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Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

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CÓRDOBA: CÁRCEL DE CRUZ DEL EJE

24 Presos en huelga de hambre, traslados, palizas, camas de sujeción y chalecos químicos

(APL)Desde el lunes tres de agosto, 24 presos en el módulo 1 pabellón E2 de la Cárcel de Cruz del Eje, iniciaron una huelga de hambre reclamando sus derechos. Exigen que los regresen a las unidades donde estaban anteriormente de ser castigados, quieren estar cerca de sus familias, de sus afectos. Muchos de ellos hace meses que están en esas condiciones de aislamiento. Desde que comenzaron la huelga de hambre, todavía no ha asistido un médico a controlarlos y pesarlos. Nadie los atiende, sus escritos no llegan a tribunales. Nadie le pone un freno a los tormentos. Si se quejan, porque no soportan semejante tortura, el servicio penitenciario tiene mucho más para ellos, una buena paliza y las llamadas camas de sujeción, donde los encadenan de pies y de manos, por recomendación del médico, que es quien firma estas “recetas”. También es el equipo de salud quien recomienda los chalecos químicos, tenerlos todo el día sumamente dopados, un compañero le llamaba “el verdugo sin garrote del servicio penitenciario”.

Reclamo ante derechos vulnerados

En estos días de invierno, muchos de ellos están sin colchón y con una sola de frazada. No tienen electricidad para poder calentar un poco agua, hasta pasadas las diez de la mañana. No para enchufar el ladrillo, sino para enchufar algún pedazo de metal, atado a un cable, que colocan dentro de una botella de plástico. Algo sumamente peligroso, pero tengamos en cuenta que allí, en los buzones no pueden tener nada.
Esto sucede en los calabozos o buzones (“alojamientos individuales para internos con problemas conductuales”) (que dicho sea de paso en varios hay más de una persona).
Hace tres días continuados que no hay agua en toda la cárcel, y menos para los castigados, ellos tienen que tomar agua de los inodoros.
Si se quejan, porque no soportan semejante tortura, porque no toleran este trato inhumano y degradante, el servicio penitenciario tiene mucho más para ellos, una buena paliza y las llamadas camas de sujeción, donde los encadenan de pies y de manos, por recomendación del médico, que es quien firma estas “recetas”. También es el equipo de salud quien recomienda los chalecos químicos, tenerlos todo el día sumamente dopados, un compañero le llamaba “el verdugo sin garrote del servicio penitenciario”, a toda esa medicación, otrxs le dicen “los chalecos químicos”.

Por supuesto que todo esto tiene terribles consecuencias en sus conceptos, les rebajan los puntos, retroceden en la fase, y van perdiendo todos sus derechos, como el derecho a la libertad condicional. Es mínimo el porcentaje de personas que pueden acceder a la libertad anticipada, como es mínimo el porcentaje que accede a las salidas transitorias.
El poder judicial no ignora esta tremenda situación.
Esta fuerza de seguridad no quiere perder clientes, recibe muy buen presupuesto por cada uno de los privados de libertad. El poder judicial continúa mirando para otro lado. La industria de la seguridad da muy bueno dividendos.

ESPAÑA: CÁRCEL DE ARANJUEZ

Las madres presas con sus hijos denuncian pésimas condiciones de vida

(Boletín Tokata)“A los diez niños de hasta tres años de edad que viven con sus madres en la prisión de Aranjuez – a los que se suman varios bebés de menos de 18 meses–, sólo les dejaron bajar al jardín cinco veces en todo el verano de 2014: tres en julio y dos más en agosto. Tampoco les dejaron jugar con agua, a pesar de que las temperaturas en el patio del centro alcanzaron los 40 grados. Fue la gota que colmó el vaso para que familiares de las presas se organizaran ante lo que es ya una larga lista de pérdidas de derechos de la que eran víctimas, no ya las presas, sino sus hijos. Se dedicaron a recoger los abusos que sufren los niños y niñas en la prisión de Aranjuez. El texto, se ha elaborado a partir del testimonio de las madres presas y cuenta también con análisis de profesores de psicología de la Universidad del País Vasco, de médicos puericultores de Castilla-La Mancha y Bizkaia, y con el respaldo de Etxerat”. Parte el Informe elaborado por las mujeres presas con sus hijos.

