, secretario general del Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU). López no interviene, sino que mira los hechos.

Foto: Santiago Mazzarovich

El miércoles se sumó una denuncia de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que el 28 de julio realizó una inspección en el Ceprili. La INDDHH considera que podría haberse configurado el delito de tortura, y pone a disposición del juez el testimonio de sus técnicos.
El video ocupó ayer buena parte de las charlas en los pasillos de la sede de la central. Su inmediata repercusión se vio cuando se apersonaron los oradores de la conferencia: estaban el presidente y el secretario general del PIT-CNT, Fernando Pereira y Marcelo Abdala, respectivamente, pero no López. El miércoles, cuando se conoció el video, López dijo a El Observador TV que actuaron “de acuerdo al protocolo”, pero en la central las críticas no demoraron. “Cualquier acto de violencia es condenado por el movimiento sindical. Si un trabajador le pegó a un menor en el piso, claramente recibe una condena vinculada a los derechos de los menores que están privados de libertad”, dijo Pereira. Informó que la central pretendía generar un ámbito junto con el Sirpa, el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social y el SUINAU, para elaborar un protocolo de acción ante estos casos. Sostuvo que ayer, antes de la conferencia, dirigentes de la central se reunieron con López y otros sindicalistas públicos para analizar la situación. Abdala, que también dijo “deplorar” lo ocurrido en el video, sostuvo que se les pidieron explicaciones a los dirigentes del SUINAU y que la discusión continuará el martes en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.
Ayer no faltaron los rumores de que López podría pedir una licencia en la vicepresidencia, pero Pereira lo negó. Si bien circula en internet una petición para que la central lo destituya de su cargo, Pereira aclaró que eso no es sencillo: “Lo que elije democráticamente un congreso lo resuelve otro congreso”. Las especulaciones sobre la filtración del video también estuvieron presentes. Fazio sostuvo que “no es casualidad que haya aparecido antes del paro”. Consultado sobre las consecuencias de la filtración, Pereira respondió: “Nadie para a un millón de personas parando”.
La actuación de López y la reacción de los dirigentes de la central fueron criticadas por organizaciones sociales vinculadas a los derechos del niño y a los derechos humanos. Un comunicado del Comité de los Derechos del Niño, apoyado, entre otras, por organizaciones como Serpaj, Ielsur, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Proderechos, establece que los protocolos de actuación están de acuerdo a la normativa internacional, que indica que sólo podrá hacerse uso “de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales”. “La banalización de la tortura y los ataques de dirigentes sindicales a las organizaciones defensoras de DDHH toda vez que toma estado público un episodio de violencia institucional forman parte de una triste página que aleja al sindicalismo de su otrora rol en defensa de las causas más elementales de derechos humanos. Solamente con la actuación judicial no se termina con la cultura de la tortura”, cuestionan las organizaciones.
Otro comunicado, emitido por la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual y Gurises Unidos, entre otras instituciones, condena “enérgicamente la defensa” que realizó Joselo López y también “la tibia respuesta (primaria) dada por la cúpula de la central sindical”. Reclama que lo que muestra el video “es inaceptable éticamente” y que el PIT-CNT “no debiera necesitar el fallo de la Justicia penal para reprobar la conducta y la defensa de la misma, por parte de una de sus más altas autoridades”, en referencia a López, sobre quien dicen que sus respuestas “recuerdan las justificaciones dadas en la dictadura”.
Ayer también se divulgó una declaración de UNICEF, que critica “la utilización innecesaria y desmedida de la violencia para contener a los adolescentes que se encontraban realizando disturbios. Preocupa que se naturalice la utilización de violencia como instrumento de resolución de conflictos, asegurando que ‘normalmente se actúa así’”.

TRABAJO SOCIAL DE LA JUNTA VECINAL 10 DE JUNIO DE MAR AZUL

“Nosotros somos los olvidados. Nosotros somos los negros; los chicos se sienten a la deriva, sienten que ya no importa nada y les duele en el alma”.