Aranjuez

“Hemos tomado la voz de ellas, las madres que están en Aranjuez, porque a ellas no les hacen caso, siempre se han archivado sus quejas”, explica Kontxi Ibarreta, madre de una de las cuatro presas vascas que, hasta hace pocos meses, cumplía condena en Aranjuez junto a su hija de 15 meses. Como subraya Ibarreta, el problema en esta cárcel no es sólo de las presas vascas y sus hijos, sino que es común a todas las madres que cumplen condena allí. Pero la mayoría tiene miedo a protestar por las amenazas y, en el caso de las presas sin nacionalidad española –que en muchas ocasiones no cuentan con redes de apoyo–, por la posibilidad de perder la custodia de sus hijos.

Entre las denuncias recogidas en el dossier, figura la mala calidad de la comida –en su mayoría congelada y, de pescado, panga, cuyo consumo la OCU recomienda limitar a adultos por su alto contenido en mercurio–. Además, las presas señalan el uso de la megafonía sin tener en cuenta los tiempos de sueño de los niños y niñas, el recorte en la calefacción durante el invierno, la drástica reducción de las fiestas que se celebran en la prisión o la pérdida del ginecólogo como algunos de los problemas que se han ido agravando con el cambio en la dirección de la prisión. También señalan el empeoramiento del trato por parte de las funcionarias por la tensión que se vive en el centro.

“Tratan los módulos de madres como si fueran módulos normales, pero los niños no son presos. Las condiciones no pueden ser iguales”, subraya Aner, pareja de otra de las madres presas en Aranjuez. Aner explica que las reclamaciones se limitan a que las condiciones que se viven en Aranjuez sean equiparables a las de la prisión de Valencia, o a las que se daban en la propia cárcel de Aranjuez antes del cambio de dirección. Ibarreta subraya que, a raíz de que personal de la oficina técnica del área del Defensor del Pueblo español visitara la cárcel, su hija fue trasladada al módulo de madres de Valencia. Una cárcel también, sí, pero en donde las condiciones que viven los niños son mucho mejores.

“Los niños necesitan una serie de cosas y, sobre todo, tener una madre, que hasta los tres años la tienen. En Valencia tienen una alimentación relativamente buena y los familiares viajamos para que puedan salir a la calle. Es duro porque está aún más lejos, pero nos organizamos para que cada semana alguien les saque”, dice.

Desde que comenzaron el trabajo del dossier, las madres presas sí han notado algunos cambios, no saben si a raíz del propio trabajo de denuncia que están haciendo o por la visita del trabajador de la oficina del Defensor del Pueblo. Han conseguido volver a la piscina, que los niños puedan jugar con agua en el patio y han aumentado las salidas al jardín. Pero la mayoría de las reivindicaciones más importantes relativas a la alimentación, el control de las salidas y el régimen de comunicaciones, sigue sin solución. La mayoría de los alimentos son prefabricados, congelados y se suelen servir fríos ya que las presas no tienen acceso a frigorífico ni microondas.

La prisión tampoco renueva el material básico y didáctico, y ha reducido los lotes de los niños: ahora sólo aportan pañales mientras antes daban biberones, chupetes, etc. Los pequeños sólo reciben juguetes en su cumpleaños y en Navidad, y no los pueden subir a las celdas. Las salidas al patio de cemento son ahora obligatorias dos veces al día, sin que puedan elegir cuándo, y las salidas de los niños a la calle sólo se permiten dos veces por semana y, según se quejan las presas, a la hora de la comida y la siesta.