(Agencia – CPM) Desde su fundación, la Junta Vecinal 10 de junio se propuso trabajar con los sectores más desprotegidos: “los del fondo de Mar Azul”, como los llaman en la villa balnearia que se encuentra a 15 kilómetros de Villa Gesell. Esa marca, cargada de prejuicios, es el reflejo de las desigualdades socioeconómicas y residenciales, y de la ausencia de efectivas políticas públicas de protección y promoción de derechos. Son los habitantes permanentes, los que trabajan durante la temporada de verano, sus hijos jóvenes y pobres. Este año, la Junta Vecinal 10 de junio presentó un proyecto de investigación en el programa Jóvenes y Memoria de la CPM. En 1950, Luis Buñuel estrenó la película “Los olvidados” que narraba la historia de jóvenes marginales de la Ciudad de México; todavía hoy el film mantiene una vigencia casi absoluta. La exclusión, como tragedia universal, es un flagelo que sigue pesando sobre amplios sectores de la sociedad. 65 años después, en Mar Azul, Alejandro Contreras, presidente de la Junta Vecinal 10 de junio, comenta: “Nosotros somos los olvidados. Nosotros somos los negros; los chicos se sienten a la deriva, sienten que ya no importa nada y les duele en el alma”.

El film Los olvidados retrata la vida de un grupo de niños y adolescentes, en México, que malviven en un contexto de pobreza, analfabetismo, desempleo y familias desestructuradas, que los sentencia a llevar una existencia de marginalidad.

En una charla con ANDAR, Contreras reitera en varias oportunidades que Mar Azul es un lugar divino y que con muy poco se pueden hacer grandes cosas. Sin embargo, no se hacen. “No tiene plazas, no tiene cultura, no tiene deporte. Tenemos una salita de auxilio que cierra a las 4 de la tarde, no hay playón deportivo ni parque recreativo y la escuela, en lugar de salir a afrontar la deserción, se encierra sobre sus paredes”, agrega.

En la adversidad, los vecinos se han juntado y todo lo que hay está hecho por ellos: la cancha de fútbol, el jardín de infantes, los cursos de capacitación profesional -enumera Contreras. “El objetivo es sacar a los chicos de la calle y lograr canales de inclusión para las familias mediante la formación en talleres o el asesoramiento para la formación de PyMES. Trabajo y contención, todo junto”.

De esta manera, y ante la ausencia de políticas de inclusión por parte del Estado, la organización barrial y comunitaria intenta paliar, a veces sin demasiadas herramientas, las desigualdades socio-económicas y socio-residenciales. “No hay nadie que ponga el hombro para estas reivindicaciones; la respuesta siempre es el palo, hay gente muy pudiente que nos estigmatiza, nos pega y sólo profundizan la marginación en la que nosotros vivimos. Pidiendo represión, mandando la cana para hacer razzias en el barrio. El poder económico manda y el poder político no asume de rol de intervención; no viene a los talleres, no se sienta con nosotros”, comenta el presidente de la Junta Vecinal 10 de junio y agrega: “Se inauguró la policía local, hay una nueva comisaría en Mar de las Pampas, un destacamento de caballería; hay una inversión bárbara para la policía, pero falta en la contención social para evitar que más jóvenes y familias se sumen a esta problemática”.

La situación de violencia institucional en Mar Azul tampoco escapa de las generalidades del territorio bonaerense; como se anuncia en el Informe Anual 2015 de la CPM, “la política pública provincial se ha des-responsabilizado de priorizar en su presupuesto la inversión social que garantice a la población más desfavorecida el real acceso y concreción de sus derechos. Los derechos sociales de niños, niñas y jóvenes en situación de desventaja, hambreados, vulnerados y excluidos no son alcanzados por garantía alguna. […] Por el contrario, en la última década el crecimiento de la inversión estatal en el rubro [seguridad] disparan perversas lógicas que tienden a la expansión de las instituciones punitivas”.

Criminalizar la pobreza

Este año la Junta Vecinal 10 de junio presentó un proyecto de investigación en el programa Jóvenes y Memoria de la CPM, en su diagnóstico y fundamento se lee: somos nombrados o etiquetados como “los del fondo de Mar Azul”. Un lugar sin ningún tipo de servicio (sin cloacas, gas ni agua corriente y apenas luz si se cuenta con el dinero suficiente). Sin espacios de recreación (plazas, lugares deportivos y de desarrollo cultural). Con un sistema de salud muy frágil. Contamos con un colegio primario y secundario hecho con el esfuerzo de los vecinos. Con terrenos comprados por las cooperadoras donde se edificaron el jardín y el campo de deportes. Todo ello también hecho por los vecinos.