En cuanto a los vis a vis de convivencia de cuatro horas, donde se encuentran con los padres, se realizan en unas habitaciones no adaptadas a las necesidades de los niños. Las comunicaciones de 40 minutos, que antes se realizaban en las salas de vis a vis con la posibilidad de llevar comida y juguetes para entretenerlos, ahora se hacen en locutorios acristalados de un metro cuadrado, lleno de colillas y sin ventilación, y los niños lloran a la hora de visita pues no quieren estar ahí, cuenta Aner. Según explica, “con el cambio de director, se puso a cada uno en una parte del cristal. El telefonillo lo tiene la madre, así que el niño ve al padre mover los labios pero no oye. Es una situación bastante dura para el niño”.

Esta situación no es exclusiva de Aranjuez. “Hay cosas que son comunes: las restricciones de los espacios que pueden usar los niños, los horarios de salida… Aunque, según el centro, se hacen de una manera u otra”, explica María José Gea, del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia.

Aunque no hay datos oficiales accesibles, se calcula que hay unos 200 menores de tres años conviviendo con sus madres en prisiones españolas. En 2004, la secretaria general de Instituciones Peniten­ciarias, Mer­cedes Gallizo, impulsó una política para sacar a los niños de los recintos carcelarios y potenciar las Unidades Externas. Aunque se planificaron cinco de estas unidades, a día de hoy sólo hay tres funcionando: en Palma, Madrid y Sevilla. Pero estos centros se crearon para un determinado perfil de reclusas, dejando fuera a aquellas que cumplen un primer grado, a las condenadas por delitos graves, las que han intentado alguna fuga o cumplen prisión preventiva. Todas estas presas quedarían repartidas en los tres módulos de madres que quedaron cuando se puso en marcha el proyecto de Gallizo (Alcalá de Guadaira, en Sevilla; Picassent, en Valencia, y Aranjuez, al que se sumaría la cárcel de mujeres de Wad-Ras, en Barcelona). Las presas que cumplen un tercer grado son destinadas a unidades dependientes, pisos tutelados en el exterior. “Las plazas de los módulos que se cerraron no son acordes con las plazas que suponen las unidades externas –señala Gea–, por lo que se puede prever una cierta masificación y lentitud en el proceso de acceso a este derecho”.

Según detalla Gea, “el problema de estas unidades es que hay unos perfiles marcados que no pueden acceder, por lo que eliminar los módulos de madres dentro de las prisiones es inviable”, detalla. “El escaso número de plazas también es un problema. Si hay tres módulos de madres, tres unidades externas y estas últimas tienen cubiertas las plazas… me sobran mujeres”, continúa. Gea explica que es habitual que algunas madres que llegan a prisión, detenidas, por ejemplo en Navarra, sean ubicadas con sus hijos en una prisión general hasta que son destinadas a una con módulo de madres. Hay un periodo de tiempo en el que el niño o niña está en un módulo normal, y esto supone una vulneración de sus derechos”, señala.

Instalaciones no preparadas

Pediatría

A los funcionarios de los módulos de madres no se les requiere una preparación específica. Tampoco hay un protocolo de cómo deben hacer los cacheos, recuentos o registros delante de los niños. Las prisiones cuentan con un pediatra, pero externo al centro, y son los funcionarios quienes deciden si se le llama.

Dispersión

Sólo hay tres centros penitenciarios con módulos de madres en todo el Estado, a los que se suman las tres unidades externas. Esto provoca que, en la mayoría de los casos, las mujeres presas con hijos menores de tres años sean dispersadas a centros lejanos a su lugar de residencia, después de pasar un tiempo en prisiones generales.

Encarcelados

Al no haber un protocolo, las salidas de la cárcel de los niños, que dependen de familiares o voluntarios, en muchos centros están muy restringidas. Los módulos de madres son arquitectónicamente iguales a los demás: las escaleras, los cierres automáticos o las rejas no están adaptadas a la vida cotidiana de mujeres con hijos.

Machismo

Algunos de los talleres que se ofrecen a las presas con hijos son sexistas y dan por hecho que, por haber sido condenadas, no saben ‘ser madres’. Gran parte de ellos se centran en “mejorar su aptitud y capacidad como madres”, según señala el documento sobre las Unidades Externas de Madres.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LA QUERELLA DE LA CPM EN LA “CAUSA DIPPBA”

Sin los servicios de inteligencia no hubiera sido posible el terrorismo de Estado

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) será querellante en la causa que investiga la actuación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) durante el periodo 1976-1983. Con un acto en el auditorio de calle 54 nº 487, el próximo martes 11 de agosto a las 17:30 horas, se realizará la presentación pública. Participarán Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM, Hernán Schapiro, fiscal por delitos de lesa humanidad de La Plata y víctimas de la persecución política e ideológica desplegada por la DIPPBA. En Argentina ya se han condenado a 563 represores y se encuentran procesados 889; sin embargo, han permanecido invisibilizadas las acciones de inteligencia

Servicios y Terrorismo de Estado

La CPM será querellante en una causa que investiga las acciones de inteligencia de la policía de la provincia durante la última dictadura militar. El efectivo cumplimiento del derecho a la memoria, la verdad y la justicia, impulsa la demanda que busca juzgar estas acciones como parte constitutiva del terrorismo de Estado.

Según el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de 2015, en la Argentina ya se han condenado a 563 represores y se encuentran procesados 889; sin embargo, han permanecido invisibilizadas las acciones de inteligencia que determinaban los “blancos” a perseguir, y fueron condición necesaria para el secuestro, asesinato y desaparición de personas.

El accionar represivo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tuvo como soporte principal un exhaustivo trabajo de inteligencia estatal cuya acción principal era la persecución política, en el marco de la denominada “comunidad informativa”. Para esto, fue imprescindible la existencia de un burocrático sistema basado en el fichaje y archivo documental y un sofisticado entramado territorial.

En ese planificado e ilegítimo circuito de producción de información, la DIPPBA desempeñó un papel fundamental; las leyes orgánicas y los decretos que reglamentan el funcionamiento interno dan cuenta de la jerarquización y de la condición secreta de los servicios de inteligencia a partir de la asunción del coronel Ramón Camps como Jefe de Policía. Esta decisión significó, de hecho, una militarización de las fuerzas seguridad: los medios policiales quedaron bajo control directo de la autoridad militar y, durante el desarrollo de sus misiones específicas, ejecutaron acciones contra la “subversión”.

“Las actividades de inteligencia fueron parte constitutiva del plan de exterminio y del modus operandi del terrorismo de estado. Es imprescindible que la justicia investigue y condene por estos delitos”, mencionó la directora general de la CPM, Sandra Raggio.
Durante el periodo 1976-1983, la DIPPBA contó con 16 delegaciones desplegadas en todo el territorio de la provincia y 1200 agentes abocados a la persecución ideológica que consistía en acciones de seguimiento oculto directo sobre la víctima, investigaciones a sus vecinos y observancia sobre sus familiares y lugares de trabajo. Esto constituyó una base de información que se volvió imprescindible a la hora de actuar sobre las futuras víctimas de secuestro, tormentos, torturas, desaparición.
La detallada documentación que surge de los archivos de la DIPPBA permiten demostrar que, en el marco del terrorismo de Estado, las acciones de ilegítimas de inteligencia precedieron en la casi totalidad de los casos a los delitos que hoy se juzgan como crímenes de lesa humanidad.

Desde que se anularon las leyes de impunidad en el año 2005, la CPM ha presentado documentos de la DIPPBA con carácter probatorio en 2735 causas, que permitieron llegar a sentencias condenatorias en 129 juicios. Sin embargo, todavía hoy no han sido juzgadas las acciones de inteligencia de la policía de la provincia de de Buenos Aires como elementos centrales del terrorismo de estado.