El proyecto propone generar un espacio de reflexión crítica sobre la violencia institucional, a partir del relevamiento y registro de distintos casos de violencia policial. Sin embargo, Contreras reconoce que “la violencia institucional también es no tener salud o que los docentes no contengan a los pibes en la escuela; cuando tienen problemas o son suspendidos o los dejan en la calle. O no generar estrategias de contención para pibes que vienen de familias muy carentes, incluso con ausencia de padres. En lugar de incluirlos, los excluyen, y la exclusión genera violencia e impotencia y más exclusión”.

Septiembre y octubre son una marca que quiebra el calendario de todas las villas balnearias y demarca dos dinámicas bien diferentes: los virtuosos meses del turismo y el resto de los meses. “En la temporada parece operar una suerte de conciliación social, porque nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras mujeres son las que limpian, las que lavan; nuestros muchachos son los que les cuidan y lavan los coches, los que trabajan en los mercados. Ahora, cuando viene el invierno, empiezan a florecer los robos, los escruches; es un lugar muy rico, con mucho movimiento en la temporada, pero después la convivencia se torna complicada porque es una lucha de clases, y es una lucha desigual”.

En el resto de los meses, “los del fondo de Mar Azul” vuelven a ser los olvidados. Marginados, estigmatizados y sin esperanza. Entonces, las fuerzas de seguridad refuerzan el control del espacio público, avasallan derechos y garantías constitucionales, cooptan jóvenes en situación de riesgo.

Contreras explica que, en ese marco, los chicos son el eslabón más desprotegido: “son poblaciones muy vulneradas, muy carentes; los sectores despojados son siempre los sectores más fáciles de cooptar; obviamente, no son carmelitas descalzas y hay zonas liberadas. Hubo hechos en que está comprobada la connivencia, incluso traen banditas de afuera que trabajan para ellos y nuestros pibes tienen, muchas veces, que lavar las ropas sucias de los otros. Con esta nueva inversión en seguridad estamos esperando que hasta septiembre, octubre, las cosas se compliquen”.

Como se expresa con preocupación en el Informe Anual: “los nuevos agentes y recursos se suman a una policía que sigue guardando, como rasgos centrales, el dominio territorial en base a prácticas ilegales o arbitrarias, su vínculo con el delito y la gestión de mercados ilegales”.

Persecución, falta de respeto, malos tratos, golpes: así amedrentan, avasallan, buscan quebrar a los jóvenes para ser reclutados; “hasta llegaron a hacer arrodillar a un pibe y, apuntándole con el fierro, le dijeron: ‘vos, guacho, vas a robar para mí’”, cuenta Contreras y recuerda otro episodio sucedido hace un tiempo: “tuvimos 16 allanamientos simultáneos en un lugar con una población, en ese momento, de no mucho más de dos mil habitantes; habían llegado policías de toda la costa, de Madariaga, de San Clemente, de Pinamar. De esos 16 allanamientos, tres sin orden. Ninguno dio positivo. Esas experiencias quedan, dejan marcas en la sociedad”.

La denuncia de la arbitrariedad y la violencia de las fuerzas de seguridad es un pilar fundamental para la búsqueda de reparación, pero no es el único; no hay reparación posible si no se atiende a las demandas sociales y comunitarias de los sectores vulnerados. La exclusión genera más exclusión, se repite Contreras e insiste con la necesidad de diseñar estrategias para garantizar efectivamente los derechos de los pibes, que son los que más sufren esta marginalidad y estigmatización. “Ellos están limitados por su posición y carencias, porque no tienen plata, no tienen laburo, no tienen cultura. Acá se han perdido unos pibes que eran unos fenómenos y que no tuvieron la posibilidad de desarrollar todo su potencial y alcanzar otros objetivos de crecimiento personal, de bienestar”, se lamenta.

A veces la situación causa dolor, tristeza, impotencia, pero la voluntad, la organización, la solidaridad permiten generar espacios de contención. En el último tiempo, la Junta Vecinal 10 de junio organizó una escuelita de fútbol, talleres de dibujo, pintura, inglés, guitarra. También desarrolla cursos de capacitación en oficios: “saben que, si tienen un título o un certificado de formación profesional, pueden trabajar sin que los precaricen o discriminen. Nosotros tenemos que brindar las herramientas para que ellos construyan, para que tengan otras posibilidades ellos y sus familias”.